Julio llega con malas noticias para Alierta y Botín

POR JESÚS CACHO (*) Lo peor que ayer le pudo pasar a César Alierta, presidente de Telefónica, es que la primera cadena de TVE se hiciera eco, en el telediario de las 3 de la tarde, de la decisión del juez Santiago Torres de imponerle –a él, a su mujer y a su sobrino- una fianza de casi 5 millones de euros "en concepto de responsabilidad pecuniaria, derivada de la posible comisión de un delito de abuso de información privilegiada cuando presidía Tabacalera".

Porque la noticia en el noticiero de una televisión tan atrozmente sectaria como la española (antes con el PP, ahora con un PSOE que hasta ayer mismo decía que iba a transformar, a cambiar, a mutar milagrosamente la cosa por aquello del talante) tiene mala pinta para un Alierta cuya estabilidad al frente de Telefónica pende de un hilo que el nuevo Gobierno puede cortar en el momento oportuno.

Es lo que pasa con las televisiones de partido: que hay que estar muy atento a lo que dicen sus noticieros, porque los textos que leen los bustos parlantes suelen dar pistas inequívocas sobre movimientos futuros, caídas en desgracia, cambios en la nomenclatura, y demás facturas internas propias de los sistemas totalitarios (¿se acuerdan ustedes de la extinta Unión Soviética?).

El español no es un sistema totalitario, muy cierto, aunque, en lo que a la televisión pública se refiere, como si lo fuera. El caso es que César Alierta ha recibido un toque de atención, vía Caffarel, desde las alturas del nuevo poder, y el corolario que cabe extraer de ello es que su posición al frente de la operadora es hoy más débil que ayer. Lo demás está en los periódicos. ¿Y qué decir de la denuncia del juez realizada por Alierta ante el CGPJ? Pues una barbaridad propia de esa preclara mente jurídica que es Alonso Ureba, aparentemente decidido a llevarse a su jefe por delante.

Golpe tremendo, de una gravedad sin comparación posible con el anterior, el que ayer recibió también Emilio Botín a cuenta del escrito de acusación formulado por la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes en el "caso de las cesiones de crédito del Banco Santander", solicitando la apertura de juicio oral contra su presidente; el entonces consejero delegado, Rodrigo Echenique; el jefe de la asesoría jurídica, José Ignacio Uclés; el directivo Ricardo Alonso, y contra otros 32 clientes del banco.

Se acusa a Botín y a sus hombres de cooperación necesaria en 36 delitos contra la Hacienda Pública cometidos en el ejercicio 1989, además de un delito continuado de falsedad en documento oficial por presentación de documentos falsos ante la Inspección tributaria y tres delitos continuados de falsedad en documento mercantil (simulación de contratos de cesión de crédito; elaboración de cartas falsas atribuyendo titularidades a testaferros, y creación de documentación también falsa para imputar incrementos de patrimonio a ejercicios prescritos).

Para Emilio Botín se solicita un total de 170 años de prisión y una multa de 46.242.233,92 euros (7.694.060.334 pesetas), además de una responsabilidad civil de 84.935.195,86 euros (14.132.027.499 pesetas), que es el perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública.

El escrito de acusación es una pieza jurídica de una contundencia poco común, un edificio argumental donde las piezas encajan con una precisión deslumbrante y, si se me permite, brutal. El relato de hechos que figura en ese texto es tan demoledor que debería convertirse en lectura obligada para todos aquellos que por pereza mental, ignorancia excusable o interés culpable –¡ya saben, el poder de Botín y el SCH!- siguen pensando que el elefante cántabro es una especie de indefenso animalito acosado por cuatro malvados mosquitos decididos a hacerle la vida imposible. Y no es eso, no es eso.

----------------
(*) De la Redacción de El Confidencial

Dejá tu comentario