Luego de arduas negociaciones, se aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal

Finalmente, el Senado aprobó anoche en general el proyecto de Ley federal de Responsabilidad Fiscal, una norma pedida con énfasis por el Gobierno para cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que le exigió al país la aprobación de la ley como parte de los compromisos asumidos en la última carta de intención.

Para el Gobierno esta ley es clave porque compensaría al FMI por el incumplimiento con la nueva ley de coparticipación.

No obstante, el Senado envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo, en el marco de una sesión que finalizó en una discusión. El tema, el resultado de la votación de un par de artículos cuestionados por un amplio número de senadores.

Cabe recordar que el proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal, tiene como objetivo poner un tope tanto al endeudamiento provincial como al gasto de las provincias. En tanto, no podrán gastar más que el porcentaje de aumento del producto bruto interno (PBI) nacional, cifra que corresponde al 6% según la última proyección oficial.

Asimismo, el proyecto en general contó con 40 votos a favor, 17 en contra y una abstención del senador radical disidente Rodolfo Terragno, por lo que el cuerpo se disponía ahora a discutir la iniciativa en particular.

De todas maneras, la iniciativa contempla un tope del 15 % de los gastos corrientes, que no podrán superar las provincias al momento de endeudarse. Esto significa que al menos 11 provincias incumplirán automáticamente la norma, que comenzará a regir a partir de Enero del 2005, entre las cuáles se encuentran Buenos Aires, Jujuy, Formosa, Catamarca, Misiones y Corrientes.

Mientras tanto, el tratamiento de la iniciativa estuvo a punto de naufragar, lo que llevó al Gobierno a ejercer fuertes presiones con los senadores y con los propios gobernadores para que finalmente llegara al recinto.

El proyecto contó con el respaldo en general de la mayoría justicialista, aunque con objeciones en particular de algunos distritos como Salta y Corrientes, y el abierto rechazo del radicalismo, que ya había condicionado el tratamiento a que se abordara la Coparticipación Federal.

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