El autócrata y sus pingüinos inquietos

Algunos sociólogos amigos del poder explican: "Está todo dentro de lo previsible para un país quebrado y con el 60% de su población viviendo por debajo de la línea de pobreza". Sin embargo, las últimas crisis han sido provocadas por el Presidente, no por la situación. Los casetes prometidos a la Amia, la forma en que se provocó la caída de Norberto Quantín y Gustavo Béliz, la relación con Hugo Chávez Frías, la batalla con el FMI y los acreedores de la deuda en default, y la errática política en materia de ‘piqueteros’, han sido errores del Presidente, empeñado en gestionar como si fuese un autócrata.

autócrata. (Del griego).
1. com. Persona que ejerce por sí sola la autoridad suprema en un Estado. Se daba especialmente este título al emperador de Rusia.

Alberto Fernández, en la mira. Los anticipos de Edición i han ocurrido: el 22 de marzo, se publicó una nota titulada "Stiuso y Naldi invaden La Federal" (en referencia a Antonio Stiuso o Jaime Stile o Jaime Stiuso, y a su amigo, Mario Naldi), quienes desde la Secretaría de Inteligencia provocaron una purga en la Policía Federal Argentina, comenzando por el candidato de Gustavo Béliz y Norberto Quantín a jefe de la fuerza, el comisario Jorge Palacios.

El 29 de abril, se publicó una nota de tapa titulada "Ministro se busca. El fracaso del Plan de Justicia y Seguridad anticipa la salida de Gustavo Béliz del gobierno". En verdad, varios colaboradores de Néstor Kirchner que lo acompañan desde Santa Cruz (los ‘pingüinos’) iniciaron la ofensiva contra Béliz, destacándose uno de los dos jefes de la Secretaría de Inteligencia, José Francisco Larcher, el Nº 2, de contacto directo con Stiusso.

También participaron de la ofensiva contra Béliz, Carlos Zannini, secretario Legal de la Presidencia; y Julio De Vido, ministro de Planificación. En cuanto a Héctor Icazuriaga, secretario de Inteligencia, nunca se conocen sus opiniones, que, además, Kirchner nunca toma en cuenta.

Edición i puede anticipar que, si bien se especula acerca de la estabilidad en el gabinete nacional del ministro de Economía, Roberto Lavagna; y del ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Rafael Bielsa, quien ha entrado en una zona de colisión con los ‘pingüinos’ es Alberto Fernández, jefe de Gabinete nacional.

Ocurre que los ‘pingüinos’ desean reemplazar a Lavagna pero asumen que:

• es el ministro con mejor consideración en la opinión pública,

• no se define quién podría heredarlo y

• resultaría prudente que resuelva la renegociación de la deuda pública externa –que el Gobierno cree que obtendrá- y de las metas de política económica con el Fondo Monetario Internacional.

En cuanto a Bielsa, la política exterior no es una prioridad para los políticos formados en la provincia de Santa Cruz, pese a que ese territorio tiene frontera con Chile, es cercano al territorio bajo jurisdicción multinacional de la Antártica, y su ubicación frente a las islas Malvinas y Georgias del Sur dominadas por el Reino Unido.

En cambio, el cargo de Fernández provoca interés en los ‘pingüinos’, más allá de la comodidad con que el Presidente trata a su jefe de Gabinete. No le perdonan haber sido quien defendió, hasta el final, a Gustavo Béliz, y quien se apresuró en desmentir las versiones que indicaban que habría una denuncia penal contra el hoy ex ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

Side vs. Federal. La nota publicada por Edición i, deslizó la siguiente versión, entre otras cuestiones: "(...) Apenas Sergio Edgardo Acevedo desembarcó en la Secretaría de Inteligencia, se afirma que llamó a la Casa de la Provincia de Santa Cruz, donde atendía, al ingeniero eléctrico Antonio Stiuso para autorizar el retiro de una partida de dinero imputada a cierta operación especial (que no siempre es una operación especial). Sin embargo, al parecer, Stiuso dijo que no podía autorizar el gasto, pese a ser el único funcionario con firma para ese desembolso, porque no había sido ratificado en su cargo tras la salida de Miguel Ángel Toma del organismo presidencial.

La negociación que inició Acevedo con el funcionario de carrera más importante de la Side, no sólo consolidó la influencia de Stiuso en la inteligencia estatal, sino que fue ratificada por Héctor Icazuriaga, sucesor de Acevedo; ya que en ambas gestiones permaneció como Nº 2 otro allegado al presidente Néstor Kirchner: Francisco José Larcher.

Hoy Stiusso goza de un poder dentro de la Side que ni siquiera tuvo cuando Miguel Ángel Toma era el secretario de Inteligencia y le rogaba que resolviera el paradero de Horacio Conzi. Toma y Stiusso terminaron coincidiendo hasta en los choques con Oscar Rodríguez, por entonces el Nº 2, esposo de la senadora nacional Mabel Müller y de la confianza de Eduardo Alberto Duhalde.

Hoy Stiusso es más influyente que cuando dirigieron la Side, Hugo Anzorreguy, en días de Carlos Menem, o Fernando de Santibáñez, con Fernando De la Rúa. En ambos períodos, Stiuso, o Jaime Stile, debió competir con el mayor (RE) Alejandro Alberto Brousson, alias Alejandro Bousquet, a quien pudo quitárselo de encima al vincularlo al pago del dinero de la Side al delincuente Carlos Telleldin por su relato sobre su relación con la Policía Bonaerense en ocasión del atentado contra la sede de la Amia (Asociación Mutual Israelita Argentina).

Stiusso participó de la investigación, desde Contrainteligencia, la 85, a las órdenes de Jorge Lucas, pero afirma que sus opiniones no fueron atendidas. Probablemente Stiuso hubiera logrado más poder en la Side solamente si Enrique Nosiglia hubiese llegado alguna vez a la jefatura del organismo de inteligencia.

Detrás de Stiusso aparece como contratista o asesor el comisario bonaerense Mario Naldi, presidente de la consultora Global Solutions, especializada en secuestros extorsivos. Stiusso ha integrado en la Side un grupo antisecuestros, apodado Los Intocables, con privilegios como portar armas durante las 24 horas. Naldi ha sido el nexo entre la Side y la Bonaerense en la investigación de secuestros; y colisionaron en forma permanente con los comisarios de la Policía Federal Argentina, Jorge Palacios y Carlos Sablich.

Familiares o camaradas, Naldi y Stiusso mantienen una relación de confianza desde hace mucho, cuando ambos trabajaban para Anzorreguy. Por ejemplo, estuvieron en la Operación Strawberry, de abril de 1997, un megasecuestro de cocaína rumbo a Alemania que terminó en irregularidades, la libertad de todos los imputados y la investigación judicial del magistrado interviniente, Marquevich; de Naldi y de los agentes de la Side involucrados (...)".

Cristina en acción. La nota también sostuvo: "(...) El periodista Facundo Pastor, de América TV, fue quién obtuvo antes que nadie el contenido de la grabación de una conversación telefónica de Palacios y otras dos personas, ocurrida tres años antes.

En verdad, son tres conversiones: una entre el traficante de automóviles robados Jorge Sagorsky y Palacios; y dos entre Sagorsky y el comisario retirado Carlos Gallone, ex jefe de Palacios.

Por algún motivo, el ministro Béliz tomó conocimiento de que en el noticiero Informe Central, que conduce Rolando Graña, Pastor difundiría la grabación. Béliz envió a América TV a su jefe de gabinete de asesores y cuñado, Francisco Meritello, a hablar con su gerente general, Juan Cruz Ávila.

Meritello convenció al hijo de Carlos Ávila que una escucha telefónica no reciente que provocaría el relevo del superintendente de Investigaciones.

Béliz no pudo impedir que la revista Noticias de la Semana publicara el episodio como un ejemplo de presión gubernamental sobre los medios de comunicación, y así también tomaron conocimiento en la Casa Rosada de lo que ocurría.

Béliz había protegido y ascendido a Palacios, y era, aparentemente, su candidato a jefe de la fuerza de seguridad. Béliz conocía los problemas surgidos enre la Federal con la Side y la Bonaerense, que trabajaban en acuerdo, y así le birlaron a la Federal la liberación de Ernesto Rodríguez, padre de Jorge Rodríguez, una investigación de la gente de Palacios.

Había quedado atrás aquella felicitación de René Jesús Derecho, por la Federal, a la Side cuando detuvieron a Héctor Conzi, en Mar del Plata.

El comisario Derecho, provisoriamente, reemplazó a Palacios, pero es cuestionado por los organismos defensores de derechos humanos como el autor de la represión en la Plaza de Mayo de diciembre de 2001. Desplazar a Derecho es un objetivo la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional.

La escucha telefónica a Palacios fue difundida, en febrero de 2004, por el periodista Martín Pitón, conductor de un programa por AM Radio El Mundo. El jefe de Redacción del diario Página/12, Martín Granovsky, la reprodujo en abril, y provocó la caída de Palacios. ¿Por qué no ocurrió la caída en febrero, si Sagorsky se encontraba identificado desde diciembre por la fiscal Rita Molina como contacto probable de una banda delictiva? ¿Por qué a Página/12 no le interesó esa conversación en febrero, presunta demostración de la corrupción policial, y sí en abril?

En febrero sí ya había ocurrido (sucedió el 4 de diciembre de 2003), la declaración de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner ante el Tribunal Oral Federal Nº 3 que juzga la causa Amia, oportunidad en la que cuestionó la investigación del juez Juan Galeano, en la que trabajó el comisario Palacios.

Luego, concurrió al tribunal Stiuso/Stile a ratificar dichos de la senadora nacional PJ-Santa Cruz; a la vez que ‘orientaba’ las nuevas declaraciones del llamado Testigo C, de manera tal que desvinculara a Irán del atentado y se relacionara a Siria, una tontería cuando Hezbollah es un grupo político-terrorista de El Líbano vinculado tanto a Irán como a Siria. Pero todo conducía a presionar sobre el Tribunal que terminó apartando a Galeano de la investigación, luego a los dos fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia –quienes han apelado ante la Cámara de Casación-, y ahora la cuestión es si corresponde declarar nulo lo actuado y desprocesar al personal detenido de la Policía Bonaerense.

El costo político-diplomático para el gobierno de Kirchner puede resultar elevadísimo, ante la colectividad judía local e internacional con quien el presidente Kirchner se comprometió a concluir el juicio. ¿Qué otro beneficio se encuentra obteniendo Kirchner, por lo que aceptaría pagar este costo? Es un enigma.

Lo cierto es que Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner no iba a permitir que el comisario Palacios accediera a la conducción de la Federal. Y tenía aliados para la conspiración. La purga Nº 3 de la Federal se concretó cuando la senadora nacional PJ-Santa Cruz, con su marido Néstor saliendo de terapia intensiva y sometido a fuertes transfusiones de sangre, presionó por la remoción del comisario Palacios, superintendente de Investigaciones.

(...) Con su participación en el derrumbe de Palacios, Cristina desautorizó a Beliz, quien debió soportar que no fue él, sino Alberto Fernández, jefe de Gabinete, quien recibió la orden presidencial del despido. Y el gesto también lastimó al secretario de Seguridad, Norberto Quantin. Palacios cree haber sido víctima de la Secretaría de Inteligencia, por no mencionar a Stiuso; pero tiene una visión parcial de los acontecimientos. Stiuso reporta a Larcher e Icazuriaga, sobre quienes se encuentra Cristina; y lo que está ocurriendo es una disputa por el control de áreas de la Federal, impulsada por el poder político, la Side y la Bonaerense, sobre la que ya avanzó la Casa Rosada, y la demostración de esto sería la designación de León Carlos Arslanián como ministro de Seguridad provincial. (...)"

Righi brilla por su ausencia. Elisa Carrió, ex fiscal en la provincia de Chaco, es la única que advirtió, al menos públicamente, que los fiscales federales deberían haber intervenido de oficio luego de las denuncias de Gustavo Béliz, quien le concedió entrevistas a varios medios de comunicación.

En verdad, las denuncias que realizó Béliz fueron mucho más contundentes que las que, en su momento, deslizó contra el gobierno de Carlos Menem, porque en aquella oportunidad acusó al Ejecutivo Nacional de falta de transparencia en la búsqueda de la reforma constitucional que le abriese a Menem la posibilidad de una reelección en la Presidencia. Pero ahora dijo que la Secretaría de Inteligencia recibió, en forma nada transparente, dinero de otras áreas del Estado Nacional, extrapresupuestario, y que lo gastó sin informar cómo se ejecutaron las partidas, además de cometer irregularidades en el caso Amia.

De acuerdo al diario La Nación –que tomó de inmediato el tema-, la Secretaría de Inteligencia gastó $ 1.270 millones desde 1998, sin controles y con giros sospechosos. Pero en la comisión legislativa que debería controlar al organismo de inteligencia, aparece como vicepresidente Oscar Rodríguez, quien fue el Nº 2 de la Side durante todo el gobierno de Eduardo Duhalde (acompañó tanto a Carlos Soria como a Miguel Ángel Toma, los dos jefes de inteligencia que tuvo Duhalde).

O sea que Rodríguez no investigó el sobrepresupuesto de la Side en 2003 que denunció Béliz, dado que era uno de los que lo ejecutó, aparentemente en forma irregular.

¿Dónde aparecen los fiscales federales en este escándalo? No han irrumpido en escena, lo que demuestra que la independencia del Poder Judicial es tan irreal con Kirchner como lo era con Carlos Menem. La república liberal que soñaron Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento ha claudicado a manos de los grandes partidos populistas que no son mejores que los gobiernos militares que dicen detestar el PJ y la UCR.

¿Quién es el jefe de los fiscales?

Quien fue ministro del Interior de Héctor J. Cámpora, en 1973, Esteban Righi, hasta hace poco abogado de Hugo Anzorreguy en el caso Amia, y de María Isabel Escasany en una disputa familiar con su hermano, Eduardo.

Righi es el procurador General y titular de la cátedra de Derecho Penal en la que Alberto Fernández, jefe de Gabinete de la Nación, fue profesor adjunto.

Righi no ha dado instrucciones a sus subordinados para tomar, de oficio, las denuncias, porque es un político antes que un hombre del Derecho; y tiene compromisos con el Ejecutivo Nacional que lo propuso al Legislativo.

La denuncia que dejó Béliz al irse se encuentra en la Oficina Anticorrupción, hoy presidida por Daniel Morín, que sí podría presentar una denuncia penal, una vez que prospere su investigación. Y sin duda lo hará, si permanece en el cargo, porque es un ex fiscal del grupo liderado por el ex secretario de Seguridad, nuevamente fiscal de Cámara, Norberto Quantín.

Ese grupo es apodado Los Centauros, vinculado a Béliz, quien ante Mariano Grondona, en Hora Clave, por Canal 9, dijo que los $ 100 millones "extra" que en el ejercicio presupuesto 2003 recibió la Side, eran investigados por Morín.

Hoy, el jefe de la OA integra una terna para cubrir una vacante en un juzgado federal. Hay quienes afirman que Kirchner podría promover su designación en el juzgado a cambio de que abandone la OA, aunque especular con algo así supone desmerecer las cualidades de Morín, y su ética personal.

Otra persona importante en la estructura de autocontroles que, en teoría, deben existir en una Nación, para garantizar la credibilidad de los ciudadanos, es Manuel Garrido, ex titular de la OA, hoy a cargo de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, un organismo que, para muchos, se superpone sin fundamento alguno con la OA.

En cualquier caso, aún se espera que Garrido inicie una investigación luego de los dichos de Gustavo Béliz. Uno de los colaboradores de Garrido en la OA fue Alejandro Rúa, hoy a cargo de la Unidad Especial de Investigaciones de los Atentados contra la embajada de Israel y contra la sede de la Amia. En ninguno de los casos demostró pericia y trabajó en la misma línea que Stiuso, en relación a la Pista Siria, hasta ahora poco seria.

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