Uruguay: La otra elección

Cuando el próximo 31 de octubre los uruguayos concurran a las urnas para elegir a su próximo presidente, también deberán votar el denominado "plebiscito del agua". Tras la experiencia con el referéndum sobre Ancap y el que no llegó a efectuarse sobre Antel, Uruguay nuevamente consultará a la población, esta vez, sobre una posible reforma a la Constitución que consistirá en un anexo que considere el acceso al agua como un derecho humano fundamental, limitando la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento a la órbita estatal y promoviendo la generación de una política nacional de aguas, desde el marco de la sustentabilidad del recurso. Los opositores a la iniciativa aseguran que esto "alejará las inversiones" y el presidente, Jorge Batlle, advierte que la consulta "le va a hacer un daño al país".

Según recuerda el portal Indymedia, en 1992 el pueblo uruguayo votó mayoritariamente en contra de la privatización de los servicios públicos, en un plebiscito organizado por los movimientos sociales. En esa oportunidad este fue un mensaje inequívoco para el gobierno, los organismos financieros internacionales y las empresas transnacionales que impulsaban la privatización del agua.

El 31 de octubre y a 12 años de aquella votación Uruguay se dispone a nuevamente a decidir sobre un plebiscito que se realizará junto a las elecciones presidenciales para que la población elija si está o no de acuerdo con agregar a la Constitución Nacional la consideración del acceso al agua como un derecho humano fundamental, limitando la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento a la órbita estatal y promoviendo la generación de una política nacional de aguas, desde el marco de la sustentabilidad del recurso.

Este recurso viene siendo impulsado por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, integrada por más de 40 organizaciones sociales, políticas y sindicales, dentro de las que se encuentra el sindicato de trabajadores de la empresa estatal de agua (FFOSE), la central única de trabajadores (PIT-CNT), la coalición de partidos de izquierda (Frente Amplio) y REDES-Amigos de la Tierra Uruguay.

El plebiscito tiene diferencias con el referéndum –como fue el de Ancap- ya que: Desde el punto de vista formal se hacen junto con las elecciones, es decir que es simultáneo al voto de autoridades nacionales; el voto es sólo por Sí, se vota por Sí o se deja de votar; el Sí debe tener más del 50% del total de votantes, en el caso de Uruguay se trata de alrededor de 1.300.000 adhesiones.

De acuerdo a los resultados de un informe realizado por la Consultora Factum, su titular, Oscar A. Bottinelli informó que el 50% de los ciudadanos no sabe que habrá un plebiscito el 31 de octubre. De los que saben, 44% votarán a favor, 11% en contra, el resto está indeciso. Esto significa que el apoyo inicial es similar al que obtuvo el referéndum sobre Ancap y el que no llegó a efectuarse sobre Antel.

# Los que se oponen

Los opositores al plebiscito sostienen que aunque el Estado ya es responsable del agua, el proyecto ahuyentará inversiones e incluso se establece que "la reparación que correspondiere, por la entrada en vigencia de esta reforma, no generará indemnización de lucro cesante, reembolsándose únicamente las inversiones".

Según consideran, hay empresas españolas que están presentes, especialmente en el departamento de Maldonado, donde está enclavado el balneario de Punta del Este, a 140 kilómetros, que se verán afectadas en sus inversiones, de acuerdo al texto de la ley llamada de "defensa del agua y la vida".

El gobierno del presidente Jorge Batlle sostiene que de lograrse esta reforma habrá "una lluvia" de pleitos contra el Estado por millones y millones de dólares de parte de inversores sólo por lucro cesante.
Los opositores a la enmienda se han preguntado, asimismo, que sucederá con la explotación particular de las aguas termales del litoral oeste del Uruguay, una importante fuente de turismo, con las empresas embotelladoras de agua e incluso con las aguas que explota el sector arrocero, entre otros.

Durante la conferencia de prensa que el presidente de Uruguay Jorge Batlle brindó tras regresar de la cumbre del Mercosur en Puerto Iguazú fue consultado sobre este tema. La pregunta fue: Presidente, estos días ha habido un intenso debate en torno al tema agua. No sé si ha escuchado algo de este tema. ¿Qué opinión le merece?

A esto el mandatario respondió: "Mire, el tema agua es un disparate. Yo creo que una de las cosas más importantes que debe hacer el periodismo es publicar, con cuerpo diez, los artículos de la reforma de la Constitución que se proponen. En primer lugar, expropian, sin pago, como se establece en la Constitución, en la propia Constitución, pero expropian todo, le expropian hasta un tajamar. En segundo lugar, le prohíben la exportación de agua. Quiere decir que si usted mañana tiene un cliente que quiere comprar agua embotellada, como los franceses venden "Perrier", y "Evian", usted no lo puede hacer. Solamente se puede exportar si hay un país que lo pide por el estado de necesidad, y ello por ley, y la ley con mayoría especial. Y, por otra parte, en el Uruguay todo el tema del agua esta regulado por la ley. Usted para poder sacar agua de un río y regar tiene que ir al Estado para pedir permiso y la oficina correspondiente tiene que hacer un estudio y le concederá la toma y le vigilará cuánto es lo que está autorizado usted para usar del agua que usted pretende extraer. Y pasa lo mismo si usted mañana quiere hacer un pozo para extraer aguas termales. Quiere decir que todo eso que se ha hecho sobre la base de que el agua no puede ser privatizada, en primer lugar, no esta privatizada el agua porque el agua está regida por la ley, y es el Estado el que la maneja. Y en segundo lugar, todos los artículos que conforman esa modificación son artículos que le van a hacer un daño económico, un daño financiero, y un daño al país en la confianza de los contratos establecidos. Pero tal es esto así, tal es esto así, que los propios sectores políticos que de alguna forma están girando alrededor de este tema, están pensando en buscar soluciones alternativas, porque sienten que esto le va a hacer un daño horrible al Uruguay, a la imagen del país".

Lo cierto es que en el medio del debate están los ciudadanos que a juzgar por los resultados de los estudios de las más importantes consultoras no tienen ni idea de lo que deberán votar.

Las primeras conclusiones reflejan que los que de verdad saben de que se trata este plebiscito están a favor. Asimismo, 4 de cada 10 que no conocen que hay un plebiscito ni, por supuesto, saben de qué se trata, votan a favor, según observa Factum. Del mismo modo hay un pequeño porcentaje que automáticamente dice: "Voto en contra", que también apunta a la impresión de que hay este voto estructural, gente que tiene posiciones duras sobre el tema.

En números, según Bottinelli, la gente que no conoce y está a favor es un 17% de todo el electorado, la gente que no conoce y está en contra es un 5% del electorado y la que no conoce y no sabe qué va a votar es un 28% de todo el electorado y la mayoría absoluta de los que no conocen.

Más información sobre el proyecto de reforma en el siguiente link:
http://www.espectador.com/nota.php?idNota=19456

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