Renunció el juez que investigaba a los K por enriquecimiento ilícito

"En un país serio, sería diferente. En la Argentina, lo suyo es una causa perdida", le advirtió Andrés D’Alessio a Juan José Galeano cuando éste le rogó que se hiciera cargo de su defensa ante el Consejo de la Magistratura. D’Alessio, quien cuando era Procurador General, con aprobación del Senado, debió renunciar por múltiples amenazas de juicio político que le hicieron los allegados a Carlos Menem, que exigían un jefe de los fiscales propio. Porque en la Argentina no existe la independencia de los poderes republicanos. Siempre hay una emergencia por la que el Ejecutivo toma todo.

"Pero... si quiere gastar dinero, cuente conmigo", agregó D’Alessio, al aceptar patrocinar una defensa que sólo Galeano sabía que no podría pagar con sus modestos ingresos personales, si el jury se prolongaba por ocho o nueve meses, tal como era previsible.

Además, la presión familiar hizo mella en el entonces magistrado: 10 años con la causa Amia, amenazas telefónicas, seguimientos y varios ingresos clandestinos que sufrió su hogar, nunca aclarados.

Para colmo, él terminó cuestionado por una gran parte de la sociedad, que lo juzgó responsable del fracaso de la investigación de la muerte de 85 personas en un atentado suicida a 30 cuadras de la Casa Rosada, a una distancia menor del Departamento Central de la Policía Federal, a poco más de un kilómetro del Congreso de la Nación y a cinco cuadras de dos seccionales de la misma policía.

Entre otros enemigos y críticos, Galeano sufría la animadversión de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Ella declaró ante el Tribunal Oral Federal Nº 3, sin ninguna prueba concluyente, tan sólo con su empecinamiento absurdo, que Siria y no Irán había alentado a Hezbollah a cometer el atentado. Esto cuestionó el meollo de la instrucción realizada por Galeano.

Luego de la embestida de la senadora nacional PJ-Santa Cruz, Galeano fue apartado de la causa Amia. En ese contexto, Galeano recibió la denuncia por posible enriquecimiento ilícito del Presidente y de su esposa.

Galeano hizo lugar a la producción de pruebas propuesta el 7 de julio pasado por el fiscal federal Eduardo Taiano, quien se expidió sobre una denuncia del abogado Juan Carlos Iglesias, que llegó a Tribunales el 25 de junio pasado. La Casa Rosada bramó cuando Galeano le pidió a la AFIP las declaraciones juradas de bienes de Kirchner y de la senadora Fernández de Kirchner, desde 1983 a 2004. Kirchner ingresó a la función pública en 1983, cuando asumió como titular de la Caja Previsional de Río Gallegos, designado por el entonces gobernador Arturo Puricelli.

Galeano comenzó a investigar, a pedido del denunciante, no sólo la procedencia de los bienes de Kirchner sino también la ruta de los fondos de Santa Cruz en el exterior para conocer si hubo administración fraudulenta que haya abultado el patrimonio del hoy Presidente. La permanencia de la causa en el juzgado de Galeano perturbaba a los Kirchner.

Ni hablar del exhorto diplomático que libró, con carácter urgente a USA y Uruguay, y la solicitud de antecedentes del ministro de Planificación, Julio De Vido; de su esposa Alessandra Minnicelli, adjunta de la Sindicatura General de la Nación; de su hijo; y del director del Banco Central, Eduardo Caffaro.

La presión oficial creció y fue exitosa. Si la opinión pública ahora cree un poco menos en la independencia del Poder Judicial no es algo que le preocupe a los Kirchner, ya lo hicieron en Santa Cruz.

Edgar Mainhard

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