Denuncias penales contra la administración kirchnerista de Rovira, en Misiones

U24 publicó el 21 del mes pasado una nota sobre la denuncia del diputado misionero Jorge Galeano por sobrefacturación e irregularidades vinculada a la compra de 4.200 camperas para la Policía de Misiones. Entre los principales acusados se encuentran el gobernador kirchnerista Carlos Rovira y el ministro de Gobierno, Miguel Ángel Iturrieta. A continuación U24 detalla las dos escandalosas contrataciones directas decretadas por el Ejecutivo provincial, además del caso Spotorno SA, la empresa perteneciente al suegro del Gobernador, y finalmente el caso Closs, ministro cuya empresa familiar pasó a ser la proveedora de combustible de la Provincia. Evidentemente, la administración kirchnerista de Misiones sabe cómo sacarle el jugo a su función pública.

La contratación directa para la compra de camperas para personal de la Policía de Misiones, fue denunciada en una sesión de la Cámara de Diputados en octubre de 2003 y en febrero de 2004, el diputado provincial Dr. Jorge Enrique Lisandro Galeano amplió la denuncia.

Los hechos denunciados fueron la adquisición de 4.200 camperas para el personal policial de Misiones, el cual consta de solo 3.500 efectivos, a $ 196,50 por unidad, mediante una compra escandalosamente directa.

El monto total, $ 825.300, fue pagado el 1 de octubre del mismo año, 3 meses antes de que sean entregadas las camperas.

No solo fue denunciada la compra directa, cuya causa es jurídicamente insostenible, sino que además se denuncia un sobreprecio que alcanzaría los $ 522.900 de pérdida para el erario provincial.

La compra fue realizada a Niveyro SA. Ernesto Niveyro es suegro del ministro de Salud Pública, José Guccione, y del subsecretario de Obras Públicas, Santiago Ros.

También se denuncia la adquisición de 4.200 borceguíes, pantalones, camisas y casquetes, realizada dos meses antes donde se involucra a la misma empresa.

Entre las dos compras se pagó un total de $ 2.186.460 con aproximadamente, el 35,44% de más.

El dilema es que la causa penal se encuentra estancada ya que la fiscal actuante es la mujer del Dr. Lozina, ideólogo del actual gobierno y presidente de la empresa de electricidad de Misiones (EMSA), según declara Galeano, a quien se le niega la posibilidad de impulsar el proceso por ser el denunciante.

Los hechos que denuncia el diputado se resumen en la contratación directa 27/03, autorizada por el decreto 1311/03 del Poder Ejecutivo Provincial y la contratación directa 20/03, por decreto 971/03.

Los delitos imputados conforme a la calificación legal efectuada por Galeano, son cinco: Fraude de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.

* Contratación directa 27/03, autorizada por el decreto 1311/03

La primera contratación denunciada fue por $ 825.300 para la adquisición de las 4.200 camperas destinadas al personal policial.

El 29 de agosto de 2003, la Dirección de Administración de la Jefatura de Policía inició las actuaciones administrativas de la compra directa. La carátula identifica el expediente bajo el número 2025/CD 1357/03.

En el folio 1 del expediente consta el Pedido 06/2003 con fecha el 29 de agosto y está suscripto por el Director General de Administración, Com. M. Jorge Rubén Baez.

El pedido solicita el suministro de 4.200 camperas de uniforme policial, color azul, desmontable, impermeable, tejido cordura, cuello de abrigo, modelo según muestra, por un precio de $ 196,50. De este pedido hoya además tres ejemplares (folios 1, 2 y 3).

En el folio 4, la empresa Ernesto Niveyro S.A. se presenta formulando propuesta. Pero no consta ninguna documentación que acredite invitación alguna para cotizar.

Lo más sorprendente es, sin embargo, que el presupuesto presentado por la firma, suscripto por su presidente, María Silvia Niveyro, ofrece exactamente lo solicitado por el pedido 06: 4.200 camperas con los mismos detalles requeridos y a $ 196,50, exactamente el mismo precio calculado por la Dirección de Administración. Y por si esto fuera poco: El Presupuesto de fecha 27 de agosto de 2003, o sea, dos días antes de iniciarse el procedimiento administrativo de contratación, suscripto por Baez.

La connivencia es clara: El expediente fue destinado a favorecer a un solo oferente, la firma Niveyro, y a desprecio por la regularidad de un procedimiento de contratación pública.

Pero constan aún más irregularidades. El pagaré de Garantía por la contratación, de la firma cuestionada, no solo está fechado el 27 de agosto (otra vez: el pedido es del 29), sino que además no tiene aval bancario o de firma de reconocida responsabilidad, como lo estipula el Pliego de Condiciones cuando la operación supera los $ 10.000.

Con ello queda incompleto el pagaré suscripto por Niveyro, cuestión que "se dejó correr", según consta en la denuncia de Galeano, en el expediente donde obran los antecedentes de la propia firma, lo cual significa, además, que Niveyro se "autoafianzó".

La cotización la presentó en representación de Niveyro S.A. su presidente, María Silvina Niveyro y el pagaré lo suscribe su padre, Ernesto, que es Director Suplente por lo que ambos tienen calidad representativa de la misma empresa.

Violado el Pliego de Condiciones Generales que sustenta la operación, el trámite continuó impoluto, con una cotización anterior a la apertura del procedimiento de contratación que además coincide con el detalle de lo solicitado dos días después, con un pagaré fechado dos días antes del pedido y con la carencia de un requisito esencial para la validez de la garantía: el aval bancario o de firma de reconocida responsabilidad, sin lo cual no vale justamente, como garantía.

Por todo ello, la propuesta de Niveyro debió ser rechazada de entrada.

Pero esto no es todo. También se denuncia una adulteración de instrumentos públicos.

Luego de la presentación de Niveyro del día 27 de agosto preanunciado la voluntad administrativa, "aparecen" en el expediente dos cotizaciones. Una perteneciente a Rocco Hombres denunciando que no tiene 4.200 camperas prolijamente descripta, y otra de Industrias Lindheimer SRL, que también informa que no cotiza 4.200 camperas al detalle del pedido 06.

Estas dos presentaciones también son de fecha 27 de agosto. Según consta en la denuncia estas "suedo cotizaciones o fueron entregadas por la misma firma Niveyro SA, agregadas al expediente, o fueron presentadas por adivinadores de las firmas Rocco y Lindheimer que también sabían lo que dos días después acontecería en la Policía".

Además, estas dos empresas no venden camperas ni uniformes de seguridad. Y, por otra parte, en Posadas, si hay firmas que comercializan este tipo de indumentarias, a las cuales no se citó.

Una de ellas sería la firma Equipamiento Industrial. Esta firma efectuó una denuncia penal contra Niveyro por la falsificación de un presupuesto, causa que tramita, desde marzo de 2001 ante el Juzgado de Instrucción Nro.2, caratulada "FERNADO GONZALES P/EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL c/NIVEYRO SA p/Falsificación e intento de estafa".

Este último caso corresponde a una compra directa del Instituto de Previsión Social, donde Niveyro SA entregó un seudo presupuesto de Equipamiento Industrial, falsificando el formulario para quedar como único y mejor oferente y por supuesto, ganó la contratación.

Esto es prueba de que "Niveyro recurre a este ´modus operandi´ para abrirse camino en el prodecimiento", denuncia Galeano.

Pero todo esto debe ser encubierto y es aquí donde aparecen los integrantes de "esta verdadera asociación ilícita".

En primer lugar, la denuncia señala al Com. Jorge Rubén Baez, Director General de la Administración, quien sostiene que las camperas son un elemento con "características" especiales propias del uniforme de servicio que no pueden ser sustituidas y que Niveyro es la "única firma en plaza" en condiciones de proveer tales camperas, "ya que no existen otras en capacidad para entregar una cantidad tan importante".

Baez probablemente se basó en las otras seudo cotizaciones presentadas, de dos empresas que "todo el mundo en Posadas" sabe que no venden tales indumentarias, además de desconocer que en Argentina hay decenas de fábricas de camperas para fuerzas de seguridad.

Otro de los involucrados es el Dr. José Alberto López, Director de Asuntos Jurídicos, quien silencia las fechas, la inexistencia del aval en el pagaré de garantía y las sospechosas presentaciones de las otras dos firmas. Y, justifica la contratación alegando causales de excepción para la compra de camperas con "cordero" en plena primavera.

Luego, el Dr. Claudio Baca, quien aconseja proseguir con trámite que le fue remitido, dando por hecho que Niveyro es la única empresa con capacidad para suministrar las 4.200 camperas. Por otra parte, sorprende la rapidez del trámite que comenzó el 29 de agosto con cotizaciones del 27 y ya el 10 de septiembre dictamina Baca.

Y aquí entra el gobernador kirchnerista Carlos Rovira con la firma del Decreto 1311 del 16 de septiembre. La motivación del decreto no tiene sostén jurídico: "se encuadra el caso como una excepción a las normas sobre licitación pública fundando tal decisión en que la firma Niveyro SA es la única que puede proveer las camperas y que éstas no puede ser sustituidas", explica la denuncia y agrega Galeano "Este absurdo sólo puede ser refutado por el absurdo. Según el Sr. Gobernador Carlos Rovira la campera es una indumentaria que solamente puede ser fabricada por una sola firma en toda la Argentina y no puede ser sustituida de ninguna forma. Lo único que faltó es que se encuadrara la compra en normas de contrataciones secretas para la defensa nacional".

Por último, el Ministro de Gobierno, Dr. Iturrieta, autoriza el Decreto y realiza una inmaculada defensa pública de la contratación y de la regularidad del trámite administrativo de la misma.

El 16 de septiembre se dicta el decreto, el 18 se remite el expediente a la Jefatura de Policía, y el 22 "es un día mágico": Ese mismo día Niveyro remite las camperas a la Policía, se libra la orden de Provisión, se suscribe el acta de Recepción, y se libra la orden de pago por $ 825.300.

Finalmente, el 1 de octubre de 2003, Niveyro cobra los $ 811.258,68, mediante un cheque del banco Macro. ($ 13.641,32 fue la retención por impuesto a las ganancias).

Pero el 9 de diciembre, Galeano se presenta junto con el diputado provincial, Enrique de Arrechea, en la Dirección de Patrimonio de la Jefatura de Policía, solicitando que se les informara dónde estaban depositadas las camperas.

El comisario Bordón les comunica que no podía darle la información en ese momento y que solo respondería a la solicitud formal de la Cámara de Representantes. La evasiva respondía por supuesto a que las camperas no estaban en poder de la Policía. De hecho, Galeano afirma en su denuncia que nunca, hasta ese día, las tuvieron en su poder, y se basa en la excusa que le brindó la Jefatura a la Cámara de Representantes indicando que las camperas habían sido entregadas pero que se había resuelto cambiarle de cierre a todas y por ello las devolvieron al proveedor. Y la compra se inició con una muestra, con lo cual se supone que el proveedor cumplió con ella.

Por otra parte, cuando las camperas estuvieron en Posadas, no tuvieron ningún problema en dar la información solicitada. Y fue ahí cuando vieron que les faltaba el elemento que el Ministro, Dr. Iturrieta, calificó como importante para defender el precio de las camperas: el "corderito" desmontable.

"Es un caso de patética corrupción administrativa", afirma Galeano, quien considera aún más grave la sobrefacturación y el daño patrimonial a la Provincia.

Galeano se tomó el trabajo de solicitar a una firma proveedora de indumentarias y de elementos de seguridad industrial, una cotización de las camperas conforme al modelo que finalmente se entregó a la Policía. La firma es CECMAR SRL y el precio que cotizó fue de $ 72 por unidad.

CECMAR es una empresa de Buenos Aires, la misma plaza donde Niveyro encargó la confección de las camperas. Niveyro no es fabricante ni posee capacidad para producir camperas, simplemente las ordenó a la fábrica MIGUEL ANGEL GALUCCI ubicada en Dante 5165, de la ciudad de Caseros, Pcia. de Buenos Aires.

Cualquier empresa misionera podría haber encargado a cualquier fábrica de Buenos Aires la confección de las camperas. Aquí es entonces cuando no se comprende la tesis del Gobierno según la cual Niveyro es la única firma que puede proveerlas.

"Lo cierto, V.Sa. es que ha existido en esta contratación un escandaloso sobreprecio. Y afirmo en que ni el Sr. Gobernador, ni el Sr. Ministro, ni el delegado Fiscal de la Contaduría, ni los funcionarios policiales que he indicado pudieron haber ignorado que estaban comprando un bien absolutamente sobrevaluado. Menos aún, la firma oferente", denuncia Galeano.

"Y lo cierto, V.Sa. es que esta sobrefacturación produjo una pérdida cuantificable, cuanto menos, en más de quinientos mil pesos para el erario provincial. Si esto no es corrupción administrativa, ¿qué es la corrupción?".

* Contratación directa 20/03, autorizada por decreto 971/03

En el mismo expediente 1357/03 se encuentra la Orden de Provisión correspondiente a la Compra Directa 20/03 autorizada por el decreto 971 de 23 de julio de 2003. Esta vez, se trata de la provisión de 4.200 borceguíes, camisa de manga corta y larga, casquetes policiales y pantalones bombachas por un precio total de $ 1.343.160 y la firma beneficiara es nuevamente, Niveyro SA.

Galeano declara que no tuvo acceso al expediente administrativo, donde asegura que se cometieron las mismas irregularidades denunciadas anteriormente. Por lo tanto, se reserva la ampliación de la denuncia.

"Lo cierto es, V.Sa., que surge de tal orden de provisión que cada par de borceguíes fue vendido a la provincia en la suma de $ 142,90, cuando en una casa del ramo en Posadas un calzado de superior calidad cuesta, en mostrador, $ 119,21", escribe Galeano luego de corroborar el dato mediante la marca OMBU con borceguíes de mejor marca y calidad, y la empresa SECURITY SUPPLY, quienes cotizaron borceguíes de similar calidad a $ 84,40 el par.

A ello agrega que Niveyro vendió a la Universidad Nacional de Misiones borceguíes de similar calidad a los vendidos a la Policía a $ 89,00 el par.

De todo es esto, resulta un sobrefacturación de al menos $ 58,50 el par, lo que totaliza una pérdida para el erario provincial de $ 234.000.

Lo mismo ocurrió con las camisas, bombachas y casquetes.

"Es evidente que estamos en presencia de un modus operando conducente al perjuicio directo del patrimonio del fisco provincial. Y que ese perjuicio es causado, con dolo o culpa inexcusable, por una serie de funcionarios y particulares", afirma Galeano en su denuncia.

"Pero no caben dudas de que la máxima responsabilidad les cabe al Sr. Gobernador de la Provincia (Carlos Rovira) y al Sr. Ministro de Gobierno (Dr.Iturrieta), los que –por otra parte- han defendido calurosamente las acusaciones efectuadas con perjuicio notorio para el fisco. Ninguno de los funcionarios actuales puede alegar ignorancia acerca del evidente sobreprecio ni de las irregularidades del procedimiento de contratación. Menos aún el Ministro de Gobierno que es abogado y ha sido propuesto para le cargo de Ministro del Superior Tribunal de Justicia. En esta cuestión se suman perjuicios patrimoniales y manipulación del procedimiento administrativo con la torpe finalidad de perjudicar intereses fiscales".

* Los Delitos

Los delitos imputados conforme a la calificación legal efectuada por Galeano, son:

- Fraude de la administración pública

- Abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes

- Malversación de caudales públicos

- Negociaciones incompatibles con la función pública

- Asociación ilícita

En la denuncia penal de Galeano, figura un pedido de prueba anticipada solicitando urgentes medidas de diligencia de averiguación, debido a que el día 11 de febrero de este año, el diario Territorio Digital, de la Provincia, publicó un artículo donde informó sobre las camperas, diciendo que "algunas son de un azul oscuro, otras un poco más claro, no son iguales".

El hecho de que las camperas no sean iguales demuestra que el argumento según el cual Niveyro es la única firma en plaza que puede proveer la totalidad de camperas requeridas "conforme las supuestamente rigurosas normas reglamentarias sobre uniformes", es totalmente falaz.

* El caso Spotorno

Spotorno S.A. es una firma constructora misionera que empezó sus actividades a mediados de la década del ´90, cuando el actual gobernador Rovira era intendente de Posadas (1995-1999). Su crecimiento económico es conocido en todo Misiones y es la empresa que más beneficios ha obtenido en los últimos ocho años.

La empresa Spotorno es beneficiaria de jugosos contratos de obras públicas, desde la instalación de semáforos, hasta la construcción de viviendas y rutas, por montos millonarios.

El dueño de Soporto SA es suegro del gobernador Rovira, por lo que Galeano denuncia un caso típico de nepotismo y solicita la creación de "una Comisión Especial de Investigación de las contrataciones públicas celebradas por la Provincia de Misiones con la firma Spotorno S.A." para determinar claramente los niveles de beneficios económicos recibidos por la empresa por su vinculación familiar.

También es, según Galeano, un caso de escandaloso enriquecimiento de un gobernador a partir del enriquecimiento de su familiar directo en primer grado por afinidad.

El "camino del crimen", explica el diputado, comenzó con el contrato irregular de los "semáforos inteligentes" para Posadas, que ni siquiera funcionan.

Lo grotesco fue que en virtud de este contrato la Francia otorgó a Rovira la "Legión de Honor" (por méritos rendidos a Francia). A raíz de ello, la Cámara de Representantes firmó protesta porque el contrato fue denunciado penalmente.

La Cámara declaró: "La connivencia y necesidad de que el Poder Ejecutivo Nacional para que, a través el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, presente ante el Gobierno de la República de Francia su firme protesta por la concesión de la condecoración de la Legión de Honor al Gobernador de Misiones, Ing. Carlos Eduardo Rovira, tomando como mérito para ello la existencia de un contrato con la empresa francesa Gertrude y Asociados, que ha sido denunciado penalmente por esta Honorable Cámara ante los evidentes vicios del acto de su adjudicación y el manifiesto acto de corrupción que ha significado su celebración".

* El caso Closs

Pero el gobernador Rovira no sería el único que saca provecho de su función pública para alimentar sus cuentas personales. Galeano realizó también un denuncia penal contra Maurice Closs, Ministro-Secretario de Estado General y de Coordinación de Gabinete.

Según el diputado, Maurice Fabían Closs tiene interés directo y actual en la actual Petrovalle S.A.

El capital accionario de Petrovalle se compondría de: "1. El Sr. Ramón Alberto Closs con 72.708 acciones equivalentes a $727,08; 2. el Sr. Omar Alberto Closs, 63.000 acciones equivalente a $ 630; 3. el Sr. Maurice Fabián Closs, 63.000 acciones equivalentes a $ 630; y 4. la Sra. Alicia Liliana Closs de Hobus, 63.000 acciones equivalentes a $ 630".

El ministro sería, por tanto, titular del 24,07 % del capital realizado de la firma.

Cabe aclarar que como ministro tiene absolutamente prohibido interesarse, directa o indirectamente, en contratos públicos celebrados con la provincia o sus entes autárquicos (Art.25 de la Ley de Ministerios).

Petrovalle es desde julio de 2003, según se denuncia, la proveedora principal de combustible para el Gobierno de la Provincia de Misiones. De hecho, Galeano denuncia que Petrovalle se ha convertido en la única proveedora de combustible de Vialidad Provincial que ha triplicado su consumo mensual, pasando de un promedio de 64.000 litros por mes a 199.000 litros, desde que Petrovalle comenzó a suministrarle el combustible.

Por estas dos causales autónomas, Maurice Closs tendría interés directo en la contrataciones indicadas, por poseer el 24,07% del capital realizado y por ser la empresa de íntegra propiedad de su familia.

Contra Closs, Galeano formuló seis denuncias penales, ya que evidenciaría un caso de evidente utilización del cargo para beneficiarse económicamente en forma directa.

Dejá tu comentario