Uruguay: El tema del agua plantea un conflicto de corporativismo vs. seguridad jurídica

A continuación U24 reproduce un editorial del diario uruguayo El País sobre el conflicto del agua que –para algunos- pone el riesgo los derechos individuales en pos de corporativismos.

El tema del agua ha planteado en una dimensión alarmante el de las seguridades jurídicas que rodean el sistema uruguayo de garantía de los derechos individuales —elementales, sagrados e intocables—, amenazados por un auge de los corporativismos que pretenden erigirse en dueños de los servicios del Estado.

Los gremios, transformados en grupos de poder y al amparo de una mal entendida solidaridad y de las debilidades coyunturales del sistema político, buscan sacar ventajas y mantener privilegios. Es correcto y todo el mundo tiene derecho y hasta la obligación de defender sus intereses, pero el límite está en no perjudicar al país. Que las prebendas de unos pocos no signifiquen un retaceo a las expectativas de la gran mayoría.

Esas corporaciones han sabido aprovechar la crisis del país, el descontento generalizado con el gobierno y la necesidad de expresarlo en cuanta oportunidad se planteara. Y lo han hecho contando con aliados dentro del mismo sistema político que relegaron sus responsabilidades por cálculos electoralistas.

Han actuado siempre dentro de los límites de la Constitución y la ley, han "convencido" o logrado el apoyo de grupos políticos y han sometido la decisión final al pronunciamiento popular. No hay objeciones en la materia. Sí la hay en la manera como han disfrazado sus pretensiones corporativas, como han reducido la exposición de ideas a meras consignas, como han sabido explotar el sentimiento negativo de la gente para transformar en "malo" todo lo que podría ser "bueno", como han sabido esconder sus verdaderas intenciones detrás de la fachada del "voto castigo".

¿A quién castigan con sus manipuladoras simplificaciones? ¿A un gobierno elegido libremente, que quiere cambiar determinadas situaciones en busca de mejoras para la sociedad? La primera pulseada fue con el plebiscito contra la ley que permitía la asociación de Ancap con privados. Una ley surgida de un parlamento soberano y representativo, en la que habían trabajado TODOS los partidos políticos.

Si luego hubo deserciones es algo distinto: ellas surgieron cuando los corporativismos (léase el gremio de funcionarios de Ancap) presionaron y no hubo decisión para enfrentarlos o se consideró que electoralmente no convenía "quemarse".

En el ínterin, entre la sanción de la ley y su derogación, hubo llamados internacionales a empresas que desearan asociarse. Muchas se presentaron convencidas de las seguridades jurídicas que en Uruguay brinda una ley. Pobres ilusos.

Tras cartón la reforma del agua. Nada menos que utilizar la Carta Magna para que un grupo de funcionarios de OSE aseguren sus privilegios en torno a la explotación de los recursos hídricos y el saneamiento (qué tendrá que ver el saneamiento con la consigna de "Dígale SI al Agua", que llevó, ella sola, una cantidad infernal de votos). Y esa utilización espuria de la Constitución que se hizo, no sólo provocó la caída de concesiones ya otorgadas. Modificó la sagrada sección que consagra los "Derechos, deberes y garantías" de los habitantes de la República e hizo desaparecer la obligación de "una justa y previa compensación" cuando se afecta el "inviolable" derecho de propiedad, con la pretensión de que los inversores extranjeros (la española Uragua, sobre todo) no tuvieran posibilidades de reclamo.

Con la bendición de algunos actores políticos, se salieron con la suya. Ya ni la Constitución aparece como garantía suficiente de las seguridades jurídicas.

Con este panorama no llamó la atención que los funcionarios de Antel, a poco de conocido el resultado electoral que consagró el Frente Amplio —permanente aliado en las correrías corporativas— la emprendieran contra los acuerdos sobre telefonía celular y los funcionarios de Gaseba reclamaran la revisión de la concesión.

Afortunadamente aquellos compañeros de travesuras tienen hoy la responsabilidad del gobierno y tienen muy claro que, sin seguridades jurídicas, no hay el menor atisbo de inversión y que sin inversión no hay desarrollo ni posibilidades de que los uruguayos vivan mejor.

Pero las posibilidades de un regreso a las prácticas corporativas están latentes y la Constitución de la República es muy generosa en sus mecanismos de reforma.

Esos grupos, frustrados en sus intentos de alterar el rumbo de las nuevas autoridades, pueden insistir por otras vías que ya han transitado con éxito indudable, para lograr sus propósitos.

En momento en que se buscan soluciones al tema del agua que incluyen, eventualmente, una nueva modificación de la Constitución, revisar esos mecanismos y establecer un blindaje muy especial a la Sección que consagra los "Derechos, deberes y garantías" de los habitantes, parece una imperiosa necesidad. Es lo mínimo para la existencia de "seguridades jurídicas" en nuestro país, cuando los corporativismos buscan avasallar todo a su paso.

Dejá tu comentario