Hechos y no promesas en la Argentina

El 28 de septiembre de 2003, el diario de España, El país, publicaba una nota de los periodistas Carlos Gómez y Ramón Muñoz, en la que se informaba a los lectores que los grupos españoles "acogían con cautela el compromiso de Kirchner de revisar tarifas y concesiones públicas". Más de un año después, los empresarios siguen esperando novedades.

Las empresas españolas no quieren hacerse ilusiones con el compromiso contraído por el Gobierno argentino sobre una próxima revisión de las tarifas de los servicios públicos, que llevan dos años congeladas, y una renegociación de las concesiones. Las pérdidas acumuladas, los incumplimientos previos y las condiciones propuestas a los acreedores para canjear su deuda no les hace ser muy optimistas.

En los acuerdos que selló Argentina con el FMI el pasado día 20, para la concesión de una moratoria de tres años en el pago de su deuda de 12.500 millones de dólares, el Gobierno de Néstor Kirchner aceptó, entre otros compromisos, compensar a finales de 2003 a las entidades financieras por la pesificación e indiciación asimétrica (como resultado de la devaluación de la moneda a primeros de 2002) y a las empresas concesionarias de servicios públicos. Para éstas se comprometió en el acuerdo a promover en el Congreso argentino la aprobación de una nueva ley que otorgue al Ejecutivo poderes para renegociar sus contratos y a aplicar previamente una revisión de las actuales tarifas.

"No voy a decir que sea la solución ideal", explica Luis Rivero, consejero director general de Endesa Internacional, pero, dada la situación en que nos encontramos en Argentina desde hace dos años, no es malo que se anuncie un revisión, aunque sea provisional, de las tarifas de los servicios públicos. "Habrá que esperar y ver en qué queda esa revisión y la renegociación que plantean de los contratos de las concesiones".

No es una opinión singular o extemporánea. En general, despierta más optimismo entre los inversores españoles en Argentina la recuperación que se está produciendo en su economía y la mayor estabilidad del cambio entre el peso y el dólar, que los compromisos contraídos por su Gobierno en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Restablecer la confianza en aquel mercado llevará tiempo, señala un ejecutivo de una constructora, porque todavía resuenan en sus oídos los insultos de "quejicas" y "llorones" que les soltó en la cara, hace unas semanas, este verano, el presidente Kirchner, en un desayuno de trabajo durante su visita oficial a Madrid.

# Inseguridad jurídica

Lo esencial para que volvamos a confiar, coinciden todos los empresarios consultados, es que retorne la seguridad jurídica. "Estamos obsesionados con la mejora de las reglas de mercado", ha confesado el consejero delegado de Endesa, Rafael Miranda, porque "los empresarios estamos acostumbrados al riesgo, pero no a la incertidumbre que supone la inseguridad jurídica". El presidente de Dragados, Antonio García Ferrer, por su parte, ha advertido que "la situación actual argentina no se puede prolongar" y que, mientras no se "conozca el marco en que podemos movernos", sus prioridades inversoras en América Latina serán México y Brasil.

"¿Qué nos parece el anuncio de la ley de renegociación de concesiones y aumento de tarifas en Argentina? Pensamos que esta ley", señala José Vila Bassas, director general y secretario general del Grupo Aguas de Barcelona (Agbar), "otorgará el marco jurídico imprescindible para poder renegociar las concesiones y establecer las modificaciones contractuales y tarifarias necesarias para reequilibrar los contratos". La resolución del problema de fondo -Agbar, como el resto de las concesionarias, ha sufrido importantes quebrantos en sus cuentas por la congelación de tarifas y por la devaluación del peso- "dependerá de la forma en que se interprete en cada caso", agrega Vila Bassas.

Telefónica, uno de los grupos españoles que más han invertido en Argentina, está muy interesada en conocer en qué quedarán los planes (más bien las especulaciones) sobre la reactualización de tarifas, tras dos años en los que no sólo han estado congeladas, sino que han sufrido los efectos de la pesificación. Según fuentes de la empresa, por esta política Telefónica ha perdido 1.337 millones de euros, incluyendo en esa cifra los fondos de comercio (diferencia entre el valor pagado por un activo y su valor en libros), la financiación prestada y el valor patrimonial asignado a las inversiones.

Y, ¿cuánto tienen que subir las tarifas para conseguir paliar esas pérdidas? Telefónica ha echado cuentas, por supuesto, pero no quiere cifrar la subida por la sencilla razón de que no sabe las reales intenciones del Ejecutivo. Por el momento, la reactualización de tarifas es una conjetura basada en algo tan etéreo como que la previsión de inflación es del 10,5% para 2004, lo que da pie a pensar que habrá un aumento de tarifas de servicios públicos. Y poco más.

De momento, y ante esta situación, las empresas extranjeras titulares de servicios públicos en Argentina siguen adelante con sus reclamaciones en instancias internacionales y han declinado la solicitud del Gobierno Kirchner para que las retiren. En el tribunal internacional de arbitraje del Banco Mundial hay presentadas una veintena de denuncias contra el Gobierno argentino, entre ellas las de las españolas Gas Natural, Aguas de Barcelona, Enersis (Endesa) y Telefónica. En todas se exigen indemnizaciones millonarias (500 millones de dólares Siemens y 1.800 millones Enersis, según la prensa argentina) por los daños que les ha ocasionado la pesificación de la economía y la congelación de tarifas. Argumentan una ruptura unilateral de los contratos de privatización, como explica Vila Bassas, "al amparo de los tratados internacionales de protección de inversiones firmados por Argentina".

"Nos han toreado demasiado", señala, desde la confidencialidad, un empresario, y además no está claro que "se puedan retirar o dejar en suspenso" las demandas ante los tribunales de arbitraje hasta finales de 2004, cuando se culmine la revisión de tarifas, como pretende el Ejecutivo de Argentina.

Además, hay demasiadas pérdidas y cargas acumuladas. Edesur, la distribuidora de Enersis (Endesa), que distribuye a dos millones de clientes en Buenos Aires, arrastra una deuda de 200 millones de dólares y se da con un canto en los dientes porque está pudiendo pagar hasta ahora -algo que ya no pueden hacer otras concesionarias- a sus empleados, a los proveedores, los impuestos y los intereses de los créditos. "Vivimos al día a base de refinanciaciones de la deuda, recortando las inversiones y tirando de la caja", dice Rivero, "pero no sé por cuánto tiempo podremos resistir en un mercado que tiene los precios más bajos de la electricidad del mundo civilizado". En Endesa, además, están especialmente indignados por las acusaciones del Gobierno Kirchner de haber provocado una reciente interrupción del suministro eléctrico como forma de presión para que se revisen las tarifas.

Responsables de Telefónica prefieren no pronunciarse oficialmente sobre la última promesa argentina, y se limitan como el resto de las empresas españolas a reiterar que siguen apostando por este país. Sin embargo, en otras fuentes conocedoras de la situación se apunta a la preocupación (rayana en la indignación) con la que se ven las últimas declaraciones del Gobierno de Kirchner y el peligroso precedente de la propuesta a los acreedores de que recorten el 75% de los bonos de deuda. Si ese talante se lleva al tema tarifario, pueden ahondarse las diferencias entre esta empresa y el Ejecutivo. Y es que Telefónica no está dispuesta a aceptar el borrón y cuenta nueva que parece que va a imperar en esa negociación. Quiere compensaciones por los dos años de congelación y no sólo una reactualización futura.

Ya a finales de 2002 el anterior presidente de Telefónica de Argentina, Miguel Ángel Gutiérrez, consideró insuficiente la subida que le prometió el entonces presidente Duhalde de entre el 10% y el 15%, que nunca se llevó a cabo.

Asimismo, se aventura que el Gobierno exigirá un compromiso de inversiones a las empresas que quieran reactualizar tarifas.

Las espadas están en alto. Telefónica ha podido capear el temporal hasta ahora y presenta unas cifras operativas más que aceptables dada la magnitud de la crisis. Tras el deterioro de 2001, en los últimos 12 meses (de junio de 2002 a junio de 2003) ha mantenido el número de líneas en los 4,2 millones, e incluso ha aumentado el tráfico un 4,9%, mientras que la plantilla ha disminuido sólo el 6,7%. Ahora quieren que esos datos operativos se traduzcan, por fin, en buenos datos financieros.

Vaso medio lleno
Quien ve más el vaso medio lleno entre las españolas es Repsol-YPF, que realizó la semana pasada una gira con inversores y analistas por Argentina y mantuvo contactos con el ministro de Interior, Anibal Fernández, y otros responsables de la Administración de Kirchner. La sensación que sacaron los directivos de Repsol-YPF, y los analistas, es que ahora existe una verdadera voluntad de corregir la situación tarifaria y de ofrecer seguridad jurídica a las empresas, porque el retorno de las inversiones extranjeras les es imprescindible.

En el caso de Repsol-YPF, además, dos de su mayores quebrantos, los impuestos a la exportación de crudo y los precios de gas a pie de pozo, tienen visos de una resolución más cercana en el tiempo que los relativos a las tarifas finalistas de otros servicios públicos. El compromiso de reducción de los impuestos a la exportación de combustible está recogido en el acuerdo con el FMI y para el precio del gas, al no tratarse de una tarifa con repercusión directa sobre el consumidor, hay una comisión que está ya trabajando para su corrección y actualización. "Tienen cierta prisa, porque sin esa actualización no se van a reanudar las inversiones, y sin inversiones va a haber con toda seguridad graves problemas de suministro en 2004", señala uno de los analistas.

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(*) Nota publicada en 2003 en el diario El País.

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