Crece el debate sobre el tipo de cambio futuro y cómo se financiará la economía

El tipo de cambio no le satisface a los exportadores agropecuarios porque hay retenciones que el Estado necesita para financiar su modelo intervencionista. A la vez, los sindicalistas quieren mayor consumo doméstico pero se sientan a conversar con Techint, que quiere exportar más tubos de acero sin costura apalancados en la depreciación salarial interna. La contradicción es mayúscula y si la opinión pública no lo percibe es porque, habitualmente, se entera de los grandes temas cuando ya no los puede remediar. Pero esto es lo que está ocurriendo en la Argentina, y resulta trascendente:

POR ALDO ABRAM (*)

A lo largo del año pasado advertimos que la política de aumento de sueldos por decreto, lejos de morigerar los conflictos laborales, los agravaría.

Desde mediados de 1998 y hasta finales de 2002, la Argentina vivió un creciente período recesivo.

En un marco como ése, la principal preocupación de los sindicalistas era evitar perder demasiados afiliados antes que tratar de luchar por los salarios de los trabajadores.

Sin embargo, una vez avanzado el proceso posterior de recuperación económica, era esperable que los gremialistas intentaran recuperar su rol en defensa de los ingresos de sus representados, cosa que efectivamente empezó a suceder desde finales de 2004.

Lamentablemente, esto no se da en un marco normal, ya que desde 2002 y hasta finales del año pasado, los gobiernos se dedicaron a ser generosos, aumentando por decreto los sueldos de los trabajadores.

Eso implica que los sindicalistas han perdido su rol a manos del Poder Ejecutivo, quien actúa hoy como el verdadero defensor de los derechos de los trabajadores.

Ese espacio perdido por los gremialistas deberá ser recuperado, para volver a justificar su función ante la sociedad y sus afiliados. Por ello, era lógico esperar que las demandas salariales fueran creciendo y, con ellas, el conflicto laboral.

Lamentablemente, estos reclamos se producen en un contexto en el cual los empresarios ya han otorgado buena parte de lo que podían ofrecer en pos de cumplir con los decretos de aumentos de sueldo.

Los salarios mínimos se han incrementado desde $200 a $350 y los ingresos brutos de los trabajadores fueron aumentados en más de $350 y, con todo esto, subió el costo laboral.

Por lo tanto, ahora queda poco para entregarles a los sindicalistas para cubrir las necesidades mínimas de éstos de justificar su rol ante los afiliados.

De esta forma, debe preverse que las huelgas sean más prolongadas de lo que hubieran sido de otra forma, y también más conflictivas.

Esto último también se justifica en el accionar violento que ha permitido el Estado a grupos informales, como los piqueteros, y que se convierten en un piedra libre para similares actitudes por parte de los gremios, que son organizaciones intermedias formales de la sociedad y, por ende, no se consideran con menos derechos.

No sólo en este tema empezaremos a vivir las contradicciones del modelo económico impuesto por el gobierno.

Hasta ahora, casi no se sintieron, debido a que el escenario internacional era muy favorable y a que el proceso de recuperación se basó fundamentalmente en la utilización de la enorme capacidad ociosa que tenían las empresas luego de la recesión.

Para el gobierno, el tipo de cambio real alto y el Estado son los motores del crecimiento.

Lo primero se logró con la devaluación de principios de 2002 y luego se profundizó con la depreciación del dólar, divisa a la que estuvo atado el peso desde 2003.

Ahora las cosas cambiaron y la moneda local y la estadounidense tienen una fuerte tendencia a la suba y los precios internacionales de nuestras exportaciones están descendiendo.

Por lo que se comprende el continuo reclamo de los sectores que venden al exterior o compiten con bienes importados.

El tipo de cambio real alto implica que los precios de los bienes comercializables internacionalmente deben ser altos respecto al costo argentino.

Los costos argentinos son principalmente tres:

a) el ingreso de todos los residentes en el país: Esto quiere decir que los precios de los bienes deben valer mucho respecto de los salarios o, lo que es lo mismo, estos últimos deben tener poca capacidad de compra de los primeros.

El problema es que los productos comercializables componen mayoritariamente la canasta de gasto de los sectores de menos recursos.

A más pobreza, mayor la participación, ya que son alimentos, bebidas, medicamentos y vestimentas. Por ello, no debe extrañar que, a pesar de haberse logrado llegar en el primer trimestre de 2005 al nivel récord de actividad de 1998, tengamos 6 millones de pobres más que entonces, y que los que ni siquiera tienen para comer (indigentes) superen a los de aquella época en cerca de 3 millones de personas.

Volviendo brevemente al inicio de este artículo, cabe agregar que las subas de salario por decreto son contradictorias con el concepto de tipo de cambio real alto, al aumentar los costos de los empresarios argentinos.

Lamentablemente, ante el resultado de tipo de cambio real alto en términos de pobreza se ensayan políticas distribucionistas que son meros paliativos y que ayudan a perpetuar el subdesarrollo que justifica esa pobreza, en vez de buscar solucionar el problema de fondo.

b) el costo del sector público nacional, provincial y municipal: La presión fiscal en la Argentina alcanzó el 26% del PBI y, sobre todo, estuvo basada en impuestos distorsivos que superaron el 36% del total, en ambos casos muy por encima de la década anterior.

Esto se debe a que, para el PEN, cada peso que gasta el Estado genera crecimiento, independientemente de que se lo haya sacado al sector privado, que es quien lo sostiene. Cuanto mayor es la recaudación respecto de la producción del país, eso implica que mayores son los costos de los empresarios que pagan impuestos.

Además, si los gravámenes se cargan sobre los salarios, los terminan reduciendo. Por lo tanto, lo razonable sería que el aumento de la recaudación real se vaya asignando parcialmente a la baja de tributos, sobre todo los que son distorsivos.

Debe tenerse en cuenta que en 2002 se los aumentó fuertemente para moderar el impacto de la crisis en la recaudación y el gasto público. Un ejemplo de las consecuencias de este costo "Sector Público" se empieza a observar en el creciente reclamo del agro.

Cuando se devaluó y los precios internacionales de sus productos subían fuertemente, no sentían el peso que significaba el enorme incremento que tuvieron en la presión tributaria, en particular por las retenciones a las exportaciones, que llegaron a ser casi el 15% de la recaudación total del país.

Ahora que los valores internacionales de las commodities bajan y los costos internos suben, este "socio en los ingresos y no en las ganancias" que es el Estado se está volviendo imposible de sustentar.

c) el costo de las regulaciones y el intervencionismo estatal: Cuando el Estado pretende dirigir inversiones o realizarlas por su cuenta, como sucede con las de las empresas de servicios públicos, lo único que logra es que el poco capital productivo disponible se use ineficientemente.

Esto quiere decir que dicha inversión terminarán rindiendo menos producción, empleo y bienestar económico para los argentinos. También las regulaciones innecesarias incrementan los costos de producir.

Un tema adicional es la falta de renegociación de los contratos de empresas privatizadas, las que, al dejar de invertir, brindan cada vez menor cantidad y calidad de servicios. Otro ejemplo, el no haber permitido una reestructuración eficiente del sector bancario hace que hoy el ahorro no se pueda canalizar en crédito.

La falta de seguridad jurídica e institucional condiciona la posibilidad de tener niveles adecuados de inversión que aumenten la productividad de la Argentina. Todo esto se transforma en una carga que tiene llevar el sector privado a la hora de intentar producir en el país.

Será interesante ver cómo resuelve el gobierno estas contradicciones.

En un contexto de baja inversión y de baja eficiencia en su asignación, las ganancias de productividad serán bajas y, por ende, los aumentos de salarios también lo serán.

ratar de forzar una suba implicará aumentar los costos de las empresas y bajar el tipo de cambio real.

En tanto, disminuir las retenciones y otros impuestos distorsivos permite bajar el costo Sector Público del sector privado y aumentar el tipo de cambio real.

El problema es que disminuye la capacidad de gasto del Estado que es el otro motor del crecimiento.

Es posible que se mantenga la presión fiscal y la falta de inversión privada se pretenda suplir desde el Estado.

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Consultora Exante.

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