Según IDESA, la inflación golpea a los más pobres

Según un estudio realizado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, (IDESA), recuperación del nivel de actividad económica es un hecho, pero la recomposición del tejido social sigue siendo una tarea pendiente, de díficil concreción, sobre todo ante un posible rebrote inflacionario que afectaría fundamentalmente a los más pobres. A continuación, U24 reprodujo el informe de IDESA.

Frente a los profundos desequilibrios que acumulaba la economía en el año 2001, la clase política argentina optó por realizar el ajuste de la economía a través de una fuerte devaluación.

Si bien la recuperación del nivel de actividad fue la consecuencia de haber recompuesto la situación fiscal y la competitividad de las empresas, los ahorristas y, fundamentalmente, los jubilados y los trabajadores son quiénes mayores sacrificios tuvieron que hacer en este proceso de ajuste.

En un mercado laboral muy fragmentado –es decir, donde la mayor parte de los trabajadores de baja calificación solo acceden a empleos "en negro"– y donde el grueso de las exportaciones son alimentos, la principal consecuencia del ajuste vía devaluación es una profundización de un patrón distributivo altamente regresivo.

Comparando el salario de un trabajador "en negro" con el precio de algunos productos claves dentro de la canasta de consumos se puede ilustrar la gravedad del problema. Según datos del INDEC:

En el 2001, el salario mensual de un trabajador "en negro" equivalía a 110 kilos de asado. En el peor momento de la crisis llegó a equivaler 60 kilos y con el reciente aumento de salarios apenas elevó las posibilidades de consumo a 68 kilos.

Carne de menor calidad no mejora el poder adquisitivo. En el 2001, el salario del trabajador "en negro" equivalía a 122 kilos de carne picada, en lo peor de la crisis llegó a equivaler 68 kilos y hoy equivale a 76 kilos.

Con productos más económicos, los valores son distintos pero la tendencia es similar. En el 2001, el salario del trabajador "en negro" compraba 830 kilos de harina, hoy compra 497 kilos; compraba 480 litros de leche, hoy compra 330 litros; o bien, 350 kilos de arroz, hoy compra 186 kilos.

La recuperación del nivel de actividad económica es un hecho. La recomposición del tejido social sigue siendo una tarea pendiente. Peor aun, en una economía que invierte poco y ya agotó la capacidad instalada ociosa hay riesgos de que rebrote una puja distributiva en la cual, nuevamente, los sectores peor posicionados para presionar serán los que sufrirán las peores consecuencias.

Ante un fenómeno que responde a factores estructurales, las acciones puntuales para evitar aumentos de precios, en el mejor de los casos, sirven para "ganar" tiempo pero aleja las soluciones genuinas. Que el Presidente convoque a boicot y a los piqueteros, o apele a la amenaza de retenciones a las exportaciones tal vez morigere algún precio, pero agrega razones para que las inversiones se sigan postergando.

Tampoco los aumentos de salarios por decreto o por acuerdos cupulares son una herramienta útil. La etapa de recuperación ayudó a que los salarios registrados aumentaran, creciendo un 44%, o sea, un 77% del aumento de Indice de Precios al Consumidor. Pero se alcanzó un record en la brecha con los trabajadores "en negro" cuyos salarios crecieron sólo el 22%, o sea, apenas el 40% del crecimiento general de precios.

En las actuales circunstancias, un aumento de salarios tiene pocas chances de cumplir con el objetivo buscado. Por un lado, porque con los actuales niveles de productividad, gran parte del aumento será trasladado por las empresas a los precios.

Por otro lado, porque termina agrandando la brecha con los trabajadores no registrados, a quienes no se les aumentan los sueldos (al menos en la magnitud que fija el gobierno) pero reciben la mayor parte del aumento de los precios.

Por eso, las posibilidades de pasar de una etapa de recuperación a otra de crecimiento sostenido y desarrollo con equidad dependen de manera decisiva de un programa de reformas estructurales sobre la organización económica y el mercado de trabajo.

Para definir su contenido, no alcanza con la acotada y sesgada agenda que plantea el FMI. Hace falta un programa mucho más ambicioso que apunte a garantizar la seguridad jurídica y la eliminación de los sobrecostos impositivos y regulatorios.

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