Uruguay: Inevitable carnaval macabro para los medios

Hasta ahora los uruguayos venían zafando de los 'carnavales mediáticos' producidos, inevitablemente, con las exumaciones y remociones de tumbas que produce la búsqueda de venganza de las organizaciones de derechos humanos conra los militares. De acuerdo a lo que anticipa ElPlata.info/ ahora todo cambiará.

POR GUSTAVO HERNÁNDEZ BARATTA

La noticia del momento es la acusación del diario La República y TV Libre de que en el Batallón 13 se han efectuado "remociones de flora superficial", lo que ha sido relativamente desmentido por la ministro de Defensa, Azucena Berruti. Es la primera consecuencia no querida del gran carnaval político que preparó el gobierno de Vazquez para postergar un poco más un conflicto que emergerá con fuerza y que lo enfrentará con los sectores más radicales de su base política o lo pondrá a merced de ella.

Un peligroso carnaval mediático

Tratando de contentar y mantener bajo control a los grupos más radicalizados del colectivo político que lo llevó al gobierno, Tabaré Vazquez ha dispuesto excavaciones en dependencias militares donde, según organizaciones de derechos humanos, se encuentran -o se habrían encontrado alguna vez- restos humanos pertenecientes a detenidos desaparecidos durante la dictadura militar.

La operación quizá en algun momento se convierta en un auténtico reality show de la arqueología transmitido en directo y simultáneo las 24 horas del dia en alguna señal de cable.

Por ahora todo se resume a "elaborar protocolos" y a consultar expertos.

Se trata de ganar tiempo manteniendo en vilo a la población con un proceso que consiste en la preparación burocrática de las excavaciones y que señalan "demorará mucho tiempo", pero más tarde o más temprano el gobierno se verá en la necesidad efectiva de ingresar a los cuarteles y comenzar a hacer pozos.

El gobierno está jugando con fuego.

¿Cuanto tiempo puede demorar Vazquez el inicio de las excavaciones? La denuncia del multimedio de Fasano de que se estaba cortando el pasto (sic) en proximidades de las zonas indicadas por los expertos como posibles lugares a indagar es el primer incidente de un previsible "in crescendo" destinado a forzar al gobierno a acelerar el proceso.

Una vez que comiencen las pesquisas, la dinámica de los acontecimientos puede complicar sobremanera al gobierno. ¿Qué ocurrirá si finalmente aparecen restos humanos? y ¿qué ocurrirá si no aparecen? Cualquiera de las dos posibilidades trae aparejada serios riesgos para la administración Vazquez.

Si los restos que fueron inhumados en dependencias militares (según el informe final de la Comisión para la Paz) se encuentran en los cuarteles que ahora serán ascultados, ¿se contentarán las organizaciones de derechos humanos con la identificación de los cuerpos y su cristiana sepultura o se pretenderá avanzar en la investigación de las causas, circunstancias y responsables de las muertes finalmente constatadas? ¿Será el fin o el comienzo de una nueva batalla, ahora por desenmascarar a los culpables? Y si el gobierno habilita esta nueva pesquisa dentro del artículo 4 de la Ley de Caducidad, ¿se contentarán las bases de la izquierda con saber el nombre de los responsables o pretenderán más aún en el conocimiento de que la ley impide aplicar penas?

Si los restos no aparecen, podemos esperar que terminen allí las excavaciones o se avanzará sobre el resto de las dependencias militares. ¿Se desatará una caza de brujas tendiente a descubrir a los responsables del "ocultamiento de pruebas", claramente al margen del paraguas protector de la Ley de Caducidad?

Las derivaciones futuras de la decisión gubernamental son infinitas y casi todas ellas ponen al propio gobierno como rehén de los sectores más radicalizados de su base electoral. Lo que hasta ahora fue una estrategia para debilitar el apoyo de los partidos tradicionales puede volverse como un bumerang contra el propio Vazquez.

La experiencia de Batlle Ibañez

Haciendo gala de una inocencia impropia a su estatura política, el ex-presidente Jorge Batlle Ibañez intentó dar por terminada la cuestión de los desaparecidos habilitando a través de la Comisión para la Paz la investigación dispuesta por la Ley de Caducidad.

Así, luego de meses de trabajo y de obtener información que permitió determinar el destino de los desaparecidos el gobierno pretendió dar por zanjada la cuestión, lo que provocó la previsible reacción airosa de la izquierda.

Batlle pecó de inocente al suponer que determinar la verdad era el verdadero propósito de los que vienen lucrando políticamente con la "bandera de los desaparecidos". No comprendió que su negocio político es -simplemente- mantener e incrementar los conflictos sociales que el tema provoca como una forma de ocupar espacios políticos y destruir políticamente a sus adversarios.

Vazquez, beneficiado directo de la estrategia, lo sabe bien y ahora en el gobierno sus opciones se reducen a permanecer impávido mientras ve como se radicalizan las posiciones o a "pasarse a la vereda de enfrente" y enfrentar las consecuencias.

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