La estadounidense AMD pide ayuda para derribar una práctica del Gobierno ("susceptible de incurrir en corrupción")

La fabricante estadounidense de microprocesadores para computadoras AMD desembarcará en el país, pero para ello debe derribar la práctica que mantiene el Gobierno de tomar a Intel, su rival, como parámetro genérico en las licitaciones nacionales. Mientras tanto, el tema es estudiado por la Sindicatura General de la Nación y la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción, que determinó que, aunque no hubo delito hasta ahora al pedir computadoras por características de Intel sí fue una práctica susceptible de incurrir en corrupción. Además, atenta contra la filosofía de las leyes de compra del Estado, que promueven la mayor amplitud posible de oferentes.

AMD, que está desembarcando por primera vez en forma directa en el país, inició una campaña para derribar la práctica del Gobierno de tomar a su rival Intel como parámetro genérico en las licitaciones nacionales.

Según El Cronista, la firma ya logró que, a pedido de la Oficina Anticorrupción, la Oficina Nacional de Tecnología Informática (ONTI) –que establece los estándares para la compra de todos los equipos del Estado– comience a modificar los parámetros correspondientes a la compra de computadoras.

El organismo saca dos veces por año los denominados Estándares Tecnológicos de la Administración Pública (Etaps). La última edición es de septiembre y allí se exigen computadoras "con arquitectura Intel Celeron o superior, operando a 2.4 GHz de frecuencia de reloj como mínimo".

Silvia Caruso, responsable de Relaciones Corporativas y Gobierno Local de AMD, asegura que, además de mencionarse específicamente a Intel, esa velocidad de frecuencia de reloj también es una característica propia de esa marca.

Además, el próximo domingo saldrá un aviso anunciando la tercera tanda de licitaciones de computadoras para el Ministerio de Educación.

Las dos primeras, de las que la firma quedó afuera, involucraron la compra de 28.500 unidades. El nuevo llamado es por 20.100 PCs, una operación que pone en juego unos $30 millones para un único proveedor (que corresponden a la campaña de Alfabetización Digital).

La modificación de los patrones de compra, para que los procesadores Intel no sean tomados como un estándar, se concretaría en dos meses.

El organismo no fijó en forma directa los requisitos para la licitación de la cartera que conduce Daniel Filmus. Debido a que la campaña de Alfabetización Digital es financiada por un crédito del BID, la que lo hace es la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (Unops), que depende del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y cobra al Estado argentino importantes honorarios en dólares. El organismo se basó en los últimos Etaps.

Pero al ser consultados, en el Ministerio de Educación informaron que la próxima licitación (que comienza el lunes y termina el 30 de junio) se regirá por los nuevos Etaps, que no incluyen sólo a Intel.

Sin embargo, esta versión no se condice ni con la información que está publicada en la página web de la ONTI –único medio en el que se difunden los estándares– ni con la suministrada por el titular de la entidad.

El estudio jurídico Muñoz de Toro, que asesora a AMD, pidió a la ONTI que elimine la fórmula actual. La consultora solicitó que se pida un "procesador desarrollado para tecnología X86 (la de fabricación y cómputo que comparten los microprocesadores de las PC) cuyo rendimiento sean puntos medido por un programa de benchmark (hay de distintas marcas y hacen pruebas de rendimiento)".

Mientras tanto, según informa El Cronista, el tema es estudiado por la Sindicatura General de la Nación y la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción, a pedido de la Dirección de Investigación de esa misma dependencia, que determinó que, "aunque no hubo delito al pedir computadoras por características de Intel sí fue una práctica susceptible de incurrir en corrupción".

Además, afirmó que "atenta contra la filosofía de las leyes de compra del Estado, que promueven la mayor amplitud posible de oferentes".

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