Ajuste jubilatorio: Un fallo con fuerte impacto fiscal

La Corte Suprema restableció la movilidad de los haberes jubilatorios y dio un promedio del 45% de actualización a los jubilados que se retiraron antes de 1994 y que están reclamando su derecho mediante causas judiciales en trámite. La medida implicaría un fuerte golpe al tesoro. Si bien la Anses no quiso dar estimaciones oficiales sobre el costo fiscal, según un informe previo que se difundió hace unos días, si el ajuste se diera a todos los jubilados, la cifra total sería de $2.800 millones anuales, más $5.600 millones de retroactivos. Sumando casos judiciales y reclamos administrativos, la Anses estimaba un gasto de $3.838 millones, y retroactivos de $ 10.900 millones.

La Corte Suprema de Justicia ordenó a la Anses liquidar los ajustes reclamados por jubilados que litigaron por una actualización de haberes de hasta el 45%.

La resolución alcanza a unos mil jubilados debido a que abarca a quienes litigaron por un reajuste hasta 1995, con base en la impugnación de la ley 18.037.

Pero, si bien la Anses no quiso dar estimaciones oficiales sobre el costo fiscal, según un informe previo que se difundió hace unos días, si el ajuste se diera a todos los jubilados, la cifra total sería de $2.800 millones anuales, más $5.600 millones de retroactivos. Sumando casos judiciales y reclamos administrativos, la Anses estimaba un gasto de $3.838 millones, y retroactivos de $ 10.900 millones.

La Corte sentó jurisprudencia en la materia al expedirse sobre el caso de la jubilada María del Carmen Sánchez, que también había planteado la inconstitucionalidad de la ahora derogada Ley de Convertibilidad, sancionada con el número 23.928.

"Las remuneraciones de los activos no han sido alcanzadas por la Ley de Convertibilidad y registraron, en general, variables significativas después de su sanción", por lo que "no existe fundamento válido que justifique retacear los ajustes que debían ser trasladados a los haberes de los jubilados en la forma prevista por la ley 18.037, que fue mantenida (...) para las prestaciones otorgadas o que correspondiera otorgar por aquel régimen previsional, hasta su derogación por la ley 24.463", sostuvo el máximo tribunal.

La ley 24.463 fue sancionada durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem (1989-99), se conoce como régimen de Solidaridad Previsional y ha sido tachada por inconstitucional por la propia Corte, aunque sólo en lo atinente a la postulación de un tope máximo en el monto de las jubilaciones.

La mayoría falló en favor de un ajuste de haberes previsionales que orillaría el 45% fue conformada por el presidente de la Corte, Enrique Petracchi, el vice Augusto Belluscio y los ministros Carlos Fayt, Juan Maqueda, Raúl Zaffaroni, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay. La única disidencia correspondió al juez Antonio Boggiano.

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