La prensa Kómplice frente al alerta mundial

Tres instituciones internacionales calificaron recientemente en forma crítica a la prensa argentina y alertaron su situación. Fueron The Freedom House, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Reporteros sin Fronteras. Pero aún más grave que las conclusiones a las que llegaron, fue la reacción de varios medios porteños que no brindaron espacios en sus ediciones a estos pronunciamientos. Y el gobierno, por supuesto, hizo silencio. Esto ocurrió luego de que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a principios de este año, visitara la Argentina y emitiera un comunicado, que en la mayoría de los medios se dio a conocer luego que Kirchner lo replicara en forma pública. U24 siguió día tras días la visita de la SIP y constata que en Neuquén, donde también tenía arreglada una visita, el reporte permaneció aún más oculto.

A principios de este año, The Freedom House, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Reporteros sin Fronteras realizaron observaciones sobre la relación entre el Gobierno y la prensa en la Argentina.

Las observaciones de estas tres instituciones se produjeron luego de que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a principios de este año decidiera enviar a miembros de dicha organización a nuestro país.

Luego de entrevistarse con funcionarios, líderes políticos y periodistas emitieron un comunicado, pero la visita tuvo repercusión en la mayoría de los medios de comunicación, luego que Kirchner replicara en forma pública a la SIP.

En realidad, podría puntualizarse el ataque de Kirchner al subdirector del diario La Nación, José Claudio Escribano, lo cual desató la polémica entre algunos medios y, finalmente, logró que pasara desapercibida la conclusión del presidente de la SIP, Alejandro Miró Quesada, quien dijo que el Gobierno nacional sentía "desprecio por la actividad periodística".

U24 siguió a la SIP durante su visita, que no solo incluyó la observación de la situación de la prensa a nivel nacional, sino que también visitó la provincia de Neuquén sobre la cual le llegaron varias denuncias de presión a la prensa. El diario Río Negro fue el que elevó la mayoría de las quejas contra el gobierno del presidenciable Jorge Sobisch.

Pero según informa el sitio Diarios sobre Diarios, en una nota donde cuestiona esta actitud de la prensa, en mayo se conoció el informe del organismo conservador estadounidense The Freedom House, una entidad que clasifica a los países en relación a la libertad de prensa como "libres", "parcialmente libres" o "no libres".

La Argentina, en su ránking figura como "parcialmente libre". Uno de los puntos críticos del informe de The Freedom House fue para el episodio que le tocó vivir (en noviembre del año pasado) al periodista Julio Nudler en el diario Página/12 y los ataques que recibió de Horacio Verbitsky, convertido ya en un "vocero oficial" del gobierno K.

Además, criticó la distribución de publicidad oficial y la mora en la sanción de la Ley de Acceso a la Información.

Pero, pese a ello, destacó que los medios en nuestro país siguen gozando de credibilidad pública, lo cual agrava muchísimo más la situación.

También la Relatoría sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (que depende de la Organización de Estados Americanos) emitió este año un informe relativo a la prensa en nuestro país, en el que repasó el estado de las investigaciones de ataques a periodistas o medios del interior del país.

La institución mencionó a las provincias de Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, San Luis, Corrientes y Córdobas como sedes de serios ataques a periodistas y medios de comunicación, además de mostrar su preocupación por las modificaciones introducidas en el Senado a la Ley de Acceso a la Información Pública y alertar sobre el peligro que implica la concentración mediática.

Pero este informe también tuvo un corto destino, fue archivado y no fue dado a conocer a través de los medios.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) también difundió en abril un reporte mundial sobre libertad de prensa, en el que incluyó a Argentina. Dedicó un capítulo al país, donde cuestionó los ataques a los medios en algunas provincias y destacó las "tensiones" entre el gobierno y el periodismo.

Clarín pareció entonces romper con los esquemas de entonces y desligarse de las ataduras oficialistas, publicando el 17 de mayo un editorial titulado "Cruento balance para la prensa libre" en donde tomó como base el informe mundial de RSF, pero lamentablemente olvidó el capítulo referido a la Argentina. (¡Vaya tropezón!)

* The Freedom House: Un capítulo dedicado a la Argentina

En su apartado referido exclusivamente a nuestro país, The Freedom House señaló - según Diarios sobre Diarios- que:

"La estabilidad política relativa de la Argentina ha traído con ella un clima en el cual la prensa ha podido funcionar libremente, aunque no sin una cierta presión oficial sostenida".

Uno de los puntos considerados más críticos por el informe es la distribución discrecional de la publicidad oficial, a medios que están en situaciones económicas difíciles, a la vez que señala como déficit la falta de sanción de una ley de Libre Acceso a la Información Pública.

Otro de los párrafos del informe del Freedom House es particularmente crítico con el diario Página/12 y con su columnista Horacio Verbitsky.

"En un desarrollo negativo, el pro-Kirchner diario Página/12 censuró a uno de sus propios periodistas que preparaba una investigación sobre supuesta corrupción gubernamental, mientras uno de los periodistas del diario, antes un cruzado anti-corrupción, Horacio Verbitsky, lanzó ataques personales hacia su colega (por Julio Nudler)", dijo textualmente el Freedom House.

Además, agregó que la Asociación Periodistas se dividió en dos facciones: "los pro-gobierno" y "los anti-censura". Ni el diario Página/12 ni el periodista Verbitsky se pronunciaron al respecto.

Pero, al final, destaca que los medios "continúan gozando de amplia credibilidad e influencia, en parte debido al descrédito de las instituciones y los partidos políticos". Aunque aclara que esa imagen positiva es menor que en años anteriores.

* La Relatoría

"La Relatoría ha seguido de cerca el trámite en el Congreso de un proyecto de ley sobre acceso a la información. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en mayo de 2003. La propuesta pretende, entre otros, permitir que las personas tengan acceso a las bases de datos de los órganos oficiales y establecer sanciones administrativas y judiciales para los funcionarios públicos que no den cumplimiento a los pedidos.

Asimismo, da carácter público a las leyes, decretos y documentos que hayan sido mantenidos en secreto por el Estado durante más de diez años y los que no hayan sido clasificados bajo necesidad de sigilo. Sin embargo, el conocimiento de dicho proyecto se había detenido en el Senado.

En su informe anual del año 2003, la Relatoría exhortó a la Cámara de Senadores al tratamiento y aprobación del proyecto en cuestión", señaló sobre la Argentina.

"Finalmente el Senado aprobó la propuesta el 1 de diciembre de 2004, y tras introducirle algunas modificaciones, la reenvió a la Cámara de Diputados. Esta Cámara puede vetar los cambios realizados por el Senado por dos tercios.

La Relatoría ve con preocupación algunos de los cambios introducidos al proyecto, especialmente las excepciones planteadas al principio de publicidad, la exigencia de razonar el pedido en una fórmula que tendría el carácter de declaración jurada, la introducción de tarifas y la ambigüedad en la definición de información pública.

Una situación similar se dio en el caso de las provincias de Santa Fe y Mendoza, donde los parlamentos han conocido proyectos similares. En estos casos, los senadores también incluyeron cláusulas que exigirían la demostración de un interés legítimo para obtener información, y cuya definición podría incluso depender de órganos del Estado", concluyó.

Las situaciones concretas que reseñó y que fueron reproducidas en la el sitio Diarios sobre diarios fueron:

- "La Relatoría recibió información sobre una decisión judicial, en la provincia de Salta, prohibiendo a un medio de comunicación difundir información que pudiera poner en duda la presunción de inocencia de un acusado de homicidio".

- "Por otra parte, el 10 de marzo de 2004, el noticiero Telefé Noticias, habría sido sacado del aire del Canal 23, estatal, supuestamente por orden del gobernador de la provincia de San Luis, cuando se informaba sobre una marcha de protesta contra políticas educativas del gobierno local. En lugar del noticiero se habría transmitido una película".

- "El 6 de agosto de 2004, el gobierno de la provincia de Neuquén presentó una querella, ante la justicia provincial, contra el diario Río Negro para que revelara el origen de unas informaciones publicadas en un artículo del 4 de agosto de 2004. La Relatoría considera positivo que, el fiscal general, Ricardo Trincheri, desestimara la denuncia, afirmando que ningún órgano judicial ni policial podía incursionar en prácticas de averiguación que pudieran poner en peligro el secreto periodístico".

- "El 1 de marzo de 2004, personas desconocidas arrojaron pintura al auto de Alfredo Valdez, conductor del programa La Ciudad Despierta de Radio Nacional, en la provincia de Tierra del Fuego. El automóvil estaba estacionado frente al domicilio del comunicador. El ataque fue similar al recibido días antes por Héctor "Lito" Lavia, director y propietario del diario local Prensa, tras difundir una denuncia sobre un funcionario provincial".

- "El 6 de marzo de 2004, por la madrugada, fue incendiada la redacción de El Diario de El Fin del Mundo, en Ushuaia, también en la provincia de Tierra del Fuego. El incendio destruyó la Sala de Redacción y las oficinas administrativas. Según el peritaje, el incendio fue intencional. El Gobierno Federal envió al subsecretario de Medios, Gabriel Mariotto, para conocer del hecho. El 8 de marzo, Mario Jorge Colazo, Secretario de Seguridad provincial se comprometió a ‘investigar a fondo y garantizar la seguridad de las personas y su patrimonio’".

- "En relación con los hechos sucedidos en Tierra del Fuego, el 1 de marzo, por la noche, Carmen Miranda, periodista de El Diario del Fin del Mundo y secretaria general del Sindicato de Prensa de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, fue interrogada en la calle por dos integrantes del Servicio de Investigaciones de la Policía Provincial. Los policías querían saber sobre los domicilios particulares de otros periodistas de la ciudad con el argumento de brindar mayor protección y prevenir ataques como los sufridos por Héctor Lavia y Alfredo Valdez. Al día siguiente, el Secretario de Seguridad provincial, Rubén Cena, se disculpó por lo inadecuado del procedimiento, aunque hizo oficial la intención de realizar dicho relevamiento domiciliario".

- "En enero de 2004, el camarógrafo Gustavo Aguirre y el periodista Heraldo Cruz, de un canal local de televisión por cable de la Villa Turística de Paso de la Patria, Corrientes, fueron golpeados por varios sujetos. Uno de los individuos habría sido identificado como hijo del intendente local, y otro como jefe de personal de la Comuna. La agresión se dio cuando tomaban imágenes para una nota periodística del programa Futura TV".

- "El 11 de junio de 2004, integrantes del programa Puntodoc, del Canal América, en Buenos Aires, fueron atacados por personal de un local nocturno denunciado como presunto lugar de explotación sexual de jóvenes mujeres, en la provincia de Córdoba. Los policías locales no aceptaron recibir la denuncia de los periodistas, por lo que no les dieron garantías de seguridad".

Por otra parte, el Capítulo V del informe es un desarrollo teórico, sin hacer nombres sobre los problemas que ocasiona para la libertad de prensa, la concentración en pocas manos de los medios de comunicación.

* El informe de Reporteros Sin Fronteras

Dice la organización: "Discriminación en la concesión de la publicidad y en el acceso a la información pública, presiones judiciales, agresiones...la situación de la libertad de prensa sigue sin ser satisfactoria en las provincias, donde las autoridades locales disponen de amplias prerrogativas. El gobierno del presidente Kirchner no ha quedado al margen de las críticas, acusado también él de querer tener un peso en la línea de los principales medios de comunicación".

Luego de esa entrada se refirió a un hecho ocurrido en la provincia de San Luis: "‘Es culpa vuestra’, declaró, en resumen, Alberto Rodríguez Saá, gobernador de la provincia de San Luis (Centro), a los periodistas que le pedían cuentas sobre la adopción de una ley de prensa que prevé el embargo o el cierre de los periódicos que publiquen informaciones de carácter ‘subversivo, sedicioso, obsceno o inmoral’. El 23 de junio de 2004, en el momento de derogar un texto que había promulgado él mismo veinte días antes, el gobernador reconoció haber cometido un error, pero acusó a la prensa de ‘no vigilar lo bastante a los legisladores y a la oposición’".

Según RSF, "este caso tuvo un final feliz, pero, en las 23 provincias donde los gobernadores disponen de importantes poderes y de gran autonomía, la prensa local todavía tiene que hacer frente a muchos abusos de poder". Puso como ejemplo a la provincia de Córdoba, en donde "la alcaldía retiró toda la publicidad al diario La Mañana, después de que criticara la gestión del equipo municipal".

También se refirió otros dos casos ocurridos en otras provincias: "En agosto, en la provincia de Neuquén (Centro-Oeste), el Ministro de Seguridad y Trabajo, Luis Manganaro, intentó obligar al diario Río Negro, que acababa de implicarle en un caso de desvió de fondos, a revelar sus fuentes ante la justicia que, felizmente, se opuso. En Tierra de Fuego (Sur), a dos periodistas les destrozaron el coche después de que acusaran a un ministro de la provincia de ocupar indebidamente una propiedad, que pertenece a la municipalidad de Río Grande. Sin embargo, las agresiones a periodistas, que en los dos años precedentes fueron muy numerosas, disminuyeron sensiblemente en 2004".

Un párrafo lo dedicó a la Ley de acceso a la información, señalando que "continúa siendo un problema recurrente el acceso a la información pública. Según sea la línea del periódico que solicita los datos, los funcionarios proporcionan o no las informaciones pedidas. Hay algunos proyectos de ley que se encuentran en fase de discusión tanto en algunas provincias, por ejemplo Mendoza y Santa Fe, como a nivel federal. Pero son proyectos que todavía no garantizan un acceso total a los documentos de las distintas administraciones. Todos ellos exigen que el peticionario haga valer ‘un interés legítimo’ para reclamar la información, dejando así a las instituciones la posibilidad de negarse a entregar documentos que, sin embargo, son del dominio público".

A la hora de describir la relación entre el gobierno y la prensa, señaló que "a veces son muy tensas las relaciones entre los medios de comunicación nacionales y el gobierno del presidente Kirchner. En abril, la Asociación de Empresas de Prensa (Adepa) manifestó su preocupación frente a ‘la intolerancia’ de los ministros de Interior y Economía, que acababan de atacar a dos medios de comunicación porque habían difundido algunas informaciones que les eran desfavorables". Añadió que "Jorge Lanata, realizador del programa ‘Día D’, emitido hasta 2003 en el canal privado América 2, denunció la intervención del gobierno para conseguir la retirada de su programa. Asegura que, en el mismo momento, el presupuesto de la publicidad pública atribuida al canal se multiplicó por tres, pasando de 300.000 pesos a 1,2 millones de pesos (de 75.000 a 300.000 euros)".

También se refirió a la adjudicación de pauta publicitaria por parte del Gobierno: "En una investigación publicada a principios de julio de 2004, el semanario Noticias acusó a su vez al gobierno de utilizar la publicidad para influir en la línea de los medios de comunicación, subrayando que la concesión se efectuaba sin guardar relación con el número de lectores o la audiencia de los medios. La revista asegura que un intermediario habría contactado con su dirección, para ofrecerle un importante presupuesto publicitario ‘a cambio de una moderación en su línea crítica’".

Asimismo, criticó decisiones judiciales en torno al "Caso Cabezas". Dijo que "la puesta en libertad el 15 de diciembre de José Luis Auge, uno de los seis asesinos del fotógrafo José Luis Cabezas, provocó una legítima indignación. Condenado inicialmente a cadena perpetua, Auge consiguió una reducción de condena en noviembre de 2003, una vez que el tribunal de Casación recalificó los hechos que se le imputaban".

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