LA HERENCIA MALDITA

Dilma vs. Lula: O Jobim se marcha o Brasil pierde

Es evidente que el esquema de corrupción que padece Dilma Rousseff no lo provocó ella. Lo heredó de Luiz Inácio Lula da Silva, quien al menos lo toleró porque le aseguraba una masa crítica de legisladores, gobernadores y alcaldes. Pero el esquema le está explotando... a Dilma.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El gobierno de Dilma Rousseff ha coleccionado denuncias de corrupción. Sin embargo, nadie cree que la Presidente de Brasil sea corrupta o que tolere la corrupción. Todo lo contrario: Rousseff ha ejecutado castigos ejemplares contra quienes fueron acusados con fundamento.
 
De hecho, ella prescindió de su jefe de la Casa Civil, Antonio Palocci; y de toda la conducción del Ministerio de Transportes: desde el hoy ex ministro pero senador Alfredo Nascimento, hacia abajo: secretarios de Estado, directores nacionales, responsables de organismos vinculados...
 
En el caso de Palocci, fue muy difícil: no solamente había sido su jefe de campaña, e integraba la estructura de comando real del Partido de los Trabajadores (PT), sino que él representaba la voluntad de Luiz Inácio Lula da Silva para 'aconsejar' a Dilma Rousseff (impedir 'excesos de autonomía'), y la garantía de continuidad del esquema de acuerdos con diversas fuerzas políticas y corporativas que resultan la verdad del 'esquema Lula'.
 
El poderoso gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva fue el resultado de alianzas, pactos y acuerdos, en los cuales él cedió porciones de la Administración a cambio de apoyo. No fue el gobierno del PT sino que necesitó del PMDB, del PL (hoy PR), del PP, del PCB, del PDT, y otras agrupaciones. Y todo eso se financiaba con dineros públicos. A veces, legales. A veces ilegales.
 
Dilma Rousseff heredó ese 'paquete', y es lo que ha comenzado a desacomodarse. Y, sin resultar un objetivo de Dilma, termina alejándola de Lula.
 
Sucede que Lula reclamó la permanencia de Palocci, y Dilma tuvo que cesarlo. Lula reclamó la permanencia del esquema del Ministerio de Transportes, que ha volado por los aires y a diario aparecen nuevas denuncias/sospechas de corrupción. Lula pide por la continuidad de Nelson Jobim, y eso es insostenible ya.

El caso Jobim

 
El caso más reciente, sin embargo, de escándalo político con aliados no fue por corrución. El ministro de Defensa, Nelson Jobim, integrante del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), un aliado del PT, confesó públicamente que él no había votado por Dilma sino por su rival, José Serra, del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB).
 
En declaraciones a la web del diario Folha de S. Paulo, Jobim admitió que no votó a Dilma ni participó de su campaña. Y reveló que, en una reunión de coordinación política, durante la presidencia de Lula da Silva, fue abordado ese tema. Y que él había explicado que no podría grabar mensajes de apoyo a la candidatura de Dilma por ser amigo de Serra, y que por ser ministro de Lula, no estaba obligado a apoyar a Dilma. Lula, según Jobim, habría aceptado la imposición del ministro. Y Lula impuso su continuidad a Dilma, aún conociendo el menosprecio que Jobim tenía por ella, en favor de Serra. Y Jobim es tan clientelar, que se aferró a su cargo, en vez de marcharse ya que su amigo Serra fue derrotado.
 
En el PT y en el gabinete de Dilma, las declaraciones de Jobim provocaron enojo y el pedido de su expulsión porque Jobim hizo en esas declaraciones para explicar porqué no colaboraba en determinadas acciones del Ejecutivo.
 
Nuevamente Lula da Silva salió al rescate de un funcionario en problemas.
 
Lula da Silva
 
La presidente Dilma Rousseff todavía no digirió la reciente declaración del ministro de Defensa, Nelson Jobim, y se encuentra inclinada a despedirlo, pero Lula da Silva le pidió cenar con ella el viernes 29/07, aprovechando que él se encontraba en Brasilia por la actividad prevista con Cristina Fernández para inaugurar la sede de la embajada argentina. 
 
El objetivo de Lula fue pedir por Jobim, para que Dilma no lo expulse del gabinete.
 
Lula conocía que Dilma había citado a Jobim para un encuentro en Río de Janeiro, el sábado 30/07, después de la ceremonia de entrega de llaves para la Copa 2014.
 
Precisamente en Rio, el viernes 29/07, antes de ir a Brasilia, Lula salió en defensa de Jobim e intentó minimizar el asunto.
 
"Nunca me preocupé en preguntarle a mis amigos a quien votan. El voto es una cosa sagrada, es secreto, y cada persona vota a quien quiere. Jobim no fue invitado a mi gobierno por su voto. Fue invitado porque podría actuar en el Ministerio de Defensa. Un hombre de la calidad de Jobim, de la competencia de Jobim, es el único que vi en condiciones de construir un Ministerio de Defensa, de aprobar el plan estratégico de Defensa y eso fue hecho", dijo Lula.
 
Correcta apreciación: Jobim fue convocado por Lula al gobierno de Lula pero ¿eso obliga a Dilma? 
 
"Está lleno de gente que votó a Serra y simpatiza por mí. Puede haber gente que me votó y simpatiza por Serra… La gente no puede hacer política pensando que quien no votó en nosotros es peor que quien sí votó", argumentó Lula.
 
El lunes 01/08, el ministro de Defensa participará de un programa de entrevistas en la TV, y un colaborador de Dilma ya admitió que nuevas declaraciones de Jobim sobre el tema pueden llevar a la Presidente a volver oficial lo que todavía es solamente un deseo: que Jobim se marche de su gabinete.
 
Valdemar y Sarney
 
El caso del diputado federal Valdemar Costa Neto (Partido de la República-S. Paulo), es paradigmático: para Dilma, él fue el verdadero protector/organizador del esquema de corrupción montado en el Ministerio de Transportes, cedido al PR por Lula da Silva.
 
Y Costa Neto, el verdadero líder del PR, ex Partido Liberal,  fue interlocutor permanente de Lula da Silva, en cuya administración el ya fallecido José Alencar, del PL hoy PR, fue vicepresidente de Brasil.
 
Christiane Samarco, corresponsal de O Estado de São Paulo en Brasilia, publicó una investigación acerca de cómo el diputado Valdemar Costa Neto, sería uno de los articuladores de la corrupción en el Ministerio de Transportes, a su vez revelación del semanario Veja.
 
Samarco explicó lo que se conoce en la intimidad de Rousseff: que Costa Neto daba instrucciones sobre distribución de funciones y responsabilidades en el ministerio, en especial acerca de quién debía administrar las finanzas.
 
El Ministerio de Transportes tiene un presupuesto superior a R$ 25.000 millones anuales (US$ 16.138.402.943). 
 
Transportes tiene 2 organismos decisivos: Valec (a cargo del sistema ferroviario) y Dnit ( a cargo de la estructura vial). 
 
"Operador político que negocia las posiciones de su partido en el Ejecutivo y hábil en el escenario político, él articulaba, reposicionaba personas y maniobraba para alcanzar su objetivo: plantar un nombre en el directorio Administrativo y Financiero de la Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. [presupuesto de R$ 2.300 millones o US$ 1.484.733.070 en el 2011] y también en la del Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes (Dnit) [presupuesto de R$ 15.500 millones, o sea US$ 9.683.041.766]", explicó Samarco.
 
Pero no se trata solamente del diputado Valdemar Costa Neto. 
 
Samarco agregó: "(...) Para la conducción del PR, la Valec siempre fue un 'consorcio' Valdemar-Sarney, operado en el gobierno Lula por la dupla conocida como Juquinha y Chiquinho. Valdemar lo tenia a Joaquim Francisco das Neves, 'o Junquinha', como director; y el presidente del Senado, José Sarney (PMDB-AP) era representado por Francisco Elísio Lacerda, 'o Chiquinho', para director administrativo y financiero de la empresa, con el aval de Valdemar."
 
José Sarney, presidente del Senado y ex presidente de Brasil, es otro aliado de Lula y el PT. Hasta ahora, Sarney no había quedado vinculado a la red de corrupción.
 
La difusión del nombre de Sarney ubica la trama en un nivel más complejo, y que permitiría comprender el precio de los apoyos parlamentarios a Lula.
 
Samarco: "Ya, bajo el gobierno Dilma, cuando el ex ministro de Transportes, Alfredo Nascimento, era tan dócil al PR –que lo mantuvo en el puesto– y más cercano a Valdemar, secretario general del partido, éste hizo un redireccionamiento para cuidar de la Dirección Financiera. Pero todo sin decapitar al hombre de Sarney.
 
Chiquinho fue trasladado a la Dirección de Planificación, abriendo un espacio para que Valdemar entregara el control del cofre a una persona de la confianza de Valdemar: Antonio Felipe Sanchez de Costa.
 
Un dirigente del PR dice que el resultado de esa operación fue que, hoy, Valdemar tiene el control de la Valec. Con la salida de Junquinha, despedido por orden de la presidente Dilma Rousseff, la Valec responde en forma interina a Antonio Felipe Sanchez de Costa, hombre de Valdemar.
 
De acuerdo a la asesoría de prensa del PR, sin embargo, el nombre de Antonio Felipe “no consta en las órdenes formuladas por el diputado Valdemar Costa Neto”. Pero uno de los principales colaboradores del parlamentario, admitió que, en la práctica, todo pasaba por él. “En la condición de secretario general del partido, Valdemar es el garante de todos los nombramientos políticos del PR”, afirmó el asesor."
 
Es probable, y lamentable, que la complejidad de los acuerdos que durante 8 años promovió/toleró Lula da Silva impiden a Rousseff ir hasta las últimas consecuencias en su 'Operación Limpieza'.
 
Ni pudo terminar de limpiar Valec ni pudo avanzar en el Dnit.
 
En mayo, el ex jefe de gabinete de Nascimento, Mauro Barbosa, envió al Senado [vía Casa Civil de la Presidencia, en ese momento ocupada por Antonio Palocci] aconsejando designar en la Dirección Administrativa y Financiera del Dnit a otro protegido del diputado Valdemar.
 
El nombramiento de Augusto César Barbosa de Souza para director del Dnit estaba en la agenda de la Comisión de Infraestructura del Senado, pero su nombre no llegó a ser considerado antes del receso parlamentario, explotó el escándalo e intervino Dilma. 
 
Ella decidió que la ministra de la Casa Civil, Gleisi Hoffmann, reemplazante de Palocci (por fin una decisión de Dilma y en contra del consejo de Lula), enviara un mensaje al Senado, “desnombrando” a Augusto César.
 
Es un tema para seguir muy de cerca.
 
Ministerio de las Ciudades
 
Y las denuncias siguen sumándose.

Así como el PR (Partido de la República) transformó el Ministerio de Transportes en centro de operaciones financieras partidarias, no siempre republicanas, el Partido Progresista (PP) habría actuado de forma similar en el Ministerio de la Ciudades, uno de las cabeceras del PAC (Programa de Aceleração do Crescimento, plan de obras públicas), dueño del 3er. mayor presupuesto del Planalto, con inversiones de R$ 7.600 millones (US$ 4.906.074.494) previstos para 2011. 

 
El tesorero del PP, Leodegar Ticoski, así como otros funcionarios del Ministerio de las Ciudades, relacionados con el PP, autorizan recursos para obras consideradas irregulares por el Tribunal de Cuentas de Unión, algunas de ellas inclusive con recomendación de “retención de pagos”, y favorece a prestadoras  que contribuyen financieramente a las campañas electorales del PP.
 
De acuerdo a una investigación del semanario Istoé:

"La actuación de Tiscoski es una descarada promiscuidad instalada en el ministerio. Desde el 2007 él es secretario nacional del Ministerio y el año pasado ejerció una doble función. Al mismo tiempo que, como funcionario público, generaría obras de saneamiento en todo Brasil, él es el tesorero nacional del partido. O sea, en año electoral, era él quien, a partir de su puesto privilegiado como funcionario público, recaudaba recursos para financiar las campañas del partido


La semana pasada, Tiscoski afirmó a Istoé que en marzo del 2010 se desvinculó del cargo de tesorero. 

“Solicité mi alejamiento de las funciones de tesorero y, desde entonces no firmé ningún documento de la tesorería del PP”, dijo el secretario. 

“En el período electoral yo no ejercía más la función de tesorero”. Es mentira. 

Documentos del Tribunal Superior Electoral muestran que en diciembre del año pasado Tiscoski firmó la prestación de cuentas del partido. 

Las donaciones de empresas registradas en las cuentas del PP van del 18/03/2010 al 29/09/2010. El traspaso de dinero para los candidatos sucede entre el 13/04/2010 y el 23/11/2010. 

Frente al documento, Tiscoski, por intermedio de la asesoría del PP, reformuló su explicación. Afirmó que no firmó más cheques u órdenes bancarias como tesorero, pero admitió que” envió” la prestación de cuentas al Tribunal. 

En el PP, informan que la Gerencia de Finanzas del partido está a cargo del 1er. tesorero, el ex diputado Feu Rosa. El cambio de nombres, sin embargo, no vuelve más transparente la relación del PP con el ministerio. El “nuevo tesorero” es asesor especial del cargo, cuidando de la relación del ministerio con el Congreso.
 
Con el interés directo en las obras del Ministerio de las Ciudades, las prestadoras contribuyeron oficialmente con cerca de R$ 15 millones (US$ 9.683.041) en las campañas del PP en el 2010. La mayor parte (R$ 8,7 millones, US$ 5.616.164) en forma de donaciones secretas. Eso significa que el dinero fue para la cuenta del partido, durante la campaña electoral, e inmediatamente distribuido entre sus candidatos. 

Tres de las grandes constructoras del país Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa y Queiroz Galvão transfirieron ilegalmente un total de R$ 7,5 millones (US$ 4.841.520) para las campañas del PP. 

Solo 3 obras de movilidad urbana llevadas adelante por esas empresas con recursos del Ministerio de las Ciudades suman R$ 2.700 millones (US$ 1.742.947.517). Solo la implantación de la Línea 3 del Subterráneo de Rio de Janeiro tiene presupuesto de R$ 1.300 millones (US$ 839.196.953). 

El Tribunal de Cuentas de la Unión encontró una sobrefacturación de R$ 57 millones (US$ 36.795.558) en el contrato, llevado adelante por las empresas Queiroz Galvão y Carioca Christiani-Nielsen. 

Posterior a la acción del Tribunal, los precios que estaban arriba de los valores del mercado fueron rehechos. En noviembre del año pasado, el TCU determinó la parálisis  de esa obra por fallas en el proyecto de base. 

La Secretaría de Transportes de Rio de Janeiro, que ejecuta la obra, ya presentó el nuevo formato del proyecto al tribunal, que todavía no se manifestó. 

La obra de finalización del Complejo Vial Baquirivu-Guarulhos, con presupuesto de R$ 101 millones (US$ 65.199.147), es otro ejemplo de problemas. Llevada adelante por la constructora OAS, está en la lista de irregularidades graves desde el 2003. 

El TCU señaló sobrefacturación de R$ 6,9 millones (US$ 4.454.199). Pero la Intendencia de Guarulhos informó que no tiene interés en ejecutar el restante de la construcción. El Tribunal busca ahora recuperar el dinero público desviado.
 
Los casos más visibles de descaro con el dinero público en el ministerio son 2 grandes obras que están en la lista del TCU: 

> los subterráneos de Salvador y 

> de Fortaleza. 

Las 3 suman contratos por un valor total de R$ 1.600 millones (US$ 1.032.857.788)."
 
En los dos casos, el Tribunal determinó la retención parcial de pagos para evitar perjuicios a los cofres públicos por causa de la práctica de precios arriba del mercado. 
 
En el caso del subterráneo de Salvador, trecho Lapa – Pirajá, el TCU exigió la retención de R$ 50 millones (US$ 32.276.805) en los próximos pagos al consorcio Metrosal, formado por las prestadoras Camargo Corrêa y Andrade Gutierrez. 
 
En el Subterráneo de Fortaleza, trecho Vila das Flores – João Felipe, llevado adelante por las empresas Queiroz Galvão y Camargo Corrêa, fue encontrada sobrefacturación de R$ 65 millones (US$ 41.959.847) en auditoría realizada en 2008. 
 
El tribunal determinó la renegociación del contrato. Fue exigida, además, el mantenimiento de las retenciones, seguros, garantías y garantías bancarias hasta la evaluación final de las cuentas especial.
 
A pesar de las investigaciones y de los avisos emitidos por TCU, los responsables por el Ministerio de las Ciudades autorizaron recursos para esas obras en el crédito complementar que reforzó las obras del PAC en julio del año pasado. 
 
El subterráneo de Salvador recibió un extra de R$ 6,7 millones, mientras que el de Fortaleza recibió R$ 100 millones más. Esa misma práctica de desconsiderar las recomendaciones del TCU, aceptar el aumento en los precios de obras ya consideradas sobrefacturadas y además efectuar el pago para las prestadoras es el conjunto volvió un escándalo la actuación del PR en el Ministerio de Transportes.
 
Las semejanzas entre los esquemas del PR y del PP, sin embargo, no se resumen a eso. 
 
Así como los republicanos, los progresistas tomaron parte del Ministerio de las
Ciudades, de arriba hacia abajo. 
 
La presidente Dilma Rousseff cambió al ministro Márcio Fortes, hoy en la autoridad pública olímpica, y designó al diputado Mário Negromonte (Bahía) por exigencia del partido y con la garantía del gobernador de Bahia, Jaques Wagner
 
La Presidente llegó a gestar el nombramiento de la secretaria nacional de Vivienda, Inês da Silva Magallães, pero el PP la vetó
 
Y como el PP tenía un acuerdo con Lula, Dilma tuvo que cumplirlo.
 
La codiciada Secretaría de Transportes y Movilidad Urbana fue entregada a Luis Carlos Bueno de Lima, quien ya había sido secretario de Ciencia y Tecnología en el Ministerio de Salud durante el período en el que el ex diputado Severino Cavalcante (PP-Piauí) presidió la Cámara. 
 
El jefe de gabinete Negromonte, Cássio Ramos Peixoto, fue trasladado desde el gobierno baiano, en el cual era director de la Agencia de Defensa Agropecuaria. 
 
El ex secretario de Agricultura de Bahia, Roberto Muniz, ex diputado estatal por el PP, asumió la secretaría ejecutiva. La continuidad de Inês en un puesto clave aún no fue asimilada por el PP. 
 
Un integrante de la conducción del PP afirmó a Istoé que ella es la espía de la Presidente en el ministerio. 
 
Por su intermedio o no, el Palacio del Planalto ya tiene conocimiento de la forma como su aliado PP viene comportándose en el gobierno. 
 
Resta saber cómo va a lidiar con un partido que suma 44 votos en la Cámara y 5 en el Senado...
 
La preservación de la República
 
Buena oportunidad para leer a Pedro Estevam Serrano:
 
"Vivimos una época de confusión de valores, en la que es recurrente la mezcolanza entre lo público y lo privado. 

La reciente declaración del ministro de Defensa, Nelson Jobim, acerca de que el votó en la campaña presidencial de 2010 al candidato José Serra (PSDB), ícono de la oposición al gobierno de Dilma Rousseff es un hecho más de esa confusión.
 
En una entrevista con el portal Folha.UOL, Jobim dijo que él votó a Serra por los años de amistad que tiene con él, amistad que es de conocimiento público. Él dijo que le comunicó el hecho al ex presidente Lula –por entonces ocupante del más alto cargo de la esfera pública-. Según Jobim, su manifestación ocurrió cuando él fue invitado a grabar un testimonio a favor de la candidatura de Dilma.
 
El ministro habría dicho, entonces, que había una posición “inamovible” que sería su amistad y consecuente voto a Serra, pero que había una situación “removible” que era que su condición de ministro le impedía hacer campaña para el tucano. 

Ha de convenirse que esa declaración reflejó cierto tono de desafío, pero Lula prefirió mantenerlo en el cargo. Dilma ganó las elecciones y también lo mantuvo al frente del Ministerio de Defensa.
 
Es necesario separar lo que es de índole personal y lo que es de la esfera pública. 

Me parece evidente que si el ministro quiere votar al amigo, en secreto de urna, lo que se da es un simple ejercicio de su capacidad electoral activa. No hay observaciones al respecto en esa preferencia, es un derecho de cualquier ciudadano. Se puede argumentar que los amigos no siempre comparten nuestras concepciones –políticas, económicas, sociales, religiosas-, y aún así son nuestros amigos.
 
Sin embargo, una evaluación de la declaración pública del voto de Jobim constituye una contradicción al principio republicano, más allá de la incomodidad que le provoque a la Presidenta.
 
El tono y el contenido adoptados en la declaración del voto denotan que Jobim se ve en una posición inalcanzable aún por la Presidenta. Algo, a pesar de todo, presente en la relación con el ex presidente Lula, según la entrevista que dijo haber mantenido Jobim. 

Esa posición, en verdad, empuja a la Presidenta a un verdadero “billar”, con dos soluciones: O Dilma lo despide o admite tener en su Ministerio alguien que no puede remover.
 
En la 2da. hipótesis, hay un reconocimiento de que Jobim es una especie de “ministro dueño” del cargo, diferente a los demás ministros y con capacidad de permanecer en el cargo, en forma independiente de cualquier relación de confianza política con la Presidenta. Y es exactamente en ese punto donde reside el núcleo del problema.
 
Los cargos de ministro de Estado son para personas que son de confianza. Tal forma de designación existe en la estructura administrativa como garantía del principio republicano, o sea, de que el funcionamiento del Estado ocurre segun la orientación del interés público. Por eso, ese principio implica la periodicidad de los mandatos electivos; quiere decir, cambio periódico de gobierno y gobernantes, y más que eso, cambios de programas de gobierno.
 
Para posibilitar que tal cambio programático de gobierno llegue a todos los rincones de la Administración, los cargos de los auxiliares directos de la Presidenta tienen una reserva en comisión, por criterio de confianza política de la Presidente. Para que este modelo republicano funcione de forma eficaz es fundamental que la Presidenta salvaguarde su confiabilidad en sus designados, una cuestión fundamental de la ejecución del programa para el cual fue electa.
 
El nombramiento por la confianza es animado, entonces, por el imperativo de ejecución del programa político y de gobierno consagrado en las urnas. Es a partir del instituto de la designación de auxiliares directos, elegidos por cuenta de su confiabilidad política, que el Presidente electo lleva a todos los rincones de la Administración su programa. 

En suma, es solo así que se garantiza el mínimo de correlación entre los contenidos defendidos en la campaña electoral y la realización de las políticas de gobierno.
 
Entonces, cuando Jobim declara que votó a Serra, lo que él está diciendo en alto y buen tono es que evalúa –por lo menos evaluaba– que el programa opositor era mejor que el que ofrecía Dilma, su Presidente. 

Hay, por lo tanto, una desprolijidad transparente entre lo que quería el ministro y lo que defendió la Presidenta, quien gozó de la mayoría del apoyo de la población votante. Ese 'ruido' se vuelve aún más estridente si observamos que, hoy, Serra se ubica en el espectro político como opositor sistemático y extremo al gobierno Dilma.
 
Cuando la Presidenta de la República permite que un ministro permanezca en el cargo después de que él se declarara desalineado con el programa de gobierno y difunde su simpatía por el candidato que representó a un programa político opuesto, quien pierde no es solo la Presidenta en términos de su poder personal –es más, éste ya es el problema menor-, sino también, la República como valor de nuestro sistema político.
 
La Presidenta, en su omisión, deja en el vacío su deber institucional de defender la República como principio jurídico y político, así como deja de hacer eco a la voluntad de los electores que la eligieron. La situación desnuda no solo la tentativa de sustraerle poder a la Presidenta, sino, fundamentalmente, la conducta claudicante en el deber de defensa de la República como valor mayor.
 
Además, cualquier argumentación de defensa del voto por razones personales tiende, igualmente, a estar en contra de los intereses públicos, ya que la motivación del voto debería asentarse sobre criterios racionales y lógicos volcados a los programas del gobierno. Este es uno de los ejes en el debate sobre reforma política: cómo fortalecer las elecciones programáticas en la hora del voto,sustituyendo a las opciones emocionales –por ejemplo, la amistad-.
 
Por último, lo que los brasileños nos quedamos preguntándonos ante las declaraciones de Jobim es: entre las personas y líderes de los partidos que apoyan el programa político para el que Dilma fue electa, ¿no hay nadie en condiciones de asumir el Ministerio de Defensa?

¿Alguien en especial que no se sienta tentado a desafiar la autoridad presidencial y a menoscabar el proyecto político del gobierno de cual participa?"

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