El Gobierno decide si exige una quita de deuda al FMI antes o después del 23-10

Mientras Roberto Lavagna intenta acercar posiciones con el FMI, y para ello viajó a Washington DC y se entrevistó con Rodrigo Rato, Néstor Kirchner cavila entre pedirle una quita de deuda al FMI antes o después del 23 de octubre, a la vez que Horacio Verbitsky anticipa un final de la pesificación asimétrica diferente al imaginado por los bancos (aunque cualquier respeto al depósito en dólares que tenían los inversionistas, bienvenido sea porque es lo justo, nunca la pesificación asimétrica). Lo concreto es que descontado el triunfo electoral nacional de Kirchner, se intenta definir lo que vendrá, y al respecto la certeza es que la política económica tendrá costos importantes en materia de inflación.

"Néstor Kirchner diseña lo que vendrá, cuando menos lo que ofrecerá su Gobierno después del 23 de octubre: ya se habló acerca de lo que piensa respecto del porvenir, es optimista incluso a largo plazo (habló de 20 años vista, un período que en la Argentina hace sinonimia con la eternidad) y el escollo que ve en dicho camino es el Fondo Monetario Internacional.

El Presidente pergeña cómo saltar esa barrera, y algunos de sus consejeros más cercanos hablan de amenazar al organismo con colocarlo en el mismo sitio en que estaban antes del acuerdo los acreedores privados en default, a quienes terminó aplicándoseles una quita en sus acreencias.

(...)

Argentina le debe al Fondo Monetario unos US$ 10.000 millones, cuyo escalonamiento de pagos es US$ 5.000 millones este año, US$ 4.000 el entrante y US$ 1.000 en 2007.

Pero un acuerdo, y esto lo saben de sobra tanto en la Casa Rosada cuanto en el Palacio de Hacienda, implica que Rodrigo Rato y sus muchachos machaquen con lo que en el areópago del poder criollo consideran imposiciones inaceptables.

(...)

Kirchner jamás aceptará eso, por lo que entiende que un acuerdo está lejos de concretarse. "Con el FMI estamos en una trampa: queremos un acuerdo, pero si vamos a negociar nos van a querer condicionar con las recetas de siempre. Eso es inaceptable. Pero por otra parte, nos vendría bien renegociar el capital por un par de años. La situación es perversa", se queja uno de los principales colaboradores del Presidente.

(...) Si bien el patagónico no abunda en detalles y prefiere callar, una de las ideas que rondan en la pequeña mesa de las decisiones del Gobierno apuntan a quitarle al organismo internacional su condición de acreedor privilegiado, darle el mismo trato que tuvieron los acreedores que habían quedado atrapados por el default y aceptaron la renegociación impuesta por el Gobierno. (...)

Sin embargo, nada está decidido aún. Hay quienes sostienen que aplicar una quita a las acreencias del Fondo es una empresa casi imposible, habida cuenta del apriete político que impondrían los miembros del G-7, verdaderos dueños del FMI. (...)"

El diario Clarín le dedica su editorial dominical al problema de la inflación:

"(...) La evolución de los precios genera un problema para el manejo macroeconómico. Uno de los puntales de la política económica es el sostenimiento del tipo de cambio, lo cual obliga a comprar dólares en el mercado. Para reducir el grado de liquidez generado por esas compras, el Gobierno coloca títulos de la deuda pública. Por lo tanto, para lograr sus objetivos el Gobierno deberá elegir entre permitir la expansión de la liquidez, alimentando las presiones inflacionarias, o rescatar más dólares aumentando la deuda pública y los costos que esta representa.

Otra de las estrategias del Gobierno, en plena campaña electoral, ha sido evitar cualquier medida de enfriamiento de la economía y postergar todos los aumentos de precios y tarifas pendientes en los servicios públicos, para después de las elecciones.

La estrategia es, desde el punto de vista electoral, comprensible. Pero también puede ser riesgosa porque no debe perderse de vista que implica solamente patear la pelota para adelante y acumular costos que habrá que pagar en el futuro.

Si la tendencia de los precios no se tuerce en lo inmediato, habrá que esperar, para el mes de noviembre, alguna medida contractiva que probablemente será de orden fiscal ya que, dado el bajo nivel de crédito, el manejo de las tasas de interés tendría un efecto reducido en la demanda agregada.

Por el momento sólo cabe esperar que los sectores con capacidad para fijar precios o salarios actúen con la moderación necesaria para evitar el aumento de un juego que tiene ganadores ocasionales y perdedores masivos en el largo plazo."

Joaquín Morales Solá en el diario La Nación:

"(...) Rato ha hecho la más sorpresiva autocrítica que se recuerde del Fondo Monetario. El organismo se estaba quedando aislado del mundo y de sus conflictos. Kirchner lo volvió a zamarrear, extemporáneamente. Rato hasta había respaldado algunas de sus reflexiones en antiguas afirmaciones de Lavagna.

Empezó, tímidamente, una negociación nueva entre el Fondo y el gobierno argentino, que necesita de tiempos más serenos. Lavagna no sólo estuvo con Rato, sino también con el equipo de éste en una larga comida. Hay un clima mejor con la Argentina, dijeron funcionarios nacionales. La pregunta que nadie puede responder es hasta dónde llegará en la práctica la nueva teoría de Rato.

La mirada presidencial nunca descubrió que Rato es algo más que un economista. Dos libros que acaban de publicarse en España relatan, por ejemplo, la tenacidad de Rato para oponerse, en tiempos de Aznar, a la guerra en Irak y a la participación de España en ella; temía por su país y por la permanencia de su partido en el gobierno. Su partido perdió el poder. Antes, él había perdido la condición de delfín de Aznar por aquellas discrepancias.

Rato es un hombre duro, como también lo es Kirchner. Pero los dos pertenecen al mundo de la política y no al de los burócratas. Y el arte de los políticos consiste en saber percibir el instante en que un tiempo ha terminado."

Horacio Verbitsky en el diario Página/12:

"El Senado se propone votar dentro de tres días la remoción del suspendido juez Antonio Boggiano, pese a que fue recibido por el Papa Joseph Ratzinger y repartió estampitas entre sus colegas de la Corte Suprema de Justicia. (...)

La nueva Corte dio muestras elocuentes de que no recibe directivas de nadie, con sus votos sobre asuntos políticos (reforma constitucional de Santiago del Estero), laborales (inconstitucionalidad de la ley de Accidentes de Trabajo y de la reforma previsional) y económicos (pesificación de los depósitos). (...).

El tema que más interesa al gobierno es el de la salida definitiva del corralito. La imposibilidad de reunir mayoría de votos pese a que Kirchner designó a cuatro de los siete jueces actuales es la mejor prueba de independencia del tribunal y un activo político que no sería sensato dilapidar. Una decisión racional reclamaría un cuidadoso cálculo de costos y beneficios de cada opción (...).

El voto de Boggiano en favor de la pesificación en la causa "Bustos, Alberto Roque y otros c/ Estado Nacional y otros s/ amparo", el 26 octubre del año pasado, fue la carta negociadora que le permitió dilatar los plazos de su enjuiciamiento. (...)

Las hipótesis que por ahora manejan los jueces de la Corte se refieren a quiénes deberían soportar alguna reducida diferencia, si los ahorristas o los bancos.

1) Pagan los depositantes. Hasta ahora es la posición que sostienen Highton y Maqueda y la que prefiere dentro del gobierno el jefe de gabinete, Alberto Fernández. Consistiría en reiterar el fallo Bustos, que rechaza las medidas cautelares concedidas por jueces de primera y segunda instancia. En ese caso aquellos depositantes que pudieron retirar sus ahorros por disposiciones judiciales deberían devolver la diferencia. Esto tendría un costo social, reavivaría el extinguido incendio Artaza y daría lugar a una nueva serie de amparos que muchos jueces concederían. La credibilidad de tal sentencia sería baja, ya que iría en contra de lo que han fallado el 90% de las Cámaras que consideraron inconstitucional el sistema. Económicamente no sería grave. Si se toma el ejemplo del día de hoy: quien reciba sus activos pesificados a 1,40 más el CER perdería un 20% ento respecto de un activo dolarizado, pero su poder adquisitivo interno sería 40% mejor que en enero de 2002.

2) Pagan los bancos, que ya han recuperado la rentabilidad después del cimbronazo y, a diferencia de los individuos, tienen posibilidad de negociar con cada cliente y de difundir otra parte del costo. El impacto sería reducido, ya que el universo de litigios no supera el 30% del total de depositantes (el resto ya recuperó sus activos mediante medidas cautelares o aceptó algunos de los bonos ofrecidos a cambio). Esta hipótesis se desdobla en dos:

> Esperar unos meses hasta que el proceso inflacionario reduzca la diferencia hasta un porcentaje tan insignificante que de acuerdo con la jurisprudencia permita declarar que no afecta el derecho de propiedad. Esto sería posible alrededor de marzo. Una tasa judicial del 4% al 5% por encima de la original, que no es en absoluto irrazonable, zanjaría la cuestión.

> Resolver ya mismo que los bancos paguen el 100% de los depósitos pero en moneda nacional y dándoles un plazo de no menos de un año para completar la diferencia entre el Coeficiente de Estabilización de Referencia y el dólar.

Entre estas dos subvariantes oscilan las posiciones de Lorenzetti, Zaffaroni y Argibay. Dentro del gobierno les parecerían aceptables al ministro de Economía Roberto Lavagna y al secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zannini. Una ventaja que arguyen los partidarios de esta solución es que daría certeza ante eventuales crisis futuras de confianza. Sería así un aval de mediano plazo al sistema bancario en un país en el que todos los gobiernos del último cuarto de siglo han debido soportar corridas. (...)"

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