En Santa Cruz habría inédito día de elecciones con policías en huelga y anticipando un lunes difícil

No cesó el conflicto policial en la provincia de Néstor Kirchner, pese a que el Presidente se involucró en el tema apenas llegó, hace 24 horas, a Santa Cruz. La Policía afirma que le han mentido durante las negociaciones. En tanto, el Ejército y la Gendarmería se encargarán de la custodia de los centros de sufragio. Es posible que el malestar existente reste votos a la favorita en Santa Cruz, Alicia Margarita Kirchner.

El personal policial autoacuartelado recibió sostienen que fueron engañados una vez más por el Gobierno provincial y Néstor Kirchner en las últimas horas de anoche.

En tanto hay una creciente presión, algunos encubiertos y otros debidamente documentados, afirmó la agencia Opi Santa Cruz, que logró documentar una de estos aprietes.

De acuerdo a memorando 32-J/05 de la Jefatura de Policía de la provincia de Santa Cruz, distribuidos a todas las unidades de la provincia donde permanecen efectivos acuartelados, el Jefe de la Policía comisario general Wilfredo Roque firmó este documento de cumplimiento inmediato en el que conmina a todo el personal en conflicto reintegrarse en forma inmediata a las funciones con la amenaza de suspenderlo del empleo, situación en la que se retiraría en forma automática el arma y la credencial.

El Jefe de Policía junto al ministro Julio De Vido y autoridades provinciales buscaron una salida a la crisis.

De Vido se había reunido con la diputada Miriam Aguiar, familiar de un oficial de policía.

La policía realizó desde temprano un gesto de buena voluntad, abriendo un "compás de espera" aunque en ningún caso significaba el abandono de la medida.

Sin embargo luego los policías se dijeron defraudados por la diputada Mirian Aguiar, el gobernador Sergio Acevedo y el jefe Wilfredo Roque, a quien consideran culpable de la situación.

También realizó una gestión la diputada 'kirchnerista' Judith Fortsmann -como vocera del presidente Néstor Kirchner-.

Ella pidió que depongan su actitud antes de la mañana del domingo, por las elecciones.

Luego Wilfredo Roque citó al abogado Carlos Muriete, que representa a los acuartelados.

Pero la historia demuestra que los colaboradores de Néstor Kirchner son mentirosos: durante el paro docente en zona norte, el gobierno le pidió a los maestros que levantaran la medida para no negociar bajo presión y hasta el momento jamás fueron llamados a acordar.

Pero efectivos de la Escuela de Policía y las Comisarías IV y V de Río Gallegos habrían decidido a acceder al pedido oficial.

Aparentemente, han sido casos aislados, y no confirmados.

Carlos Muriete, quien representa a la policía autoacuartelada, aseguró que no hay delito en la decisión de los policías.

"Quiero transmitirle seguridad a la gente de la policía que no están cometiendo ningún delito en virtud de que no están auto acuartelados porque lo que esta haciendo la policía es deliberando.

Están haciendo deliberaciones salariales en su lugar de trabajo , no se ha tomado ninguna comisaría , los jefes de comisaría están a cargo de su comisaría están cumpliendo sus funciones adecuadamente, los oficiales subalternos se han adherido a esta convocatoria salarial, lo que sí ellos están garantizando es el servicio policial mínimo.

Ante pedidos de auxilio y denuncias penales que se están recibiendo ellos están manteniendo la seguridad mínima de la población así que por lo tanto no hay ningún abandono de sus trabajos la policía esta brindando seguridad en forma limitada por supuesto y no están tomando a ninguna comisaría , no se interponen ante cualquier autoridad.

El gobierno tiene la facultad de colocar en sus cargos a quien quiera, lo único que discuten es el tema salarial y están viendo como dialogar con el Estado.

Los policías no están en contra del Estado, no quieren deponer a ningún Gobierno y no quieren colocar a ningún funcionario, el reclamo es el salarial. ¿De que delito me están hablando? Ésta es una campaña psicológica para amedrentar a la gente.

Sedición es cuando uno se levanta y quiere la representación del estado y vamos a deponer a las autoridades institucionalmente establecidas. Indudablemente esta gente que fue a denunciar, nunca leyó el código penal porque no es ningún delito y nosotros vamos a defender a la policía.

El gobierno no sabe otra cosa que criminalizar la medida porque ayer se han acercado de la casa de gobierno para dialogar porque hay un abogado que es vocero del personal auto convocado o que se encuentra deliberando y creo que Dalle Muera poco no le quería pegar, indudablemente ellos no están dispuestos a ningún diálogo , el abogado salió amenazado y presionado . Por eso criminalizan, porque no conocen otro camino".

El abogado también se refirió al intento de Sergio Acevedo de que los policías en conflicto entreguen sus armas.

"Para hacer algo así la provincia lo que tendría que hacer es hacer un sumario administrativo notificando de la situación , nosotros nos defenderemos, tenemos recursos que agotar ante la instancia administrativa y judicial.

Ese es el camino que ellos tienen que tomar en forma directa no pueden intimidar a nadie , solo a través de un sumario administrativo. No se puede tomar ninguna medida expulsiva directa a ninguno.

Nosotros estamos esperando que la justicia nos notifique de las presuntas denuncias que ha hecho la provincia y nos defenderemos en el expediente ante la justicia porque estamos convencidos de la inocencia de esta gente y no creo que sea delito de sedición de incumplimiento pedir un aumento salarial.

Esto lo hizo Roque en el año 91' para que Kirchner después se postulara como gobernador y hoy es el mismo que esta tratando de reprimir a esta gente .Nadie se ha ido al otro extremo.

Los policías se encuentran muy estimulados , seguros de lo que están haciendo y gestionando todos los medios posibles para que la población no se quede sin la seguridad necesaria y van a seguir deliberando indeterminadamente.

Yo voy a responder solo ante la denuncia de estado provincial e indicándoles ante consultas de ellos qué conductas están fuera del marco de la ley y yo en cada caso les digo que tienen que hacer como: que no tomen ninguna comisaría , dejar que los comisarios correspondientes ingresen a su comisaría y trabajen normalmente .

Lo que sucede es que algunos comisarios mayores están a intimidándolos e incentivándolos a que ellos produzcan alguna rebelión. Por ahí pasan con una lista para confirmar quienes están auto convocados y quienes no , les dicen que los van a echar , ese tipo de cosas".

Informa el diario La Prensa, de Caleta Olivia:

"El ministro Secretario General de la Gobernación, Roque Ocampo, ratificó que las elecciones del próximo domingo 'están totalmente garantizadas en la provincia de Santa Cruz, porque la seguridad del acto es responsabilidad del Ejército Argentino, junto a otras fuerzas armadas y de seguridad que prestarán, como han hecho siempre, su colaboración el día 23'.

El acuartelamiento policial en diversas localidades había generado dudas y versiones sobre una imposibilidad operativa de realizar los comicios, pero estas especulaciones fueron rechazadas por Ocampo.

'A la Policía de la Provincia le compete la seguridad rutinaria, responsabilidad de todos los días de la fuerza, haya o no comicios', aclaró.

En caso de persistir el conflicto, el ministro confirmó 'la puesta en marcha del Consejo de Complementación de la Provincia de Santa Cruz, una figura inserta en la Ley Nacional de Seguridad Interior, donde todas las fuerzas federales concurren a colaborar con la seguridad dentro del ámbito provincial cuando ocurren hechos de significativa importancia', remarcó el funcionario para dejar en claro como actuará el gobierno.

'De modo que la seguridad ciudadana se haya garantizada por completo, al igual que el desarrollo normal de las elecciones del próximo domingo', ratificó.

Roque Ocampo es un necio intentando quitarle al acuartelamiento policial la importancia que tiene. Luego, él desmintió las versiones de renuncia del Ministro de Gobierno, Claudio Dalle Mura, y del Secretario de Seguridad, Juan Balois Pardo, lanzadas en una radio de El Calafate por el diputado nacional Alfredo Martínez.

"No sabemos de dónde sacó esta información el candidato a senador por la Unión Cívica Radical, que debo desmentir totalmente. En ningún momento pasó por la cabeza de nadie pedir renuncias y creo que esto sólo es parte del final de la campaña política, donde la oposición pretende confundir a la sociedad de Santa Cruz", afirmó.

"Le recomendamos al señor diputado que se tome el trabajo de chequear previamente la información que le llega, porque necesitamos que nuestros representantes actúen con seriedad. Lanzar estas afirmaciones sólo contribuye a desestabilizar acciones de gobierno con claros fines electoralistas", advirtió.

"La campaña venía muy tranquila, pero parece que el conflicto policial ha puesto muy susceptibles a los postulantes de la oposición en estos días. Cada uno es libre de opinar lo que quiera, pero salir con mensajes de este tipo carece de toda seriedad. Insisto en desmentir todo lo dicho por Martínez", recalcó.

"El gobierno del doctor Acevedo ha cumplido muchos de los ítems que integran el primer petitorio que recibimos. Hablamos de los reclamos por equipamiento de móviles, equipos de radio e incluso de uniformes y calzado. Ahora las demandas pasan por la cuestión de los sueldos, pero el gobernador lo dijo con mucha claridad en la ceremonia de asunción de Wilfredo Roque: no van a volver a Santa Cruz las islas salariales que nos llevaron hace quince años a la bancarrota", dijo Ocampo.

¿Qué dice Rudy Fernando Ulloa Igor al respecto?

"El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Fiscalía de Estado, presentó la denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Río Gallegos, por la posible comisión de delito de sedición, de resistencia a la autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte del personal policial autoacuartelado.

En la denuncia, se expresa que ante la situación que es de público conocimiento planteada por el personal subalterno y presuntamente por el personal superior de la Policía de la Provincia de Santa Cruz consistente en una medida de fuerza de autoacuartelamiento que afecta, en principio, a la localidad de Río Gallegos y casi todas las localidades de la Provincia, circunstancia ésta que origina la falta de prestación de servicios de seguridad en el ámbito jurisdiccional de la provincia, resistiéndose en todos los aspectos a la operatividad de la fuerza que debe tener dentro de la comunidad.

Asimismo, se tiene en cuenta que el personal policial involucrado se encuentra ejerciendo la ocupación de las distintas dependencias en clara violación a las normas legales en vigencia y la reglamentación que impone el "estado policial".

Tratándose de un servicio público esencial, el proceder puesto de manifiesto es reprensible por cuanto se está poniendo en riesgo la seguridad pública, siendo deber que impone la Constitución al Poder Ejecutivo y es atribución del Gobernador, tomar las medidas necesarias para mantener y conservar la paz y el orden público, por todos los medios que no estén expresamente prohibidos. (...)"

El Gobierno provincial reclama la aplicación del Código Penal, la Fiscalía solicitó a la Justicia se investigue la posible comisión de delito de sedición, contemplada en el Art. 229 del Código Penal; la de resistencia a la autoridad, Art. 239 del Código Penal y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, contemplada en el Art. 250 de dicho Código.

El Gobierno Provincial está evaluando la posibilidad de presentar denuncias similares ante otros Juzgados de la Provincia, en localidades donde se hayan verificado los mismos hechos.

El diario Tiempo Sur, de Río Gallegos, afirmó:

"El fiscal de Estado, Pablo González confirmó a 'Tiempo Sur' el pase a diponibilidad de 3 oficiales y la posibilidad de que otros 3 tengan el mismo destino, y ademá confirmó que se denunció al personal policial por sedición e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Pese a estas denuncias, la situación policial de la provincia sigue sometida a un conflicto de reclamo salarial y nada indica que se tienda a descomprimir.

El Fiscal de Estado confirmó que se había presentado una denuncia luego de una nota enviada por el ministro de Gobierno, Dalle Mura, donde se envió un listado suministrado por algunos comisarios que identifican a suboficiales y agentes que son sindicados como cabecillas.

Sin embargo, destacó el Fiscal de Estado que "el Jefe de Policía (Wilfredo Roque) remitió una nota el Ministro de Gobierno para poner en conocimiento de la situación del autoacuartelamiento, esta cirscuntancia ha originado la falta de prestación del servicio de seguridad. Esta nota fue remitida por el Ministro de Gobierno al Gobernador y que fue acompañada por el listado del personal que está en esta situación. Por lo tanto el Gobernador instruye que se realice una presentación judicial en función de que se encuentra afectado el servicio de seguridad y por mandato constitucional se debe garantizar. Esta situación afecta la vida y el resguardo de los bienes de las personas. Por eso se efectúa la denuncia en el marco de lo que establece el Código de Procedimiento Penal, que esteblece que es un deber de funcionario público poner en conocimiento a la Justcia de este tipo de situaciones. Eso es lo que se hizo". (...)"

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