O se pone un freno a la inflación, o detendrán el optimismo oficial

Una gran parte del empresariado, junto con la Confederación General del Trabajo y las voces autorizadas de varios economistas, plantearon su disidencia con los argumentos del gobierno, sobre todo, acentuando que las subas de salarios no aumentan la inflación, sino que el propio Gobierno es incapaz de frenarla. Esta política que mantiene Economía, que por un lado postula la justa distribución de los recursos y que por otro costado limita cualquier progreso económico de la gente, es un doble discurso que está poniendo nerviosos a los sectores que con medidas de fuerza pueden entorpecer todo repunte económico futuro y terminar con el optimismo oficial actualmente tan proclamado.

Muchas fueron las expresiones de estos últimos días con motivo de las medidas tomadas por el Gobierno de Néstor Kirchner para controlar la inflación. Y la mayoría no fueron buenas.

Ahora el gobierno estudia la posibilidad de aumentar las retenciones a las exportaciones cárnicas en caso de que el sector continúe incrementando los precios de la carne en el mercado interno.

Según un alto funcionario gubernamental, Néstor Kirchner "sigue con atención" la evolución de los precios de la canasta de alimentos y en particular de la carne y sus derivados.

En la Casa Rosada dicen que el nivel del Indice de Precios al Consumidor (IPC) de la primera quincena de noviembre se mantiene estable, pero fuentes confiables indicaron la postura del Presidente es "que si siguen aumentando los precios, elevará las retenciones a la carne".

El precio de la carne en los supermercados vino creciendo en los últimos días en forma ininterrumpida y la tendencia se acentúo a partir de la decisión del Poder Ejecutivo de prohibir, a partir del 1 de noviembre, la faena de animales de menos de 300 kilos, lo que redujo la oferta.

El problema de la inflación viene preocupando a Néstor K y al Ministerio de Economía desde hace varias semanas, pero las medidas son insatisfactorias.

El miércoles, el jefe de Estado y el ministro de Economía, Roberto Lavagna, estuvieron reunidos durante más de dos horas en la Casa Rosada analizando acciones para enfrentar la suba de la inflación, y las negociaciones en pos de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

* Fracasados acuedos

El acuerdo de precios entre el Gobierno, los frigoríficos, los supermercados y los consignatarios de hacienda, que supuestamente regía hasta el 15 del mes próximo, ingresó en terapia intensiva y muestra signos vitales muy débiles.

Existen empresas del sector frigorífico que ya dieron por quebrado el compromiso a partir de la suspensión de los reintegros a las exportaciones anunciada por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, hace una semana.

En tanto, los representantes de los supermercados tampoco aseguran la continuidad del convenio que en septiembre pasado congeló el valor de la media res vacuna -que comprende 17 cortes- en un nivel que no puede convalidar actualmente el mercado, según fuentes del sector.

Mientras que la Secretaría de Agricultura pone la lupa sobre el Mercado de Liniers, que representa el 16% del comercio total de hacienda, la venta directa de ganado, que representa la mayor parte, exhibe muestra objetivas de subas de precios.

* Precios vigilados

Aunque la Nación sabe que los esfuerzos por controlar los precios rara vez resultan, le es irresistible la tentación de intentarlo de nuevo. A continuación, el editorial del diario Río Negro:

Aunque sería de suponer que a esta altura los funcionarios del Ministerio de Economía entienden que los esfuerzos oficiales por controlar los precios raramente brindan los resultados deseados, parecería que les es irresistible la tentación de intentar hacerlo una vez más, de ahí las negociaciones sectoriales, los ataques del presidente Néstor Kirchner contra aquellos empresarios que a su juicio piensan más en sus propios ingresos que en los bolsillos de los argentinos y la eliminación de reintegros a los exportadores de lácteos, carnes, aceites, pollos y harinas.

Si bien los controles directos se limitan a los servicios públicos privados, los informales afectan a una gama cada vez más amplia de actividades, lo que es lógico porque, al cobrar fuerza la inflación, se multiplica la cantidad de presuntos "infractores" de las reglas no escritas que en opinión del gobierno deberían ser acatadas.

Para sorpresa de muchos, entre los considerados merecedores de una amonestación oficial están los productores de textiles. Hace algunos días, la secretaria de Defensa del Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, amenazó con abrir la importación a menos que dejaran de subir sus precios, lo que, pensándolo bien, es una manera elíptica de confesar que la política económica del gobierno, que se basa en un "dólar recontraalto" y en un pequeño arsenal de mecanismos proteccionistas, está impulsando la inflación que, según Kirchner, no le permite dormir.

De más está decir que si no fuera por las barreras de diverso tipo que rodean la industria textil, el costo de la ropa se desplomaría y muchas empresas actualmente florecientes serían borradas del mapa, porque los países asiáticos, encabezados por China, están en condiciones de vendernos todo cuanto necesitamos a precios muy inferiores a los exigidos por los productores locales.

Lo mismo que en Europa y Estados Unidos, aquí buena parte de la industria textil depende por completo de la voluntad oficial de respaldarla. De privarla de las ventajas a las cuales se ha acostumbrado a partir de la devaluación del peso, sobrevivirían sólo aquellas empresas que por la calidad y el diseño de sus productos serían competitivas en el mercado internacional.

Antes de la devaluación, en nuestro país los fabricantes de textiles estaban en vías de extinción, pero los salvó de una muerte casi segura la llegada al poder de un gobierno resuelto a subordinar virtualmente todo a los intereses de "los productivos" bonaerenses, actitud que compartirían Kirchner y Roberto Lavagna, el ministro de Economía que le legó Eduardo Duhalde.

La política proteccionista resultante funcionaría, pero, lo mismo que las alternativas, traería sus propios problemas, de los cuales uno consistiría en llevar a la formación de intereses creados poderosos que, como es natural, se resistirían al cambio.

Aunque parecería que el sector textil ya llegó al límite de su capacidad productiva y ha visto aumentar sus costos laborales que por un par de años fueron comparables con los chinos, no es competitivo internacionalmente sin la ayuda que le den los consumidores a través de precios más altos de los que tendrían que pagar si se bajaran los aranceles y se permitiera que el peso se revaluara frente al dólar estadounidense. Tomar medidas proteccionistas en una emergencia es fácil, pero desmantelarlas después puede resultar casi imposible.

El gobierno se ha dado cuenta de que la existencia de sectores económicos nada competitivos que dependen de la protección oficial contribuye al aumento de los precios y por lo tanto a reducir el poder de compra de la población, pero no sabe cómo mejor salir de la situación así supuesta.

Si tiene éxito en sus esfuerzos por presionar a los fabricantes para que desistan de aumentar sus precios, privará a muchos de los recursos que necesitan para seguir funcionando.

Si fracasa, será afectada su propia autoridad porque, al decidir luchar contra la inflación amenazando con represalias a los presuntos responsables –los supermercados, las empresas de servicios públicos y, últimamente, sectores como el textil–, habrá dado a entender que los aumentos de precios tuvieron más que ver con el afán de lucro de personajes poco solidarios que con factores económicos y que, por lo tanto, sería capaz de obligarlos a conformarse con menos.

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