Luego del comicio, en Santa Cruz vuelve el enojo

La estrategia alejada de la ética utilizada por el gobierno de Santa Cruz en combinación (o en complicidad) con el Gobierno Nacional para resolver la crisis policial en la provincia el día previo a las elecciones del 23 de octubre, corroboró la discusión de los valores éticos en la política y la simplificación que hacen de las necesidad de la gente. Lo hizo Sergio Acevedo en Santa Cruz, con la Policía, y marcó el camino para que Alberto Ángel Fernández armara lo suyo con Eduardo Lorenzo Borocotó en la Ciudad de Buenos Aires. En ambos casos, Néstor Kirchner avaló las decisiones. El autor de esta nota para EDICIÓN i es el director de la agencia Opi Santa Cruz. POR RUBÉN LASAGNO

El engaño del cordel

Una vieja historia española narra que cierto día un comprador se acercó a un vendedor de espárragos y le dijo:

-Traigo este cordel que mide un palmo (aproximadamente 20 cm.), ¿cuánto me cobra por el mazo de espárragos que pueda atar con él?

El vendedor de espárragos pidió 10 reales y el comprador se mostró conforme. A los dos días, el comprador dijo al vendedor de espárragos:

-Vuelvo con este cordel que mide dos palmos, ¿recuerda que por los espárragos que pude atar por el que medía un palmo me cobró 10 reales? Por este cordón que mide dos palmos le pagaré 20 reales, si lo cree justo.

El aldeano aceptó, aunque quedó con cierta duda si lo habría engañado o no el comprador. Con un cordel de doble longitud se encierra una superficie cuatro veces mayor, por lo que no se trataba de una doble cantidad de espárragos, sino de cuádruple cantidad.

Salvando las distancias históricas en las que se dieron los hechos, las consecuencias de lo que sucedió en la vieja Andalucía hace muchísimos años y lo que sucedió en Río Gallegos, Santa Cruz, el día previo a las elecciones del 23 de octubre último, fueron hechos coincidentes.

El gobernador de Santa Cruz, Sergio Edgardo Acevedo, en combinación con su jefe político, el presidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner, urdió un engaño fenomenal a los policías provinciales que se mantenían autoacuartelados pocas horas antes de iniciarse los comicios.

El objetivo fue destrabar el conflicto que amenazaba con empañar la presencia de Kirchner en la ciudad de Río Gallegos el día de la votación, y prometía descontar algunos votos en las urnas. Cómo se urdió el engaño y qué efectos ha tenido hasta hoy, es una historia que merece ser contada.

La crisis

Sueldos caídos, más de 14 años de inmovilidad salarial, el 60% de los haberes ‘en negro’ y enormes diferencias entre los funcionarios de carrera y los funcionarios políticos, han sido desde hace tiempo el común denominador de los reclamos silenciosos que ha llevado adelante la administración pública provincial que en conjunto suman aproximadamente 48.000 empleados que no pueden reclamar a rostro descubierto, por miedo a las venganzas y represalias.

En los últimos días de septiembre empezaron a circular por las Comisarías y los medios de comunicación de Río Gallegos, Caleta Olivia y Pico Truncado, papeles anónimos que dejaban constancia de que los cuadros subalternos de la Policía de Santa Cruz comenzaban a enojarse con

> el aumento de $ 80 en el salario básico de sus haberes,

> la falta de reconocimiento a las horas extra,

> la obligatoriedad de comprarse el uniforme y las balas.

La proximidad de las elecciones era un factor de presión que los estamentos policiales medios y bajos intentaron utilizar para lograr sus reivindicaciones. Las mujeres de los policías arremetieron en las calles de Caleta Olivia, protestando por lo que tienen prohibido a sus esposos.

En tanto a todas las redacciones de diarios y radios llegaban las amenazas de acuartelamiento, pero nadie la difundía apoyándose en la baja entidad de ‘rumor’ que las envolvía. No fue el caso de Opi Santa Cruz, y en ese momento el Gobierno provincial salió a hacer lo que mejor sabe: desmentir, desconocer y atacar a la prensa.

Un diario de Río Gallegos, ‘Tiempo Sur’, mantuvo una entrevista con el secretario de Gobierno, Claudio Dalle Mura, y el día 18 de octubre el periódico tituló con enormes letras en tapa una frase clave que supuestamente salió de la boca del funcionario: "Si quieren fuego, tendrán fuego", un desafío al rumor que había ganado la calle dando cuenta de una inédita medida de fuerza por parte de la policía provincial.

A las 23:00 de ese mismo día 18 la Policía se autoacuarteló, en la ciudad de Caleta Olivia, y luego adhiriendo Río Gallegos y el resto de las comisarías en las localidades más importantes.

Inicialmente lo hicieron los cuadros subalternos y en 12 horas los oficiales habían tomado las Comisarías.

Peor el remedio

El comisario General Héctor Lanesán, jefe policial que había cumplido por poco tiempo esa función, fue desplazado.

Lanesán había asumido luego de otra crisis similar, cuando se produjo el incidente entre la seguridad del hijo del presidente Máximo Kirchner, y un comerciante de Río Gallegos.

El día 20 fue designado el ex jefe de la Policía durante los 12 años de gobernación de Kirchner, el comisario (R) Wilfredo Roque, a cargo también de la oficina de la Secretaría de Inteligencia (Side) en Río Gallegos.

Muy cuestionado, y rechazado desde ‘las bases’, el delegado de la Side en aquella ciudad, se hizo cargo también de sus funciones provinciales apurándose en aclarar que asumía ‘ad honorem’.
De esta manera quedó constituído un curioso récord: en Río Gallegos, un mismo funcionario es Jefe de Policía (provincial) y Delegado de la SIDE (nacional).

Internamente, la policía entraba en ebullición y ahora, además de todo lo que solicitaban, querían que Roque fuera quitado de la Fuerza.

El gobierno siguió adelante y el autoacuartelamiento se endureció y los comisarios comenzaron a solidarizarse y a dormir en las unidades. El Gobierno no tenía salidas ni respuestas.

El 21 de octubre, Sergio Acevedo ofreció un discurso por televisión y dijo que no habría "islas salariales" y que, por lo tanto, el Gobierno pedía a la policía un acto de reflexión y de cordura, prometiéndoles que en el 2006 se estudiaría un incremento en toda la administración pública.

Esto dejó más frustración que tranquilidad en los efectivos policiales.

Cómo éramos pocos...

Los trabajadores del petróleo comenzaron a pelearse con las empresas Chevrón, Sipetrol y Petrobrás pidiendo salarios y remuneraciones adeudadas y el día 21 desde las 10:00, unos 400 trabajadores se instalaron frente a la Casa de Gobierno en Figueroa Alcorta 160, y luego de tratar de acceder al edificio, romper algunos vidrios, quemar cubiertas enfrente y hasta incendiar un cartel proselitista de Alicia Kirchner que descolgaron de un poste callejero, decidió martillándole la cabeza durante 11 horas al gobernador.

A media tarde, un grupo de familiares de los policías que estaban acuartelados, junto a policías retirados caminaron por calles céntricas de la capital y llegaron a Casa de Gobierno compartiendo con los petroleros algunos minutos de protesta al calor de los humeantes neumáticos que ardían en medio de la calle y luego se retiraron de allí para concentrarse ellos solos en pleno centro.

A las 20:30 de ese día, llegó Kirchner en el avión presidencial y 40 minutos después, virtualmente, los echó a todos de la Casa de Gobierno, afirmando que eran unos inútiles.

Acevedo, junto a su gabinete ministerial y los delegados de los petroleros, conversaron en el reducido local del sindicato en Belgrano 36, de parados y en semicírculos.

Los petroleros quedaron contentos y al día siguiente alabaron al gobierno de Acevedo por el acuerdo. Hoy están planificando un nuevo paro con toma de plantas para el 15 ó 20 de noviembre porque no les han cumplido.

El 23 todo paz y amor

Había que tranquilizar el domingo 23 de octubre; por lo tanto el viernes 21, Julio De Vido bajó del avión y, por orden presidencial, se contactó con el apoderado legal de los policías en conflicto, el abogado Carlos Muriete.

En un rápido encuentro, que contó con la asistencia de Muriete, De Vido y el ministro Secretario Roque Ocampo, se acordó que si la Policía levantaba la medida el Gobierno Nacional se haría cargo de proveerle los uniformes, el equipamiento, y el lunes 24 se sentarían a conversar de salarios.

A pedido del representante legal de los policías se eligió como único interlocutor del gobierno provincial al ministro Roque Ocampo, desconociendo incluso, la figura del gobernador Acevedo.

No poca resistencia encontró la oferta dentro de los cuadros medios y superiores, pero entonces la diputada provincial Miriam Aguiar (PJ) comenzó a hacer gestiones (a presionar, bah...) y así convencer a los policías que el Presidente llevaría la solución.

Como gesto de buena voluntad la Policía levantó el autoacuartelamiento y esperó a que el lunes el Gobierno Nacional pusiera el broche de oro que tanto habían esperado.

El domingo, a la hora del cierre de las urnas, ni Kirchner ni De Vido estaban en Río Gallegos.

Desde la localidad de Pico Truncado, luego, de emitir su voto, el gobernador Sergio Acevedo ratificó que no había posibilidades de aumentos salariales, y que quien sostuviera lo contrario era un irresponsable.

Pasó el 23 con tensa tranquilidad y el lunes, temprano, se reunieron el abogado Carlos Muriete -por la policía- con el ministro de Gobierno, Roque Ocampo, por la provincia, y luego se sumó el comisario Wilfredo Roque.

Grande fue la sorpresa cuando Muriete recibió, de parte del ministro Roque Ocampo, en quien tanto habían confiado, la dura respuesta de que dinero no había y que se mantenía la posición del gobernador, de presupuestar para 2006 un aumento general de remuneraciones a la administración pública.

Al no incluirse el salario en la negociación el abogado dio por concluidas las negociaciones, se lo comunicó a los efectivos que se encontraban reunidos en el salón de la Mutual policial, y todos entendieron que habían sido engañados...

Algunas libras de presión.

La actitud del gobierno consternó a los cuadros policiales porque, obviamente, nunca esperaron una traición tan descarada.

La fracción de la Policía que se inclinaba por no romper el acuartelamiento, a partir de allí tomó distancia muy disgustada con aquellos que estuvieron desde un principio cediendo a las presiones del Ejecutivo.

Inmediatamente, el Gobernador, en un intento por parecer una persona correcta el lunes 24 de octubre, hizo anuncios de que con el sueldo de noviembre y enero se pagaría un adicional que podría consistir en un medio aguinaldo por única vez y fraccionado en dos pagos, lo cual lejos de llevar tranquilidad y sosiego trajo mayor malestar e indignación.

Para un policía eso significaba una suma cercana a los $120 a cobrar en dos cuotas de $60.

En general la administración pública sufrió una desazón con los anuncios y, para remediarlo, el Gobierno buscó de manera errática una nueva salida que dejara conforme a aquellos de salarios más bajos y dentro de un extraño concepto de la equidad estableció en calidad de "premio al esfuerzo", según la denominación elegida por Acevedo: pagar por única vez $ 550 en dos cuotas, una de $ 300 con el sueldo de noviembre y $ 250 en enero.

Como era de esperar, esto no conformó a nadie y mucho menos a la policía que busca reivindicar un salario básico que se constituyó en inamovible en la última década.

Y como se preveía el malestar volvió a sentar sus reales entre el personal pero con el valor agregado que le puso el engaño del que fueron objeto que ha transformado a la Fuerza en una olla a presión.

Aprietes, amenazas de sumarios, una denuncia por sedición presentada por el gobierno en contra de los acuartelados y el fantasma de la cesantía constituyeron las herramientas fundamentales de las que se valió la Jefatura para doblar la voluntad de los que pretendan de ahora en más levantar un nuevo reclamo por vía de la fuerza.

Las autoridades de AMSA, la mutual de la Policía, de activa participación en los días del conflicto, recibió innumerables presiones al punto que en esta coyuntura decidió poner distancia con sus afiliados y ha decidido mantenerse fuera de la discusión.

El día 8 de noviembre quedó conformada la Asociación de Familiares y Esposas de Policías (AFEP) con el objeto de peticionar en nombre de sus maridos.

En secreto, la cúpula policial desarrolló un acentuado maccarthismo entre los efectivos que fueron los iniciadores del autoacuartelamiento y elaboran en total reserva la lista de pases para fin de año. Los ascensos es otra arma que blanden sobre la cabeza de los desacatados y como si fuera poco este 14 de noviembre es el día de la policía de Santa Cruz que no tienen nada para festejar.

El aviso está ‘en el aire’: los cuadros han comenzado a manifestarse en el corredor "under" de las comisarías de la provincia y han puesto fecha a la nueva medida de fuerza situándola entre el 13 y el 20 de noviembre.

El Gobierno tal vez prepare otro cordel de dos palmos para tratar de convencerlos, pero esta vez el Gobernador interiormente sabe que un nuevo autoacuartelamiento de la policía inevitablemente tendrá consecuencias muy poco favorables para la paz social que Sergio Acevedo pregona.

Es una decisión estratégica para el sostenimiento de muchos de sus funcionarios, quienes debieran haber dado un paso al costado por haberse manifestado a los ojos de toda la gente como ineptos para gestionar esta crisis.

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