Re-estatizaciones: Las aguas bajan turbias

El fundador y presidente de la consultora Exante, realizó algunas observaciones acerca del proceso de re-estatización en curso.

El gobierno decidió rescindirle el contrato de concesión a Aguas Argentinas.

Más allá de los argumentos oficiales esgrimidos para ello, es interesante evaluar en que condiciones está el sector de empresas de servicios públicos.

En principio, es cierto que no hay inversiones relevantes en gas, electricidad y aguas en los últimos años.

Sin embargo, alguien puede pretender que un empresario invierta cuando el Estado rompió unilateralmente los contratos y las reglas de juego que regían los servicios públicos y 4 años después no restableció un nuevo marco para operar.

Sería como ir a un casino y jugar en una mesa en la cuál se le advierte que recién conocerá las reglas una vez que apueste sus fichas.

Actualmente, hoy las empresas no conocen las condiciones en las que prestarán los servicios ni pueden estimar cuál será la evolución de sus tarifas (ingresos) en el tiempo, ya que dependen de un funcionario estatal que determina a quién, cuánto y cuándo las aumentarán.

Por otro lado, conviene evaluar el argumento sobre la falta de inversión de las empresas privatizadas. Todos aquellos que vivimos la etapa estatal de la prestación de servicios públicos somos conscientes del estado de descapitalización al que llegaron por la corrupción y el desmanejo que imperaba en ellas.

Para tener teléfonos había que esperar años o pagar anticipadamente y 24 meses una línea con alguna posibilidad de recibirla al final de ese período.

Los cortes de luz programados. La falta de gas y de agua cuándo eran más necesarios.

Si las empresas prestadoras no invirtieron,

> ¿cómo puede ser que desde que existe el indicador (sintético de servicios públicos, 1994) la oferta de agua por parte de la empresa estatizada creciera 18% y hoy esté en niveles récord?

> ¿Cómo se expandió la producción de electricidad 56,4%, desde la misma fecha, 15% desde 2001?

> ¿Qué milagro hizo que la oferta de gas natural subiera alrededor de 70% desde 1994 y 14% desde 2001?

Todo esto sin haber podido realizar inversiones relevantes desde la ruptura unilateral de los contratos y las reglas de juego por el Estado a principios de 2002.

El avance del sector público sobre la actividad privada no solamente se está dando por la creación de empresas estatales aéreas (LAFSA, que nunca voló y aumentó el personal), energéticas (ENARSA, con mínima actividad), la asunción de la concesión del Correo y, ahora, de Aguas Argentinas.

Además, el gobierno mandó al Congreso un proyecto de ley que dispone que el Estado podrá crear y cobrar cargos fijos adicionales a la tarifa de los servicios para destinarlos a inversión en esos sectores.

De esta forma, se termina estatizando la "caja" de la construcción de infraestructura y se le deja al privado la prestación de los servicios remunerada por la tarifa actual.

El gobierno busca tener la capacidad de definir con un criterio distinto a la rentabilidad las inversiones que son necesarias. Basta mirar nuestra historia para saber que esto terminará en un manejo ineficiente y poco claro de dichos recursos. Esto sumado a la menor capacidad de inversión del Estado implicará un pobre resultado en términos de incremento del bienestar de la población, particularmente de la de menores recursos.

Algunos hablan de la "ortodoxia" del actual gobierno, solamente porque mantiene un elevado superávit primario.

En realidad, este gobierno es heterodoxo, aún en el manejo fiscal. Por ello, la presión tributaria hoy se ubica en niveles récords y lejos de asignarse parte del enorme aumento de la recaudación a la búsqueda de un sistema impositivo más justo y eficiente.

El mantener la solvencia fiscal es para el PEN un "costo" que es necesario asumir para poder aplicar el resto de las políticas que se basan en:

a) el motor del crecimiento es el Estado, por lo que sacarle un peso al sector privado y gastarlo desde el sector público genera crecimiento;

b) el Estado determina el modelo económico, por lo que debe
intervenir para fijar los precios relativos, dirigir la inversión hacia dónde lo considera conveniente, influir arbitrariamente en la determinación de los costos empresarios, estatizar las obras de infraestructura en servicios públicos o tomar directamente su gestión (correo, energía, aeronavegación, ferrocarriles, aguas, etc.);

c) el principio básico de gestión es la redistribución del ingreso, no solamente a través del gasto público asistencialista, sino de aumentos de sueldos por decreto, cambios de condiciones laborales, congelamiento de tarifas de servicios públicos, acuerdos-controles de precios, restricciones a las exportaciones, etc.

No solamente se transfieren ingresos de los "ricos a los pobres", también entre los distintos sectores empresarios forzando la provisión de insumos a precios menores a los que determina el mercado, ya sea mediante acuerdos de precios o retenciones a la exportación de dichos productos o creando las condiciones para que los empresarios locales desplacen a los extranjeros.

En el logro de sus objetivos el gobierno no ha encontrado límites en los derechos y las instituciones preservados por nuestra Constitución Nacional y, en la medida que sume más poder, las restricciones para avanzar sobre ellos serán menores.

El uso de los decretos de Necesidad y Urgencia ha dejado de ser un instrumento para enfrentar crisis y situaciones de excepción. Ahora, son un medio de lucimiento personal y de la demagogia presidencial para asumir y minimizar las funciones que le competen al Poder Legislativo.

En tanto, el Consejo de la Magistratura ha quedado peligrosamente debilitado ante el PEN, lo que pone en riesgo la independencia de la justicia.

Podemos estar de acuerdo o no con estas estrategias de gobierno, pero no podemos cerrar los ojos y negarlas simplemente por que coyunturalmente benefician nuestro interés particular.

El riesgo es descubrir la realidad cuando los derechos afectados sean los propios, seguramente ya tarde.

Lamentablemente, no hay peor ciego que el que no quiere ver.

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Exante

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