De la Ley Baglini a la Ley Lavagna: Crónica de una hipocresía argentina

¿Cuál es la diferencia real entre Néstor Kirchner y Roberto Lavagna? Es atinado preguntárselo. El economista Aldo Abram llegó a algunas conclusiones harto interesantes:

CIUDAD DE BUENOS AIRES ( Exante). La Ley Baglini dice que cuanto más cerca está un político del poder, más realista se vuelve. En el marco de la actual realidad política criolla, me animo a proponer otra ley, la Ley Lavagna, que rezaría así: "cuanto más lejos está un político o funcionario argentino del poder, más institucionalista y respetuoso de los derechos ciudadanos se vuelve".
Éste es un mal de todos los argentinos: en la medida que tenemos poder, pensamos que podemos violar los derechos e instituciones preservados en la Constitución Nacional, ya que lo haremos por las razones correctas (las nuestras). Por supuesto, en la medida que no estamos en la función pública, está mal que otros hagan esas cosas, ya que ellos no lo harán bien, ni por los motivos adecuados (los suyos).
En realidad, se debería asumir que el fin nunca justifica los medios, por lo que lo correcto sería afirmar que "no se puede tener un país sin reglas, sin contratos y sin respeto a las instituciones".
Sin embargo, la Ley Lavagna demuestra que:
> Está mal que el gobierno pida facultades extraordinarias para modificar
discrecionalmente el Presupuesto de la Nación. Sin embargo, durante los últimos años estos poderes se le delegaron y fueron utilizados por el Poder Ejecutivo, aunque ya no había una verdadera emergencia económica que lo justificase.
> La Ley de Emergencia Previsional permite que las jubilaciones suban en la misma proporción que los ingresos del sistema de jubilaciones y pensiones estatal. Sin embargo, como se consideró que había otras formas mejores de asignar estos recursos y que los jubilados de menores ingresos debían cobrar más, a estas erogaciones se asignó aquella porción que correspondía a las pasividades más altas. Por lo tanto, estas últimas permanecieron congeladas hasta 2005.
> Las AFJPs habían participado en 2001 en un canje de bonos en el que resignaron rendimientos y aceptaron plazos más largos a cambio de contar con una garantía tributaria.
Sin embargo, como el Ministerio de Economía consideró que era conveniente que esa deuda entrara en el canje, se incumplió con la garantía otorgada y se obligó a las administradoras a reestructurar sus acreencias con fuertes quitas. Esto significó que los aportantes perdieran casi el 50% de lo que tenían ahorrado hasta entonces para su vejez.
> Las empresas de servicios públicos tenían contratos de concesión que fueron quebrados unilateralmente por el Estado a principios de 2002. Como el gobierno entendía que en otras épocas esas empresas habían ganado mucho, decidió que ahora podían perder plata, subsidiando con su patrimonio a los consumidores argentinos. Por ello, les mantuvo, desde entonces, congeladas o atrasadas sus tarifas. Hasta hoy se las mantiene sin contratos y reglas de juego de largo plazo.
> Parece que ahora está mal que el gobierno use recursos para hacer obras de infraestructura o prestar servicios que podrían hacer los privados, en vez de utilizarlos para hacer escuelas, hospitales, etc. Sin embargo, en los últimos cuatro años se estatizó el Correo, se creo una línea aérea (LAFSA) que nunca voló (pero aumentó el número de empleados y gasta plata del gobierno), se fundó una compañía de energía estatal (ENARSA), etc. Además, el último año se propuso, y luego aprobó el Congreso, una ley que crea fideicomisos para hacer obras de infraestructura de servicios públicos con sobretarifas fijadas arbitrariamente por el Poder Ejecutivo. Esto implica la estatización parcial de las empresas de servicios públicos, a las que se les deja la prestación de los mismos y se les quita la inversión en obras de infraestructura (¿la caja?).
> Por sostener un tipo de cambio alto, se generó inflación y, para evitarla, se forzó a los empresarios a mantener los valores de sus bienes y servicios a través de acuerdos-controles de precio (éstos empezaron a generalizarse a principios de 2005).
> Ahora está mal que se haya restringido la exportación de carne para que no suba el precio del asado de los domingos de los argentinos, mientras que en los últimos años, se restringió la venta de gas al exterior para evitar que el precio local tuviera que aumentar.
> Se dice que es un error fundar una economía en los subsidios, pero en los últimos años éstos se exponenciaron para evitar que subieran los precios.
> Se afirma que no es correcto castigar a los sectores exportadores con retenciones. Sin embargo, en los últimos años se les aplicaron y aumentaron discrecionalmente estos impuestos distorsivos a aquellos sectores cuya suba de precios domésticos se buscaba contener.
> Es importante cumplir las leyes y compromisos. Sin embargo, las provincias resignaron, solamente en 2004 y 2005, más de US$ 1.000 millones de regalías petroleras, debido a que el gobierno hizo que las empresas las pagaran descontados los impuestos a las exportaciones que la Nación les cobra. No fue ni es muy relevante que tanto la Ley de Hidrocarburos vigente como la de Emergencia Económica, que crea estas retenciones, aclaren que las retenciones no pueden afectar el valor sobre el que se pagan las regalías. Lo más interesante es que ninguna de las provincias peronistas-radicales oficialistas afectadas han reclamado por semejante pérdida de recursos para sus co-provincianos.
> En los últimos años, se dijo desde el ministerio de Economía que, para bajar un impuesto sin afectar la solvencia fiscal, debía crearse o subirse otro. Al mismo tiempo, la presión tributaria llegó a niveles históricos récord y el gasto público la siguió de cerca. Sin embargo, ahora se critica que el gobierno haya aumentado fuertemente las erogaciones públicas, cuando éstas se vienen acelerando desde el segundo trimestre de 2005 y ahora tienden a aumentar nuevamente con la recaudación.
> Se deben respetar las instituciones, pero la cancelación de la deuda total con el FMI con reservas internacionales del Banco Central ha sido adecuada y fue en la gestión de los últimos años que se construyó el camino para tener esta alternativa habilitada. No parece relevante haber violado la independencia de la autoridad monetaria o haberla debilitado coyunturalmente en sus posibilidades de defender el valor de la moneda o el ahorro en los bancos de todos los argentinos.
> El entonces ministro Lavagna envió al Congreso un proyecto de reforma a la Ley de Defensa a la Competencia que subordinaba a su Ministerio el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Cabe aclarar que un tribunal de este tipo, y así está en la ley original, debe ser profesional, competente e independiente del poder político, ya que falla sobre asuntos que afectan los patrimonios de las empresas. Cabe destacar que esta medida tenía lógica en un gobierno que modificó el Consejo de la Magistratura para aumentar su poder dentro de la Justicia, cuando esto violaba el concepto republicano de independencia de los poderes y el artículo constitucional que lo creó.
Los países que salen adelante y se desarrollan son aquellos que son conscientes de sus realidades y sus límites. No es extraño que estas dos características sean las que definan las diferencias entre una persona madura y otra inmadura. En Chile, se suceden gobiernos de centroderecha o centroizquiera, sin embargo, como son respetuosos de los límites constitucionales y de la importancia de tener una república (independencia y control entre los poderes) siempre van por el mismo camino.
Un poco más a la derecha o a la izquierda según la tendencia del gobierno de turno, pero por el sendero que los lleva al desarrollo.
Los argentinos hemos demostrado que somos un país adolescente, inmaduro. Nosotros, y por ende nuestros gobiernos, carecemos de consciencia, quitamos importancia a los límites y las realidades.
El fin justifica los medios y violar las instituciones y los derechos preservados en la Constitución Nacional se justifica en la medida en que los objetivos sean
"loables" (según el criterio de cada quien).
El concepto republicano no tiene sentido cuando se prioriza el caudillismo y logro de los fines. Por ello, cada cuatro años votamos a quien debería detentar la suma del poder público o le renovamos esa posibilidad a quien ya la ejerce. Preferimos esta autocracia electoral y la valoramos, ya que así lo demuestran las encuestas presentes y pasadas.
Es más, históricamente, hemos catalogado de lentos e inútiles a quienes pretendieron gobernar respetando los límites constitucionales de sus
funciones.
No es un problema de nuestra dirigencia política. Cuando llegan al poder, ellos violan las normas legales y las instituciones porque les otorgamos la posibilidad de hacerlo. Los ciudadanos argentinos no lo hacemos... porque no podemos.
En cambio, sí podemos tirar basura en la calle, estacionar en cualquier lado, pasar el semáforo en rojo o no cruzar por la senda peatonal porque estamos apurados. Lamentablemente, el desarrollo y el bienestar económico no siempre se alcanzan mediante instrumentos económicos, sino que se requiere además un compromiso social y cultural que nos conduzca a hacer las cosas bien, aunque esto pareciera ser más difícil.
Como dice la sabiduría criolla: "no tenemos los gobiernos que nos merecemos, sino los que se nos parecen".

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