Nuevo Código Penal: Muchos presidiarios quedarían en libertad

¿Estaban cuerdos, son mal intencionados o solamente es irresponsabilidad ideológica, lo que dominó a los juristas que en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación esbozaron el anteproyecto de reforma del Código Penal? La duda crece:

CIUDAD DE CÓRDOBA ( La Voz del Interior). Se trata de un documento preliminar pero, en los hechos, el pronunciamiento de los miembros de la Sala Penal del Colegio de Abogados de la ciudad de Córdoba representa la primera expresión pública de una entidad integrada por operadores del sistema judicial que plantea fuertes cuestionamientos técnicos al anteproyecto de reforma del Código Penal, elaborado por una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El documento lleva la firma de los penalistas Oscar Eduardo Roger, Carlos J. Lascano, Carlos Palacio Laje, Darío Vezzaro y Fabián I. Balcarce, y fue elaborado a instancias del directorio del Colegio de Abogados, que les solicitó un análisis del anteproyecto legislativo.
El resultado, según puede leerse, plantea varias críticas metodológicas al trabajo, reclama un fuerte y extenso debate al respecto y advierte que, de aprobarse tal cual está y sin "un período de vacación amplio" redundará en que "un importante sector de la población carcelaria quedaría en libertad", lo cual debería preverse desde lo laboral, familiar y social, para evitar que esas personas recaigan en el delito y que la comunidad rechace la nueva legislación.
Necesario, pero...
"Un primer pronunciamiento nos lleva a sostener que compartimos la necesidad de que se elabore y se sancione un nuevo Código Penal", comienzan diciendo los especialistas firmantes, algunos de los cuales son titulares de cátedra en la Universidad Nacional de Córdoba o han ocupado altos cargos en el Poder Judicial a nivel local y nacional.
Abonando esa postura, recordaron aquello que todos los especialistas han manifestado en estos días en que el proyecto se ha abierto al debate público: que el actual Código Penal data de 1922 y ha sido reformado más de 900 veces, y que esas "disímiles reformas, inspiradas por pautas político-criminales diversas y hasta encontradas ha alterado de manera esencial su espíritu primigenio".
Para los abogados, el actual Código ha quedado convertido en "un digesto carente de unidad y coherencia", e imprimirle más reformas no haría más que profundizar esa anarquía. Por eso, sostuvieron que "si se pretende un cambio en el rumbo legislativo, la única vía posible es la elaboración de un nuevo Proyecto de Código Penal".
Sancionar un nuevo texto redundaría en dos cuestiones básicas: fortalecer la función preventiva general que debe cumplir esa ley de fondo, siempre que tenga una estructura comprensible por todos los miembros de la sociedad; y brindarle a los jueces que deben aplicarlo un instrumento claro y preciso, que no lleve a segundas interpretaciones, como ocurre hoy.
Sin embargo, los penalistas afirmaron que un proceso transformador que busque reglar las facultades represivas del Estado "no puede estar sometido a plazos perentorios de análisis, de discusión y de consenso".
En esto, el período de consulta pública sobre el anteproyecto (a través de la red Internet y de reuniones en Buenos Aires) vence el próximo 15 de agosto.
"La prudencia es la mejor aliada en los procesos de cambio", afirmaron, en contraposición a los plazos de la comisión, que procura que "en pocas semanas se estudie, se debata y se realicen pronunciamientos expresos sobre ciertos institutos, cuyo análisis correcto y necesario llevaría meses".
Voces provinciales
Los abogados cordobeses también analizaron que el anteproyecto debería haber sido sometido a una discusión abierta a todas las provincias argentinas, por cuanto el Código representará una expresión de las facultades delegadas a la Nación.
"No ha existido una convocatoria a tal efecto; ni siquiera respecto de provincias como la nuestra, donde el Derecho, y sobre todo el penal, ha tenido uno de sus más ilustres bastiones", reprocharon.
En relación a esto último, advirtieron sobre el efecto que tendría el proyecto en la población carcelaria, debido a que establece una "sensible" disminución de las penas con respecto a las actuales y éstas comenzarían a regir retrospectivamente, por ser más benignas.
"Ello va a llevar indefectiblemente un sinnúmero de planteos incidentales o impugnativos destinados a lograr los beneficios. La crisis de los sistemas judiciales provinciales, en este sector, es ineluctable", advirtieron.
"Por otro lado –agregaron–, un importante sector de la población carcelaria, de no establecerse un período de vacación amplio (varios años para la entrada en vigencia de la nueva legislación), quedaría en libertad, lo cual tendría que preverse (laboral, familiar y socialmente) a los efectos de evitar una recaída en el delito y un rechazo inmediato, por parte de la comunidad, de la nueva legislación".
Finalmente, el documento de la Sala Penal del colegio cordobés de abogados puntualiza otras críticas metodológicas.
Una de ellas remarcó la asimetría existente entre la Parte General y Parte Especial del anteproyecto, donde observaron "una refinada y prolífica actividad en la primera; y una reedición de los viejos parámetros en la elaboración de las figuras penales de la última".
"En definitiva, somos de la opinión que la transformación de las mandas que reglamentan la violencia organizada estatal, con perspectiva de perdurabilidad, no es un trámite jurídico, sino un proceso empírico-social en donde todos los sectores deben opinar, sin cortapisas academicistas, ni términos perentorios que ahoguen la vocación democrática de la sociedad", concluyeron.
El documento será próximamente remitido a la comisión elaboradora de la reforma penal.

Dejá tu comentario