EDITORIAL DEL DIARIO ABC, DE ASUNCIÓN

En Paraguay denuncian que otra vez hay Triple Alianza en su contra

Polémico, elocuente e interesante el texto del editorial del diario ABC Color de Paraguay, aunque también es cierto que la falta de trascendencia de ese país en el Mercosur no es culpa de Fernando Lugo (comenzó mucho antes).

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ASUNCIÓN (ABC Color). Impactantes son las coincidencias que existen entre el “Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur (Ushuaia II)”, firmado el pasado 20 de diciembre por el presidente Lugo, y el execrable Tratado Secreto de la Triple Alianza, suscrito el 1º de mayo de 1865 por Argentina, Brasil y Uruguay para arrasar al Paraguay, derrocar a su legítimo gobierno, exterminar a su población y despojarle de territorio. 

En algunos casos, la similitud alcanza el ámbito de la directa transcripción de fórmulas conceptuales. Una diferencia, sin embargo, cabe consignar: el Tratado Secreto fue adoptado de consuno por los declarados enemigos de la patria; el Protocolo de Montevideo cuenta con la insólita aprobación del presidente de los paraguayos, Fernando Lugo Méndez, cuyo nombre pasará a la historia como el único gobernante del Paraguay que firma un documento internacional en el que se atenta alevosamente contra la soberanía de la Nación.

Basta confrontar los textos de ambos documentos para comprobar los mismos impresionantes “paralelismos”

En la introducción del Tratado de la Triple Alianza, los complotados enemigos de nuestro país expresaban cuanto sigue: “Persuadidos de que la paz, seguridad y bienestar de sus respectivas naciones se hacen imposibles mientras el actual gobierno del Paraguay exista, y que es de una necesidad imperiosa, reclamada por los más altos intereses, hacer desaparecer aquel gobierno, respetando la soberanía, independencia e integridad territorial de la República; han resuelto con este objeto celebrar un tratado de alianza ofensiva defensiva”.

El Protocolo de Montevideo repite, increíblemente, la misma idea casi con idéntica formulación. 

Tras disponer la creación de la figura del bloqueo político, económico y comercial para aquel país en el que ellos subjetivamente consideren que se produce una ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, señalan que el mismo se aplicará guardando “la debida proporcionalidad con la gravedad de la situación existente; no deberán poner en riesgo el bienestar de la población y el goce efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales de la Parte afectada; respetarán la soberanía e integridad territorial de la Parte afectada, la situación de los países sin litoral marítimo y los tratados vigentes”.

La historia nos relata de manera contundente el gran “respeto” que los desalmados aliados de la Triple Alianza tuvieron por nuestra “soberanía, independencia e integridad territorial”. Tan hipócrita era su declaración, que incluso en el mismo Tratado Secreto, en su artículo XV, se contradecían a sí mismos, repartiendo nuestro territorio soberano a su gusto y paladar, como finalmente sucedió por la fuerza de las armas.

Tras el conflicto bélico, Argentina se adueñó de las tierras existentes entre los ríos Pilcomayo y Bermejo, actual provincia de Formosa, además de otras extensiones de lo que hoy es la provincia de Misiones. Pretendió apoderarse del Chaco Boreal hasta Bahía Negra, pero vicisitudes posteriores le impidieron cumplir su macabro plan. Brasil se embuchó lo previsto en el Tratado Secreto, las fértiles franjas ubicadas entre los ríos Apa y Blanco (zona sur del estado de Mato Grosso) y la parte este del río Paraná, en lo que en el presente forma parte del estado homónimo.

Ahora, 146 años más tarde del aciago día en que los aliados se confabularon secretamente contra el Paraguay, la entente vuelve a sellarse contra nuestro país, bajo el mismo solemne juramento de que “respetarán la soberanía e integridad territorial de la Parte afectada”. Por las lecciones de la historia, sabemos que tal garantía no fue cumplida en aquella oportunidad ni, obviamente, será cumplida en la hora presente.

Bajo la excusa de que aquí podría producirse una “ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder”, argentinos, brasileños y uruguayos se consideran en el derecho de cerrar total o parcialmente nuestras fronteras, suspender o limitar el comercio, tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones y hasta confiscarnos la energía que nos pertenece de Itaipú y Yacyretá, así como el envío de servicios o suministros, incluidos combustibles.

Como se puede observar, el pretexto de ayer para atacar y someter al Paraguay se llamaba Francisco Solano López; el de hoy lleva el nombre de supuesta “defensa” de la democracia.   

Que el Protocolo de Montevideo constituye una nueva y repulsiva edición del ignominioso Tratado Secreto de la Triple Alianza se desprende del mismo hecho de que el artículo 6º del acuerdo menciona expresamente que las medidas punitorias anteriormente mencionadas respetarán “la situación de los países sin litoral marítimo”, característica geográfica que el Paraguay reviste de manera categórica.

En la práctica, nadie imaginará que un bloqueo del tipo descrito en el acuerdo pudiera ser jamás activado contra Argentina, Brasil o Uruguay, naciones con acceso directo a las costas oceánicas. Así, pues, el instrumento fue pergeñado exclusivamente para aplicar a aquella nación de cuyos recursos naturales podrían estar pretendiendo apoderarse.   

Urge, entonces, que el pueblo paraguayo reaccione enfáticamente contra este despropósito de gravísimas consecuencias. Si el Protocolo de Montevideo de falso compromiso con la democracia no es desarticulado a tiempo, sus draconianas disposiciones tendrán el mismo devastador impacto que el Tratado Secreto de la Triple Alianza tuvo sobre nuestro país hace casi un siglo y medio.

Por lo tanto, si se pretende preservar para las generaciones presentes y futuras el sagrado patrimonio de nuestra independencia, el Congreso de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, debe frenar cuanto antes esta insidiosa maquinación urdida por nuestros vecinos con el escandaloso consentimiento del presidente Fernando Lugo, rechazando in límine el infamante acuerdo adoptado en la capital uruguaya el pasado mes de diciembre. Así lo impone la honra debida a la sangre generosa vertida por cientos de miles de compatriotas en la defensa de la heredad nacional durante el transcurso de dos desoladoras guerras.

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