CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Mientras los familiares de las víctimas del accidente ferroviario en la estación de Once ocurrido este miércoles (22/02) a la mañana aguardan poder conocer el listado completo y oficial de los muertos en el choque de la formación que embistió al paragolpes de la terminal, en el Gobierno había reuniones en el Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido (del cual depende la Secretaría de Transporte cuyo titular es Juan Pablo Schiavi) evaluando las consecuencias del hecho, el impacto político y una salida elegante.
LA TRAGEDIA EN ONCE
El 'Cromañón' de Cristina
Otra vez una tragedia que pudo evitarse. Otra vez fue en Once, a pocos metros de Cromañón, donde ocurrió la tragedia que le costó el cargo de Jefe de Gobierno porteño a Aníbal Ibarra. Y otra vez la falta de controles, la desidia y la corrupción se cobran la vida de los inocentes.
22 de febrero de 2012 - 21:23
En tanto Cristina Fernández solo tuvo reflejos para decretar el duelo nacional de 2 días, suspender las festividades por el carnaval y un acto previsto para este viernes (24/02) donde se referiría a la cuestión Malvinas. Se desconoce hasta el momento si la Jefa del Estado se pronunciará sobre lo ocurrido en las próximas horas, desde las 9am cuando se pudo tener dimensión de la tragedia se sumió en el silencio, solo habló Schiavi en una conferencia de prensa donde no respondió preguntas de los periodistas y tuvo frases insólitas como "si pasaba ayer (por el feriado del martes) no era tan grave".
Las similitudes con la tragedia de Cromañon, donde murieron 194 personas, no dejan de sorprender. No solo por la cercanía geográfica entre el boliche y la estación Miserere, ambos en el barrio de Once, sino porque se repite la misma fórmula: Empresarios inescrupulosos, corrupción, falta de controles, ausencia o connivencia del Estado y víctimas inocentes.
Pero esta vez el silencio de Cristina delata responsabilidad. El manejo de los ferrocarriles es del Gobierno nacional y la concesión pertenece a una empresa (TBA) que es socia del Estado en la administración de otras líneas, la San Martín y la Roca a través de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE). Y como es responsabilidad de la Nación, los que fallaron en los controles están en el Gobierno nacional, ya no se podrá culpar como en otras oportunidades a la oposición o al Gobierno porteño. Las innumerables denuncias y advertencias realizadas ante los organismos de control estatales y que no fueron atendidas corresponden a una decisión gubernamental.
En sus declaraciones a la prensa, Schiavi solo prometió una “profunda" investigación administrativa y técnica, y agregó: "éste es un Estado presente, no es un Estado ausente y estamos investigando, tenemos mucho material y en poco tiempo sabremos cuál es la verdad".
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La idea de Schiavi es analizar lo que ocurrió en los últimos 40 metros que recorrió la formación antes de impactar contra el paragolpes ubicado al final del riel, pero tampoco quiso echar culpas sobre el conductor (lo que podría ocasionar un nuevo conflicto gremial) y tampoco apuntó a TBA ni a las denuncias en su contra desde organizaciones de consumidores, la oposición y los trabajadores ferroviarios. Por eso las salidas para el Gobierno son limitadas y la cuestión Malvinas no logrará tapar la tragedia, por eso Cristina postergó el acto del viernes para el martes 28/02.
El Servicio
A pesar de que Nación anunció varias obras en materia ferroviaria, compras de vagones, remodelaciones y soterramientos, el servicio en el área metropolitana sigue plagado de la delincuencia, las fallas, demoras y accidentes.
Trenes de Buenos Aires (TBA) opera desde 1994 el ex ramal Sarmiento y es propiedad del grupo Cirigliano. Su única palabra sobre la tragedia fue que estaba “colaborando con la información necesaria de este accidente con todos los organismos de control y entregando a la Justicia Federal los videos pertenecientes a la formación ferroviaria involucrada, poniéndose a total disposición de la misma".
Se trata de una de las empresas más criticadas por los usuarios por las demoras continuas y el estado que tienen las formaciones y la inseguridad en las estaciones, cuya infraestructura está en pésimas condiciones en varias de ellas.
Desde los sindicatos han responsabilizado en varias oportunidades por la falta de controles a todos los organismos oficiales, desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte hasta la Secretaría de Transporte.
El mes pasado, la secretaría de Transportes le giró a la empresas Trenes de Buenos Aires (TBA), concesionaria del Ferrocarril Sarmiento, casi $ 77 millones de pesos, dinero que la empresa utilizó para pagar la mitad de los salarios y para obras de mantenimiento. TBA manifiesta en su página web que la otra mitad la atiende con las ventas de boletos.
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La empresa sostiene que sus ingresos "provienen básicamente de la venta de pasajes, con lo cual, su afectación altera seriamente la ecuación económica-financiera de la compañía".
La misma TBA reconoce que esta disminución de la variable demanda generó las siguientes consecuencias:
* dificultades de la empresa para cubrir sus costos de operación;
* problemas para brindar un nivel de servicio de mayor calidad y
* dificultades para conseguir financiamiento privado para la ejecución de inversiones en el sistema".
La línea Sarmiento está cuestionada por sus servicios desde hace mucho tiempo, porque cruza la Capital Federal y genera caos en innumerables barreras.
El soterramiento de las vías, un proyecto que lleva décadas y que fue anunciado en varias oportunidades por el gobierno nacional fue comenzado en octubre del año pasado con financiamiento del Estado, tras un grave accidente en la estación Flores.
El Decreto N°2075/02 declaró el "Estado de Emergencia a la prestación de los Servicios Emergentes de los Contratos de Concesión del Transporte Público Ferroviario de Pasajeros de Superficie" y suspendió todas las obras de inversión y estableciendo un "Programa de Emergencia de Obras y Trabajos Indispensables y de Prestación del Servicio" con el fin de garantizar la continuidad del servicio.
La administración Kirchner (néstor y Cristina) dispuso luego atender con subsidios el diferencial de la tarifa cobrada con tal de mantener congelado el valor del boleto y destinado a obras mantenimiento y pago de salarios.
En enero de 2012, TBA recibió casi 77 millones de pesos en subsidios y según datos oficiales de la secretaría de Transportes, en enero de 2011 $ 53,2 millones; en junio, $ 29,4 millones; en julio de 2011, 21,4 millones de pesos y en diciembre del año pasado, $ 29,4 millones.
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Denuncias y promesas
Hace menos de 1 año, en junio de 2011 la CNRT anunció “más controles para trenes y subtes” donde las empresas deberían informar “rutas, cantidad y tipo de material rodante, diferentes servicios previstos, entre otros datos”.
Les exigió a los operadores ferroviarios de Capital Federal y Gran Buenos Aires una serie de requisitos mínimos para poder prestar el servicio, según los estableció a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial.
Sin embargo, Poder Ciudadano aseguró este miércoles (22/02) que la empresa TBA no presenta en tiempo y forma información sobre su plan de mantenimiento y se remitió a un informe de la Auditoria General de la Nación (AGN) sobre deficiencias frecuentes de "frenos" en la línea Sarmiento.
Según señala MDZol Online, por medio de la red social Twitter, la ONG además informó sobre problemas con reclamos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte de Argentina (CNRT) contra la concesionaria del servicio ferroviario entre Once y Moreno.
De acuerdo con el reporte de la AGN en 2008 sobre TBA, que detectó Poder Ciudadano, la empresa no cumplía con sus informes de mantenimiento de seguridad.
Además, indicó que las deficiencias más frecuentes son "frenos de mano inoperantes" y "zapata de freno fuera de rodadura", se trata de los posibles responsables de la tragedia de este 22/02, descartado –al menos por ahora- responsabilidad del conductor.
En la red social se puede leer que en 2008 la Auditoría General Nación, AGN publicó informe sobre seguridad y mantenimiento de los trenes Mitre y Sarmiento y controles de la CNRT.
El informe de la Auditoría General de la Nación se puede encontrar aquí.
Corresponde al 12 de marzo de 2008 y trata sobre "Mantenimiento, Seguridad y Verificación del cumplimiento de la Ley Nº 22.431 y Decreto Nº 914/97 sobre el Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, respecto del Transporte Público de Pasajeros por Ferrocarril".
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El Imperio Cirigliano
A comienzo de los años 90’ el Grupo Cirigliano contaba con dos líneas de colectivos urbanas, la 61 y la 62, a partir de allí creció al calor del menemisno y el kirchnerismo expandiendo sus negocios hasta participar en concesiones públicas en el exterior, como el caso de Opportrans, Metro de Río de Janeiro.
Según un informe publicado por el partido ARI en 2009, “la primera denuncia sobre el tema la hizo el ex coordinador de Transporte Ferroviario Pedro Cóndori. Fue a comienzos del gobierno de Néstor Kirchner, cuando elaboró un informe alarmante sobre los trenes: puertas, pisos, vidrios y asientos destruidos en la línea Sarmiento, limpieza nula en el mismo ramal, fallas en el sistema de ventilación de la línea Mitre, falta de iluminación y disminución de los servicios en el tren San Martín, en la línea Roca se detectaron coches que circulaban casi a oscuras y con ventanillas de madera, contra las normas de seguridad. A pesar de que las concesionarias no hacían nada por revertir el pésimo estado de los ferrocarriles seguían cobrando los subsidios públicos. En junio del 2003, el Gobierno entregó algo más de 13 millones de pesos”.
En 2005, a principios de marzo, “se produjo un serio incidente en la estación Castelar del ferrocarril Sarmiento, cuando se incendió uno de los coches como consecuencia de un desperfecto en el sistema eléctrico. Los pasajeros lograron escapar por sus propios medios, y no hubo ayuda ni guía por parte del escaso personal presente en la estación en el momento de los hechos. El incidente ocasionó la paralización por varias horas del funcionamiento de la línea”.
"En los trenes de TBA no hay salidas de emergencias ni matafuegos; ni tampoco esta empresa tiene una cuadrilla de emergencias para actuar en estos casos. (…) todo eso lleva a que hoy casi pase una tragedia. Si se continúa con esta política sobre los trenes (mucho lucro y poca inversión) seguro que van a volver a pasar estos incendios”, denunciaron trabajadores ferroviarios.
A esto se suma una demanda penal del Defensor del Pueblo de la Nación, por entonces Eduardo Mondino, con fecha 28/07/2005, ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 3, contra las empresas ferroviarias privatizadas.
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