Llega el turno de Mendoza con YPF... y CFK no sabe qué hacer

El viceministro de Economía, Axel Kicillof, alienta la declaración de YPF, tal como ocurrió con la producción de papel para diarios, como de "interés público", habilitando así al Ejecutivo Nacional a participar en la gestión de YPF.

Pero nada de eso resolverá el problema de desabastecimiento energético que padece la Argentina y que siempre ha negado Julio De Vido aunque el volumen de las importaciones ha sido incesante desde 2003, y creciente.

En especial hay un problema de inversiones, que no se resuelve reestatizando YPF porque el Estado Nacional carece del dinero suficiente. En verdad, todo se circunscribiría así a un negocio escandaloso: adjudicar áreas en explotación a petroleras 'amigas' pero la Argentina seguiría importando petróleo y gas.

La inquietud de las provincias es por sus regalías. Si esas liquidaciones dependieran del Poder Ejecutivo, el mecanismo de transferencias de recursos cambiaría... o no. Porque si el Ejecutivo les exigiera aplicar esos ingresos a la exploración petrolera, habría mucho conflicto.

Hasta ahora, Cristina rechazó el plan de intervención federal de YPF, y el proyecto de compra de acciones de YPF vía ANSeS, aprovechando que la cotización de YPF cayó casi 50% en 1 año.

De acuerdo al diario Río Negro, de General Roca, Río Negro, hay 2 ideas ahora en estudio en Presidencia de la Nación:

"(...) Una, avalada por el ministro Julio de Vido, propone la compra de un piso del 51% de las acciones de la petrolera con aportes de Nación, provincias y empresarios locales ligados a la actividad. (...) Pero el gobierno no está dispuesto a pagar la cifra y menos aún si se tiene en cuenta que, después de la hipotética compra, hay que realzar millonarias inversiones para sacar la energía que se encuentra a miles de metros bajo tierra. Hoy ni el gobierno nacional ni las provincias cuentan con caja para ello.

La otra posición, que se contrapone a la de De Vido, es la del viceministro de Economía, Axel Kicillof, quien (...) plantea frente al tema YPF una mirada más estructural que la del ministro de Planificación. Propone enviar al Congreso un proyecto de ley que disponga la nacionalización de todos los commodities–incluido el petróleo– (...). Y luego, en todo caso, concesionar la operación de extracción a terceros. (...)".

En tanto, fue durísimo el texto editorial del diario madrileño El País, titulado "El tango del expolio":

"Sin que medien explicaciones ni razones técnicas o de gestión, el Gobierno argentino de Cristina Kirchner va a retirar las concesiones de explotación petrolera de YPF, controlada mayoritariamente por Repsol, en la provincia de Chubut que vencían en 2015.
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Dado que las condiciones financieras y las inversiones aplicadas por la compañía española se ajustan escrupulosamente a los mejores ratios empresariales, tanto en exploración como en explotación, la decisión argentina supone una arbitrariedad incompatible con la seguridad jurídica que sería deseable apreciar en un país como Argentina.

Recuérdese que la presidenta Kirchner acude a reuniones de organismos multilaterales, como el G-20, donde este tipo de conductas discrecionales, lesivas para las empresas que cumplen sus contratos, se consideran un expolio.

En el caso del castigo a YPF convergen dos factores que han contribuido a sembrar el pánico en Buenos Aires.

Por una parte se detecta un aumento de la presión populista en las provincias argentinas, presas de una suerte de delirio contra la inversión extranjera y, quizá en particular, contra la española.

Prueba de esta fiebre nacionalista es la fiesta multitudinaria organizada por los gobernadores de Chubut y Santa Cruz para celebrar la retirada de las concesiones a YPF, en la que abundaron las expresiones extemporáneas contra la presencia de ‘gallegos’ en Argentina.

Cristina Kirchner debería aclarar si comparte el populismo chauvinista de sus provincias y si es capaz de medir sus consecuencias, porque es evidente que tiene un serio problema para gobernar la economía del país con criterios de respeto a la inversión extranjera y certidumbre regulatoria.

Pero el gran factor que explica esta arbitrariedad es que la política energética argentina ha fracasado estrepitosamente.

Debido a decisiones incompetentes, se ha producido un crecimiento desaforado de la demanda energética y una caída en picado de la producción.

Atrapado en la espiral de importaciones cada vez más caras y menos exportaciones, el Gobierno vuelve a las malas prácticas de obstaculizar la salida de dólares y buscar a un chivo expiatorio que pague las consecuencias políticas del encarecimiento de la energía.

Repsol YPF es esa víctima, aunque en los últimos 12 años haya invertido allí más de 20.000 millones de dólares.

Los tribunales, argentinos e internacionales, si llega el caso, dirán cuál es la calidad regulatoria del Gobierno de Kirchner.

Por el momento, parece pésima."