YPF

Informe Eskenazi: Cómo sigue la historia

De acuerdo a medios españoles, la familia Eskenazi reclama que Repsol le recompre su participación en YPF. Habrá que evaluar qué dice la 'letra chica' de los contratos vigentes, aunque segun han evolucionado los acontecimientos, tampoco eso sirve de mucho. Es obvio que los Eskenazi están intentando no completar el pago de lo que adeudan tanto a Repsol como a bancos acreedores.

 

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Repsol está obligada a hacerse cargo de los préstamos que familia Eskenazi contrajo para comprar acciones de YPF “bajo determinadas condiciones”, según han asegurado 2 abogados próximos a los Eskenazi a la agencia de noticias Bloomberg.
 
Es obvio que los Eskenazi están intentando no completar el pago de lo que adeudan tanto a Repsol como a bancos acreedores, aprovechando que su participación en YPF, por extrañas razones, no fueron alcanzadas por la futura Ley de Expropiación.
 
Para evitar los términos del acuerdo firmado en 2008, de acuerdo a algunas opiniones que se ignora a qué estudio jurídico pertenecen, en la guerra despiadada que pareciera comenzar, Repsol necesita demostrar que la expropiación de su participación del 51% de YPF era inevitable, argumentando que perdió su participación mayoritaria por causas de fuerza mayor.
 
Según la jurisprudencia española, dicho argumento puede liberar a una empresa de parte de las obligaciones ligadas a un contrato al producirse determinadas situaciones inevitables, como por ejemplo, huracanes o desastres naturales.
 
Por lo pronto, Repsol ya se ha pronunciado asegurando que en un contexto de expropiación, como es el caso, el acuerdo "no es aplicable", según ha afirmado el jefe de Medios Internacionales y Financieros de la petrolera española, Kristian Rix.
 
Por otra parte, 2 abogados cercanos al proceso consultados por Bloomberg aseguran que Repsol podría repeler un movimiento de este tipo argumentando "fuerza mayor".
 
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, valora en € 8.000 millones la participación del 51% de YPF que el Gobierno argentino ha expropiado esta semana.
 
A esta cifra hay que añadir los cerca de € 6.000 millones en los que cifran los analistas la actividad de la compañía en el gran yacimiento de Vaca Muerta. La empresa española pretende reclamar a Argentina una indemnización cercana a esos € 14.000 millones.
 
De momento la respuesta que ha obtenido Repsol de parte de la Argentina es que el Gobierno del país latinoamericano revisará la valoración de YPF para cuantificar las posibles compensaciones a la española. En el mes de enero su valor de mercado era de unos € 16.000 millones.
 
De acuerdo a Agustín Monteverde, del estudio Massot & Monteverde,
 
"Presionada por el gobierno kirchnerista, en 2008 Repsol debió avenirse a un acuerdo para la venta de 25,46 % de su filial argentina al Grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazi.
 
• La valoración inicial de todo YPF en esa oportunidad redondeó US$ 15.000 millones.
 
• La operación debió estructurarse en 2 tramos: 15 % al momento de la firma y otro 10 % como opción de compra, a ejercer dentro de los 5 años.
 
• El último tramo se ejecutó hace menso de un año.
 
• El grupo ingresante carecía de expertise alguno en el negocio y las condiciones de la transacción eran a todas luces excepcionales y ajenas a las circunstancias del mercado.
 
• Pese a ello, el acuerdo incluyó la entrega de la gestión de YPF al Grupo Petersen, con S. Eskenazi al frente.
 
• El desembolso inicial del grupo local —en los papeles, australiano— amigo del gobierno apenas representó 5% del total.
 
• El restante 95% se cubrió con financiación bancaria y un vendor loan —es decir, un préstamo del vendedor— por parte de Repsol.
 
• De esta forma, al riesgo de precio se une el de efectivo cobro de ese precio.
 
• En mayo de 2011 se completó el segundo tramo, por el 10% pendiente.
 
• Nuevamente no hubo entrada de caja para Repsol, pues se reprodujo la fórmula de financiación.
 
• En ese 2do. momento la compañía se valoró a US$ 13.000 millones, 25 % por debajo de la cotización de mercado.
 
• Las condiciones del vendor loan fueron, cuando menos, sorprendentes —o no tanto, si se considera la estrecha relación de la familia Eskenazi con el matrimonio Kirchner.
 
• Tuvo una gracia de 5 años tanto para los intereses como para el principal.
[ pagebreak ]
• Y el plazo total fue de nada menos que 15 años, extraordinario para el mercado local.
 
• Las tasas de interés aplicadas fueron 8,12%, para el préstamo correspondiente al 1er. tramo, y 7,40%, para el correspondiente al 2do.; ambas se reducirían en un punto a partir de que comenzara la amortización.
 
• Ambos tramos contemplaban un derecho de venta a favor del comprador si el valor de mercado bajaba de 50% o se cambiaba la política de dividendos.
 
• La excusa formal de las autoridades de Repsol para conceder semejantes privilegios fue precisamente la necesidad de argentinizar la compañía.
 
• Para completar el regalo, la venta estableció condiciones estrictas respecto a la política de inversiones y dividendos de la petrolera.
 
• Repsol quedó obligada a distribuir dividendos nunca menores a un enorme 90% de los beneficios de YPF.
 
• Esta obligación, como todas las restantes condiciones, fueron visadas y autorizadas por los órganos estatales de contralor.
 
• Era obvio —y así fue oportunamente considerado por los analistas— que tan inaudito acuerdo constituía una expropiación de facto donde el mismísmo vendedor era quien pagaba con su
propia caja la transacción.
 
• Tan extravagante transacción es sólo comprensible si los españoles, además de participar de la exagerada distribución de utilidades, esperaban gozar de una favorable predisposición oficial.
 
• Y es también con este prisma que se puede entender que el gobierno haya aceptado con un mutis por el foro aquella política de dividendos.
 
• En resumen, está claro que la expropiación de YPF se inició mucho antes de que fuera coronada con la confiscación inducida que se orquestó en los últimos meses.
 
• Los problemas para Repsol no se agotan en la manipulación de precio y ulterior confiscación que viene a sufrir; pende también sobre su cabeza el riesgo de impagos megamillonarios.
 
• El Grupo Petersen le adeuda a Repsol € 1.542 millones por la financiación de la compra de 25 % de YPF.
 
El 1er. tramo, por 14,9 % de YPF, se fijó en US$ 2.235 millones; a tal fin, Repsol le prestó US$ 1.016 millones a los Eskenazi.
 
El restante 10 % se fijó en US$ 1.310 millones; nuevamente, Repsol puso US$ 626 millones de lo que cobró.
 
La amortización del principal del 1er. préstamo recién comienza en mayo de 2013 y la del segundo en noviembre de 2016.
 
• El problema para Repsol es que el acuerdo con el Grupo Petersen contemplaba que el pago de los intereses y del capital se haría con los dividendos abonados por YPF.
 
Y como ahora el gobierno ha obligado a YPF a no distribuir ganancias, los Eskenazi no contarán con ese vital flujo para atender los servicios de la deuda contraída con Repsol.
 
La garantía de los préstamos son las mismas acciones, que fueron prendadas y hoy cotizan más de 50% —unos US$ 1.800 millones— por debajo del precio de aquellas compraventas.
[ pagebreak ]
• Según los contratos firmados por los Eskenazi, ante las nuevas circunstancias los bancos que participaron en la financiación —entre ellos Itaú, Mellon, Citi y BNP— podrían reclamar inmediatamente la cancelación de los créditos.
 
• Aun si consiguiera un resarcimiento satisfactorio, la pérdida de masa crítica de Repsol es drástica: YPF representaba dos tercios de su producción, y una quinta parte de sus activos y resultado operativo.
 
• En cuanto a los accionistas tenedores del 49% no sujeto a expropiación, no se encuentran mejor posicionados que Repsol y les cabe el derecho de exigir que el gobierno les compre su parte.
 
• En primer lugar, quedan con una parte minoritaria en una compañía estatal, muy diferente a la que ingresaron.
 
• Y, además de la pérdida sufrida por la caída en el valor de mercado inducida por las presiones oficiales, se encuentran que se han quedado sin mercado para sus tenencias.
 
• No se sabe si se respetará o no el actual estatuto de la empresa.
 
Ese estatuto establece que el comprador, en este caso el Estado, debería extender mediante una OPA la oferta de expropiación a la totalidad de los accionistas.
 
El nuevo directorio podría cambiar el estatuto para evitar extender la compra al resto de los accionistas, lo que derivaría en juicios internacionales."

Dejá tu comentario