$300 MILLONES

Escándalo por una disputa entre Salud y el PAMI

El titular de la obra social de los jubilados y pensionados se resistió a abandonar el edificio de la cartera que dirige Juan Manzur hasta que éste se comprometiera al pago de la deuda que mantiene el ministerio, algo que finalmente habría ocurrido.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El director ejecutivo de PAMI, Luciano Di Cesare, amenazó con no abandonar la sede del ministerio de Salud, donde permanecía durante la tarde de este lunes (11/6), hasta conseguir un acta firmada por el jefe de la cartera, Juan Manzur, con el compromiso de pago de la deuda generada por las prestaciones que realiza por orden y cuenta de ese organismo.

Di Cesare "anunció que no abandonará el ministerio de Salud de la Nación hasta tanto no tenga en su poder un acta firmada por el titular de la cartera, Juan Manzur, donde conste el compromiso de pago de la deuda generada por las prestaciones que por orden y cuenta de ese organismo la obra social de los jubilados brinda a las personas con discapacidad que tienen pensiones no contributivas", informó el PAMI en un comunicado, según señala la agencia DyN.
 
De acuerdo a Clarín.com, pasadas las 16:00 de esta tarde Di Cesare abandonó el edificio luego de lograr el compromiso y la palabra de Manzur sobre cómo se pagará la deuda. Aunque aún no se conocen los detalles del acuerdo entre el PAMI y el Ministerio de Salud, se supo que funcionarios de los dos organismos se encuentran trabajando en la redacción del acta final.
 
La obra social recordó que la semana pasada, ante versiones según las cuales "dejó sin cobertura de la obra social a personas con discapacidad", debió "salir a informar que lo existente era la denuncia por parte del organismo de una serie de instrumentos que lo vinculan con el ministerio de Salud de la Nación, aunque esto no implicaba la rescisión de los convenios". 
 
El PAMI sostuvo, en ese sentido, que "representaba el paso previo a todas las acciones administrativas o judiciales que se deben encarar en estos casos". 
 
 
"Ya hace varios meses que el Ministerio de Salud no le está enviando al PAMI los fondos para cubrir la atención médica de 90.000 pensiones por invalidez y ex Combatientes de Malvinas y sus grupos familiares, tal como se había acordado hace varios años. Y cansados de reclamar, sin obtener respuesta, una deuda que suma $ 300 millones, el PAMI decidió dar de baja al convenio, comunicando tal decisión a los prestadores. Ante esta situación, por falta de pagos, muchos prestadores, como médicos o clínicas, dejaron de atender a todas esas familias.
 
 La situación más crítica es la de 4.000 discapacitados, muchos de los cuales están internados en geriátricos, y no pueden ser enviados a sus casas porque no tienen familiares o las familias no disponen de la estructura para atenderlos.
 
Ayer, sorpresivamente, el Instituto de Jubilados y Pensionados dio a conocer un comunicado de prensa donde “desmiente cambios en la atención de afiliados con pensiones no contributivas”, cuando hasta hoy ningún medio había informado esa situación. Lo que pasó es que ante las consultas de Clarín , el PAMI decidió adelantarse o “atajarse” para aminorar la gravedad por la que atraviesan esas 90.000 familias. La decisión está plasmada en la Resolución N° 546 firmada por Luciano Di Cesare, director ejecutivo del PAMI a fines de mayo pasado.
 
Allí se dice que por un acuerdo de vieja data, el Ministerio de Salud acordó tomar a su cargo “los gastos derivados de la atención de las prestaciones médicas” de las pensiones no contributivas por invalidez otorgadas antes de enero de 1999 y de los ex Combatientes de Malvinas. Y a tal fin se fijaron los distintos valores a transferir al PAMI de acuerdo a la patología o tipo de atención médica.
 
Sobre esa base, el PAMI, a su vez, celebró convenios con médicos, laboratorios, clínicas y geriátricos para la atención de esos beneficiarios.
 
Sin embargo, desde fines del año pasado, el Ministerio de Salud no le fue pagando al PAMI lo comprometido. Y que a pesar de los “diversos reclamos” formulados “mediante notas y otras comunicaciones”, y reuniones convocadas para tratar el asunto, no hubo respuestas de Salud.
 
Todo esto, según el PAMI, se agravó porque “en el último tiempo además de la deuda creciente se generaron problemas judiciales a partir de reclamos de prestadores contra el PAMI por el atraso por parte del Ministerio”, según consta en la resolución N° 246.
 
Ahora, y “habiendo agotado todas las instancias de diálogo posibles por incumplimiento” del convenio “por exclusiva culpa de la contraparte” (Ministerio de Salud), Di Cesare resolvió denunciar el convenio, instruir a la Gerencia Jurídica del PAMI para que reclame por vía administrativa y judicial lo adeudado por el Ministerio de Salud e informar de tal decisión a los “prestadores involucrados”.
 
Según el comunicado del PAMI, la denuncia del convenio “no implica la inmediata rescisión de los acuerdos sino que representa el paso previo a todas las acciones administrativas y judiciales que el Instituto está obligado a impulsar en virtud de los reiterados incumplimientos por parte del Ministerio de Salud”. Y agrega: “Lo que debe quedar claro es que se deberá mantener por parte de los prestadores la operatoria actual hasta la notificación de un nuevo convenio o de la decisión judicial que en definitiva recaiga para el caso de no arribar a un acuerdo con dicha cartera.
 
Sin embargo, ante la falta de pago, muchos prestadores no quieren seguir atendiendo a esos beneficiarios. Por eso, según los prestadores, “para  los afiliados y sus familias, esto significa la pérdida de toda la atención médica, como médicos de cabecera, clínicas, sanatorios, medicamentos, pañales,  así como otras prestaciones específicas como hogar, centros de día, escuelas, transporte. Y es más grave para las personas con discapacidad que residen en hogares, quienes en su gran mayoría no cuentan con una familia que se pueda hacer cargo, y presentan discapacidades severas y profundas que requieren asistencia permanente”.
 
También agregan que la Resolución del PAMI sólo comunica la rescisión del Convenio, nada establece sobre la situación de los afiliados, ni como se va a proceder a partir de ahora con la cobertura prestacional de los mismos. “Se rompe un Convenio que habla de la atención de las personas con discapacidad, pero nada se dice sobre quién va hacerse cargo a partir de ese momento”, le dijeron 

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