UNA BATALLA PERDIDA

La Pesificación, o la duhaldización de Cristina

En la mañana del domingo 10/06 Urgente24 distribuyó el siguiente contenido sobre la pesificación propuesta por Cristina Fernández, y su contenido sigue teniendo una gran actualidad. En ese momento la nota aludió a otra batalla perdida de Cristina (acababa de perder la de Daniel Reposo a la Procuración General). Pero ahora es necesario recordar que quien ensayó la pesificación fue Eduardo Duhalde, que luego la hizo asimétrica cuando incumplió su promesa de devolver dólares a quienes depositaron dólares, por un motivo similar a los de Cristina: incapacidad para atraerlos. En el caso del Frente para la Victoria, la Argentina es el único país de la región con semejante fuga de divisas desde hace 9 años excepto 2005. Sin duda, una mala praxis por la que debería pagar el kirchnerismo. Por lo tanto, aqui va nuevamente:

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Otra vez, por si no quedó claro: no hay pesificación posible con una inflación del 30% anual, y menos sin cláusula de ajuste/indexación ni intento de un menor desequilibrio fiscal.

No es un problema ideológico, esto es 1 + 1 = 2. 
 
No se puede exigir al público que atente contra su propio patrimonio. Es ridícula esa exigencia de parte del Frente para la Victoria.
 
A causa de la decisión política de persistir en ese intento, la economía escalará hacia el caos. Crecerá la impopularidad de Cristina Fernández de Kirchner, y el 2do. semestre se presenta de colapso.
 
Pero el Frente para la Victoria no lo quiere entender. No lo acepta. Inventa fantasmas, imagina conspiraciones, alucina enemigos. En verdad, un derrumbe de la Administración es algo secundaria, lo que importa es el perjuicio que se le provocará a millones de argentinos a causa de una dramática mezcla de ignorancia y tosudez irreflexiva.
 
Aqui algunos apuntes sobre la gran batalla (perdida) por la pesificación:
 
1. El nuevo Código Civil intentará instalar una pesificación 'optativa'.
 
 
"Con la reforma del Código Civil, el Gobierno nacional impulsa que todos los contratos en dólares se puedan pagar en su equivalente en pesos según la cotización oficial. Así, los acreedores no podrán exigir ni el billete físico ni negociar un precio que tenga en cuenta el del mercado paralelo.
 
Así lo dispone el proyecto de ley de reforma del Código Civil que el Gobierno nacional presentó el viernes en el Senado (ver aparte). Es uno de los pocos y más importantes cambios que introdujo al anteproyecto realizado por una comisión de 100 especialistas a pedido del propio Ejecutivo.
 
El proyecto dice que “si se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República (es decir, pesos), el deudor podrá liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal, de conformidad con la cotización oficial”. El anteproyecto original preveía seguir con el régimen actual, es decir, con el deber de pagar en dólares las deudas contraídas en dólares.
 
A su vez, el proyecto del Ejecutivo considera a las obligaciones pactadas en una moneda que no sea el peso argentino como de “dar cantidades de cosas” a diferencia de lo que el anteproyecto original, que las consideraba de “dar sumas de dinero”.
 
La gran diferencia es que, mientras las segundas sólo pueden cumplirse dando dinero y éste no tiene ningún sustituto; las primeras se cumplen entregando la cosa (en este caso, dólar) o dinero (pesos).
 
Con esta especie de “pesificación” optativa, el Ejecutivo nacional vuelve a un régimen similar al del Código Civil original y que luego la Ley de Convertibilidad lo cambió por el vigente. “Dará seguridad jurídica a quien contrate en dólares. Es una herramienta que va a usar el Estado para que no se desboquen las operaciones en dólares. El deudor va a tener de beneficio que el Estado tratará de que no se le escape mucho la cotización oficial. Los deudores son votos”, reflexionó el jurista Gustavo Vallespinos, uno de los integrantes de la comisión.
 
¿Cuáles? Si el Congreso aprueba el proyecto, se abrirá el debate sobre a qué obligaciones se aplicará. En principio, la ley es irretroactiva, es decir, no se aplica a situaciones anteriores a su vigencia. Es más, el artículo 7 dice que “las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución”.
 
Hay dos situaciones en las que no habría discusión: a los contratos que se celebren desde que rija la ley, se aplicará esta suerte de pesificación, mientras que a las deudas en dólares (obligaciones vencidas con anterioridad a la vigencia de la reforma pero aún no pagadas), deberán cumplirse en dólares.
 
El problema se originará en los contratos nacidos con anterioridad a la vigencia de la reforma pero con obligaciones que se devenguen con posterioridad. (...)".
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Horacio Verbitsky, desde Página/12, intenta participar del debate, ideologizando una cuestión que no admite ideologías. Acerca de la ignorancia en los temas de la economía que acumula el presidente del CELS ya se escribió bastante en Urgente24. El problema de Verbitsky es que insiste en promover grandes 'ensaladas' que ocultan, probablemente, una cierta debilidad por la gastronomía antes que por el periodismo económico:
 
"Las presiones de los sectores exportadores, tanto agropecuarios como industriales, por una devaluación, y de los financieros a favor de reanudar el ciclo del endeudamiento, son clásicos de la política aborigen. La negativa del gobierno, que rechaza ambas propuestas en defensa del valor del salario, es más novedosa. En cualquier caso, las ganancias extraordinarias para un pequeño grupo se pagarían con una nueva hecatombe para las mayorías, como ocurrió con fatídica regularidad, no menos de una vez por década, desde el Rodrigazo de 1975 hasta la devaluación de 2002. (...)
 
El libro póstumo del economista Daniel Azpiazu Concentración y extranjerización. La Argentina en la posconvertibilidad describe los efectos de esos dos procesos convergentes sobre la economía y la sociedad. El trabajo, escrito en colaboración con los sociólogos Martín Schorr y Pablo Manzanelli, señala que la enorme concentración producida a partir del menemismo determinó que en 2009 las 200 firmas de mayor facturación (salvo agropecuarias y financieras) hayan tenido un saldo comercial favorable de 27 mil millones de dólares, mientras que el resto de la economía arrojó un déficit de 10 mil millones.“ (...)
 
En su segundo mandato, CFK ha adoptado una serie de medidas para modificar esta situación, como la elevación de los aranceles para la importación de bienes de capital, y la expropiación de YPF como insignia. Pero la eliminación de los privilegios concedidos a los inversores extranjeros asoma en el horizonte como un paso inevitable, para seguir haciendo de la necesidad virtud."
 
 
 
"El Gobierno se alista para dar una batalla estratégica: avanzar en la pesificación de la economía doméstica. Ese es el objetivo sensible, en un contexto turbulento, que le trazó la Presidenta a su equipo de colaboradores. Estos, con diferentes visiones, trabajan en más medidas para desalentar el uso de dólares.
 
Los funcionarios analizan reglamentaciones y controles específicos enfocados al mercado inmobiliario. Por ahora, sin embargo, no logra consenso la idea de promover un proyecto de ley para establecer el uso obligatorio de la moneda nacional en contratos, según confiaron a LA NACION fuentes oficiales. Todavía está en estudio la herramienta formal que permitiría alcanzar la meta fijada, pero ya está tomada la decisión política.
 
En simultáneo, y como parte del mismo plan, el rumbo del cerrojo a la compra de dólares produce grietas en el interior del Gabinete.
 
En la práctica, hoy el grifo apenas se abre con cuentagotas para pagos a importaciones autorizadas y viajeros al exterior.
 
Cristina Kirchner se recostó hasta ahora en los consejos del ala dura, cuya premisa máxima es no volver a autorizar la adquisición de divisas para ahorro. Esa postura la encarna, casi en soledad, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray. Se trata, justamente, del funcionario que conoce al dedillo los ingresos y egresos de la caja, maneja cruces de datos clave y, además, ejerce poder de policía sobre la informalidad.
 
Otro sector, cada vez más populoso, prefiere flexibilizar de manera gradual el cepo. Allí se anotan el ministro de Economía, Hernán Lorenzino; el secretario de Política Económica, Axel Kicillof; la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. e, incluso, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
 
En los últimos días se evaluó levantar la prohibición a casos excepcionales, a través de resoluciones, como aquellas personas que necesiten "atesorar" para solventar un tratamiento médico en otro país. Serían retoques mínimos y con el propósito de atender situaciones específicas.
 
La única decisión que se preocupan por aclarar los principales funcionarios es que de ningún modo se pretende pesificar las cuentas y depósitos en divisas. (...)".
 
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"(...) —Es éste, en muchos aspectos, un momento de incertidumbre económica. ¿Se debe particularmente al bloqueo de la compra de dólares, o a las consecuencias que no deja de traer?
 
—La compra de dólares es algo así como la fiebre. La fiebre no es necesariamente la enfermedad. La enfermedad es otra. La fiebre es su manifestación. Y, en este caso, ¿la manifestación de qué? Bueno, yo diría que es la manifestación de una economía en la que ya no hay superávit fiscal en la caja (en pesos) del Gobierno. Ni tampoco de la Nación o de las provincias, que están en una situación muy compleja. Ya no hay tampoco dinero. Hay déficit en la cuenta corriente, que viene a ser la caja en dólares del país. De manera tal que empieza a emerger una serie de problemas que se han ido generando a partir sobre todo del año 2007, y que la sociedad no percibía. La sociedad no tiene por qué comprender técnicamente ciertas cosas, pero ahora los problemas emergen. Y cuando esto ocurre, la gente tiene memoria. Recuerda que, en los últimos veinte años, en tres oportunidades los depósitos –de alguna manera– fueron tomados. Me refiero a 1982, 1991 y a la crisis de 2001. Entonces, ante la emergencia de los problemas, la gente dice: “Han pasado diez años, ¿volverá a ocurrir algo similar?”, y empieza a reaccionar de una manera totalmente lógica y racional, tratando de proteger lo que seguramente le ha costado mucho trabajo ganar.
 
—¿Y qué debería modificarse para cambiar una cultura-dólar por una cultura-peso? ¿O no habría que modificar nada?
 
No se puede borrar la historia. Uno no puede pretender que los argentinos no se acuerden. No se puede intentar esto con un lavado de cabeza. Las cosas que han ocurrido en el pasado reciente, por ejemplo. Cuando uno tiene que hacer política económica también tiene que incorporar los datos de la realidad histórica. Saber y entender cómo va a reaccionar la sociedad. Por ejemplo, saber que la sociedad argentina reacciona de una manera mucho más compleja que la sociedad brasilera, donde seguramente hablar en dólares es algo muy poco corriente. Es más: le diría que, si a veces uno quiere pagar allí en dólares, se los rechazan. Bueno, las sociedades son distintas. Como también la sociedad francesa es totalmente diferente de la sociedad alemana. En estos casos no se puede hacer exactamente la misma política económica, porque las reacciones de la gente, en función del pasado y en función de su historia, son diferentes. Pretender en Argentina que, por la vía de un discurso, vayan a pesificarse los ahorros es un absurdo. La gente sólo va a reaccionar manteniendo pesos si el nivel del confianza aumenta. De hecho, en los últimos años no ha habido dolarización porque la gente todavía mantenía un cierto grado de confianza; la economía crecía y demás. Cuando advierte que han estado ocurriendo cosas (como este déficit del que hablábamos) que muestran que había desequilibrios profundos, la gente, en previsión, comienza a volver al refugio habitual, que es el dólar. En todo caso, aquí hay que cambiar los comportamientos de los que hacen política económica, ya que su función central es generar confianza en la población.
 
—Hemos leído en “The Economist” que faltaban dólares en caja, y que por eso se han tomado estas medidas. ¿Es cierto?
 
—Sí, efectivamente. El superávit fiscal en la cuenta en pesos ya se perdió en el año 2009; a partir de allí hay déficit. Y el superávit que había en la cuenta en dólares se perdió a partir del año pasado. Esa cuenta está muy afectada por un gran fracaso de esta administración. Me refiero a la política energética: Argentina era un país que tenía autosuficiencia, e incluso era exportador de energía. Ahora hemos empezado, ya desde hace un año y medio, a ser netos importadores, y se prevé que este año habrá que usar entre 11 mil y 12 mil millones de dólares para comprar gas.
 
—¿Los barcos de gas?
 
—Sí. Y el petróleo y la energía eléctrica también, ya que hay interconexión con Brasil y con Uruguay, que también venden energía eléctrica. En efecto, la caja en dólares está en situación de déficit y hace que algunos crean que la solución es un control policial. Y la verdad es que eso, en general, dura muy poco. Incluso exacerba la desconfianza que el ciudadano tiene que tener. (...)".
 
 
A propósito de Lavagna, administrador de la Economía durante el auge del 'modelo', es interesante recordar un texto de Economía & Regiones:
 
"En la actualidad las condiciones macroeconómicas son diametralmente opuestas a las que existieron en la época del crecimiento a “tasas Chinas”. El aumento del nivel general de precios minorista se ubicaría entre el 25 y el 30% anual; ocho veces más  que en 2003 (3.7%). El dólar, medido en términos reales (descontando la inflación acumulada) vale hoy la mitad que en 2003 (1.1 contra 2.1 pesos). 
 
La industria doméstica perdió protección y dejó de crecer en los primeros meses de este año. La percepción de atraso cambiario con alta inflación genera una fuerte fuga de capitales, que sólo es detenida con la prohibición de comprar dólares (“corralito verde”).
 
Sin embargo, la fuerte intervención oficial genera un desdoblamiento del tipo de cambio con una brecha que en la actualidad asciende a 35%. En este marco, las expectativas de depreciación aumentan y potencian las proyecciones de aceleración inflacionaria. El círculo vicioso y la caída del consumo y la inversión se potencian. 
 
De esta manera, la construcción (otro puntal del modelo) también se enfría y el nivel de actividad general se desacelera.
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Este deterioro del crecimiento ya se siente en la recaudación, que en mayo creció nominalmente al 20%, suponiendo una caída en términos reales cuando descontamos la inflación. Las finanzas del Sector Público Nacional se deterioran y el déficit primario nacional ascendería ya al 1.0% del PBI en 2012. Este deterioro fiscal se traslada y acrecienta en la esfera provincial, que a nivel consolidado tendría un resultado global negativo del 1.4% del PBI.
 
Paralelamente, el mundo juega a favor con mucha menos fuerza que en los años anteriores. Este comportamiento del mundo sumado a la fuga de capitales doméstica conduce a un déficit del sector externo y pérdida de reservas, que se busca minimizar con las trabas comerciales. En pocas palabras, ya no hay superávit fiscal ni de cuenta corriente, por lo que el BCRA no acumula más reservas. Para peor, se financia al Tesoro con emisión y se paga deuda con reservas, deteriorando la relación reservas / base monetaria, que cayó 63 puntos porcentuales entre 2009 (149%) y 2012 (86%).
 
Una tasa de crecimiento en torno al 2% podría ponernos enfrente del mayor riesgo: la suba de la tasa de desempleo. Un aumento del desempleo con alta inflación conduciría a una caída del salario real y a un menor nivel de actividad, retroalimentando el círculo vicioso.
 
En pocas palabras, el “modelo” ya no tiene las condiciones macro que lo sustentaron originalmente. Es imperioso atacar la inflación e implementar políticas económicas más parecidas a los que se aplican en Brasil; Uruguay y Chile, que piensan más en un crecimiento sustentable de largo plazo que en maximizar el crecimiento presente."
 
 
 
"(...) La otra manifestación de gran descontento surgió a partir del cacerolazo del jueves, con 4 mil personas en la Plaza de Mayo y en simultáneo con el anuncio de la declinación de Reposo. Esta situación tiene dos aristas: la descalificación que se hace desde el Gobierno del estatus de la gente preocupada por el dólar, como si las protestas callejeras tuviesen un rango de tolerancia mayor si provienen estratos sociales más bajos y el ocultamiento oficial de la situación. ¿Por qué las protestas que vienen del norte le duelen más al Gobierno que las que vienen del sur? ¿Hay dos tipos de leyes al respecto? ¿Hay piqueteros de primera y otros de segunda? ¿Por qué se habla de desestabilización sólo en estos casos? Y como hay tantos preconceptos, para evitar que el malhumor se expanda y la novedad se difunda, lo mejor es ignorar la situación. (...)".
 
 
Acerca de la confusión en la Administración Cristina, Néstor Scibona escribió en el diario La Nación:
 
"(...) Sobre un total de 15 ministros nacionales, más de la mitad tiene mayor o menor competencia en la economía, al igual que casi dos docenas de secretarios de Estado y los titulares de organismos clave como el Banco Central o la AFIP.
 
Sin embargo, no hay ningún ministro que coordine, compatibilice y comunique decisiones de política económica, ni mucho menos que rinda cuenta de sus resultados. Tampoco hay reuniones formales de Gabinete. Todo pasa por la aprobación o desaprobación de Cristina Kirchner. La Presidenta sigue prefiriendo la cadena nacional y el tono épico para realizar anuncios trascendentes o intrascendentes y el Boletín Oficial cuando se trata de medidas intrincadas que afectan a los mercados.
 
Más extraño aún resulta que, mientras otra vez hay que hacer memoria para recordar quién es el ministro de Economía (Hernán Lorenzino), la mayor influencia en las decisiones del área corresponde a dos virtuales "superministros" que, al menos en el organigrama, son sus subordinados: los secretarios Guillermo Moreno y Axel Kicillof. Estos, a su vez, no profesan el mismo credo económico, aunque comparten la visión de considerar a empresas y empresarios potenciales enemigos. El polémico secretario de Comercio Interior ganó su fama por anteponer la práctica a la teoría -y su desprecio por las formas- cada vez que debe acometer problemas urgentes, aunque después no se haga cargo de sus consecuencias. A la inversa, el secretario de Política Económica -quien está realizando un curso acelerado de gestión pública- suele privilegiar teorías de su formación académica, sin haber tenido oportunidad aún de demostrar su efectividad o no en la práctica. Más que complementarse, suelen discrepar en cuestiones de fondo. Quizás el único punto en común sea el anacronismo ideológico en la forma de actuar de uno y de diagnosticar del otro.
 
En este peculiar universo oficial hay figuras ascendentes a costa del descenso de otras, por decisiones de la propia CFK. Entre los primeros se destacan Florencio Randazzo, quien ahora capitanea un inédito Ministerio del Interior y Transporte, y Ricardo Echegaray en el manejo del mercado cambiario oficial -que sólo en los papeles se denomina único y libre- y donde la AFIP subordinó al BCRA e incluso al Ministerio de Turismo. También Beatriz Paglieri, ad later de Moreno en la Secretaría de Comercio Exterior, monopoliza permisos de importación que hasta hace unos meses correspondían al Ministerio de Industria y medidas discrecionales que luego debe justificar la Cancillería. Kicillof pasó además a ser juez y parte de la política energética como director estatal de la "nueva" YPF, mientras jóvenes funcionarios de La Cámpora acaban de desembarcar en puestos clave de Cammesa y Enarsa.
 
De más está decir que este mayor protagonismo de algunos es inversamente proporcional al de otros funcionarios que han ido perdiendo gravitación como Julio De Vido, Mercedes Marcó del Pont, el propio Lorenzino, Débora Giorgi, Héctor Timerman, Enrique Meyer, o los secretarios Daniel Cameron (Energía) y Alejandro Ramos (Transporte). Tampoco los ministros Carlos Tomada (Trabajo) ni Norberto Yauhar (Agricultura) homologan paritarias o negocian con dirigentes agropecuarios sin decisión previa de CFK. (...)".
 
 
 
"(...) Según una encuesta de la consultora Management & Fit, a seis meses de la asunción de su segundo mandato, algo más de la mitad de la gente desaprueba la gestión y su imagen personal “buena” cayó 25 puntos.
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¿Usted aprueba o desaprueba la forma en que Cristina está conduciendo el gobierno nacional? Esa pregunta se la hicieron entre el sábado 1° y el miércoles pasado a 1.626 personas mayores de 18 años, en la Capital Federal, el Gran Buenos Aires, norte y sur del país.
 
El 50,4% respondió que desaprobaba; el 42,1% se mostró a favor de la gestión y el 7,5% entró en el rubro “no sabe/no contesta”. En octubre pasado, antes que empezaran las restricciones al dólar, la desaprobación era de casi la mitad, 29,4%. Y, en cambio, a favor de la gestión estaba el 64,1%.
 
Más allá de la imagen de la gestión del Gobierno, la de la propia Presidenta resultó igualmente afectada. De acuerdo con la medición, en setiembre, Cristina tenía una imagen “buena” del 64,1%; en junio, del 38,9. En el mismo período, su imagen “mala” pasó de 18,2 a 34,2 por ciento.
 
La caída tiene una correlación con las perspectivas económicas. La consultora le preguntó a la gente cómo cree que estará su situación económica en los próximos meses.
 
El 45% contestó “peor” , el 39,7% dijo que será “igual” y apenas el 13,5% se inclinó por la posibilidad que el futuro sea “mejor”. Según el trabajo de Management, los que se muestran más escépticos son los mayores de 55 años y los de nivel educativo bajo.
 
Los números son aún más categóricos cuando la consulta no se relaciona con la situación personal sino con el estado general del país.
 
El 58,8% considera que la coyuntura será “peor ” y sólo el 14,7% contesta que a la Argentina le irá “mejor” en términos económicos. En cambio, el 24,5% piensa que el país estará “igual”.
 
Las cuestiones que más inquietan a los argentinos, siempre relacionados con el tema económico, son encabezadas por el desempleo con el 46,4%.
 
Detrás aparece la inflación, con el 30,3%; en tercer lugar la suba del dólar con el 10,3%, y en cuarto escalafón, los aumentos salariales, con el 6,1%.
 
Además de la inflación y la caída de la actividad comercial, los encuestadores consideran fundamental para analizar la caída de la imagen las restricciones a la compra de dólares. Esa fue una de las preguntas que se hicieron en el muestreo.
 
El 59,8% de los entrevistados se mostró “en desacuerdo” con la medida; el 21% dijo estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo” y apenas el 13,6% se exhibió plenamente “de acuerdo”. Proporcionalmente, más hombres están de acuerdo con la medida, mientras que más personas de nivel educativo alto están en desacuerdo con la restricción.
 
¿Cuál es la razón de las restricciones? El 16,5% de la gente cree que es “para acumular dólares para pagar la deuda externa” y el 14,2% para “cambiar la cultura argentina de ahorrar en moneda extranjera”. En cambio, el 11,2% dice que es para “controlar la inflación”."

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