$ 6.500 millones del Banco Ciudad, eje de discusión en el Congreso

$ 6.500 millones es la cifra que surge de los depósitos judiciales que el kirchnerismo quiere traspasar del Banco Ciudad al Banco de la Nación Argentina. El Frente Amplio Progresista (FAP) y el Colegio de Abogados porteños, se oponen.

El proyecto presentado por la diputada Diana Conti que avanza sobre la idea de que los aportes generados de causas de la Justicia Federal en el ámbito porteño dejen de hacerse en el Banco Ciudad, y pase al Nación, sigue siendo eje de la polémica entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad en el Congreso de la Nación.

Por tal motivo el titular del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Federico Sturzenegger, se hará presente este martes 12/06 en el Congreso para oponerse a la iniciativa y asi evitar la desfinanciación de la entidad que preside.

Sturzenegger se hará presente ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que encabeza el riojano Jorge Yoma, y que también se opone a la iniciativa de Conti.

 El proyecto de la diputada Diana Conti propone que los aportes generados de causas de la Justicia Federal en el ámbito porteño dejen de hacerse en el Banco Ciudad, y pase al Nación. Son cerca de 6.500 millones de pesos al año.

La iniciativa, que reabre el debate sobre las competencias de la Nación y la Ciudad, propone derogar la ley 16.869 de 1965 que establece que todos los depósitos judiciales de los tribunales nacionales con asiento en la Capital Federal se efectúen en el Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires (hoy Banco Ciudad) y pasen a realizarse en el Banco Nación.

La norma, impulsada por Conti, modifica el artículo 2 de la ley 20.785, estableciendo que “en cuanto el estado de la causa lo permita, el dinero, títulos y valores secuestrados se depositarán, como pertenecientes a aquella, en el Banco de la Nación Argentina, sin perjuicio de disponerse, en cualquier estado de la causa, la entrega o transferencia de dichos bienes si procediere”.

Asimismo se dispone que “los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales en todo el país deberán hacerse en el Banco de la Nación Argentina. También deberán depositarse en el Banco de la Nación Argentina los fondos en moneda extranjera de los organismos del Estado Nacional, así como de las entidades o empresas que pertenezcan total o mayoritariamente al mismo, que transfieran al exterior o los mantengan depositados en él, cuando las casas del banco ya instaladas o que se instalen fuera del país puedan prestar el respectivo servicio”.

El proyecto despertó críticas en la Ciudad de Buenos Aires, por cuanto impide que el Banco Ciudad retenga a partir de ahora esos dineros. En efecto, el artículo 5 del proyecto señala puntualmente: “El Banco de la Ciudad de Buenos Aires transferirá al Banco de la Nación Argentina las cuentas correspondientes a todos los depósitos judiciales comprendidos en los artículos anteriores”.

En contraofensiva al proyecto de Diana Conti (FpV), los diputados del Frente Amplio Progresista Claudio Lozano, Liliana Parada y Victoria Donda presentaron una iniciativa de ley para mantener en el Banco Ciudad los depósitos judiciales de la Justicia Nacional Ordinaria con asiento en este distrito, y para que a su vez el Banco Nación trasfiera las cuentas que correspondan a la entidad porteña.

Lozano explicó que “el retiro de los fondos del Banco Ciudad sería ir en contra de la Constitución” porteña, y que “los trabajadores son rehenes de una disputa entre dos gobiernos”. “Esto no es distinto a la discusión sobre el subte, la basura o el nuevo ente metropolitano”, advirtió el diputado.

Asimismo, consideró “un disparate” e “impracticable” el proyecto de Conti, aunque aclaró que “esto no es para defender la gestión actual del Banco Ciudad”. Además, alertó que “no se está teniendo en cuenta la autarquía del Poder Judicial”.

En la misma línea, Parada consideró que los Gobiernos nacional y porteño “utilizan el tema de la autonomía según sus intereses” y que “detrás de esta disputa están los trabajadores de la Ciudad”. “El proyecto del Frente para la Victoria retrocede la situación”, dijo.

Donda se sumó al reclamo por la autonomía porteña y consideró que “lo que busca el Gobierno (nacional) es una política del vaciamiento del Banco”. También acompañó la conferencia de prensa la diputada Graciela Ocaña (Udeso).

El proyecto opositor, que también lleva las firmas de los diputados Victor De Gennaro, Graciela Iturraspe (Unidad Popular); Margarita Stolbizer, Gerardo Milman, Omar Duclós (Gen) y Elida Rasino (Partido Socialista), remarca la autonomía legislativa, judicial y administrativa de la que goza la Ciudad desde la reforma constitucional de 1994, y explica que en este proceso de transferencia judicial en marcha, sólo algunas competencias penales son las que se encuentran bajo la órbita del Poder Judicial de la Ciudad.

En efecto, en 1965, y con el fin de sostener la actividad crediticia del entonces Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 16.869 dispuso que los depósitos judiciales de los tribunales nacionales con asiento en la Capital Federal, a excepción de los civiles, se efectúen en esa entidad.

# Los abogados porteños se oponen

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se opone a la iniciativa.

Según puede leerse en un comunicado difundido por el CPACF, “es de público y notorio conocimiento el colapso de trámites en el que se encuentra el Banco Nación con ese fuero en exclusividad, por lo que de concretarse la concentración proyectada, directamente será imposible realizar trámite alguno, no ya con alguna comodidad y rapidez cosa que hoy ya no pasa (basta con visitar el segundo y tercer piso de la sucursal de la calle de Uruguay y Lavalle), sino para poder concretarlo, con el consiguiente perjuicio que sin duda alguna acarreará a los justiciables y a los abogados en la medida en que deberán perder días y horas en colas inhumanas para poder quizá acceder a su cuota alimentaria u honorarios, para poner meros ejemplos de la vida diaria”.

El Banco Nación no está en condiciones operativas ni técnicas para recibir semejante aluvión de trámites, por lo que el proyecto no sólo demuestra un gran desconocimiento de la realidad de dicha Entidad Bancaria en general y en particular de la conocida sucursal Tribunales, con la que todos los días deben lidiar los profesionales del derecho en la Capital Federal, sostienen desde el Colegio.

En este plano, la institución llama a que se reflexione antes de avanzar con el proyecto y que se comience inmediatamente con la puesta en condiciones tecnológicas y operativas de la entidad bancaria nacional “para ponerla en condiciones de recibir la enorme cantidad de trámites que se realizarán –de aprobarse el proyecto-, de modo de hacerlos en forma rápida, eficiente, digna y cómoda”.

"Por todo ello nuestra Institución exhorta a los señores diputados a que prime esa lógica por sobre la mera decisión política de avanzar alocadamente en desmedro de la calidad de vida y profesional de los usuarios del servicio de justicia de la Capital Federal", concluye el comunicado.
 

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