LA ANSES PAGA TODO MENOS SUS DEUDAS

Jubilados maltratados: Ni Cristina ni Bossio se hacen cargo de los abuelos

No es la primera vez que la Corte intima a la ANSeS. Y tal vez no sea la última. El conflicto se remonta a 2006 y persiste por la negativa del Gobierno nacional a actualizar los haberes de los jubilados, alegando que no hay fondos disponibles (pero utiliza fondos previsionales para otros fines). Ya hay unos 500 mil juicios. Si la Corte aceptara la demanda colectiva, la ANSeS debería aplicar los ajustes ordenados a todos los casos.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) No es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia intima a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) para que informe sobre el cumplimiento de juicios de jubilados y el destino de los fondos que administra. Y tal vez no sea la última.

Esta resolución se enmarca en un conflicto que viene desde hace años, a partir del 'Caso Badaro', luego del cual comenzaron a presentarse cada vez más juicios de jubilados en reclamo de actualización de sus haberes. Actualmente hay unos 500 mil juicios en trámite, lo que ha llevado al virtual colapso del fuero previsional, pues es imposible resolverlos al ritmo en que ingresan. A esto se agrega que la Anses solamente paga un pequeño porcentaje de las sentencias firmes, con lo cual va acumulando una deuda cada vez mayor en este sentido.

Esta situación ha llevado a la Defensoría del Pueblo a pedir que los criterios de la Corte se apliquen automáticamente a todos los jubilados -una 'acción colectiva'- para que el máximo tribunal dicte una sola sentencia que beneficie a todos los jubilados y que no se vean obligados a hacer juicio. Es en el marco de ese proceso que la Corte pidió hoy informes a la Anses. La demanda lleva 4 años.

La avalancha de juicios se debe a que el Gobierno, vía la ANSeS, no extiende a todos los jubilados la doctrina de la Corte Suprema en los casos Sánchez (1991-1995), Badaro (2002-2006), Gemelli (82% móvil para docentes) y tantos otros, y obliga a cada jubilado a iniciar un juicio individual. El Máximo Tribunal en varios fallos, como Badaro, se manifestó de manera categórica a favor de la movilidad salarial de las jubilaciones, pero sigue sin pronunciarse con relación a la demanda del Defensor del Pueblo que reclama que se extienda esas doctrinas a todos los jubilados.

¿Qué es el caso Badaro? En el año 2006, la Corte Suprema benefició a un jubilado que reclamó por la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos. Se trata de Adolfo Badaro, un ex conductor de buques que percibía más de $1000 de jubilación cuando estalló la convertibilidad. Desde ese momento y hasta diciembre de 2006, recibió un sólo aumento de 11%, contra una inflación del 91,2%, y una suba de los salarios de los trabajadores activos del 88,6%, según las estadísticas oficiales.

El máximo tribunal reconoció su derecho a una actualización de haberes que guarde relación con la evolución de los precios y de los sueldos de los trabajadores activos. En aquella oportunidad, ordenó el ajuste de la jubilación al 82% de la movilidad salarial.

Como esa resolución solo se aplica al jubilado Badaro, cada persona debe iniciar una causa en forma personal para que su haber sea actualizado según el fallo de la Corte y poder correr con la misma suerte.

Cabe recordar que el Congreso Nacional aprobó el año pasado una ley por la cual se restablecía el 82% móvil, pero la presidente Cristina Fernández vetó la norma bajo el argumento oficial de la incidencia negativa que podría tener en las arcas públicas el hacer frente al incremento que implicaba la medida.

[ pagebreak ]

Entonces, aún cuando la Corte, en el caso Badaro, se expidió favorablemente a los jubilados y les reconoció una movilidad del 88% para el período 2002/2006, obliga a cada retirado a iniciar una causa idéntica a otras miles que el tribunal ya resolvió en forma favorable al sector pasivo.

Además, aunque el jubilado obtenga una sentencia favorable, como la Anses no las cumple, tiene que iniciar un tercer juicio por ejecución de sentencias. Por eso, el tribunal pidió al ente previsional que informe cuántas sentencias falta cumplir.

El Gobierno alega que los fondos disponibles no bastan para afrontar obligaciones como las que crearía la generalización automática del fallo Badaro. Sin embargo, la legitimidad de dicho argumento se ve seriamente comprometida por la utilización arbitraria de los fondos previsionales para fines que nada tienen que ver con el servicio a los jubilados, como ser el plan de créditos para viviendas que anunció anoche Cristina Fernández.

Ya en mayo 2011, la Corte había intimado a la Anses para que informe cuántos jubilados están reclamando ante el organismo por un ajuste del haber inicial, por movilidad o por cualquier otro motivo; además del grado de demora en pagar los fallos judiciales, y cuál es el presupuesto que destinará para cancelar esas deudas.

"Nos está tapando una montaña de expedientes; dictamos muchísimas sentencias, pero la Anses no cumple ningún fallo. Es una vergüenza. Gastan el dinero de los jubilados en cualquier asunto menos en pagarles a los jubilados", se quejaban en un despacho del alto tribunal.

En el corazón de la Corte afirmaban entonces que "existe mucha preocupación por la situación de colapso de los tribunales previsionales -donde se acumulan casi 500.000 causas- y también por la demora de la Anses en pagar los juicios", incluso en los expedientes que tienen sentencia de la Cámara Nacional de la Seguridad Social y del propio alto tribunal.

En dicho acuerdo, los ministros de la Corte resolvieron hacer un detallado pedido de informes a la Anses para que el organismo transparente los números que, hasta entonces, nadie realmente conocía. "Queremos saber por qué no pagan y si hay algún motivo para no hacerlo", decían.

Cada mes ingresan en el organismo cerca de 10.000 nuevos juicios de jubilados, que se suman a una masa de casi medio millón de expedientes que atestan los tribunales previsionales. Y si bien la mayoría de los casos que resuelve la Justicia por año -unos veinte mil- terminan con sentencias favorables a los jubilados, la entidad que dirige Diego Bossio retacea los pagos durante muchos años y obliga al sector pasivo a iniciar nuevas demandas para ejecutar las sentencias.

Es más, el propio Bossio fue denunciado ante la justicia penal por ese motivo y la Cámara Federal revocó su sobreseimiento.

[ pagebreak ]

# Qué dijo Bossio

Tras ese pedido de informes, que la Anses presentó sobre el límite del vencimiento del plazo, el 7 de julio pasado, el propio Bossio pidió una audiencia con la Corte, que le fue concedida.

En agosto de 2011, el Máximo Tribunal recibió al titular de la Anses, quien explicó que el organismo no tiene recursos suficientes para cumplir con esos reclamos, ya que el costo de extender el fallo Badaro al resto de los jubilados representaría unos 14.000 millones de pesos anuales, más 28.000 millones de retroactivos por única vez. Aseguró que estos pagos pondrían a la ANSeS en situación de “riesgo institucional”.

Cabe recordar que abogados y organismos de Derechos Humanos ya han denunciado al Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA por la “violación” de los derechos de los jubilados. Para no ser sancionado, el Gobierno se comprometió a no apelar los fallos en temas sobre los que ya se hubiera expedido la Corte Suprema y desistir de las apelaciones. Pero los abogados denuncian que eso no se está cumpliendo y volvieron a denunciar al Gobierno ante la CIDH.

El Gobierno tampoco cumple un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación que ordenó a los organismos públicos que no rechacen los reclamos y no obliguen a la gente a ir a juicio “si existe jurisprudencia reiterada favorable a los reclamos de los interesados”.

Ya en diciembre 2010, el juez Luis Herrero, integrante de la Cámara Federal de la Seguridad Social, afirmó en diálogo con el CIJ que la situación del fuero era “gravísima” por la cantidad de demandas por reajustes jubilatorios que ingresan y que si no se llega a una solución colectiva, la situación no cambiará para el año próximo. Esto fue hace 2 años.

El problema del cúmulo de expedientes está generando atrasos y otras consecuencias”, expresó el magistrado. “La situación es gravísima y el origen de este problema es el incumplimiento por parte de ANSES de dos sentencias fundamentales de la Corte Suprema, el caso Sánchez y el caso Badaro”, agregó.

Según Herrero, “las sentencias Badaro y Sánchez son sentencias de clase, a pesar de que la Corte no lo haya dicho, y no se las haya considerado así. La clase afectada por la violación de esta garantía y protegida en esta sentencia individual –Badaro- es la que va a la ANSES a pedir la aplicación de ese antecedente y, ante la negativa, vuelve al fuero de la Seguridad Social y tiene que esperar 5 o 7 años para que un fallo le diga lo que la Corte ya dijo en el año 2007”.

[ pagebreak ]

La solución de este problema sería a través de una sentencia de la Corte Suprema parecida a Halabi, que de una solución definitiva y que condene a la ANSES a cumplir esos fallos en un plazo perentorio, bajo apercibimiento a su director ejecutivo de denuncia penal y de aplicarle una multa personal si incumple la sentencia”, agregó el juez.

“Habiéndose vetado el proyecto legislativo del 82 por ciento, no queda otra solución colectiva que una sentencia de esta naturaleza del Alto Tribunal de la Nación”, concluyó. “Mientras estemos dictando fallos individuales sobre un problema colectivo, el conflicto se va a ir agravando cada vez más”, advirtió el camarista.

Para el juez, “este año la situación llegó a su máxima gravedad, el año que viene creo que puede pasar exactamente lo mismo, porque los jubilados no van a dejar de demandar al Estado”. Ese año ya llegó y el conflicto sigue sin resolverse.

Dejá tu comentario