LICITACIÓN SUBE

Denunciaron penalmente a De Vido

La demanda es por los supuestos delitos de "violación de los deberes de funcionario público, negociación incompatible con la función pública y malversación de caudales públicos" en la licitación del sistema de boleto electrónico de transporte público SUBE.

 

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Un abogado denunció penalmente este martes (19/06) al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por los supuestos delitos de "violación de los deberes de funcionario público, negociación incompatible con la función pública y malversación de caudales públicos" en la licitación del sistema de boleto electrónico de transporte público SUBE.
 
La denuncia fue realizada por el abogado Jorge Luis Vitale, un hombre habituado a llevar a la justicia cuestiones que atañen a funcionarios públicos, quien reclamó que De Vido explique "las condiciones, forma y modo en que fuera adjudicada la licitación para auditar el SUBE".
 
La causa quedó radicada ante el juzgado federal número 12, a cargo del magistrado Sergio Torres, con la intervención del fiscal Luis Comparatore, y está registrada con el número 6.297/12.
 
Vitale admitió que fundamentó su denuncia en "publicaciones e investigaciones realizadas por el diario La Nación, Clarín y otros medios", así como un "proyecto de resolución impulsado en la Cámara de diputados por el PRO, Coalición Cívica y el Frente Peronista".
 
Según esas publicaciones, "la empresa contratada a los fines de ser controladora de SUBE se llama Global Infraestructure (GI) no tiene sede social en el país". GI "fue constituida recién en el año 2009, no tiene antecedentes técnicos, ni históricos", sostuvo Vitale.
 
Además, resaltó que al "momento de la adjudicación su pasivo era superior al activo, pudiéndose encontrar en una situación de convocatoria como así también tenía una infinidad de cheques sin fondo"
 
El diario La Nación publicó una investigación sobre la empresa británica que controla la SUBE, Global Infrastructure (GI), y aseguró que dicha compañía no tiene oficinas en Buenos Aires. En su supuesta casa matriz, en un pueblo inglés, funciona una peluquería. Nadie sabe dónde trabajan sus empleados extranjeros ni a qué se dedican, pero cobran en dólares. Su dueño alterna su estadía en el país, pero el Estado paga su trabajo como full-time.

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