DANIEL ASTORI PREOCUPADO

Uruguay debate sobre la libertad de expresión

"Hay que tener cuidado hasta dónde llevamos los límites", dijo el vicepresidente uruguayo Danilo Astori, tomando distancia de una iniciativa del propio ejecutivo. En tanto la entidad gremial empresaria Andebu se pronunció en contra del control oficial de los contenidos en los medios

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Daniel Astori, vicepresidente de Paraguay.

 

La Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) emitió un comunicado en el que acusa al gobierno de pretender desvirtuar la democracia, luego que representantes del gabinete anunciaran mayor control sobre los medios de comunicación.
 
“Cuando los gobiernos pretenden ejercer control sobre los medios y sus contenidos se produce una inversión del rol que corresponde a cada uno, desvirtuando la calidad democrática de la sociedad”, expresó el sindicato de los medios de radio y televisión.
 
2 de las 15 medidas incluidas en el documento “Estrategia por la vida y la convivencia” se refieren a medios de comunicación. Ambas serán implementadas por decreto del Poder Ejecutivo. 
 
La 1ra. establece que se incorporará a los informativos y programas periodísticos a la normativa que regula el horario de protección al menor. 
 
La 2da. determina que el Ejecutivo promoverá la autorregulación de los medios de comunicación en manejo de informaciones referidas a seguridad y violencia.
 
Ambas medidas fueron criticadas por Andebu, que en el comunicado expresa su confianza “en que no prosperen mecanismos impuestos por el gobierno destinados a controlar la libertad de programación, el funcionamiento e independencia de los medios, afectando asimismo el derecho de nuestra sociedad de elegir libremente los contenidos informativos, culturales y recreativos que ella considere más apropiados para satisfacer sus propias necesidades y preferencias”.
 
Informativos no serán excepción
 
El decreto 445 del 05/07/1988, que fija el horario de protección al menor en todos los canales de televisión, establece en su artículo 4to. una excepción para “los programas deportivos, de contenido político e informativos”.  
 
“No hay ningún fundamento que justifique eso”, dijo Daniel Olesker, ministro de Desarrollo Social, en la conferencia de prensa del jueves, cuando presentó la medida. La resolución 800 de 1988 del directorio del Iname (hoy INAU) especifica que durante el horario de protección al menor, que se extiende desde la apertura diaria de los canales hasta la hora 21.30, “no se podrán emitir escenas o imágenes de violencia extrema, pornografía, drogadicción o que exalten actos contrarios a la moral y a las buenas costumbres”.
 
Andebu recuerda en su comunicado de prensa que desde 1992 se rige por una Declaración de Principios. En esa declaración explicita la defensa del autocontrol y cuestiona la injerencia estatal. 
 
“La vigilancia del cumplimiento de estos principios se ejercerá por la acción de los propios radiodifusores, a cuyo fin se comete al Consejo Superior de Andebu, la creación de los instrumentos y mecanismos más adecuados, previniendo así la intervención de la autoridad pública, la cual debe estar reservada para las violaciones a la ley penal”, dice la declaración de principios en su numeral 18.
 
Los puntos 12, 13 y 14 se refieren al tratamiento de información referido a sexualidad, violencia y drogas. De esta manera, advierte que la propuesta de autorregulación no tiene sentido, puesto que ya existe un documento destinado a tal fin desde hace 2 décadas.
  
 
"El vicepresidente Danilo Astori admitió ayer que la regulación de contenidos de los medios de comunicación puede "limitar la libertad de expresión". Astori es partidario que el Parlamento mejore los proyectos sobre seguridad anunciados.
 
Una perspectiva diferente dentro del gobierno fue la que mostró ayer el vicepresidente Danilo Astori, sobre la iniciativa para incluir los contenidos de los informativos dentro de las normas sobre protección al menor. En una charla informal, sostenida luego de una entrevista con varios medios en el Palacio Legislativo, Astori comentó a El País que el anunciado decreto del Poder Ejecutivo para incluir a los informativos en el horario de protección al menor, "en los hechos es una limitante a la libertad de expresión".
 
"Hay que tener cuidado hasta dónde llevamos los límites", apuntó Astori.
Momentos antes, durante un mensaje que brindó en el Palacio Legislativo con motivo de la asunción de la comisión directiva del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, el vicepresidente había deslizado un mensaje en el mismo sentido: "hay que ser firmes defensores de la libertad de expresión, a todos los niveles".
 
Astori mostró disposición para discutir las medidas que pasarán por el Parlamento y dijo que habrá que escuchar a los interesados y analizar las distintas alternativas que ya están radicadas en el Poder Legislativo. De todos modos, pidió que haya "un plazo acotado" para el debate y manifestó que "ojalá" alguna de las medidas esté aprobada antes de fin de año.
 
"Alguna de estas medidas aún deben ser elaboradas. Esta es la iniciación de un debate. En algún caso el tratamiento parlamentario va a tener una duración importante porque hay que fundamentar, argumentar, escuchar a quienes discrepen y estudiar sus aportes", sostuvo Astori.
 
Insistió en que algunas medidas "deben ser afinadas y discutidas" por los legisladores. Astori dijo que el gobierno necesita escuchar las voces de los interesados para ver cómo se puede mejorar la propuesta que se hizo. Necesitamos la opinión y fundamentos del Poder Judicial también", agregó el vicepresidente.
 
En tanto, varios legisladores del Frente Amplio insisten en estudiar el proyecto sobre autocultivo de marihuana. Para Astori, "hay que analizar la mejor opción y escuchar las propuestas", dejando abierta la posibilidad de que la iniciativa sea modificada. "El criterio del mejoramiento hay que aplicarlo a todos los proyectos de ley que vengan", subrayó.
 
En tanto, la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay (Andebu) emitió un comunicado en el que cuestiona duramente el decreto que regulará el contenido de los informativos de televisión. "Cuando los gobiernos pretenden ejercer control sobre los medios y sus contenidos se produce una inversión del rol que corresponde a cada uno, desvirtuando la calidad democrática de la sociedad", afirmó.
 
Andebu recordó que en 1992 se adoptó una declaración de principios, con pautas y orientaciones para el desempeño de la actividad periodística, "en el entendido de que es a los responsables de los medios a quienes compete establecer los principios éticos que han de regular su actividad".
 
Por su parte, al instalarse ayer el nuevo Ejecutivo Nacional de Alianza Nacional, se emitió una declaración rechazando en general las medidas anunciadas por el gobierno. En lo que hace a los medios de comunicación, el sector que lidera el senador Jorge Larrañaga declaró el rechazo a la propuesta "tan peligrosa como ideológica: el control de contenidos de los medios que es una forma encubierta de censura estatal y de autocensura, de la cual se sabe cómo se empieza pero nunca cómo sigue".
 
Para Alianza Nacional, "la propuesta "es inconstitucional y peligrosa en términos democráticos y por ello nos enfrentaremos radicalmente a este límite político a la libertad de comunicación y expresión". (...)".
 
 
Acerca del contexto del debate, publicó el diario El Observador, de Montevideo:
 
"En el primer semestre del año el gobierno aún no logró aprobar ni una de las 50 prioridades legislativas que tenía para 2012. Y a partir del anuncio del pasado miércoles, unas cuantas más se sumarán al debate que desde ya se advierte extenso y engorroso.
 
Apenas anunciadas las 15 medidas de seguridad los legisladores oficialistas Alvaro Vega y Víctor Semproni advirtieron que el debate debía darse rápido y que los proyectos tendrían que estar en marcha antes de fin de año. El Poder Ejecutivo incluso advirtió a los diputados y senadores frenteamplistas que en diez días comenzaría a enviar los proyectos.
 
Pero con el atraso con el que viene la discusión de temas clave para el gobierno como la despenalización del aborto, la modificación en la ley de adopciones, la creación del Instituto Nacional de Educación (IUDE) o la regulación de la tenencia de armas, entre otros, es difícil imaginar que las nuevas iniciativas tengan pronta concreción.
 
Y si los parlamentarios logran superar las diferencias –internas y con la oposición– y apurar el debate, indefectiblemente las otras prioridades dejarán de serlo y muchos de los “compromisos 2012” que estableció el gobierno a principios de año deberán seguir esperando. 
Pero además el asunto excede la voluntad de los parlamentarios. En algunos de los puntos que el gobierno lanzó como parte de su estrategia para abordar la inseguridad existen vacíos y dudas que llevará tiempo bajar a tierra (ver recuadro). Por ahora, el debate se da sobre suposiciones. 
Nadie sabe
 
El Frente Amplio, a pesar de las diferencias que muchos de sus integrantes tienen con algunas propuestas concretas –en especial la que endurece penas a los menores infractores– evitó salir a plantear un debate duro. Esto se debe en parte a que el gobierno matizó entre estas medidas contrarias al discurso histórico de la izquierda, otras como el anuncio de legalizar la venta de marihuana, largamente reclamado por algunos sectores en la interna del FA. 
 
Pero también se debe a que nadie sabe bien de qué se trata en detalle lo que el gobierno está impulsando. Los parlamentarios no se han animado a opinar más allá de titulares porque no conocen a cabalidad lo que llegará a sus manos. 
A las dudas se suman las marchas y contramarchas en los anuncios, que comenzaron a aparecer el día previo del anuncio oficial de las medidas. Así se bajó del documento final la prevista regulación de los medios de comunicación, que incluía a las redes sociales y preveía controlar las imágenes que emiten los canales de televisión. Lo que quedó sobre la mesa fue incluir a los informativos en el horario de protección al menor, aunque aún no está definido cómo se controlará (ver página 8).
 
Y así, bajo la premisa de que el gobierno no quiere dar más detalles sobre los distintos proyectos a impulsar, prima la incertidumbre. Uno de los temas que generó más dudas es el de la legalización regulada de la venta de marihuana. Las preguntas sin respuesta sobre cómo se implementará el nuevo sistema por el cual se pretende que el Estado se haga cargo de su venta son innumerables, y parte de esa situación se debe a que el gobierno no consultó ni a los técnicos de la Junta Nacional de Drogas, ni al Ministerio de Salud Pública ni a la Brigada Antidrogas, entre otras cosas.
 
Es que además, el debate por la legalización no estaba previsto para incluirse en el paquete de medidas por la seguridad. Según dijo a El Observador el diputado Aníbal Pereyra (MPP), se anunciaría más adelante “para evitar lo que pasó”, sobre que la discusión pública se centrara en ese aspecto. El legislador criticó las “confesiones personales como la del secretario de Presidencia (Alberto Breccia, quien dijo que cuando fumó marihuana sintió ‘paz y alegría’)” que “no agregan nada”."

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