OFICIALISMO AL PALO

Intensas negociaciones con los policías amotinados

Cristina Fernández está abriendo demasiados frentes a la vez y le permite a Hugo Moyano convertirse en dirigente político, no solamente social, y esa es la vieja ambición del camionero. Es el statu-quo que siempre le negó Néstor Kirchner. Pero Cristina, para limar la convocatoria sindical, la politiza y sus voceros ubican junto a Moyano a Daniel Scioli, a la dirigencia gremial agropecuaria, al peronismo disidente, a la UCR... Y, de todos modos, nada ni nadie podrá convencer a los trabajadores que les están quitando demasiado dinero en concepto de Impuesto a las Ganancias, el nudo del reclamo. El impuesto a las Ganancias alcanza a unos 1,5 millón de trabajadores y aporta alrededor del 6,6% de la recaudación tributaria en la Argentina.

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El diálogo entre los representantes de los efectivos de la Policía poliviana, amotinados desde el jueves 21/06, y las autoridades del Gobierno de Evo Morales tropieza con varias dificultades para encontrar respuestas a las 5 principales demandas de los huelguistas.
 
Una marcha de esposas y policías de baja graduación (Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías (Anssclapol)) llegó hasta el Viceministerio de Gobierno, a las 18:00, y puso en riesgo una reunión que se realizaba entre los representantes de las partes.
 
Los amotinados elaboraron su petitorio en una reunión en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), y ratificada por el dirigente de la Asociación Nacional de Clases, Sargentos y Suboficiales (Anssclapol), Édgar Ramos.
 
Esa posición es compartida por sus camaradas, quienes desde el año pasado aseguran estar amordazados: “Esta norma afecta más a los miembros de la Policía de bajo rango y no así a los jefes”.
 
Solicitud uniformada:
 
> Salario. Piden que el salario mínimo de un policía "de base" o raso sea de Bs (bolivianos) 2.000 (US$ 289.4).
 
> Beneficio. Que la jubilación resulte con el 100% del sueldo ganado en el último año.
 
> Institución. Solicitan la creación de una defensoría de los policías a escala nacional.
 
> Norma. Exigen la abrogación del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional. (Segun los amotinados esa disposición les limita los derechos constitucionales de recibir un debido proceso y vulnera sus libertades ciudadanas). Se agrega el pedido de un compromiso gubernamental de no procesar a los efectivos amotinados a cambio de aplacar la protesta.
 
> Molestia. Reclaman la destitución del jefe nacional policial, Víctor Maldonado.
 
En los pasillos del Viceministerio de Régimen Interior, ambas partes –las esposas de los policías y la ministra de Comunicación, Amanda Dávila– afirmaron que había algunos consensos sobre 4 de los 5 puntos del pliego petitorio original.
 
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, con el apoyo del ministro de Economía, Luis Arce, explicó a la comisión negociadora de los amotinados, que su oferta era pagar 2 bonos adicionales (uno de Bs 400 -US$ 57,8-; y otro de Bs 200 -US$ 28,9-) al salario mínimo de Bs 1.445 (US$ 209,1), que recibe un policía de base.
 
Un grupo de policías encapuchados recordó a gritos que su pedido es una nivelación salarial y no el pago de un bono que no se computa en el trámite de jubilación.
 
“Yo he venido aquí a resolver un conflicto, no a planificar sanciones”, insistió Romero en varias oportunidades, a la hora de explicar que el Ejecutivo tiene la voluntad de modificar la normativa interna de los efectivos del orden, pero no de abrogarla.
 
“Falta pulir detalles. Luego habrá que llevar el preacuerdo a consulta con las bases”, aseguró Guadalupe Cárdenas, dirigente de las esposas de los uniformados, reconocida por los amotinados como la ‘defensora de los derechos del policía boliviano’. 
 
Cárdenas dijo que un tema ya excluído de la negociación fue el cambio del comandante nacional de la Policía, Víctor Maldonado.
 
La propuesta fue que la legislación vigente sea revisada en la Asamblea Legislativa para definir si vulnera la Constitución o los derechos del policía. Había preacuerdo sobre jubilación policial y la creación de la Defensoría del Policía, cuyo representante debería ser elegido por consenso, según la fuente consultada por este diario.
 
La mejor propuesta
 
Sin embargo, los encapuchados que marcharon en protesta insistieron en abrogar el Régimen Disciplinario de la Policía y no estar conformes solo con modificaciones. Los efectivos ratificaron a gritos el pedido de destitución de Maldonado, por no ser graduado de la academia policial. 
 
Precisamente, en pleno aniversario de su institución, los amotinados cambiaron la música festiva por una banda sonora de explosiones de petardos, y gritos de “¡Qué se vaya el tira!”, amenazando radicalizar sus protestas.
 
El coronel Víctor Maldonado, comandante general de la Policía, anunció que se abrirán procesos en contra de los uniformados de baja graduación que participan en el motín. “Se tomarán las medias que corresponden mediante las instancias respectivas”, fue el escueto mensaje.
 
El ministro Romero informó que se propuso a los uniformados un aumento de Bs 200 (US$ 28,9) al bono de Seguridad Ciudadana, al margen de efectivizar el incremento del 8% a los sueldos, que fue decretado el 01/05, a todos los policías bajo la modalidad inversamente proporcional.
 
El sueldo básico de cada agente es de Bs 1.446 bolivianos (US$ 209,2). A éste se sumarán los Bs 600 (US$ 86,8) del bono de Seguridad Ciudadana, con lo que el monto alcanzará a Bs 2.046 (US$ 296).
 
A ese monto debe añadirse la llamada "ración seca", que consiste en arroz, azúcar y harina, cuyo valor es de Bs 640 (US$ 92,6), pero que, a partir del eventual acuerdo que se firme con el sector, se duplicará, es decir, a Bs 1.280 (US$ 185,2).
 
El ministro de Economía, Luis Arce, considera que no es posible mejorar esta propuesta.
 
En un acto en Capinota, Cochabamba, el presidente Evo Morales sostuvo que el incremento propuesto a los policías es el más alto en la escala aprobada para la gestión 2012 y mayor al que se asignó a otros sectores. 
 
Además, existe el compromiso de aprobar una ley que obligue a los municipios con población mayor a 50.000 habitantes a destinar el 10% de sus ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para equipar unidades policiales.
 
El ministro Romero aclaró que la seguridad ciudadana está garantizada por un plan de contingencia, que consiste en la movilización de oficiales y cadetes, además del patrullaje de militares. También aseguró que los comandos departamentales disponen de efectivos para garantizar la seguridad de la población boliviana. Sin embargo, no precisó cómo se haría esa labor.
 
Apoyos y críticas
 
El jefe de la Bancada de senadores del MAS, Eugenio Rojas, convocó a los movimientos sociales a defender el proceso de cambio con una movilización prevista para hoy domingo 24/06 en la ciudad de La Paz. 
 
Según el legislador oficialista, el motín policial tiene otros propósitos, más allá del incremento de sueldos.
 
Los representantes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, anunciaron también movilizaciones en defensa del Presidente.
 
En cambio el partido de oposición Convergencia Nacional (CN) criticó la aprobación de la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía. 
 
“Apoyamos el planteamiento policial para que sean ellos mismos los actores fundamentales en la discusión y redacción de las leyes que vayan a reestructurar su accionar como institución”, afirmó un comunicado de Convergencia Nacional.
 
La diputada Norma Piérola (CN) aseguró que la Ley 101 tiene mecanismos inconstitucionales. “Es una norma mordaza para los efectivos policiales, donde hasta se les corta el derecho a expresarse”.
 
Y el Movimiento Sin Miedo (MSM) respaldó la protesta policial.
 
“La manipulación y partidización gubernamental de la Policía la ha convertido actualmente en una institución represiva”, afirmó un comunicado de esa agrupación.
 
La mañana del viernes 22/06 algunos de los agentes amotinados rompieron los vidrios de la Dirección General de Investigación Policial Interna (Digipi). Luego ingresaron al edificio y sacaron la documentación de los sumarios y le prendieron fuego, junto a las computadoras, los muebles y hasta las alfombras de ese recinto.
 
Aún no se cuenta con un reporte oficial para cuantificar los daños que fueron ocasionados por los policías en el edificio del Tribunal Disciplinario Policial, sin embargo hubo quema de computadoras y muebles de esa dependencia, y pérdida de la documentación de los procesos contra miembros de la institución.
 
Acciones violentas se repitieron en otras oficinas estatales como el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y el Comando General de la Policía, en el caso paceño. En otras regiones como en Cochabamba y Oruro, también se generaron destrozos en las oficinas policiales y en otras entidades estatales.
 
 

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