Italia despedirá a 1 de cada 10 empleados públicos, eliminará el 20% de los cargos directivos y reducirá a menos de la mitad el número de provincias —de 110 a 50—: ese ahorro evitará la subida de 2 puntos del IVA prevista para octubre —del 21% al 23%--, y permitirá crear un fondo para pagarle a 55.000 prejubilados afectados por la reforma previsional y se destinarán 2.500 millones de euros a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.
Antes de fin de año, se eliminarán 60 provincia creándose 10 nuevas “ciudades metropolitanas” —Roma, Turín, Milán, Venecia, Génova, Bolonia, Florencia, Bari, Nápoles y Reggio Calabria— para evitar la duplicidad de funciones.
Si bien no se cerrarán 216 pequeñas clínicas ni se eliminarán 18.000 camas hospitalarias, también se buscaráfrenar el derroche en el sistema de salud pública.
Hay que ahorrar 4.500 millones de aquí a fin de año, 10.500 millones en 2013 y 11.000 millones en 2014.
Según el decreto, los empleados públicos podrán ser puestos en “movilidad obligatoria”: a sus casas con el 80% del sueldo base, e incluso despedidos. Ahora existen 3,3 millones para un país de 60 millones de habitantes.
El decreto ley prevé la reducción de las transferencias, 700 millones de euros en 2012 y 1.000 millones en 2013. El recorte a cada una de ellas se decidirá en función “de la virtuosidad y el exceso de gasto de cada una de ellas”.
En cuanto a los municipios, dejarán de percibir 500 millones en 2012 y 2.000 millones en 2013. Queda fuera de los recortes la sanidad pública, después de que la filtración del primer borrador —que preveía el cierre de un buen número de pequeños hospitales— provocará una gran polémica.
Sí se eliminarán los coches oficiales, hasta en un 50%, porque de alguna forma representan los privilegios de la clase dirigente en tiempos de crisis.
El decreto establece asimismo la reducción de un 10% del plantel de las Fuerzas Armadas y una reorganización para hacer la Justicia más eficaz y menos costosa.
Se prevé la reducción o fusión de 37 tribunales y 38 fiscalías de menor entidad y se suprimen las 220 “secciones de destacamento” y las oficinas de 674 jueces de paz. El personal será reubicado con el objetivo, según la ministra, de dar mejor servicio al ciudadano. La excesiva y lenta burocracia judicial italiana es una de las quejas recurrentes de los usuarios.
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