EL FAMOSO CASO DE LOS HACKERS
Mi versión como procesado
La jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de 8 acusados en el marco de una causa por espionaje: Juan Bautista Yofre, Pablo Alfredo Carpintero, Héctor Guillermo Roberto Alderete, Carlos Orlando Pagni, Edgar Walter Mainhard, Roberto Ángel García, Néstor Carlos Ick y Daniel Manuel Reimundes. Asimismo, la magistrada ordenó trabar embargo con respecto a cada uno de los imputados sobre sus bienes y/o dinero. Si bien es malo hacer periodismo de periodistas, pero como el tema involucra exclusivamente a un integrante de Urgente24, él asume su explicación del asunto en primera persona.
Un caso que recién comienza. Hay muchas instancias todavía. Nada está firme. No vaya a ser que quienes esperaban que un periodista 'buchoneara' a sus fuentes, termine en un típico caso de 'el tiro por la culata'.
VALOR AGREGADO
por EDGAR MAINHARD
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). En una causa judicial promovida por la Secretaría de Inteligencia se dictó mi procesamiento por encubrimiento de una supuesta red de espionaje ilegal (el monopolio del espionaje legal pertenece al Estado, siempre que existan órdenes judiciales previas). Tal como lo declaré por escrito al Juzgado Federal interviniente, un periodista no le exige a sus fuentes más que información veraz, nunca las buchonea y asume las consecuencias.
De acuerdo a Su Señoría, yo tendría que haber denunciado que recibía correos obtenidos supuestamente en forma ilegal. Se equivocó Su Señoría: las fuentes son tan sagradas como la amistad. Yo decido, bajo mi responsabilidad, qué información doy y qué información no doy, pero un periodista siempre intenta obtener toda la información posible, y la única limitación es la veracidad.
De todos modos, en esta causa judicial existen algunas cuestiones muy interesantes que no han sido motivo de investigación en el tribunal de 1ra. instancia (Sandra Arroyo Salgado) pero sí pueden aparecer en las instancias de apelación. Es obvio que la magistrada ha tenido alguna forma de limitación en su investigación, cuyos motivos no estoy en condiciones de explicar pero sus alcanes se sospechan en ambientes tribunalicios.
Por ejemplo, es falso que ex agentes de inteligencia trabajaran por cuenta propia en el espionaje ilegal del correo electrónico de diversas personas. Si fuera cierto que existió lo que la Fiscalía concibe como una "pyme" destinada a comercializar intrusiones de correos electrónicos, eso no resuelve una cuestión mucho más importante que no ha sido abordada y que provoca enormes dudas sobre la actuación judicial en el caso. Para realizar las intrusiones, los ex agentes de inteligencia reportaban a sus superiores, recibían órdenes, contaban con aprobación o, al menos, tolerancia de sus jefes, una situación que puede convertirse en un búmeran para el propio gobierno del Frente para la Victoria. En todo caso, de ser cierto el punto de vista de la Fiscalía, corroborada por Su Señoría, la ilegalidad le cabe a todo el flujo informativo, por completo, no solamente al que, según la Fiscalía, fue comercializado.
Por lo tanto, la actuación de la Fiscalía fue incompleta, y complaciente hacia la Secretaría de Inteligencia, que intentó circunscribir el caso segun sus intereses.
El jefe inmediato de los agentes de inteligencia, segun parece, era un interventor de cierta fuerza de seguridad, hoy legislador provincial bonaerense, en reiteradas ocasiones vinculado al Centro de Estudios Legales y Sociales. Pero ese ex funcionario del Ejecutivo Nacional podría afirmar que, si bien los imputados se desempeñaban en su jurisdicción, reportaban directamente a su propio jefe, un ministro de la Nación, hoy día senador nacional.
¿Un ministro del Ejecutivo Nacional monitoreaba la actividad de esos ex agentes? Es más: ¿impartió órdenes ese funcionario a esos ex agentes? Nada de eso mereció algún interés en la 1ra. instancia judicial. Muy pobre el trabajo. Un fiscal demasiado preocupado por ordenar los procesamientos incumplió con su tarea más elemental: el conocimiento profundo de los hechos, prevaleciendo el relato trivial, frívolo, de la Secretaría de Inteligencia, involucrada en una reyerta interna del Frente para la Victoria que han resuelto fabricando responsables fuera del gobierno. Y la magistrada avaló la superficialidad.
¿Cuál era la competencia de ese funcionario del Ejecutivo Nacional, hoy senador nacional sabelotodo, para realizar ese supuesto monitoreo o bien el encargo de tareas a espaldas de la Secretaria de Inteligencia? Porque, tal como podría aparecer en la próxima instancia de Apelación, parece que la Secretaría de Inteligencia promovió la denuncia cuando comenzó a quedar en ridículo ante el entonces Presidente de la Nación -a quien habitualmente le presenta un informe cotidiano-, quien presumía de tener información más específica sobre ciertos temas.
Una cuestión muy importante consiste en la calificación de la información obtenida, que para la Secretaría de Inteligencia, la Fiscalía y la magistrada resultan "secreto de Estado". ¿A qué llaman "secreto de Estado"? Se ha aplicado con una liviandad extrema el concepto de "secreto de Estado" a cualquier dato, cualquier apreciación. Como imputado/procesado en la causa reconozco una extraordinaria frustración: hay una causa por violación de secretos de Estado y todavía no tomé conocimiento de alguna información relevante que pueda considerarse secreto de Estado.
La jueza Arroyo Salgado consideró que la seguridad nacional fue violada. Curiosa valoración de la magistrada de qué trata la seguridad nacional. ¿Que la Presidente de la Nación ordenara buscar a un embajador europeo porque precisaba un nuevo modelo de cinta para sus ejercicios físicos es una cuestión de seguridad nacional? Arroyo Salgado más bien ha cumplido con las expectativas del caso que tenía la Secretaría de Inteligencia, tal como lo asumió cada imputado hoy procesado, por lo cual cualquier defensa se entendió que debía hacerse en la instancia de apelación.
Desde el inicio de la causa, cuando los expedientes se suponían 'secretos' para los abogados de las defensas, había medios de comunicación, curiosamente todos kirchneristas, que decían tener acceso a la causa, a la vez que en la Fiscalía se dejaba en claro que los expedientes eran monitoreados por el integrante de la conducción de la Secretaría de Inteligencia vinculado hoy día a la familia de Nilda Garré.
De todos modos, para la instancia de la apelación, si se persiste en la cuestión del "secreto de Estado", podría imaginarse un supuesto como el siguiente: un Presidente ordena a su ministro que active a sus espías para que investiguen a su propia esposa, que se encuentra a punto de ser candidata, pero él quiere conocer el contenido del correo electrónico de su cónyuge (?):
Desde un punto de vista, la intrucción confidencial del Presidente a su ministro podría considerarse un secreto de Estado aún cuando se trate de un asunto privado familiar. Pero esa instrucción, en caso de probarse que alguna vez existió, es ilegal. En ese caso, quien lo difunda no estaría cometiendo un delito de violación del secreto de Estado sino un aporte a la Justicia para que investigue una acción ilegal amparada en la discrecionalidad y la impunidad que permiten los "secretos de Estado". Es muy importante a causa de lo que vendrá.
En fin, un caso que recién comienza. Hay muchas instancias todavía. Nada está firme. No vaya a ser que quienes esperaban que un periodista 'buchoneara' a sus fuentes, termine en un típico caso de 'el tiro por la culata'.