UN GOBERNADOR EN PROBLEMAS

Cristina va por De la Sota: Córdoba, un objetivo del 27/10

El Frente para la Victoria consideró que José Manuel De la Sota sufrió un desempeño muy preocupante el domingo 11/08 e intenta complicarlo mucho más el 27/10. El escándalo sobre narcotráfico, que incluyó la detención del comisario Rafael Sosa, el ex jefe de lucha contra las Drogas, y la impugnación acerca de cómo operaba el área antinarcóticos de la Policía de la Provincia, es un capítulo de la ofensiva contra un gobernador que tanto Cristina Fernández de Kirchner como Carlos Zannini -quien además es cordobés como De la Sota- creen que puede tener alguna trascendencia a la hora de reordenar el peronismo. Otro capítulo de la ofensiva se refirió a los graves incendios que afectaron a las sierras de Córdoba. La administración De la Sota contraatacó con el plan “Cura Brochero”, pero entonces la Presidenta viajó hasta Calamuchita. Una conclusión: "El aparato conceptual del gobierno se ha preparado para plantear batallas estratégicas contra la Nación, pero al precio de descuidar su retaguardia. El retiro del proyecto de aprobación parlamentaria de la Jefatura Anti Drogas es una muestra del desconcierto que produce el tener que abocarse a los temas estrictamente locales."

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Durísima ofensiva del Ejecutivo Nacional contra José Manuel De la Sota.
 
 
"El Gobierno nacional se metió de manera decidida en la campaña cordobesa en los últimos días, ante la mirada agradecida del kirchnerismo local y las protestas por Twitter del gobernador José Manuel de la Sota.
 
“Nos tocó, y espero que nos siga tocando”, dijo uno de los integrantes del equipo de campaña del Frente para la Victoria de Córdoba, ante 
el notable impulso que desde hace más de una semana el Gobierno nacional viene dando a los dos primeros candidatos kirchneristas a diputados, Carolina Scotto y Martín Gill.
 
Pocas veces en los últimos años tuvo tanta exposición pública un secretario de Políticas Universitarias de la Nación como la tuvo el ­villamariense Gill en la última semana: se lo mostró junto a Diego Bossio, titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) durante el anuncio de ayuda financiera a los afectados por los incendios; estuvo el ­jueves con la Presidenta en ­Yacanto y ayer encabezó la inauguración de la avenida 
de circunvalación en Leones.
 
Así como De la Sota lleva 
a Juan Schiaretti a todos los actos y el intendente Ramón Mestre hace lo mismo con ­Oscar Aguad y su hermano Diego, Cristina da participación especial a sus candidatos en las inauguraciones, y en 
los últimos días le tocó a los de Córdoba.
 
“Esperamos que siga así hasta las elecciones”, comen­taban los kirchneristas cordobeses ayer, en el Hospital de Clínicas, donde el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, firmó un convenio con el rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Francisco Tamarit. (...)".
 
 
Para demostrar que esa apreciación es correcta, el diario Página/12 decidió aplicar sal sobre las heridas, y Adolfo Ruiz entrevistó a Juan Francisco Viarnes, el personaje más citado en la caída de la cúpula policial y hasta el ministro de Seguridad provincial. Un fragmento de la entrevista:
 
"(...) –¿Cómo era la vinculación de esta banda con los narcotraficantes más pesados?
 
–Básicamente el mismo narco entrega el dato de otra persona a la que le van a poder allanar drogas. El trato es así: de la droga que secuestran los policías, informan la mitad y se quedan con la otra. De eso que se quedan, la mitad es para el narco que les pasó el dato, mientras el otro tipo va en cana. Pero aparte, el narco les paga a los altos jefes como Sosa una plata por mes que en ningún caso baja de 50 mil pesos.
 
–¿Esa plata se repartía en Drogas Peligrosas o había algo más?
 
–Desconozco si había repartijas con otras dependencias policiales. Mi conocimiento cabal es a partir de todos los procedimientos que yo sufrí de algún “modo privado de mi libertad”. Pero lo que sí había en todo esto eran las repartijas hacia arriba.
 
–¿Le constan esas repartijas hacia arriba?
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–Claro que me constan, pero no puedo darte detalles porque lo está investigando el fiscal.
 
–¿Pero usted le dio información al respecto?
 
–Claro. Yo sé cabal y positivamente que la plata no quedaba para Sosa nomás. Paredes tenía conocimiento de todo lo que sucedía. Todos ellos sabían lo que pasaba. Y si es así, tampoco puede estar en desconocimiento del gobernador de la provincia.
 
–¿Eso es una suposición o tiene conocimiento?
 
–Repito, es algo que se va a investigar.
 
–Por la respuesta, me da la impresión de que no está hablando de una simple suposición.
 
–Yo puedo decir un montón de cosas sobre eso. Pero no quiero hacerlo con la prensa porque se va a decir que es un caso político y yo no quiero que el fiscal siga teniendo problemas para investigar.
 
–¿No había algún grado de autonomía en el resto de la brigada?
 
–En general, no. Y esa modalidad de trabajo venía del anterior jefe, Mario Nieto, que obraba de la misma manera.
 
–¿Nieto tenía la misma forma de actuar?
 
–Exactamente la misma y por eso también está imputado. (...)".
 
 
La oposición a De la Sota aprovecha para hacerlo sufrir. 
 
 
"La presencia de funcionarios policiales vinculados con la D2, Benjamín Menéndez y el 141 ocupando cargos de conducción de la fuerza en los distintos gobiernos democráticos desde 1983 hasta la fecha es una muestra clara de esta continuidad. El poder político de Córdoba no asumió íntegramente el control de las fuerzas policiales en estos casi 30 años de democracia.
 
Especialistas mucho más preparados que quien escribe sostienen que esto es así porque el hombre de gobierno teme las posibles consecuencias de meterse con el aparato policial, y por eso en materia de seguridad el poder político ha quedado subordinado al poder policial, a sus planes, consejos y orientación. Y, agregamos nosotros, también porque la corrupción policial aportó y aporta recursos financieros a la mala política, para sostener campañas y candidaturas.
 
No alcanza con enviar o retirar proyectos de ley de la Legislatura: se debe permitir el debate. Las leyes de seguridad aprobadas en Córdoba fueron confeccionadas y explicadas a los legisladores por la misma autoridad policial que hoy es investigada. 
 
Los legisladores sólo accedemos a información oficial sobre índices de criminalidad cuando se los utiliza para generar alarma y justificar la aprobación de leyes “que no pueden esperar”. Los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo se aprueban sin aceptar cambios ni modificaciones. (...)".
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¿Qué está ocurriendo en Córdoba? Es interesante lo que apunta Pablo Esteban Dávila en el Diario Alfil:
 
"El gobierno que encabeza José Manuel de la Sota parece dormido. Una serie de eventos desafortunados, sucedidos en apenas tres semanas, han afectado su legendaria capacidad política. ¿Existen razones estructurales que expliquen esta situación? ¿Deberemos acostumbrarnos, en adelante, a un gobernador con reflejos disminuidos?
 
Algunos sostienen que sí. La explicación a la que recurren es simple y resultado de una aparente certeza empírica: los terceros mandatos nunca terminaron bien. Otros, en cambio, razonan que lo sucedido es producto de un gobierno que viene “haciendo la plancha” y que, por lo tanto, no se encuentra lo suficientemente alerta frente a los problemas que, inevitablemente, surgen en cualquier sociedad compleja.
 
Ambas definiciones tienen el encanto del determinismo –y el consecuente relevo del pensamiento crítico– pero no son necesariamente ciertas. Por el contrario, existen evidencias disponibles para cualquier analista que indican exactamente lo opuesto.
 
Comencemos por la primera afirmación, relativa a la decadencia de los terceros mandatos. Independientemente que algunos sucesos avalen la presunción (en Córdoba, el ejemplo recurrente es el período angelocista de 1991 a 1995), lo cierto es que hasta la “semana trágica” de los incendios y el escándalo policial, el gobernador mantenía intacta la iniciativa. Contra todo pronóstico, su pelea con la Nación no había generado ningún caos económico ni financiero (de hecho, la recaudación propia bate récords y ya nadie se acuerda de la Tasa Vial) y hasta pudo darse el gusto de mantener el linaje victorioso de Unión por Córdoba en las PASO, pese al desgaste tantas veces profetizado. A diferencia de sus dos primeras gestiones, en donde existieron sospechas de corrupción, su gobierno discurre ahora con llamativa comodidad y ningún problema serio había afectado al gabinete. A tal punto su situación política resultaba holgada que tuvo tiempo de mostrarse por todo el país –aún hoy lo hace– como uno de los opositores más consecuentes y decididos a Cristina Fernández. Va de suyo que nadie que estuviera en la decadencia de un tercer mandato podría haberse metido en una campaña presidencial con los favorables comentarios que, hasta el momento, ha cosechado De la Sota. (...)
 
Quizá el real problema que tenga el gobernador –y que subyace a estos hechos que, es una posibilidad, tal vez pronto sean olvidados– es que de realizar tantos esfuerzos por “luchar por los cordobeses” terminó por olvidarse de “luchar contra algunos cordobeses” o, más apropiadamente, contra algunas concepciones políticas arraigadas en buena parte de la sociedad que gobierna. Tómese, por ejemplo, el caso de la Terminal de Ómnibus. Luego de una licitación para renovar su concesión, y ante la mera sospecha que uno de los oferentes montaría un show judicial, decidió estatizarla, aún en contra de los principios que dice sostener. Hoy la Terminal languidece. Por temor a cualquier tipo de comparación con los ’90, optó por dejar a Caminos de las Sierras dentro del Estado, lo cual ya le ha traído dificultades. Ayer presenció en silencio una marcha de la izquierda en su contra, y ninguno de sus laderos pareció reaccionar en contra sus consignas (“De la Sota nunca más” era una de ellas; todo un despropósito). La central Pilar, manejada por la siempre ineficiente EPEC, parece afectada por graves problemas técnicos, pero nadie en el gobierno ofrece explicaciones, parte de las cuales deberían consistir en la necesidad de repensar como esta empresa brinda sus servicios. La Policía de Córdoba, una de las más razonables fuerzas de seguridad del país, se encuentra enlodada por una situación mal manejada desde el Ministerio de Seguridad y de la cual, por ahora, no existen más que sospechas.
 
En definitiva, el aparato conceptual del gobierno se ha preparado para plantear batallas estratégicas contra la Nación, pero al precio de descuidar su retaguardia. El retiro del proyecto de aprobación parlamentaria de la Jefatura Anti Drogas es una muestra del desconcierto que produce el tener que abocarse a los temas estrictamente locales. ¿Tiene remedio esta situación? Muy probablemente sí, pero requiere concentrar las fuerzas fronteras adentro y dar los debates que se necesiten. El “cordobesismo”, con las pruebas a la vista, no significa unanimidad social automática tras el Gobernador; algunas veces, es necesario precisar el alcance del término en el cuadrilátero de las ideas provinciales."

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