MARANHAO, TIERRA DE NADIE

Mucha opinion por el video y los decapitados pero tendrían que hablar de los Sarney

El salvajismo que se vive en la cárcel de Pedrinhas, en el estado de Maranhão (norte de Brasil), ha provocado las condenas de grupos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch y de organismos como Naciones Unidas, que pidió la "investigación inmediata, imparcial y efectiva de los hechos" de violencia en el presidio. La divulgación de un video en el que unos presos juegan con las cabezas de rivales decapitados, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Pero no es una casualidad que ocurra en Maranhão. Es la tierra de los Sarney, probablemente el rostro más preocupante de todo lo que Brasil quiere dejar atrás pero, curiosamente, los Sarney son aliados estrechos del Partido dos Trabalhadores en el poder. José Ribamar Ferreira de Araújo Costa, más conocido como José Sarney, presidente de su país en la 2da. mitad de los años '80 (ante el fallecimiento de Tancredo Neves), tiene 3 hijos (Roseana, Fernando y José) y controla el conglomerado Sistema Mirante de Comunicação, multimedios liderado por la Rede Mirante (afiliadas a la Rede Globo), 6 emisoras de radio (Radio Mirante AM e FM) y el periódico O Estado do Maranhão. La gobernadora Roseana llegó a ser precandidata a la presidencia de la República, por el Partido del Frente Liberal, pero tuvo que renunciar por escándalos de corrupción. Cuatro años después, En 2006, volvió a Maranhão para presentarse a las elecciones para gobernadora pero fue derrotada en 2da. vuelta por Jackson Lago, Sin embargo, en 2009 se convirtió en gobernadora tras la caída de Jackson por las investigaciones de fraude electoral en su campaña (?). Maranhão es tierra propicia para acontecimientos terribles.

Una cárcel construida para 1.700 personas alberga a 2.500. Un área que debería ser controlada por agentes penitenciarios es dominada por bandas criminales, que poseen teléfonos móviles de última generación e incluso armas. Vigilantes que deberían de impedir las irregularidades se abstienen y, en algunos casos, son fácilmente corrompidos. Todo eso ocurre en el complejo penitenciario de Pedrinhas, el más grande de Maranhão (al noreste de Brasil), pero podría muy bien ilustrar lo que ocurre en la inmensa mayoría de los 1.478 presidios del país.
 
La disputa entre facciones criminales del complejo penitenciario ya provocó la muerte de 62 presos en menos de un año e incontables violaciones de mujeres durante los días de visita. Desde su celda, los bandidos ordenan la violación de mujeres y hermanas de sus enemigos, incluso fuera de la prisión, a cambio de la vida. En las últimas semanas, las órdenes han llevado violencia a las calles. En São Luís, la capital de Maranhão, durante el fin de semana varios criminales recibieron órdenes de líderes de bandas que están presos para atacar comisarías e incendiar ómnibus. 
 
Una niña de 6 años falleció este martes 07/01 después de que el 95% de su cuerpo resultara quemado en uno de los incendios de ómnibus.
 
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Lo que sucede en Maranhão no es una novedad en el Brasil. El mismo complejo penitenciario de Pedrinhas ya enfrentó una rebelión en 2010 en la cual quedó evidente la situación. Una inspección del Consejo Nacional de Justicia de 2011 disparó las alertas de lo que podría ocurrir en el Estado.
 
El diario Folha de Sao Paulo difundió un escalofriante video grabado con un teléfono móvil en el que aparecen unos presos jugando con las cabezas cortadas de 3 rivales decapitados y celebran la "hazaña". La publicación del video de más de 2 minutos en la página web del diario, fue cuestionada por el Gobierno del estado de  Maranhão.
 
El violento video, grabado durante una revuelta sucedida poco antes de Navidad, corrobora el nivel del salvajismo que se vive en ese presidio. La semana pasada, otro video mostraba a unos presos diseccionando la pierna de un rival, una tortura de una crueldad inimaginable.
 
En el video se observa cómo un grupo de presos decapita a los integrantes de una banda rival, también en reclusión. La presidenta Dilma Rousseff, recién llegada de sus vacaciones de verano, convocó a su gabinete por temas vinculados a la crisis carcelaria en todo el país.
 
El Ministerio de Justicia acordó con Roseana Sarney, gobernadora del Estado de Maranhao, el traslado a cárceles de máxima seguridad de los cabecillas de la banda que controla la cárcel de Pedrinhas, lugar donde se produjeron las decapitaciones.
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El estado de  Maranhão es el más atrasado del país, gobernado desde hace casi 50 años por el clan Sarney, dirigido por el exPresidente brasileño y actual senador José Sarney y su hija, la actual gobernadora, Roseana Sarney. Luiz Inácio Lula da Silva trabó alianza con José Sarney y le cedió el control del Senado, algo que continuó con Dilma. A pesar de llegar al poder a través de las urnas, la actuación de los Sarney recuerda a un Estado autoritario por el abandono en la gestión pública, la miseria y los edificios públicos que llevan el apellido del clan.
 
El diario Folha de Sao Paulo sugirió en un editorial la necesidad de una intervención federal en el estado.
 
La delegación brasileña de Amnistía Internacional (AI) difundió un comunicado en el que muestra su preocupación por la escalada de la violencia y "la falta de soluciones concretas a los problemas del sistema penitenciario del estado de Marañón". Según la organización, desde 2007 más de 150 personas han muerto tras sufrir "graves episodios de violaciones de los derechos humanos", rebeliones y condiciones de hacinamiento. Según AI, es inaceptable que esta situación se prolongue tanto tiempo sin que las autoridades tomen medidas.
 
Al mismo tiempo, Human Rights Watch exigió la investigación de la muerte de los 4 prisioneros, ocurrida en la prisión de Pedrinhas, y que sus responsables sean llevados ante la Justicia. "Los espeluznantes crímenes grabados forman parte de un problema de violencia generalizada y descontrolada en las prisiones de  Maranhão", afirmó María Laura Canineu, directora de Brasil de Human Rights Watch.
 
También en Pará y Paraíba
 
Los problemas carcelarios en Maranhão no son aislados, y se han conocido casos aterradores en prisiones de otros estados, como Pará y Paraíba. Según datos oficiales del Departamento Penitenciario Nacional (Depen), Brasil tiene 550.000 presos en un sistema con capacidad para 310.000. La lentitud de los tribunales ha provocado que casi el 40% de los presos se encuentran a la espera de juicio. El número de encarcelamientos ha aumentado casi un 40% en los últimos cinco años.
 
En Espírito Santo, en 2009, las ONGs constataron que los presos dormían en carritos para ropa sucia. São Paulo, Paraná y Mato Grosso do Sul enfrentaron una serie de rebeliones que devinieron en asesinatos así como decapitaciones en 2006. En aquella ocasión, el caos se extendió a las calles con una serie de atentados contra efectivos de seguridad.
 
En septiembre de 2013, el Consejo de Derechos Humanos del estado de Paraíba, en el norte del país, denunció que en una celda de la cárcel de máxima seguridad Romeu Gonçalves de Abrantes se encontraban amontonados 80 hombres desnudos, que malvivían entre excrementos y orines, sin colchones ni agua potable.
 
“Lo que sucede en Maranhão, desgraciadamente, retrata una realidad de los cárceles de todos los Estados brasileños. Los presos mandan en las prisiones. El Gobierno no tiene una políticas públicas para el sistema penintenciario ni tiene la estructura para controlar a esos detenidos”, afirmó el juez federal Walter Nunes da Silva Júnior, quien por 2 años inspeccionó presidios de 11 Estados del país desde el Consejo Nacional de Justicia.
 
Para el magistrado, la situación podría ser más caótica. “De una manera general, y pese a su situación, la mayoría de los presos son pacíficos. Imagina a una persona que tiene que hacer relevos para dormir, que no puede bañarse por días, que no puede ver el sol y que además tiene que compartir con otras 300 personas una celda que es para 36. Y que además tiene solo un cuarto de baño. Ellos [los presos] acaban creando códigos de conducta para sobrevivir y, cuando ese código no es respetado, comienzan las peleas que acaban en muertes”, indicó.
 
La coordinadora de la ONG Sociedad Maraniense de Derechos Humanos, Josiane Gamba, dice que 3 factores han influido en la crisis por la cual atraviesa su Estado:
 
>la superpoblación carcelaria,
 
>la pelea entre bandas criminales por el mando de las prisiones y
 
>los funcionarios corruptos. “Sobran acusaciones contra esos servidores y poco se ha hecho en los últimos años”, afirmó.
 
Además de eso, hay también una falta de inversión por parte del gobierno estatal de los Sarney. En 2013, la gestión de la gobernadora Roseana Sarney tuvo que echar mano de un presupuesto de aproximadamente 20 millones de reales ofrecido por el gobierno federal porque no cumplió el proyecto que preveía construir 5 nuevos complejos penitenciarios por el Estado, lo que ayudaría a reducir considerablemente la sobrepoblación carcelaria. Hoy, en Maranhão, hay 5.400 detenidos para 2.200 vacantes.

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