LOS MÉTODOS DE PROTESTA

Propuesta del PRO: Si hace un piquete, pierde el plan social

Cómo reducir las interrupciones a la libre circulación es un tema de debate en diferentes fuerzas políticas. El cristinismo lo pensó, pero dio marcha atrás. Ahora el macrismo propone discutir en el ámbito de la legislatura porteña un proyecto para penalizar los piquetes con la quita de subsidios. "El Estado no tiene porque estar subsidiando a los que rompen con la convivencia general", dijo Helio Rebot, autor del proyecto.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Un legislador del PRO propone la quita de planes sociales a aquellas personas que participen de piquetes. La iniciativa fue presentada por Helio Rebot en la legislatura porteña y trasciende un día después de que el Gobierno Nacional se desmarcara de la propuesta que varios diputados oficialistas presentaron para poner un límite a los cortes de calle. 
 
El proyecto será discutido en los próximos días en las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, junto con otras iniciativas del macrismo como una ley para penalizar a los trapitos y  motochorros, informó lanacion.com.
 
Según explicó el propio Rebot a ese medio, la iniciativa intenta agregar en el Código Contravencional "la pérdida temporal o definitiva de beneficios por parte del Estado cuando se atenta a la conviviencia general".
 
El proyecto dispone que el juez que actúe sobre un corte de calle u ocupación de terreno en la ciudad -acción ya tipificada como contravención- pueda elegir entre quitar o no un plan social, en el caso que considere necesario.
 
"El Estado no tiene porque estar subsidiando a los que rompen con la convivencia general", justificó Rebot, quien negó que se afecte el derecho constitucional a protestar. 
 
El legislador condicionó la aplicación de la normativa a la cantidad de manifestantes: "Si hay un millón de personas, no hay forma. Pero si hay 50, cortar una calle no es lógico".
 
Así, un piquete dentro de la ciudad, como los que se suceden en varias oportunidades en el microcentro porteño, o la ocupación de terrenos para exigir soluciones habitacionales, como ocurrió en la reciente toma en Villa Lugano o el parque Indoamericano, tendrían un agravante para los manifestantes. 
 
Rebot rechazó que que su propuesta tenga relación con la ley para regular piquetes del kirchnerismo, pero dijo que está sustentada sobre la misma base. 
 
El proyecto de norma que despertó el debate en los últimos días fue firmada por el grueso de los integrantes de peso del bloque oficialista en la Cámara baja del Congreso, como Carlos Kunkel, Diana Conti y Teresa García, pero el lunes fue desestimada por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
 
"No le veo relación con la ley antipiquete del kirchnerismo. Pero creo que hay un reconocimiento del hastío y cansancio de la población a este tipo de actividades, que a lo mejor tiene los mismos problemas pero no protesta de esa forma. Hoy el diagrama del piquete es extorsivo porque dicen 'si no me arreglan mi problema, jodo a todo el mundo'", explicó Rebot.
 
"Los ciudadanos no tienen porque estar pagando un subsidio a un tipo que está jorobando al resto. Aplicar la ley no es criminalizar la protesta", respondió Rebot, y concluyó: "La protesta es legítima pero sólo hay que dotarla de mecanismos para que se pueda hacer sin atentar contra la comunidad".
 
Precisiones
 
El legislador Rebot (PRO) se refirió al proyecto de modificación del Código Contravencional de la Ciudad: “Hay un planteo común: el que viola la ley no puede tener incentivos ni premios”, explicó Rebot en declaraciones hechas al programa Noches Argentinas del canal C5N. “Los vecinos de Buenos Aires contribuyen a sostener los planes sociales; lo que no puede sostenerse válidamente es que el que está haciendo un esfuerzo por ayudar a otro tenga que soportar que no lo dejen tomar un  colectivo o lo hagan llegar tarde al trabajo”, señaló el legislador.
 
El proyecto de modificación del Código Contravencional, presentando días atrás en la Legislatura porteña, plantea en sus fundamentos que aquellos que atenten “contra las personas y los bienes públicos y privados tenga como consecuencia la pérdida de los beneficios sociales de los que fuera beneficiario en el ámbito de la Ciudad”.
 
Asimismo, se deja en claro en los fundamentos que “esto no implica colocar a sujetos que estén en estado de necesidad en un peor estado que el que se encuentran, sino que obedece claramente a la necesidad de que los fondos públicos de atención social, por una cuestión de igualdad, sean empleados en aquellas personas que no atentan contra el Estado o sus integrantes”.  

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