REFORMAS ESTRUCTURALES DE PEÑA NIETO

Pemex pierde el monopolio de la explotación de crudo

El Senado de México ha dado un paso histórico al aprobar la reforma energética. La decisión, con los votos del gubernamental PRI y del PAN, permitirá la entrada de capital privado y extranjero a un sector que durante 76 años ha sido monopolio del Estado. Este paso culmina el paquete de reformas estructurales emprendidas por el presidente Enrique Peña Nieto. El rediseño no sólo alcanza a los hidrocarburos, sino que ha cambiado las reglas del juego en telecomunicaciones, educación, fiscalidad, finanzas y sistema electoral, vendaval reformista surgido del Pacto por México, el acuerdo cerrado por Peña Nieto con el PAN y el PRD nada más tomar el poder, y que se ha convertido en la clave de la política mexicana. En esta apuesta, de la que se bajó hace meses el PRD, contrario a poner fin al monopolio del petróleo, Peña Nieto ha empeñado su crédito político.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Después de 62 horas de discusión a lo largo de 5 días, el Senado mexicano terminó la aprobación del primero de 2 paquetes de leyes secundarias de la reforma energética, que aún debe revisar la Cámara de Diputados.

El proceso se cerró con la aprobación del cuarto y último dictamen que tenían los senadores, que contiene las leyes de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, así como cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La Cámara alta había aprobado en días previos —del jueves al domingo— los 3 primeros dictámenes con las nuevas leyes de Hidrocarburos, de la Industria Eléctrica, y de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Estos 4 documentos aún necesitan el visto bueno de la Cámara de Diputados para ser enviados a promulgación y entrar en vigor. A su vez, este órgano legislativo tiene un segundo paquete de normas energéticas relacionadas con los ingresos del Estado, que cuando queden avaladas deberán recibir el visto bueno del Senado.

Ambos paquetes buscan reglamentar la reforma constitucional en la materia promulgada en diciembre de 2013.

Estas modificaciones a la Constitución fueron impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto para abrir el sector energético a la inversión privada nacional y extranjera, una medida polémica que el Gobierno federal considera necesaria para modernizar la industria e impulsar el crecimiento económico del país.

Por el contrario, los partidos de izquierda afirman que con estos cambios se privatizarán los recursos energéticos y México sufrirá un “despojo”.

La aprobación del 4to. dictamen en materia energética, que versa sobre los órganos Reguladores, en la Cámara de Senadores fue "un golpe mortal a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)", aseguró el coordinador de la bancada perredista en el Senado, Miguel Barbosa.

“Creemos en la competencia y la inversión, en una inversión donde la empresa pública se fortalezca… El golpe a las dos empresas más importantes fue mortal y pronto veremos un debilitamiento de estas que repercutirá en nuestra economía”, dijo en entrevista con Azucena Uresti para Milenio Televisión.

“Más allá de que haya modificaciones, yo espero que en la Cámara de Diputados, la izquierda mexicana haga una defensa como en el Senado, con argumentos, discusión y debate. ”, dijo.

Frente a esta percepción soberanista, Peña Nieto dijo que Pemex, la empresa estatal que controla el monopolio del crudo mexicano, es un dinosaurio de 150.000 empleados que ha entrado en pérdidas (US$9.300 millones en 2013) y cuya capacidad para competir en un mercado cada vez más tecnificado es patente: en los últimos 13 años la inversión en la compañía se ha triplicado (de US$9.000 millones a US$8.000 millones), pero su producción petróleo ha descendido 33%. El resultado es que México, el 7mo. gigante energético del planeta, importa el 30% del gas y el 49% de los combustibles que consume.

Sin perder la soberanía de los yacimientos, que siguen bajo propiedad del Estado, la ley autoriza las concesiones en diferentes grados a empresas privadas, un anatema hasta la llegada de Peña Nieto al poder.

Nuevos órganos reguladores

Las leyes de órganos reguladores y de la agencia ambiental quedaron aprobadas en lo general por 86 votos a favor y 26 en contra. En lo particular, se avalaron por una votación de 86-26.

La primera legislación fija las reglas para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), instituciones clave en la apertura del sector energético a particulares.

La CNH será la responsable de autorizar los contratos del Estado con empresas privadas para la exploración y explotación de petróleo y gas, mientras que la CRE otorgará permisos para la generación y el suministro de electricidad.

Ambas instituciones funcionarán como órganos “coordinados” con el Gobierno federal, en particular, con la Secretaría de Energía (Sener).

Según el dictamen impulsado por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el opositor Partido Acción Nacional (PAN), esta coordinación es necesaria para que las decisiones que tomen estos organismos sean congruentes con la política energética que defina la Sener.
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“Precisamente porque sabemos de las amenazas naturales a cualquier apertura económica, estamos dotando al Estado mexicano de todas las herramientas que necesita para proteger los intereses de todos los mexicanos”, dijo en tribuna el priista David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía del Senado.

Sin embargo, los partidos de izquierda de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) consideraron que las instituciones no tendrán autonomía suficiente para regular a los actores del sector.

“(Quieren) un Estado que no tenga capacidad regulatoria porque es parte de una intención clara y puntual de apertura que encuentre un Estado debilitado. Hoy sí se los puedo decir, porque este dictamen no satisface lo que he escuchado yo de muchas bancadas parlamentarias (sobre los supuestos beneficios de la reforma)”, dijo el perredista Armando Ríos Piter.

La apertura al capital privado del sector energético, el pilar más importante del edificio reformista, convierte en pasado la legendaria decisión tomada la noche del 18 de marzo de 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas al anunciar en un mensaje radiofónico a la nación la expropiación de las compañías petroleras, hasta entonces en manos de las todopoderosas multinacionales británicas y estadounidenses.

La decisión del carismático general revolucionario, desencadenada por la resistencia de las empresas extranjeras a mejorar las paupérrimas condiciones de los trabajadores petroleros, catalizó como pocas veces a la sociedad mexicana y desató una ola de patriotismo que renace cada vez que se debate la posesión de los hidrocarburos, una de las grandes riquezas nacionales.

“Con la entrega de la explotación del petróleo y la electricidad a manos privadas, la nación perderá ingresos para satisfacer sus necesidades de educación, salud, seguridad, empleo y crecimiento económico. Pemex se convertirá en testigo de piedra y será superada por la competencia internacional; con ello se acelerará su desaparición en el mediano plazo y aumentará la dependencia energética y la extranjerización del sector”, sostiene el PRD.

La reforma convierte a Pemex y su homólogo eléctrico en lo que se ha denominado empresas productivas, es decir, sujetas a resultados y con mayor autonomía del Estado.

También se aligera la carga fiscal de Pemex, que pasa del 79% a menos del 65%. Un cambio de enorme magnitud si se considera que este flujo suponía hasta ahora un tercio del presupuesto nacional. La operación se ha completado con la salida del consejo de administración del poderoso Sindicato de Trabajadores Petrolero.

Aún así, muchos economistas han advertido que la reforma no desmantela el oneroso aparato de Pemex, una empresa paternalista y con uno de los índices de productividad más bajos de todas las petroleras internacionales.

Los arquitectos de la reforma confían en que la apertura atraiga a capitales extranjeros con capacidad suficiente para explotar tanto las inmensas bolsas de gas de esquisto del norte del país como de lanzarse a las reservas profundas, que requieren de una tecnología y unos fondos de los que ahora no dispone Pemex.

El Gobierno ha calculado que para 2018 los cambios habrán generado 500.000 empleos nuevos, así como un aumento del 20% la producción petrolera, del 40% en el gas y, en general, un crecimiento del 1% del PIB. Todo ello con el objetivo de sacar a la economía mexicana de su anemia crónica.

El crecimiento medio en los últimos 30 años ha sido solo del 2,4%, cuando el listón puesto por el Pacto por México gira en torno al 5%: una cifra con la que se supone que el país podrá enfrentarse a su gran problema: la pobreza y la desigualdad.

Este proceso de reformas, en el que también entran los cambios en materia de telecomunicaciones, educación y fiscalidad, ha sido acogido en el extranjero con entusiasmo. El FMI, el Banco Mundial y agencias de calificación como Moody’s, consultados por este periódico, lo apoyan sin apenas paliativos.

Y sus primeros efectos, como el desmembramiento del imperio telefónico del magnate Carlos Slim, han sido interpretados como una victoria política de Peña Nieto. Pero en México los cambios están siendo acogidos con frialdad.

En un clima de desaliento económico, con proyecciones mucho menores de las esperadas, el índice de confianza del consumidor está en uno de sus puntos más bajos. La polémica reforma fiscal ha dado un varapalo a la clase media, principal baluarte de los cambios. Y la reiteración del discurso reformista a lo largo de estos 20 meses le ha hecho perder fuerza.

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