COMPLICADÍSIMA LEY K

Desde las 17:00, la Batalla del Abastecimiento en el Senado

Un plenario de comisiones iniciará este martes 19/08 en el Senado de la Nación la discusión del proyecto de ley para la creación de nuevos fueros judiciales para dirimir las controversias originadas en las relaciones entre comerciantes y consumidores. La reunión de las comisiones de Derechos y Garantías, Justicia y Asuntos Penales, Industria y Comercio y Presupuesto y Hacienda se llevará a cabo desde las 17 en el Salón Azul del Senado. Fuentes del oficialismo aseguraron que la discusión arrancará tras el informe que brindará minutos antes el secretario de Justicia de la Nación, Julián Alvarez. A continuación, los senadores fijarán la agenda de trabajo para el debate de los otros 2 proyectos de ley enviados por el Ejecutivo sobre defensa del consumidor: el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios; y el marco regulatorio para las relaciones de producción, construcción, procesamiento, comercio y consumo.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24. Arranca este martes 19/08 el tratamiento de las 3 iniciativas enviadas por el Ejecutivo Nacional sobre defensa del usuario y del consumidor. Será a partir de las 17:00, en el marco de un plenario de comisiones reunidas en el Salón Azul del Senado, donde expondrán funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de asociaciones de usuarios y consumidores.
 
El proyecto de ley que establece un sistema de resolución de conflicto en las relaciones de consumo será tratado por un plenario de comisiones de Derechos Humanos y Garantías, a cargo del formoseño Luis Petcoff Naidenoff (UCR); de Justicia y Asuntos Penales, conducida por el entrerriano Pedro Guastavino (FpV); de Industria y Comercia, a cargo del correntino Eugenio “Nito” Artaza; y de Presupuesto y Hacienda, que preside el bonaerense Aníbal Fernández (FpV).
 
Las mismas comisiones tratarán a continuación la propuesta que establece una nueva regulación de las relaciones de producción y consumo.
 
Las iniciativas enviadas por el Ejecutivo crean el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios y del marco regulatorio para las relaciones de producción, construcción, procesamiento, comercio y consumo.
 
El proyecto establece que la Secretaría de Comercio puede intervenir “en cualquier etapa del proceso económico”, estableciendo “márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios o todas o algunas de estas medidas”. Y habilita a los gobernadores y al jefe de Gobierno porteño a fijar precios máximos en sus distritos.
 
Las empresas que infrinjan la norma sufrirán sanciones con multas; la suspensión temporal en el registro donde deben anotarse obligatoriamente todas las firmas; ocupación temporal con intervención de almacenes, depósitos, industrias, comercios y hasta transportes de bienes por un lapso de hasta 180 días, y confiscación de bienes.
 
Ésta es la ley que rige en Venezuela a instancias del presidente Nicolás Maduro. Precisamente las entidades que integran el G-6 (UIA, Cámara de Comercio, Cámara Argentina de la Construcción, Bolsa de Comercio, Asociación de Bancos Privados y Sociedad Rural) buscan acordar un comunicado mediante el que –según trascendió– fundamentarán su rechazo al texto, alegando que está inspirado en la Ley de costos y precios justos que se aplica en Venezuela.  
 
Costa
 
A su vez, el secretario de Comercio, Augusto Costa, negó que la reforma de la ley de abastecimiento otorgue al Gobierno mayor poder para intervenir en las empresas, al tiempo que defendió su constitucionalidad y aseguró que no está inspirada "en otras experiencias internacionales". Además afirmó que el kirchnerismo está abierto a hacer modificaciones en el Congreso.
 
"Cualquiera que se haya tomado el trabajo de leer el proyecto de reforma de la Ley 20.680, que se transforma en una nueva Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, notará que no se incorporan nuevas atribuciones a las que ya tiene la Secretaría de Comercio sino que, por el contrario, se limita, racionaliza y define más claramente la aplicación de las disposiciones de la ley", dijo en declaraciones al bisemanario Perfil.
 
Asimismo, el secretario de Comercio afirmó que la reforma no está "en otras experiencias internacionales", al referirse a las comparaciones de los opositores a los cambios con medidas tomadas en Venezuela. Además, dijo que "la alegada inconstitucionalidad de la ley sólo se encuentra en el terreno de las especulaciones" ya que no existe aún ningún fallo en contra.
 
Por otro lado, aseguró que el oficialismo está "abierto a cualquier aporte y modificación que surja del debate de las leyes en el Congreso, que es el ámbito natural donde debe discutirse, y es precisamente donde los sectores que se oponen a la norma pueden participar y plantear sus posiciones". 
 
En otra entrevista publicada hoy por Tiempo Argentino, Costa sostuvo que "la agitación permanente de algunos sectores del empresariado" que critican los proyectos de ley del Ejecutivo para fortalecer el derecho de los consumidores solo busca "que no exista ningún tipo de limitación al accionar de los formadores de precios en los mercados". 
 
El funcionario aseguró que el paquete de proyectos de ley enviado al Congreso "brinda herramientas a los consumidores para que hagan un ejercicio pleno de sus derechos". 
 
Además, las iniciativas favorecen "la capacidad del Estado de proteger a los eslabones más débiles de la cadena de producción y consumo: los pequeños productores y empresas, los consumidores y los trabajadores", recalcó. 
 
El funcionario resaltó el "consenso prácticamente unánime" de entidades gremiales y empresarias "con respecto a los beneficios que van a traer para todos los argentinos las leyes que defienden los derechos del consumidor". 
 
Lo hizo en referencia al proyecto de creación de un nuevo fuero judicial del consumidor, las reformas de las leyes de Defensa del Consumidor, Lealtad Comercial y Defensa de la Competencia y la creación del Observatorio de Precios en el ámbito de la Secretaría de Comercio.
 
El proyecto de constitución de nuevos fueros judiciales nacionales para "encausar y dar solución a las controversias originadas en el ámbito de las relaciones de consumo" cuenta con el visto bueno tanto del oficialismo como de la oposición. 
 
Además del secretario Alvarez se presentarán ante los senadores asociaciones de usuarios y consumidores; por lo que aún se desconoce cuándo se pondrá a la firma el dictamen que será debatido en el recinto de sesiones. 
 
El proyecto enviado hace dos semanas por la presidente Cristina de Kirchner al Senado impulsa la "creación de mecanismos legales para que estén a disposición de los consumidores y usuarios para agilizar la resolución de conflictos en el marco de las relaciones de consumo", tal como establecen los fundamentos de la norma. 
 
La iniciativa crea tres instrumentos: el Servicio de Conciliación de las Relaciones de Consumo en la Secretaría de Comercio (COPREC); la Auditoría en las Relaciones de Consumo y la Justicia Federal y Nacional en las Relaciones de Consumo. 
 
El COPREC es una instancia conciliatoria previa y gratuita para el consumidor, competente para dirimir los conflictos derivados de las relaciones de consumo, hasta cierta suma de dinero que no exceda los 55 salarios mínimos. 
 
De acuerdo con el proyecto, el procedimiento de conciliación tendrá un plazo máximo de 30 días. A su turno, la Auditoría estará facultada para determinar el resarcimiento al consumidor, siempre que no se haya llegado a un acuerdo conciliatorio ante el COPREC. 
 
En tanto, el nuevo fuero estará compuesto por ocho juzgados federales de Primera Instancia, dentro de los cuales funcionarán tres fiscalías y tres defensorías, y una Cámara Federal de Apelaciones, con una fiscalía y una defensoría pública oficial. 
 
El nuevo sistema, de acuerdo con el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, debe "regirse por principios de celeridad, inmediación, economía procesal, oralidad, gratuidad y protección para el consumidor". 
 
Mientras, la iniciativa que crea el Observatorio de Precios y la que genera el marco regulatorio para las relaciones de producción y consumo serán analizadas más adelante. 
 
El Observatorio funcionará como un organismo técnico para asistir a la Secretaría de Comercio en el monitoreo, relevamiento y sistematización de los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios comercializados y prestados en el país. 
 
Esta nueva institución podrá recomendar a la Secretaría de Comercio el requerimiento de documentación relativa al giro comercial de las empresas e informes a organismos públicos y privados. 
 
Finalmente, el marco regulatorio, según los fundamentos del proyecto, se sustenta en la "constitucionalidad de las acciones de intervención estatal, para evitar abusos y la apropiación indebida del excedente de la cadena de valor". 
 
La Secretaría de Comercio, como autoridad de aplicación, podrá intervenir en los estados previos de la cadena de valor (sin contacto directo con el consumidor) "fijando márgenes de utilidad", así como "precios de referencia" y "niveles máximos y mínimos de precios para la provisión de bienes y servicios imprescindibles".

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