COMPETENCIA FEROZ

Andorra intenta quitarle el mercado fiscal a Luxemburgo

A veces un solo gesto lo explica todo: quien ha sido el máximo responsable de la agencia de fiscalidad de Luxemburgo durante más de 2 décadas se chupó el dedo y lo levantó al aire. Marius Kohl contestó así a la pregunta de 2 periodistas económicos estadounidenses que querían saber qué mecanismos aplicaba para decidir los impuestos que debía pagar una empresa interesada en afincarse en Luxemburgo. La entrevista se realizó a finales de octubre, cuando aún no había salido a la luz la documentación procesada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que demuestra que hasta 340 grandes empresas de todo el mundo acordaron beneficios fiscales secretos con el Gobierno luxemburgués para prácticamente no pagar impuestos sobre sus beneficios o, en su defecto, abonar porcentajes irrisorios. Andorra descubre que puede aprovecharse de los problemas que Luxemburgo tiene con sus socios europeos...

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El Principado de Andorra (en catalán: Principat d'Andorra) es un Estado independiente, de derecho, democrático y social, con una extensión de 468 km2, ubicado en los Pirineos, entre España y Francia. Su sistema político tiene como jefes de Estado a los copríncipes de Andorra: el obispo de Urgel (hoy día Joan Enric Vives i Sicília); y el presidente de Francia, (hoy día François Hollande). El actual jefe de Gobierno es Antoni Martí Petit. El idioma oficial es el catalán. Durante mucho tiempo pobre y aislado, consiguió una notable prosperidad desde la 2da. Guerra Mundial a través del turismo y, en especial, por su condición de paraíso fiscal.
 
El Gran Ducado de Luxemburgo es un Estado independiente de Europa occidental que integra la Unión Europea, rodeado por Francia, Alemania y Bélgica, sobre un área de 2.586 Km2. Es una monarquía constitucional y parlamentaria, siendo el único Gran Ducado soberano en la actualidad, con el Producto Interno Bruto por cápita N°1 del mundo de acuerdo al Banco Mundial, y el N°2 de acuerdo al Fondo Monetario Internacional.
 
 
El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Junker reconoció un “exceso de ingeniería fiscal” en el marco legal luxemburgués, cuando el escándalo de Luxleaks, revelado por un pool de medios internacionales, entre ellos El Confidencial, le puso en la picota. Esta crisis europea ha tenido una víctima colateral: el Principado de Andorra, que había cambiado toda su fiscalidad precisamente para copiar el modelo luxemburgués y poder así atraer empresas que operen en España.
 
Precisamente Andorra lleva desde 2012 modificando todo su modelo impositivo para aplicar un sistema de dumping fiscal como el del Gran Ducado, pero más agresivo, gracias a que no forma parte de la Unión Europea. 
 
El objetivo: convertirse en “una plataforma muy competitiva para sus headquarters operativos; y puede acabar transformarse en un prescriptor de excepción para inversiones internacionales en Europa en general, y en España en particular”, como señala el vicepresidente de la comisión de relaciones internacionales de la Confederación Empresarial Andorrana (CEA), Pere Augé, en un reciente artículo.
 
En otras palabras, toda la arquitectura fiscal andorrana busca captar inversiones de sectores como el tecnológico, sanitario o educativo que podrían ir a España, pero que en lugar de eso se decantarían por el Principado ante un marco tributario mucho más competitivo. Cataluña sería la Comunidad Autónoma más perjudicada por esta política.
 
La CEA ha elaborado un documento en el que compara los diversos regimenes fiscales europeos. Sobre el nuevo impuesto de sociedades andorrano al 10%, la CEA asegura en el texto que “este nuevo impuesto lidera un modelo fiscal tremendamente atractivo y que ha sabido crear un tratamiento que combina las mejores virtudes de jurisdicciones como Holanda, Luxemburgo, Suiza, Irlanda, Malta o Chipre”.
 
Variedad de estructuras societarias
 
La CEA es el equivalente a patronal andorrana. En su documento se detallan el tipo de sociedades que pueden beneficiarse de este régimen fiscal, entre ellas estructuras de holding, que son las que utilizan grandes gigantes tecnológicos como Google, Facebook o Apple para no pagar impuestos en España.
 
Además de holdings, el nuevo planteamiento andorrano prevé que se puedan crear empresas de trading, de explotación de intangibles, financieras o prestadoras de servicios, entre otras. Con ventajas fiscales, también, para el cobro de dividendos o la realización de plusvalías.
 
Pese a la publicitada liberalización, la legislación sigue primando que estas firmas integren un socio andorrano. Así, las nuevas inversiones exteriores precisarán de una autorización previa del Gobierno andorrano. Sin embargo, este permiso oficial no es necesario para los proyectos impulsados por residentes en Andorra.
 
Negociación del convenio
 
España está negociando un Convenio de Doble Imposición (CDI) con Andorra, que en esencia beneficiará todavía más la estrategia de competencia fiscal del Principado. Como se observa en los gráficos adjuntos, el CDI es fundamental para la constitución y optimización fiscal de muchas de estas sociedades.
 
El objetivo de Andorra se centra en captar deslocalizaciones españolas, en especial empresas vinculadas a nuevas tecnologías, la cosmética, centrales de ventas o, incluso, emprendedores que apuesten por un mercado más global que español y quieran beneficiarse de un marco fiscal tan laxo.
 
En esta línea, Andorra ha creado una agencia pública denominada Andorra Desenvolupament e Inversió, que desarrolla la iniciativa Actua y que está pensada para captar este tipo de inversión extranjera: sociedades que operarán a nivel global pero que fiscalmente serán andorranas. El 23% de las consultas que recibió este organismo durante 2014 versaron sobre proyectos de inversión extranjera.
 
Polémica por el caso Pujol
 
Aunque el CDI ha estado marcado por la polémica por el caso Pujol y la negativa de los andorranos a facilitar información fiscal sobre la familia del presidente catalán, lo que se está jugando en el nuevo acuerdo es que se cree un pequeño Luxemburgo que, básicamente, incidiría sobre el mercado español, que supone en buena parte el grueso del mercado andorrano. El presidente andorrano Antoni Martí se reunió con Mariano Rajoy el pasado mes de septiembre para, entre otras cosas, agilizar la firma del CDI.
 
Aunque está previsto un intercambio automático de información preconizado por la OCDE para 2017, en Andorra éste no entraría en vigor hasta el año 2018, como mínimo. Y en casos judicializados, como el de la familia Pujol, el flujo de la información será mucho más lento.

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