NUEVO RECLAMO SINDICAL

Impuesto al salario, inflación y gasto público: Cristina Derrochona

Los sindicalistas con mejor acceso a la Casa Rosada (los de Antonio Caló) aseguran que Cristina Fernández de Kirchner se prepara para anunciar que el medio aguinaldo de diciembre quedará exceptuado del pago del Impuesto a las Ganancias (4ta. categoría). Sin embargo, ninguno habló con la Presidenta y sólo se trata de rumores que les llevaron Oscar Parrilli y Carlos Tomada. El afán de Cristina de aplicar una doble imposición sobre los salarios de trabajadores formalizados, astilla el vínculo entre el Ejecutivo Nacional y la CGT. Pero a Cristina no le importa porque en las encuestas de opinión pública no es una cuestión que la haya perjudicado en forma específica. Sin embargo, hay otras cuestiones a contemplar.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Los gremios del transporte visitan a Jorge Capitanich y Carlos Tomada en el Ministerio de Trabajo: reinicia la ofensiva sindical en contra del Impuesto a las Ganancias aplicado a los salarios.
 
Dato trascendente: la reunión es en Trabajo, no en Jefatura de Gabinete, y le baja el statu-quo al encuentro. Si, además, Capitanich pega el 'faltazo', será un 'ninguneo' frontal a los sindicalistas. El sindicalista peronista ya no tiene amor propio hace tiempo porque se asume como un 'hombre de negocios', consumido por las cuestiones "tácticas" (¿?), y esa situación multipropósito estimula la subestimación de la Administración Cristina por sus reclamos ya que, al final, "ellos siempre tienen otro precio". De todos modos, será interesante el acontecimiento.
 
Hay un 'ambiente apropiado' para que los gremios del transporte anuncien medidas de fuerza en las horas pico si al final de la semana, y luego de varios intentos de convencer a funcionarios, las 2 CGT + las 2 CTA no consiguen lo que buscan.
 
Por el otro lado, desde Presidencia de la Nación se dice que Cristina Fernández de Kirchner anunciaría una concesión menor: no gravar con Ganancias el medio salario anual complementario de fin de año (medio aguinaldo). Esto tampoco se encuentra confirmado pero, de confirmarse, ¿alcanzaría para desalentar el reclamo sindical? Que sí alcanza es lo que opinan en la Casa Rosada quienes difunden la versión. ¿Qué opina Cristina? Nadie lo sabe aún.
 
Es probable que sea la concesión máxima que se encontraría dispuesta a hacer Cristina, si la situación se complicara mucho en términos de movilización sindical. Pero no más que eso. Ya se sabe que lo que la Presidenta de la Nación pretende es que el costo del ajuste lo pague el gasto privado, no el gasto público. Que sean empresarios y sindicalistas quienes se hagan cargo. Por eso la Administración Cristina estimula el reclamo del bono no remunerativo extraordinario antes que ajustar el mínimo no imponible de Ganancias.
 
Hasta ahora, a Cristina no le funcionó bien el esquema: en las encuestas de opinión pública nunca cayó su imagen porque no ajuste el mínimo no imponible, y además algunos empresarios terminan cediendo, al igual que, por motivos de marketing político 2015, algunos gobernadores e intendentes municipales. Pero el Estado Nacional, hasta la fecha, no cede ni cederá lo que le correspondería ceder.
 
 
"(...) La reaparición de (Hugo) Moyano en la escena sindical se completará durante la movilización a la Plaza de Mayo que convocó la CTA opositora para este jueves (20/11). Por teléfono, el camionero le garantizó a Pablo Micheli que enviará una columna de manifestantes de su gremio y que su hijo Pablo estará en el palco. Uno de los oradores sería Rubén “Pollo” Sobrero, eufórico luego de haber sido el único que le volvió a ganar al oficialismo de la Unión Ferroviaria en las elecciones de delegados del Sarmiento. Será más interesante comprobar la convivencia de la “patria camionera” con los militantes del PO luego de la acidez con que se despachó Néstor Pitrola en Twitter: “La CGT se sumó a la Noche de los Museos. Allí se podrá ver el plan de lucha en una de las vitrinas."
 
Pero, acerca del gravámen aplicado a los salarios (una doble imposición, no cabe duda tributaria alguna), provocó un trabajo muy controversial del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), que lo relaciona con la inflación (al seguir avanzando el crecimiento de los precios, eso ha desajustado el mono del mínimo no imponible) y con el elevado gasto público (la abultada erogación que necesita financiar el Ejecutivo Nacional es el fundamento político del tributo injusto).
 
En verdad, las cuentas de la Administración Cristina lucen fuera de control desde hace tiempo. Los sindicalistas lo soportan porque la mayoría siempre tiene otras cuestiones personales que negociar con el Ejecutivo Nacional y, entonces, ellos ayudan a que el reclamo no se desmadre. Por ese motivo la presión siempre es escasa y Cristina zafa.
 
Es controversial lo de Idesa porque afirma que lo que los sindicalistas deberían reclamar es que baje la inflación y se recorte el gasto público, pero que son poco solidarios en su reclamo sobre el ajuste del mínimo no imponible con los trabajadores que no son alcanzados por el gravámen ya que ganan menos. 
 
Es cierto que es curioso que los sindicalistas no incluyan la inflación en su reclamo a Cristina. Pero también es verdad que resultaría increíble que incluyeran en su reclamo la emisión descontrolada de dinero a causa del gasto público. La propensión al aumento del gasto público es parte del ADN argentino, en especial del peronismo dominante en el sindicalismo.
 
Sin embargo, es justo reclamar por lo que el Estado prometió y no cumplió. No es poco solidario. Ahí Urgente24 discrepa con Idesa. Si el Estado prometió ajustar, es necesario reclamarle al Estado. Pero es cierto que el sindicalismo debería acompañar su reclamo con alguna opción que contemplara a quienes no son alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. No sólo hace a la unidad de los trabajadores en el reivindicación sino a una disputa más interesante con Cristina. La cuestión es que el sindicalismo convencional no está a la altura de ese debate. Cristina lo sabe. De todos modos es interesante leer el trabajo completo de Idesa
 
La oposición en el Congreso Nacional dio a conocer la medición privada de la inflación. Según esta fuente, en octubre los precios crecieron un 2,25% mensual, acumulando en un año un 41% de aumento. Esto implica una notable aceleración del ritmo inflacionario ya que a diciembre del año 2013, la inflación, según esta misma fuente, era de 28% anual. Con el aumento de la inflación crecen las demandas por aumentos extraordinarios de salario (bono de fin de año) y la presión por reducir el impuesto a las ganancias de las personas, que absorbe buena parte de los aumentos salariales en las remuneraciones más altas.  
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La inflación tiene muchas causas. Una de decisiva importancia es la dinámica fiscal. En este sentido, lo relevante es que el gasto público nacional, según los datos oficiales, en los primeros 8 meses del año creció un 47% interanual. Pasó de $480.000 millones entre enero y agosto del año 2013, a $700.000 millones en el mismo período del año 2014.
 
¿Cómo se sostiene esta expansión de $220.000 millones de gasto público? Con la información oficial publicada por el Ministerio de Economía se puede estimar la siguiente estructura de financiamiento del aumento de las erogaciones del Estado nacional:
 
> Apenas un 3% de la expansión se financió con aumento del impuesto a las ganancias de las personas.
 
> Alrededor de un 69% se financió con aumentos de otros impuestos y otros ingresos, excluyendo el impuesto a las ganancias de las personas.
 
> El 28% restante del aumento del gasto público fue desequilibrio fiscal que se financió básicamente con emisión monetaria.
 
Estos datos muestran que el peso de sostener un sector público que se agranda recae fundamentalmente sobre impuestos que se trasladan a los precios y la emisión monetaria, y muy marginalmente en aumentos del impuesto a las ganancias de las personas. Sólo un 3% del aumento del gasto público se financia con aumento de recaudación del impuesto a las ganancias de las personas. Si bien la no actualización de los parámetros del impuesto a las ganancias reduce el ingreso de la gente de más altos ingresos, su impacto es modesto al lado de las pérdidas que la inflación impone al conjunto de la población y, particularmente, a los sectores más vulnerables.
 
En este contexto, pujar para que se reduzca el impuesto a las ganancias constituye un acto insolidario. Implica presionar para que quienes menos ingresos reciben –los trabajadores informales, formales de bajas remuneraciones, los jubilados, los desempleados y los inactivos– aumenten su aporte al financiamiento de la expansión del gasto público para morigerar el esfuerzo de los trabajadores formales de mayores remuneraciones.
 
Los sectores mejor posicionados hacen huelgas contra el impuesto a las ganancias y presionan por un bono extraordinario que compense la inflación. En muchos casos, lo logran y hasta llegan al extremo de apelar a mecanismos de dudosa legalidad para eludir el impuesto a las ganancias. Esto tiene un impacto social muy regresivo porque son los hogares más pobres los principales afectados por la paralización de los servicios debido a las huelgas y por la aceleración en el crecimiento de los precios.
 
De este proceso regresivo, no se sale reduciendo el impuesto a las ganancias u otorgando un bono extraordinario sino eliminando la inflación. Para ello es imprescindible desacelerar el aumento del gasto público, replantear prioridades y profesionalizar la gestión del Estado. Un ejemplo concreto es la política con la energía. Por haber mantenido subsidios irracionales se perdió la soberanía energética y se dilapidan enormes masas de recursos públicos todos los días. 
 
En lo que va del año, los subsidios estatales a la energía representan un monto equivalente a prácticamente toda la emisión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal. Una política más sana, progresiva y federal sería sincerar los precios de la energía y establecer una tarifa social sólo en favor de los hogares más pobres.

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