IMPUTACIÓN A CRISTINA

La incógnita Nisman, 4 lecturas indispensables

EL fiscal Alberto Nisman se ha convertido desde ayer (14/01) en el ojo del huracán que provocó su decisión de imputar y pedir la indagatoria de Cristina Fernández por el encubrimiento de los prófugos iraníes en los atentados terroristas ocurridos en nuestro país a través del Pacto con Irán, así como de varios funcionarios y espías. Mucho tironeo se desencadenó sobre la figura de Nisman -nombrado por el ex presidente Néstor Kirchner- y su actuación en el caso AMIA. 4 lecturas y miradas indispensables de la prensa este 15/01, desde el artículo de ‘Pepe’ Eliaschev que en 2011 dio origen a la decisión del fiscal hasta la denuncia de la prensa oficialista de una nueva embestida destituyente contra el Gobierno.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Cuatro miradas de los principales columnistas de nuestro país en torno a la figura del fiscal Alberto Nisman. Primero, es bueno recordar al recientemente fallecido ‘Pepe’ Eliaschev, cuando lanzó la denuncia del pacto para “olvidar” los atentados en Argentina, publicado el 23 de marzo de 2011 en Perfil, y donde ya apuntaba al Gobierno de Cristina en la maniobra:

El gobierno de la presidenta Cristina Kirchner estaría dispuesto a suspender de hecho la investigación de los dos ataques terroristas que sufrió este país en 1992 y 1994, en los que fueron destruidas las sedes de la embajada de Israel y de la AMIA en Buenos Aires, según revela un documento hasta hora secreto, recientemente entregado por el ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, Alí Akbar Salehi, al presidente Majmud Ajmadineyad.

Para la diplomacia de Irán, las investigaciones argentinas habrían quedado cerradas. El canciller iraní le asegura en su informe al presidente Ajmadineyad que “la Argentina ya no está más interesada en resolver aquellos dos atentados, pero que en cambio prefiere mejorar sus relaciones económicas con Irán”.

El informe secreto, al que ha accedido PERFIL porque ha comenzado a ser analizado en las cancillerías de varios países, fue redactado luego de la reunión que el canciller argentino, Héctor Timerman, mantuvo con su contraparte de Siria, Walid al-Mohalem, y con el propio presidente Bashar al-Assad el 23 y 24 de enero último en la ciudad siria de Alepo.

Sugestivamente, Timerman se apartó de la delegación argentina que encabezó Cristina Kirchner en Kuwait, Qatar y Turquía, para conversar con el dictador sirio en una ciudad convenientemente ubicada a 400 kilómetros de la capital, Damasco. El cable de la agencia oficial de noticias siria dijo en ese momento que Timerman y Al-Assad abordaron el proceso de paz en Medio Oriente “paralizado a causa de las políticas israelíes y el fracaso que ha demostrado la administración estadounidense en presionar a Israel para que cumpla con la legalidad internacional”.

Conversaciones ocultas. La verdadera naturaleza de este encuentro no habría sido informada por Timerman a la comunidad judía argentina. Al Assad visitó oficialmente Buenos Aires en julio de 2010 y fue recibido calurosamente por la Presidenta, que en ningún momento reconoció que Siria es un régimen dictatorial de partido único, cuyo líder ocupa el cargo hace diez años como sucesor sanguíneo de su padre, Hafez al-Assad, y que ahora enfrenta varias protestas que son sangrientamente reprimidas. En la visita de Timerman, firmó además un acuerdo de intercambio entre la agencia Télam y la agencia oficial siria SANA. Irán mantiene desde hace largos años una influencia política y militar dominante y muy ostensible sobre Siria.

Resulta evidente que en el encuentro en Alepo podría haber servido para que Timerman diese la luz verde argentina de reconciliación con Irán por medio de los sirios. Siria, incluso, les advirtió a los argentinos que el canciller iraní Salehi estaría en ese país en ese mismo momento, algo que la cancillería argentina no objetó. Funcionarios argentinos e iraníes poco conocidos han estado conversando de manera discreta, según pudo saber PERFIL, en septiembre de 2010 y febrero de 2011.

Renunciamiento. Según las conclusiones de la inteligencia iraní, que hace suyas la cancillería de Teherán, el gobierno argentino habría renunciado a llevar ante la justicia al actual ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, y otros funcionarios iraníes sospechados de complicidad en esos episodios terroristas.

La cancillería iraní considera que si estos temas son dejados de lado, ambos países pueden encarar una nueva etapa que permita superar dos décadas de frialdad total, lo que permitiría a Irán recuperar terreno en el desarrollo de unos vínculos que se han venido de todos modos fortaleciendo en los últimos años.

El informe secreto iraní, filtrado al exterior por medios opositores al régimen de Teherán, subraya el interés del régimen fundamentalista en la situación del ministro de defensa, Vahidi, un personaje clave en el esquema de poder, ya que era el comandante de la llamada Fuerza Quds de los Guardias Revolucionarios cuando la embajada israelí en la calle Arroyo de Buenos Aires fue demolida con un coche bomba en marzo de 1992. Siguió ostentando esa posición militar clave en julio de 1994, cuando el turno le tocó a la AMIA.

Las propias investigaciones que se hicieron en la Argentina detectaron años después que Vahidi fue uno de los principales organizadores de estos ataques, de los que el gobierno iraní ha tratado de despegarlo hace ya años, pero sin éxito. En sus recomendaciones a Ajmadineyad, el canciller Salehi propone que lo autoricen a su contraparte argentina para solicitarle que revoque las órdenes de arresto que el Gobierno ha solicitado a Interpol contra Vahidi y otras figuras prominentes del régimen.

El informe que ha trascendido sostiene que para la inteligencia iraní ya es un hecho que, incluso si una tercera parte demandara secretamente la extradición de Vahedi, la Argentina lo rechazaría. El ministro de Defensa incriminado ya puede viajar al exterior sin problemas, porque el asunto de los ataques contra la Argentina ha quedado muy olvidado a nivel mundial y a nadie le interesa mucho, ni siquiera a Interpol.

El blanqueo de Vahidi es un asunto delicado que sólo puede prosperar si la cuestión permanece en la oscuridad o se mantiene en silencio, dicen fuentes familiarizadas con estos sombríos espacios de marginalidad internacional.

En Teherán, lejos de toda ingenuidad, saben que el gobierno argentino jamás admitirá este retroceso en público y menos aún que ha cambiado de posición. Cuando Vahidi fue nombrado ministro en agosto de 2009, es cierto que el gobierno de Cristina Kirchner criticó abiertamente tal designación y por ende no sería astuto que ahora admita públicamente un giro de 180 grados. Pero en su propuesta a Ajmadineyad, el canciller iraní sostiene que su país tiene una oportunidad para explotar el hecho de que la opinión pública ya ni se acuerda de esos ataques de hace casi 20 años y que la coyuntura es ideal para relanzar un nuevo ciclo de amistad entre ambos gobiernos.

El gobierno iraní sostiene que aunque el comercio entre ambos países estuvo paralizado hasta hace pocos años, el último balance hecho en Teherán revelaría negocios anuales por un valor aproximado a los 1.200 millones de dólares. Se podría inferir que las expectativas de unos y otros sea la de multiplicar semejante intercambio comercial.

En su ahora filtrado documento secreto a Ajmadineyad, el canciller Salehi elogia la estrategia –originalmente concebida por el llamado “Líder Supremo”, Alí Jamemei, y luego adoptada por el gobierno iraní– de no ceder a las acusaciones argentinas. Dice Salehi que fue un acierto no cooperar con la Justicia argentina durante esas investigaciones, que siempre terminaron abortadas.

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Un poco de historia. Los seguidores del tema dicen recordar que luego de la sorprendente sentencia exculpatoria de la conexión local emitida por el Tribunal Oral Federal Número 3, el entonces canciller Rafael Bielsa habría admitido en privado la existencia de una política de acercamiento de la Casa Rosada con Irán. E, inclusive, habría dado a entender que había un intermediario trabajando secretamente para lograr el reconocimiento argentino al estado palestino, lo que finalmente anunció el actual canciller Timerman.

Todo parecería revelar una clara diferencia entre la postura pública de los Kirchner y su proclamado acercamiento a Israel y a la comunidad judía argentina, y las claras muestras de acercamiento a Irán, Siria y –en cierto modo– Libia, con cuyos regímenes el kirchnerismo tiende a sentirse más cercano.

En el acto del 17 de marzo, en recordación del 19º aniversario del atentado contra la embajada de Israel, los asistentes vieron a Timerman del brazo con Sergio Burstein, a quien invitó oficialmente a que participe de su próxima gira a Israel. Burstein no sólo no es formalmente dirigente de la comunidad judía, sino que sus vínculos con los Kirchner no son un misterio para nadie.

Pero ahora el delicado problema que confrontaría la Casa Rosada es que Timerman está en vísperas de un viaje a Israel y Cristina Kirchner siempre se ha preocupado por mostrar una imagen pública de simpatía y comprensión para con la comunidad judía argentina.

 

Carlos Pagni, en La Nación:

El atentado contra la AMIA, que no ha sido esclarecido 20 años después de haber sido perpetrado, volvió a convertirse ayer en el campo de una batalla judicial y política. La metáfora es desafortunada, pero inevitable: la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra varios encumbrados funcionarios y dirigentes del oficialismo, entre los que se encuentra Cristina Kirchner, por haber negociado con Irán la provisión de petróleo a cambio de la impunidad de los acusados por el ataque terrorista, es una bomba de profundidad. Sus efectos irán aflorando con los días. Tiene, por supuesto, una gravedad institucional extrema: ningún jefe de Estado en ejercicio fue acusado de ser cómplice de un atentado terrorista.

También afecta la fisonomía internacional del país. Es un nuevo eje para la campaña electoral. Y abre una hendija hacia el submundo del espionaje, donde distintas facciones del oficialismo tramitan un indescifrable ajuste de cuentas. Sin embargo, si se lo pudiera leer con los ojos de las víctimas, los de quienes fueron inmolados el 18 de julio de 1994, los de sus familiares, los de sus amigos, el escrito de Nisman es una demostración más, si faltaba alguna, de que la denegación de justicia ha transformado al de la AMIA en un crimen en cámara lenta que no termina de consumarse.

La presentación del fiscal Nisman es relevante no porque altere, sino porque verifica de manera escandalosa lo que ya se conocía. La suspensión de las investigaciones por la destrucción de la mutual judía había sido denunciada por el fallecido Pepe Eliaschev en marzo de 2011, cuando descubrió las negociaciones de Héctor Timerman con el régimen de Mahmoud Ahmadinejad. Esa primicia se confirmó con el pacto con Irán, que prevé que una Comisión de la Verdad integrada por los propios iraníes revisaría el expediente.

La novedad de Nisman es que denuncia como encubridores del atentado y pide que se indague a la Presidenta, al canciller, al diputado Andrés "Cuervo" Larroque, a personal de la Secretaría de Inteligencia (SI), a los dirigentes Luis D'Elía y Fernando Esteche y al iraní Jorge Yussuff Khalil. Además de esa frontera procesal, Nisman mueve otra, informativa: sobre la base de información de inteligencia, explica que la señora de Kirchner modificó las relaciones con Irán para obtener petróleo en medio de la crisis energética. Según Nisman, ella dio la orden de desviar las pesquisas judiciales para conseguir crudo a cambio de granos. La condición del régimen de Ahmadinejad para ese trueque, que Timerman habría aceptado, era que se cancelaran en Interpol los pedidos de captura de los imputados iraníes.

Si ese objetivo no se produjo, sostiene Nisman, fue por la resistencia de esa agencia internacional. Así se explicaría que Teherán no haya ratificado el entendimiento, como admitió Cristina Kirchner en septiembre de 2013 ante la ONU. Nisman ayuda a descubrir, con pruebas muy persuasivas, las intenciones del misterioso giro frente a Irán. Son las mismas que habían señalado la oposición y la prensa independiente cuando se conoció ese pacto.

Las acusaciones de Nisman alcanzan a numerosas figuras del poder. La Presidenta, quien habría montado una diplomacia paralela cuyos gerentes serían los demás imputados. D'Elía, por ejemplo, aparece en una conversación telefónica asegurándole al iraní Khalil que la Presidenta ya había autorizado la conciliación. Pero también quedan salpicados Oscar Parrilli, el nuevo secretario de Inteligencia, que habría informado a D'Elía del acuerdo con Teherán; Julio De Vido, que realizaría el intercambio comercial; Miguel Galuccio, que haría intervenir a YPF, una empresa de tiene como accionistas a fondos estadounidenses, en pacto, y hasta el general César Milani, ya que se planeaba vender armas.

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La denuncia plantea varias incógnitas institucionales. Fue radicada en el juzgado de Ariel Lijo, quien ya procesó a Amado Boudou por la compra de Ciccone. Como Lijo está de vacaciones, lo subroga María Servini de Cubría, que en 2013 declaró la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, el que abrirá la jugada es el fiscal Diego Iglesias, que quedó a cargo de la pesquisa. Es el funcionario con quien Alejandra Gils Carbó reemplazó a Guillermo Marijuan en la fiscalía de la seguridad social.

Un episodio acaso permita vislumbrar el destino de la denuncia de ayer: hace más de un año el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, fue puesto al tanto por personal de la SI sobre algunas pruebas decisivas contra los iraníes.

Nisman pone énfasis en que Cristina Kirchner utilizó a espías de la SI que se comunicaban con el diputado "Cuervo" Larroque y con el piquetero D'Elía para que, a su vez, ellos informaran sobre el plan de impunidad a los iraníes. ¿Relevará la Presidenta a esos espías del secreto profesional para que declaren en la causa? Si no lo hace, fortalecerá las sospechas. Si lo hace, se expondrá a que esos agentes aleguen que recibían órdenes de ella.

Las imputaciones de Nisman tienen una gran verosimilitud. Innumerables movimientos externos del Gobierno podrían encontrar en ellas una buena explicación. Además del cambio de postura frente a Irán, se aclararían otras piruetas. Por ejemplo, que la Argentina haya dejado de presidir el organismo especializado en terrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU, como acaba de señalar el embajador Roberto García Moritán. O que se pusiera tanto empeño en incorporar a Sergio Berni al consejo de Interpol, sacrificando candidaturas más relevantes, como la de Susana Ruiz Cerruti a la Corte de La Haya. ¿Fue para que Berni tramite la derogación de las alertas rojas excluyendo a la Policía Federal? Misterios.

Hay otra conducta del kirchnerismo sobre la que Nisman estaría echando luz: la ambivalencia ante la masacre de Charlie Hebdo. Timerman se comportó con una indefinición digna de Daniel Scioli en sus vinculaciones con Clarín: firmó el libro de condolencias, pero ni siquiera contestó la invitación francesa a sumarse a las autoridades en la marcha de repudio; envió en su lugar a la embajadora en París, aunque participó de la manifestación como simple ciudadano.

El fiscal del caso AMIA tuvo un gran sentido de la oportunidad. O, como recomienda la licenciada Saintout, del contexto: la incriminación de encubrir un atentado iraní encuentra a Cristina Kirchner sumergida en una nube de ambigüedad en relación con el terrorismo islámico.

Parada sobre la denuncia de Nisman, la oposición reforzó sus viejas acusaciones. Hasta Sergio Massa y Elisa Carrió coincidieron. El Gobierno reaccionó como de costumbre. Scioli dijo que lo que se le atribuía a la Presidenta era "inconcebible", lo que no siempre significa "falso". Randazzo reprochó la neutralidad. El entrerriano Urribarri alertó contra un golpe. Y Aníbal Fernández propuso, como de costumbre, un argumento ad hominem. Dijo que la recriminación de Nisman era una venganza de Antonio "Jaime" Stiusso, el espía desplazado por Parrilli de la SI. Es muy probable que sea cierto. Pero eso no atenúa el rigor de los reproches. Sólo explicita una puja de poder. Fernández corrobora que la causa AMIA es, desde su origen, el campo de combate de los servicios de inteligencia, como quedó demostrado cuando se designó como segundo de Parrilli a Juan Martín Mena, un estudioso de ese caso.

Ahora falta una explicación de la Presidenta. De ella, que recurre a Twitter para justificar los negocios de Hotesur o presentar una mascota, debe esperarse una aclaración cuando se le imputa encubrir el mayor crimen de la historia.

El activismo de los espías, que otorga al expediente el aspecto de arenas movedizas, inspira interrogantes sobre la jugada del fiscal. ¿Por qué denunció recién ayer episodios que fueron detectados hace tiempo? ¿Se podría haber evitado lo que ahora se ventila si se hubieran expuesto estas novedades mucho antes? ¿O hubo que esperar, como quiere Fernández, la jubilación de Stiusso? ¿O que Gils Carbó estuviera a punto de remover a Nisman?

También cabe preguntar si Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher, las anteriores autoridades de la SI, informaron a la Presidenta lo que estaba sucediendo, aun cuando ella estuviera involucrada. Sobre todo si, como sostiene Nisman, esa secretaría estaba infiltrada por los iraníes. El fiscal denunció a su ex colega Héctor Yrimia por haber colaborado en armar una pista falsa. Y arguye que Yrimia, que otrora tuvo a su cargo la investigación, puede hacer coincidir el nuevo relato con la prueba que consta en el expediente. Si fuera así, ¿Yrimia estaba elaborando una patraña o logró demostrar una pista alternativa?

La denuncia de Nisman es un homenaje póstumo a Eliaschev. Un homenaje paradójico porque, cuando el mismo fiscal le tomó declaración, dejó trascender que el periodista no logró justificar el acuerdo con Irán que había publicado.

Desde la oficina de Nisman organizaron la información con un criterio político. Se explicó, por ejemplo, que para iniciar negociaciones con Teherán la Presidenta debió esperar a que muriera su marido, que representaba un escollo para esa marcha atrás. Esa explicación, montada en la premisa albertofernandiana "esto con Néstor no pasaba", parece elaborada a la medida del massismo. Pero tiene deficiencias. La posición oficial frente al caso AMIA fue, en todas sus versiones, competencia de la esposa en la división matrimonial del trabajo. Y D'Elía hablaba con el principal imputado de la masacre, Moshe Rabbani, como consigna Nisman, en vida del ex presidente. No lo hacía en secreto. Lo entrevistaba por una radio financiada por el Gobierno.

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Estos detalles permiten sospechar que la aguja de la verdad sobre el tristísimo atentado contra la AMIA está perdida en un pajar de manipulaciones. La prueba más contundente es que Cristina Kirchner es el segundo presidente acusado por encubrir ese ataque. El primero fue Menem. A ella se la acusa de querer salvar a los iraníes. A Menem, de querer involucrarlos. Ambos casos fueron promovidos por el mismo fiscal, Nisman; ante el mismo juez, Lijo, y con el soporte del mismo equipo de espionaje.

 

Daniel Santoro, en Clarín:

Por lo menos desde el 17 de diciembre, Cristina sabía que Nisman estaba redactando en secreto su pedido de indagatoria.

Por eso, descabezó preventivamente a la cúpula de la SIDE, incluyendo al jefe de Contrainteligencia y entonces asesor de Nisman, Antonio Stiuso. Y por esa misma razón, puso como segundo de la SIDE, al ex jefe de Gabinete de Alak, a Juan Martín Mena, el principal defensor jurídico del pacto con Irán que fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal porteña.

Algún espía le alertó a la Presidenta del escrito de Nismam. Pero la denuncia, basada en pruebas pesadas, no es producto de la “guerra judicial”. Es más, el fiscal no es querido entre sus pares. Aníbal Fernández, Secretario General de la Presidencia, dio una pista: “Esto es parte de la discusión dentro de la SIDE. Son manotazos de ahogado” y recordó que el año pasado Nisman fue a verlo “con Stiuso”.

Pero de ahí a suponer que la acusación de Nisman es una venganza del espía echado es un reduccionismo, aunque su huella se lee entrelíneas en el dictamen.

También, pensar que Nisman está solo o que eligió casualmente presentar su denuncia justo a una semana del atentado contra la revista Charlie Hebdo. La SIDE se quebró el 27 de enero del 2013 cuando Timerman firmó el pacto con Irán. Se dividió entre aquellos que defendían la acusación a Irán como autor ideológico del atentado contra la AMIA con Stiuso a la cabeza y aquellos que se alinearon con Cristina, quien siempre sostuvo la pista siria. En el dictamen se observa un esfuerzo para diferenciar la estrategia de Néstor respecto del atentado de la de Cristina. Nisman pone en boca de Rafael Bielsa, ex canciller de Néstor: “Cristina le dice a los familiares que los que negocian con Irán son empresas y no el Estado. Es un argumento pelotudo. La AMIA para Néstor era un tema sagrado”.

Fue Néstor el que permitió que se le pidiera colaboración de inteligencia a la CIA y el Mossad, entre otros. Y de paso, Nisman le pega a Oscar Parrilli, actual señor 5 de la SIDE, al reproducir un diálogo en el que se le adelanta la firma el pacto con Irán a D’Elía y se le pide silencio de radio por diez días. El pacto, agrega, produjo una “severa perturbación” de la cooperación con los servicios de inteligencia occidentales y “terceros países han cesado” su envío de información, en una supuesta alusión a la CIA y el Mossad. Otra de las pruebas más pesadas de Nisman es el hecho que espías de la SIDE -cuyos nombres se mantienen en reserva- le dieron acceso a información reservada de la causa al “agente iraní” Jorge Khalil. Por ejemplo, Khalil, sabía que se iba a acusar falsamente a “unos fachos locales”, en lugar de los iraníes como autores intelectuales del ataque, e incluso le prometieron puestos de trabajo en Migraciones y favores de la AFIP. Otra prueba es que Rabbani, el ex agregado cultural iraní y principal acusado por la AMIA, fue el negociador principal del pacto y de los “acuerdos secretos” como la baja de las alertas rojas en Interpol contra los iraníes que debía conseguir Timerman. Y que Luis D´Elía negociaba con el ministro de Planificación, Julio De Vido, para, por ejemplo, mandar una delegación de YPF a Irán. Y hablaba por teléfono con Khalil desde la Rosada “por orden de la Jefa” o recibía instrucciones del Cuervo Larroque. D’Elía ya había sido investigado por el ex juez Juan José Galeano y el ex fiscal Eamon Mullen por sus contactos con la mezquita de Flores. Paradójicamente, Cristina que impulsó en 2004 la destitución de Galeano por encubrir la pista siria, cuando era senadora, ahora terminó acusada de encubrir la pista iraní.

 

La visión oficial en Página/12, por Mario Wainfeld:

Cuesta hablar en serio sobre la denuncia del fiscal Alberto Nisman. En parte (y sólo en pequeña parte) porque su contenido se desconoce, aunque se ha filtrado parcial y frondosamente a los medios dominantes. Pero lo principal, que sí es ostensible, es porque lleva al paroxismo la tendencia de judicializar la vida política. El contexto es ineludible: la disputa entre una parte importante del Poder Judicial y la reciente movida del Gobierno en la Secretaría de Inteligencia (SI). El oficialismo pateó dos avisperos y recoge las represalias. En el caso de la SI, como apuntó días atrás en este diario el periodista Horacio Verbitsky, hizo lo debido pero tardíamente.

Judicializar la política no es un invento argentino. Es habitual en muchos sistemas democráticos. El sociólogo francés Pierre Rosenvallon la analizó en su libro La contrademocracia. Pero hablemos en particular de nuestro Sur. Los que judicializan “todo” a veces son ciudadanos, que se sienten desprotegidos. Esa no es la desviación más habitual y preocupante. No son gentes de a pie desamparadas quienes más frecuentemente judicializan a troche y moche. Son dirigentes políticos o factores de poder. Los que pierden en las urnas (donde prima la regla de la mayoría popular) van al foro para revertir el veredicto: paralizar o entorpecer la gestión de gobiernos legítimos.

Una añeja y continua jurisprudencia aconsejaba reducir las cuestiones judiciables: las decisiones políticas quedaban afuera. Los criterios fueron variando, se amplió la esfera de competencia judicial.

Un principio general establece que la inconstitucionalidad de las leyes debe ser resuelta sólo de modo excepcional, la regla es la presunción de su validez. Por si hace falta: una ley mala o pésima no es, de por sí, inconstitucional. Las diferencias de criterio o de oportunidad o ideológicas no bastan para descalificar una norma.

De todas maneras, el control de constitucionalidad es una facultad del Poder Judicial, un modo de contrapesar a los otros estamentos del Estado. Pueden dictarse malos fallos (los hay para regalar), pero es el imperfecto ejercicio de una potestad legal. Como ocurre con los otros poderes: una cosa es funcionar mal y otra salirse de los marcos legales.

Hasta ahora, a nadie se le había ocurrido que una ley (el Memorándum de Entendimiento con Irán lo es) pudiera ir más allá de ser cuestionable o hasta inconstitucional: constituir delito. Es lisa y llanamente un disparate, sin precedente histórico que pueda respaldarlo.

Nisman atraviesa esa frontera. De momento no se sabe con qué argumentos, pero pide que se juzgue a funcionarios por el contenido de una ley. Razones no tiene; él sabrá cuáles son sus motivos. Podrán conocerlos, acaso, en “la embajada” de la cual es correveidile y a la cual acude para pedir órdenes según surge de los papeles de Wikileaks, emanados del mismísimo Departamento de Estado.

Es dable esperar, dada la magnitud del dislate jurídico e institucional que articula el fiscal, que dirigentes opositores y juristas no vasallos se pronuncien. El diputado Jorge Yoma lo hizo, argumentando en un sentido similar al que acá se formula. El se opuso con firmeza a la aprobación del tratado, pero no banca la absurda interpretación que lanza Nisman.

Nisman es fiscal especial de la causa AMIA desde 2005 o sea, más de una década después del criminal atentado. Han pasado casi diez años más y el expediente no registró avances significativos.

Como legisladora, la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue una de las políticas que más se interesó y trabajó para que la investigación avanzara. El nombramiento de Nisman, por el presidente Néstor Kirchner, tenía el mismo designio. Cuando el kirchnerismo llegó no dio con un expediente impecable, en avance, ya se había amurallado la impunidad. Esta se plasma en los primeros días o meses ulteriores al crimen... póngale un par de años si quiere exagerar.

El memorándum con Irán, se reitera, es discutible. Este cronista ya escribió considerándolo un paso en falso, que no lograría sus objetivos. Una limpia mayoría legislativa lo convalidó. Se arguyó su inconstitucionalidad, a los ojos de este escriba fue una exorbitancia concederla. Pero forma parte del juego institucional, tanto como el tratado.

Llevar un debate político al área, de por sí estricta, del delito rompe todas las reglas institucionales sensatas. Sólo se explica (que no justifica) entendiendo la ecuación funcional y personal de Nisman. Sus aliados en la SI han sido removidos o están a tiro de serlo. El sector opositor acérrimo del Poder Judicial, en el que revista, ha dejado de lado todo apego a la legalidad o respeto por el sistema democrático mismo.

Abundemos en minucias sobre una insensatez. El Código Penal es una ley, una ley posterior (el tratado) lo deroga. Si había un delito, la sanción de otra norma, especial, lo dejaría sin efecto. Estamos aceptando demasiados desvaríos. Vamos por uno más.

Si el tratado es un delito, todos los legisladores que lo votaron son partícipes necesarios. Sería forzoso procesarlos. Si se extremara el celo, habría que procesar hasta a los que dieron quórum, aunque hubieran votado en contra.

Como fuera, hace un largo rato que un conjunto de jueces enfrenta al Gobierno, sin ningún recato ni acatamiento a las normas. La limpieza de la SI agrega otro jugador, no muy afecto al fair play, por así decir.

El juez Ariel Lijo intentó hace poco sobreseer al ex ministro Carlos Corach en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA. La cámara lo frenó, por ahora. Ese magistrado tiene a cargo la insólita novedad jurídica que lanzó Nisman, tras años de no poder probar nada sólido y en plena feria judicial.

La supuesta urgencia no es jurídica, es política. En el verano de 2014 la embestida destituyente contra el oficialismo la condujeron “los mercados”. Su localización geográfica –simbólica– fue “la City”. Ahora le toca el turno a un grupo de fiscales y jueces desacreditados, desde Comodoro Py. Habrá que ver si cuela tanto delirio en el conjunto de los magistrados o si ellos mismos le ponen coto, reconociendo que ciertos colegas han llegado demasiado lejos.

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