INTRÍNGULIS INSTITUCIONAL

Un caso de corrupción en la Corte provoca crisis en Colombia

En Colombia, el abogado Víctor Pacheco denunció al magistrado Jorge Pretelt, de la Corte Constitucional, y ha activado una crisis gigantesca. La Corte, sacudida desde hace varias semanas por escándalos de corrupción que implican a uno de sus magistrados, anunció que rendirá cuentas al país de sus actuaciones en los últimos 7 años, según informó la institución. La decisión fue adoptada en una reunión por los 8 magistrados que analizaron la situación luego de las acusaciones contra ellos de su colega Jorge Pretelt, implicado en un caso de supuesta corrupción.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). En un comunicado, la Corte Constitucional de Colombia sostuvo que el jueves 26/03 presentará una total rendición de cuentas, incluyendo un "informe institucional de coyuntura sobre casos relevantes de especial interés público" y "respuestas individuales de los Magistrados sobre aspectos de actual interés para la opinión pública".
 
La Corte Constitucional de Colombia no es la Corte Suprema de Justicia de Colombia.
 
La Corte Constitucional, de 9 integrantes, es la entidad judicial encargada de velar por la integridad y la supremacía de la Constitución. Fue creada por el Capítulo IV de la Constitución de Colombia de 1991 e instalada el 17/02/1992.
 
En cambio la Corte Suprema, de 23 integrantes que ejercen durante 8 años, se divide en 3 salas de casación (Civil-Agraria, Laboral y Penal), y es la cabeza de la jurisdicción ordinaria (regula conflictos entre particulares).
 
Los anuncios de la Corte Constitucional serán previos a la cumbre de poderes que se realizará en la Casa de Nariño a la que asistirán los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos; del Consejo de Estado, José Rafael Vergara; del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz; del Senado, José David Name; de la Cámara, Fabio Amín, el fiscal General, Eduardo Montealegre; y el contralor, Edgardo Maya.
 
La decisión se suma a la adoptada la semana pasada por los magistrados de la Corte que señalaron que responderán individualmente a las acusaciones que les formulen ante las autoridades y aseguraron que los señalamientos de su colega Jorge Pretelt "son una estrategia de defensa" para distraer las denuncias de corrupción que se investigan.
 
El Gobierno, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y voces de partidos políticos han pedido la renuncia de Pretelt como magistrado de la Corte Constitucional a raíz de las acusaciones de corrupción en su contra. 
 
Buscando la puerta de salida
 
 
La crisis que ha rodeado en las últimas semanas a la Corte Constitucional es devastadora. Frente a esta situación es necesario buscar una pronta salida para que la justicia y las instituciones salgan favorecidas. En el entretanto, han surgido múltiples iniciativas.
 
La primera de ellas es que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes funcione en el presente caso. No lo hará. Fue creada justamente para que no cumpliera función alguna. Su inacción se evidencia más en este caso, cuando está de por medio gran parte de la Corte Constitucional y el Fiscal General de la Nación. Demasiados pesos pesados para un anodino cuerpo político.
 
Otra alternativa tiene que ver con la actual reforma de equilibrio de poderes que se discute en el Congreso de la República. Esta iniciativa no podrá resolver el actual estado de cosas en la Corte Constitucional porque lo que se apruebe será aplicable hacia el futuro y la crisis está presente. Además, debe recordarse que es una institución temerosa porque sus miembros le responden a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado.
 
Una tercera opción fue presentada por la revista Semana, que sugiere que los magistrados renuncien y nombren a sus remplazos hasta que se elijan nuevos a los magistrados. Esa propuesta es equivocada por dos razones.
 
La primera, porque los actuales magistrados- por lo menos 7- están mancillados por el escándalo del soborno de la tutela de Fidupetrol y por las gravísimas denuncias de Pretelt en entrevista con Julio Sánchez en 'La W' y, la segunda, porque los nuevos magistrados se elegirían de la misma forma que los actuales. Es decir, más de lo mismo. Adicional a esto, no se indica qué mecanismo constitucional se usaría para que los magistrados determinen a sus remplazos.
 
Las tres propuestas, entonces, serían insuficientes porque no resuelven la presente crisis y la parálisis en la Corte Constitucional.
 
Frente a este panorama, la propuesta que se debe adelantar para resolver la crisis en el máximo tribunal se concretaría a través de dos escenarios simultáneos. El primero, la conformación de una Corte Constitucional transitoria y, en segundo término, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Para esta propuesta sería requisito esencial la renuncia de todos los magistrados de la Corte.
 
En cuanto a la Corte Constitucional transitoria, debe el Gobierno Nacional, una vez se constaten las renuncias, se debe decretar el estado de conmoción interior para que a través de un decreto legislativo se convoque de forma excepcional y pública a los interesados para ser parte de ese tribunal, quienes deberán ser elegibles a la luz de la Constitución de 1991.
 
Una vez se tenga la lista, se procedería con veeduría internacional a realizar un sorteo para escoger a los nuevos magistrados. Los elegidos deberán ser miembros de la Corte hasta tanto se surta un proceso constituyente que nos dé un nuevo cuerpo constitucional. Estos nuevos magistrados no tendrían fuero y podrían ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia.
 
En segundo término, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente dibujaría un nuevo país, no solo en el campo de la justicia sino además abordaría una multiplicidad de disfunciones orgánicas de la Constitución de 1991.
 
Esta Asamblea tendría que ser convocada por una ley que debe aprobarse por la mayoría de los miembros del Congreso de la República. Para su realización debe votar la tercera parte del censo electoral, es decir, un poco más de 11 millones de personas.
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Este procedimiento sería la garantía para que el pueblo decida si cambia su destino o continúa el errático rumbo de la Constitución de 1991. Esta apuesta sería concordante con el proceso de paz en La Habana (Cuba), lo que permitiría iniciar el siglo XXI, dejando atrás el viejo país, su mala justicia y su anacrónica guerra.
 
La entrevista
 
Entrevista de Juan Gossain, del diario El Tiempo, de Bogota, al abogado Víctor Pacheco (acompañado de su letrado defensor Leonardo Cruz Bolívar):
 
-¿El magistrado Pretelt le pidió plata para él o no? ¿O fue para el magistrado Mauricio González? ¿O para la exesposa y el hijo de González? ¿Cuánta plata le pidió?
 
-Lo que le voy a decir es lo mismo que les dije a tres magistrados –uno grabó sin yo saber–, y lo que voy a ratificar ante la Fiscalía. Quiero ser fiel con ese episodio. Esta es la verdad: Pretelt me invitó a su apartamento y me dijo lo siguiente: “La revisión de la tutela de Fidupetrol, en la que tú estás interesado, le correspondió a Mauricio González. Soy el único a quien él escucha en la Corte”. 
 
(N. de la R.: En junio de 214 la Superintendencia Financiera de Colombia ordenó la intervención de la Fiduciaria Petrolera, Fidupetrol -a cargo de 182 negocios fiduciarios de carácter privado-, luego de que la Contraloría General de la República las encontrara responsable fiscalmente de una cantidad millonaria de ilícitos ocurridos en 2007).
 
-¿En qué fecha fue eso?
 
-El 18 de octubre del 2013. Yo le digo: “Ah, sí? ¿Y de qué se hablaría?”. Y Pretelt me contesta: “Mauricio González es una persona honrada que no le recibe plata a nadie. Pero eso se puede solucionar con una cifra aproximada de 500 millones de pesos, de los que una parte sería para Marcela Monroy y para su hijo, un muchacho de 17 años”.
 
-¿Usted sabía que Marcela Monroy fue esposa de Mauricio González?
 
-Lo vine a saber mucho después. Y también supe que el muchacho es el hijo que tuvieron en el matrimonio. Esas fueron sus palabras textuales.
 
-¿La señora Monroy recibió los ‘regalos’ que sugirió Pretelt?
 
-No tengo información sobre eso, pero no lo creo. Después de la reunión con Pretelt, indagué por ella y descubrí que es absolutamente impoluta, decente. 
 
-¿Pero tenía ella información de que estaban usando su nombre en esa clase de componendas?
 
-Nunca. ¿Y sabe usted por qué me atrevo a afirmarlo? El 26 de diciembre del 2014, fui a la casa de Gabriel Eduardo Mendoza, magistrado de la Corte Constitucional. Lo conozco hace 20 años. Mi padre y mis tíos fueron amigos de sus padres. Llegué a su casa, en Barranquilla, como a las 9 de la mañana. Hablamos de parientes enfermos y de viejos amigos. De repente, me dice: “¿Leíste lo del escándalo del yate que compró Pretelt con un socio?”. Le dije que algo había oído. Y le dije: “A propósito de Pretelt, ven y te echo un cuento”. Le hablé de la reunión en el apartamento. Le conté lo mismo que acabo de contarle a usted. “Lo que más me indigna”, le dije a Mendoza, “es que a una señora perfectamente honrada, Pretelt la ponga de mampara para tratar de lograr un lucro. Eso es una bastardía”. Recuerdo que a Gabriel lo impactó esa palabra.
 
-¿Usted se lo contó en diciembre a Mendoza como un secreto o para que lo supiera la Corte?
 
-Quería comunicárselo al mismo Mendoza y a la Corte entera. Que supieran, porque a lo mejor Pretelt estaba fabricando el mismo episodio con otra gente. Fue entonces cuando Mendoza me hizo esta reflexión: “Quién sabe a cuántos de nosotros no habrá metido en eso, y a nuestros familiares”. Hasta ahí fue. Ese fue el mensaje que yo quise mandar. Diciembre del 2014. Diciembre 26.
 
-¿Cree que Pretelt usó el nombre de la señora Monroy y de su hijo, a ver si obtenía beneficios personales?
 
-Eso fue, ni más ni menos. Por eso, le dije después al magistrado Vargas, en febrero, en la conversación que él grabó sin yo saber: “Esto está contaminado”. 
 
-Eso nos lleva a los colombianos a hacernos esta pregunta: si Pretelt recibió dinero para aprobar la tutela a Fidupetrol, ¿por qué terminó votando contra ella, como hizo toda la Corte en pleno?
 
-“Esto no puede ser”, recuerdo que me dije al ver esa providencia. Pero a partir de octubre del 2013, cuando Pretelt me pidió el dinero, me separé del tema y empezaron unos entendimientos profesionales entre Fidupetrol, la empresa para la que yo venía trabajando el caso, y el abogado Rodrigo Escobar Gil.
 
-Exmagistrado de esa misma Corte.
 
-Sí. Nunca supe cuál fue el alcance del contrato entre Fidupetrol y Escobar, ni la cuantía ni los destinos que le dieron a ese dinero. Así se lo informé al magistrado Vargas, y está en su grabación. A partir de ese momento, lo que digo son suposiciones. En la cinta se oye cuando digo: “Creo, creo…”. En lo único en que soy categórico y doy fe es en lo que me dijo Pretelt el 18 de octubre del 2013. Después de esa fecha, no sé si hubo o no hubo.
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-Pare. ¿Qué significa que usted se haya ‘separado del tema’?
 
-Le explico: yo ya tenía un recorrido andado en ese tema de la tutela de Fidupetrol. Había hecho un escrito sobre la selección y revisión en la Corte. A partir de ese momento, entra al escenario Escobar Gil, a quien visité y le entregué mi texto. Uno de sus colaboradores me respondió que estaba perfecto y que le hizo algunos agregados. Estábamos trabajando a cuatro manos. Escribimos un memorial que se radicó en la Corte y jamás volví a tocar el asunto ni a saber de él. Escobar es el único que queda encargado. 
 
-Escobar ha dicho que, cuando Fidupetrol le pagó, le dio a usted una ‘propina’ de 32,5 millones de pesos. ¿Qué es, entre abogados, una ‘propina’, y por qué ‘propinársela’ a usted?
 
-No fue “propina”. Cuando le presenté el memorial que se preparó en mi oficina, Escobar me dijo: “Vamos a remunerar al equipo que te ha colaborado”, y me entregó los 32 millones de pesos. Oportunamente, presentaré los documentos relacionados con el contrato con Fidupetrol y mis entendimientos con Escobar Gil. No tengo nada que ocultar.
 
-Perdone que le hable con franqueza. ¿Cree que fue Escobar Gil quien acabó pagando el soborno? ¿O el hecho de que la Corte votara contra la tutela muestra que no hubo soborno?
 
-Lo que sé es lo que le he dicho y está grabado. A partir de allí, cualquier cosa que diga serían suposiciones.
 
(...) -¿Por qué un abogado de renombre, como usted, con tanto que perder en un escándalo como este, resolvió denunciar que la cabeza de la Corte Constitucional estaba pidiendo dinero?
 
-Me indignó que hubiera usado para ello a una señora honrada. El primero al que le comenté fue al magistrado Mendoza, en diciembre pasado. Y él sabe que esa fue mi razón. Eso fue lo que me motivó a decirlo. Eso me hace recordar lo que me pasó en Barranquilla hace como cinco años. También revelaron una grabación de una charla que tuve con Enrique Berrío, presidente de la Cámara de Comercio. Él me pregunta por el desarrollo futuro de una acción de tutela. Le digo que eso corresponde a una segunda instancia. Le expliqué que en la ciudad hay 14 juzgados civiles del circuito y le describí los 14 jueces, del primero al último. Todos. Esa es mi vida diaria. “Todos son personas íntegras”, le dije a Berrío, “salvo cuatro de ellos, que son fulano, mengano y zutano”. Bueno: grabaron la charla, la publicaron, estalló el alboroto. ¿Sabe una cosa? Poco tiempo después, los cuatro estaban condenados. En esa época, la gente me decía, como me dicen ahora, a raíz del caso Pretelt, que por fin alguien tuvo el coraje de decirlo. “Buena esa, Pacheco”, me gritan en la calle. (...)".

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