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La interna y la corrupción en Brasil paralizan al gobierno de Dilma Rousseff

Suiza dispuso este jueves transferir la investigación por lavado de dinero y corrupción pasiva sobre las cuentas de Eduardo Cunha, diputado del PMDB y presidente de la Cámara. Fiscales suizos encontraron al menos cuatro cuentas secretas cuyo manejo es atribuible a Cunha. La pugna establecida entre Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), de centro izquierda y el partido teóricamente aliado suyo y del PT en el Congreso, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), sin una ideología clara, tiene paralizada la vida política del país.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) - El Ministerio Público confirmó oficialmente que el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, está siendo investigado en Suiza como sospechoso de lavado de dinero y corrupción pasiva. Los investigadores suizos encontraron cuentas secretas del parlamentario y de familiares suyos en un banco local. El saldo de las cuentas fue bloqueado y existen indicios de que el dinero sería producto del pago de sobornos a Cunha, relacionado con el esquema de corrupción en Petrobras, más conocido como Lava Jato.
 
Fiscales suizos encontraron al menos cuatro cuentas secretas cuyo manejo es atribuible a Cunha, según versiones periodísticas divulgadas este jueves (1-10); una de ellas está a nombre del presidente de la Cámara de Diputados y su esposa, la periodista Claudia Cordeiro, ex presentadora de noticieros en TV Globo entre 1989 y 2001.
 
Tras confirmar que Cunha era el titular de las cuentas bancarias, el Ministerio Público suizo envió a Brasil los datos sobre el caso, que permitirán a la Fiscalía General de la República investigar y procesar al diputado por corrupción pasiva. La transferencia del caso a Brasil fue para que las investigaciones del caso puedan tener continuidad, ya que al ser nacido en Brasil Cunha no podría ser extraditado a Suiza.
 
Por lo menos tres detenidos por el caso Lava Jato -que investiga un esquema de pago de sobornos en la estatal Petrobras, que benefició a políticos y empresarios- mencionaron a Cunha como uno de los beneficiarios del esquema ilegal. Cunha asegura que no conoce a ninguno de los testigos que le acusan, y en varias oportunidades se ha dicho víctima de acoso judicial por órdenes de la presidenta Dilma Rousseff.
 
La pugna establecida entre Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), de centro izquierda y el partido teóricamente aliado suyo y del PT en el Congreso, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), sin una ideología clara, tiene paralizada la vida política del país.
 
La subasta de puestos en un futuro Gobierno (en el que el PMDB aspira a siete ministerios) mantiene bloqueada la aprobación de un paquete de medidas de ajuste fiscal, que, a juicio del Ministro de Economía, Joaquim Levy, y la propia Rousseff son necesarias para sacar al país del marasmo económico en el que languidece. La postura intransigente del presidente del Congreso, Eduardo Cunha, del PMDB, hombre clave para el desarrollo de las sesiones y del que se ha descubierto que tiene cuentas sospechosas en Suiza, complica más la laberíntica situación.
 
Todo Brasil lleva varias semanas esperando a que la presidenta Rousseff decida los puestos del nuevo Gobierno. El pasado 24 de agosto, la mandataria anunció que a finales de septiembre reduciría 10 de los 39 ministerios (cinco del PMDB) a fin de dar un nuevo aliento a su gestión, muy criticada en el país, y con una aprobación que se arrastra en torno al 10%, según la última encuesta publicada. Y todo indicaba que la reforma de su gabinete finalmente sería anunciada ayer. Pero no.
 
Todo estaba previsto para que el Congreso, en el que el PT se encuentra en minoría, aprobara, con los votos del decisivo —aunque volátil— PMDB, las nuevas medidas de ajuste. De esa forma, la presidenta evaluaría la lealtad de sus aliados. A cambio, según varios analistas políticos, la presidenta había prometido siete ministerios a sus inestables aliados, entre los que se contaba el estratégico ministerio de Sanidad. De esta manera, Rousseff conjuraba la amenaza del impeachment, que pende sobre ella desde hace varios meses.
 
Sin embargo, sorpresivamente, el siempre polémico Cunha, enemigo declarado del Gobierno a pesar de militar en el mismo partido que sus teóricos aliados, maniobró para aplazar la sesión decisiva y, de paso, aplazar la también decisiva reforma ministerial. La nueva sesión en la que, en principio, se aprobará la batería de medidas de ajuste se celebrará el día 6 de octubre.
 
Cunha, investigado en el caso Petrobras y acusado por un delator de esta trama de corrupción de haber recibido —y de haber ingresado en bancos suizos— cinco millones de dólares, dice que se siente acosado por el Gobierno y que es el Gobierno de Rousseff el que instiga la investigación contra él. El aplazamiento de la sesión obedecería, pues, a una medida de presión por su parte hacia un ya debilitado Gobierno. También, entre las razones del aplazamiento, se cuenta la de que Cunha quiere que el Congreso apruebe, en esa decisiva sesión, una medida que no impida las donaciones privadas a partidos políticos en campaña electoral.

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