SOBREPRECIOS

Plan Qunita: Manzur tampoco quiso declarar y ahora le toca a Aníbal

Al igual que Daniel Gollán, actual ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur (flamante gobernador de Tucumán) también se negó este miércoles 18/11 a declarar ante el juez Claudio Bonadio y en su lugar presentó un escrito. En un breve contacto con la prensa se desligó de los detalles del Plan Qunita: "mi intervención fue al comienzo, desconozco los precios". Como excusa, argumentó: "Me presenté y, para no olvidar fechas y datos, presenté un escrito explicando los procedimientos y parámetros legales de la Sigen y organismos de contralor". Mañana será el turno de declarar del jefe de gabinete, Aníbal Fernández. Bonadio investiga una denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña por sobreprecios.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Hasta ahora todos los funcionarios del Gobierno nacional se negaron a declarar ante el juez Claudio Bonadio en la causa por sobreprecios del Plan Qunita. El primero fue el viceministro de Salud y militante de La Cámpora Nicolás Kreplak. Le siguió ayer (17/11), el actual titular de esa cartera, Daniel Gollán (que se hizo conocido por decir en un tuit -que luego adjudicó a un ‘hackeo’ de su cuenta- que peligraban los tratamientos contra el cáncer si Macri era presidente) y hoy (18/11) fue Juan Manzur, el ex ministro de Salud y ahora gobernador de Tucumán, el que no respondió a las preguntas de Bonadio. Mañana (19/11) será el turno del jefe de gabinete, Aníbal Fernández, para que brindar su testimonio.

En relación a Manzur, el flamante mandatario tucumano se presentó en el juzgado de Bonadio esta mañana y entregó un escrito en el que rechaza el supuesto pago de sobreprecios y direccionamiento de la licitación a determinadas empresas del programa. Luego se retiró de Comodoro Py sin atender a la prensa, pero dejó algunas definiciones.

En diálogo con el diario La Gaceta de Tucumán, el gobernador argumentó por qué no quiso declarar y dejó un escrito: "Me presenté y, para no olvidar fechas y datos, presenté un escrito explicando los procedimientos y parámetros legales de la Sigen y organismos de contralor".

El ex ministro aclaró que estuvo sólo en el inicio del expediente de la licitación y que no hubo observaciones en esa etapa. Luego regresó a Tucumán para asumir la vicegobernación.

" Mi intervención fue al comienzo, desconozco los precios", le dijo Manzur fugazmente a Radio Mitre.

A diferencia de Manzur, Gollán no presentó un escrito para argumentar en su defensa según explicó su abogado, Ezequiel Klainer.

La causa por sobreprecios en el Plan Qunita se inició por una denuncia de la legisladora Graciela Ocaña por pagos ilegales que ascenderían a 550 millones de pesos.

La legisladora porteña compró los productos del kit -de mejor calidad- y pagó 4.129 pesos, contra los 7.784 pesos anunciados por la presidenta Cristina Kirchner, que había asegurado que se trataba de un costo más bajo que el habitual.

"Es una licitación armada, por eso la denunciamos. Generó un negociado: yo compré los productos del kit en el barrio de Once y gasté 4.100 pesos (con elementos de mayor calidad), contra 7.800 pesos que le costó al Estado", se quejó.

Según la ex ministra, ninguna de las empresas que ganaron la licitación está registrada en un rubro vinculado a la fabricación de los materiales que comprende el plan. En este sentido se refirió en particular a Fassano SRL, que figura como inmobiliaria y, de acuerdo con la investigación, el año pasado facturaba 6 mil pesos y ahora recibirá 900 millones del Estado (ver nota relacionada).

"(Los funcionarios) adjudicaron 1100 millones de pesos. Es un curro grande como una casa, que implica malversación de fondos públicos y se lo tendrán que explicar al juez", afirmó Ocaña en declaraciones a AM 950.

La ex funcionaria cuestionó también la mala calidad de los productos del plan destinado a mujeres embarazadas. "Es un desastre porque han pagado el doble del precio y es de pésima calidad para nuestros chicos", explicó, y precisó que cada kit "tiene un precio de mercado de 4000 pesos y el Estado pagó casi 8.000 pesos".

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