REFORMA

El voto electrónico tiene nombre y apellido: Magic Software Argentina

El proyecto de ley de reforma electoral presentado por el gobierno de Mauricio Macri contiene la implementación del voto electrónico, sistema tecnológico que en Argentina fue patentado y aplicado en varias elecciones, la principal, la porteña, por una empresa excluyente: Magic Software Argentina (MSA), cuyas oficinas se mudaron, como era natural, al distrito tecnológico Parque Patricios, bastión del Pro.

Para tener una idea de lo que representa el negocio de proveer el servicio integral del voto electrónico para los comicios nacionales en ciernes, como los de 2017, se lo puede estimar en unos US$ 150 millones.

La firma tiene dos cabezas visibles: el que fuera gerente general y hoy es presidente, Sergio Angelini, y un ex secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral, Nicolás Deane, quien figura como director en la página web en inglés de MSA SA, en la cual aparece Guy Bernstein como jefe ejecutivo de la empresa. 

Desde 1995, y luego de denominarse Dabena S.A., MSA incursiona en el sector de gobierno, proveyendo productos de base y soluciones a medida, atendiendo la creciente demanda de sistemas para pequeñas redes, como se daba en llamar a principios de los años '90. 

A fines de esa década, se había posicionado como una de las tres empresas dedicadas a resolver la problemática electoral para la realización de actos eleccionarios integrales, proveyendo tanto la logística, los bienes y los servicios de escrutinios oficiales. En la actualidad quedó como la única empresa nacional con una solución de voto electrónico patentado, probado y operativo.

Los cuestionamientos más significativos que se le hacen al sistema son que el control queda en manos de los gobernantes y de la empresa que maneja el negocio y que, al tener patentado como propio el proceso, una licitación sería una mera cuestión burocrática. Lo fue el año pasado en la Ciudad de Buenos Aires, cuando venció a la holandesa Smarmatic Internacional Holding B.V y le tocó desembolsar $218 millones para la instalación y el mantenimiento de 9.500 máquinas de emisión de voto y escrutinio.

Quien redacta y pone la firma en los pliegos de licitación es Bruno Screnci Silva, el hombre de Diego Santilli en la Subsecretaría de Asuntos Públicos del Ministerio de Gobierno porteño. El senador nacional del PRO y sus colaboradores tienen un marcado y antiguo interés en el voto electrónico. Y por si algún elemento raro faltara para agregar suspicacias, la aprobación contó con un acuerdo PRO-FPV.

Además, MSA ya había trabajado para el Gobierno porteño en otras oportunidades, como en junio de 2014, cuando el ministro Hernán Lombardi, en nombre del Ministerio de Cultura de la Ciudad, la contrató para que lleve a cabo “el servicio de emisión y administración de venta de localidades para espectáculos y eventos para el Complejo Teatral Buenos Aires”.

Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad premió a la compañía en cuestión por haberse instalado en el Distrito Tecnológico ubicado en el barrio de Parque Patricios, en el marco de una operación valuada en $222 mil. De hecho, el entonces titular de esa cartera porteña y hoy ministro nacional, Francisco Cabrera, le otorgó exenciones impositivas al pago de ingresos brutos e impuesto a los sellos por medio millón de pesos.

Trayectoria

Como antecedentes, la empresa prestó servicios en elecciones municipales de Río Cuarto, Córdoba, donde había cobrado $520 mil por el tra­ba­jo, en Ushuaia y Salta, provincia ésta última a la que accedió “de apuro” cuando luego de las escandalosas elecciones tucumanas, el gobernador Juan Manuel Urtubey la contrató por $144 millones.

A partir de entonces, en publicitadas operaciones de marketing, siempre se esmeró en colocarlo en otras provincias e incluso en otros países, como Ecuador, a donde viajaron para asesorar nutridas comitivas de funcionarios salteños. Pero cuando se habló de implementarlas en las presidenciales de octubre pasado su respuesta fue que "hay que cambiar los códigos electorales nacionales, realizar capacitación, es prácticamente imposible". Sin embargo, afirmó en declaraciones a Radio 10 que era “un sistema súper sencillo, muy amigable y con todas las garantías, una cosa intermedia porque sigue estando el soporte papel dentro de la urna".

Fue una especie de prólogo para el debate en ciernes sobre la reforma electoral, mientras Chaco, San Luis y Neuquén serán las próximas provincias argentinas en aplicarlo.

Nicolás Deane, director de Relaciones Institucionales de Magic Software Argentina (MSA), dialogó con Radio Sudamericana y explicó cómo se lleva adelante el sistema tecnológico que buscan implementar en 2017. “Hemos hecho presentaciones en distintas partes del país y  en ninguno tuvimos problemas”.

“Trabajamos en Salta -donde había que llevar máquinas en el medio de la montaña y donde la gente tenía cero inserción de tecnología- y también en Buenos Aires donde prácticamente toda la ciudadanía tenía un uso habitual de celulares”.

“La utilización no es compleja, uno debe acercarse para la capacitación y poder interiorizarse sobre el funcionamiento de las máquinas. Por lo general, los problemas mayores tienen las personas de entre 40 y 55 años de edad”, explicó Deane entrevistado por Daniel Romero.

“El Boleto Electrónico requiere de mucha planificación; por ello la Cámara Nacional Electoral hace trabajos respecto de los datos que uno necesita para poner las máquinas en todas las escuelas del país”, añadió a este medio.

Aseguró también que no es esencial que las escuelas tengan energía eléctrica, pues cada máquina tienes baterías que duran aproximadamente 12 horas; tiempo suficiente para terminar los comicios.

Costos comparativos

En los costos comparativos con el actual sistema electoral se encuentran ventajas que obran como justificativo de los que abonan la modificación. El nuevo le cuesta al Estado unos $ 40 por voto, pero los partidos políticos, que mandaban a imprimir boletas, ahorrarían por entre 4 y 5 veces el padrón electoral. Eso sale no menos de $ 60 o $ 70 por elector. Salta demostró que le resultó más barata la elección, sin los problemas de robo de boletas y con el beneficio a los partidos chicos a los que les pesa más el costo de imprimir boletas.

No es la misma cuenta que cuando se analiza al voto electrónico como negocio. El programador Joaquín Sorianello, aludió a intereses que tocó al advertir la filtración de información sensible del sistema de carga de datos de la boleta única electrónica que se utilizó en las elecciones porteñas y que hubiera permitido alterar el escrutinio, cuando la División de Delitos Informáticos de la Policía Metropolitana allanó por orden de la jueza María Luisa Escrich su domicilio. Había sido la segunda falla detectada, luego de que un grupo de informáticos denunciara que el software tenía un agujero de seguridad que facilitaba la suma de varios votos a un candidato con una sola boleta.

El titular de MSA negó enfáticamente a una radio salteña el año pasado que exista “sustento tecnológico para hablar de fraude". Señaló también que "se trata de una empresa con intereses en toda América Latina como para trabajar de forma irresponsable", un argumento que parece contrastar con las falencias que admite el informe de la empresa ante la Corte salteña.

No obstante, sobre la posibilidad de que se filtren los certificados SSL de seguridad de los terminales que envían los datos del escrutinio provisoria desde las escuelas al centro de cómputos, admitió que "cualquier persona malintencionada podría con estos certificados SSL enviar resultados falsos del escrutinio. También podría realizar un ataque de denegación de servicio. Es decir,transmitir tantos resultados que hagan que el sistema no pueda procesar los recuentos genuinos", completó.

Otro problema recurrente han sido las "caídas del sistema": Magic Software Argentina tuvo gravísimos inconvenientes en Río Cuarto, durante las elecciones municipales de 2008, y también en las Paso salteñas de 2013.

Papel versus electrónica

Estas urnas electrónicas que se usan en otros países, son las que critican y están abandonando, y está muy bien que sea así porque son urnas que guardan un registro, es decir que el voto queda grabado y es muy difícil de auditar que lo que termina contando sea lo que uno votó. Otras además emiten un ticket, pero eso sólo comprueba que la transacción se hizo correctamente.

La gran diferencia con la de Buenos Aires es que la máquina es una gran herramienta para construir boletas.

El voto sigue siendo en papel, se sigue teniendo la mesa con las autoridades, la fiscalización y está siempre la posibilidad de tener un recuento manual. Cuando hay conflicto, se puede abrir la urna y contar voto por voto. También tiene un chip que hace el recuento.

Pero la experta Beatriz Busaniche (Fundación Vía Libre) advierte sobre "estrategias de marketing" y señala que "en Salta, la empresa proveedora de las urnas cuenta con una patente sobre el sistema electoral utilizado, por lo que el sistema no sólo es privado, sino que además la patente vigente hasta el 2024 le otorga a la misma el monopolio sobre su implementación".

"Holanda dejó de usarlo en 2008, Alemania lo declaró inconstitucional en 2009 y en Brasil, el secreto de las urnas fue vulnerado por expertos en seguridad informática. La integridad y el secreto del voto entran en riesgo con estos sistemas", advirtió, contra el optimista discurso del gobierno salteño.

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