DURÍSIMO DEBATE EN EL CONGRESO

Carrió ("dueña de la verdad") vs. De Vido ("cajero de Kirchner") y cobró Binner

¿Por qué Elisa Carrió embistió contra Hermes Binner durante su discurso contra Julio De Vido? El tema plantea un interrogante, consecuencia del comunicado de la Mesa directiva Nacional del Partido Socialista que repudió dichos de Carrió. Por lo tanto, aquí va la versión taquigráfica del debate en la Cámara de Diputados de la Nación el jueves 23/07:

Comunicado de la Mesa directiva Nacional del Partido Socialista repudia los dichos de Carrió:

"La Mesa directiva Nacional del Partido Socialista expresa su más enérgico rechazo y repudio a las infundadas acusaciones de la Diputada Carrió que afectan al Presidente de nuestro partido Dr. Hermes Binner. La Diputada Carrió falta a la verdad. Hermes Binner ha sido intendente de la ciudad de Rosario durante dos gobiernos y Gobernador de la Provincia de Santa Fe durante un período y puede sostener que gobernar no es hablar, y en el caso de un militante socialista, gobernar es impulsar la transformación a través de políticas públicas que beneficien a las mayorías. Además, como corresponde a una historia, los socialistas a través de 120 años de existencia en Argentina, hemos aportados muchas cosas pero en particular, combatir la corrupción y vivir en consonancia con lo que se dice. Pretender asociar el nombre de Hermes Binner con el comportamiento corrupto del Ministerio de Planificación de la Nación es un acto demencial o de una hipocresía sin límites."  

"Cuántos de los que están acá cenaron con De Vido para pedirle obra pública. Lo vi al exgobernador (Hermes) Binner abrazado con De Vido y hablando mal de mí cuando necesitaba obras", había dicho Elisa Carrió. También: "Yo dije en 2005 que De Vido era el cajero de Kirchner y lo sigo diciendo: el señor De Vido es el más grande cajero del expresidente Kirchner y de Cristina Kirchner y (el exsecretario de Obras Públicas José) López sólo es el valijero".

Julio De Vido le respondió: "No he sido ni soy cajero de nadie. Trabajo desde hace 50 años, fui titular de dos ministerios".

 

Cámara de Diputados de la Nación
9na. Reunión - 8va. Sesión Ordinaria - 23/06/2016

Presidencia de los señores diputados Emilio Monzó, Patricia Viviana Giménez y Pablo Gabriel Tonelli.

Autorización al juez titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº9 para allanar los domicilios particulares y las oficinas del diputado nacional Julio Miguel De Vido:

Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar los dictámenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales -Orden del Día N° 228- recaídos en el proyecto de resolución del señor diputado Tonelli y otros, por el cual se autoriza al juez titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9, doctor Luis Rodríguez, a allanar los domicilios particulares y las oficinas del diputado nacional Julio Miguel De Vido (expediente 2.578-D.-2016).

- Aquí Orden del Día N°228

Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Tonelli.- Señor presidente: si bien en la sesión pasada relaté brevemente los hechos que dan fundamento a este proyecto de resolución, lo haré nuevamente de manera resumida para que se entienda cabalmente de qué estamos hablando.
         
El juez federal Luis Rodríguez tramita y lleva adelante una causa en la que se investiga el presunto enriquecimiento ilícito del señor diputado Julio De Vido.
         
En esa causa, con fecha 29 de abril, el propio juez Rodríguez dispuso una presentación de libros, con una orden de allanamiento en subsidio, a concretarse en el domicilio particular del señor diputado Julio De Vido. Sin embargo, el abogado defensor del diputado se presentó en la causa e invocó la vigencia de la ley 25.320 -que reglamenta los fueros de los legisladores previstos en la Constitución Nacional- y pidió que se suspendiera y dejara sin efecto el allanamiento.
         
Como efectivamente el último párrafo del artículo 1° de la ley 25.320 dispone que no pueden allanarse ni la vivienda ni las oficinas de un diputado o de un senador, ni interceptarse su correspondencia sin previa autorización de la Cámara, el juez se vio obligado a dejar sin efecto el allanamiento.
         
Ante esa decisión del juez de dejar sin efecto el allanamiento –es decir, de no poder concretar una medida de prueba y un acto enderezado hacia la investigación de los hechos que se tratan de dilucidar en la causa-, un grupo de diputados del bloque Cambiemos presentamos un proyecto de resolución, que obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales, por el que se autoriza el allanamiento de los domicilios particulares y de las oficinas del señor diputado Julio De Vido.
         
En primer término, esta autorización no significa una mengua para el señor diputado en su condición de tal porque no implica desaforarlo ni suspenderlo, sino simplemente autorizar el allanamiento en cuestión. Es decir que el señor diputado mantiene su condición de tal y todos los derechos que en ese sentido le corresponden.

         
Tampoco prejuzga acerca de si el señor diputado es o no culpable del delito por el cual se lo investiga en esa causa.
         
Lo único que pretendemos con esta autorización es permitir que el juez federal Luis Rodríguez avance en su investigación y más pronto que tarde llegue a alguna conclusión definitiva y pueda dictar sentencia acerca de si hubo o no delito.
         
En este sentido también me parece relevante hacer una breve reflexión acerca de los fueros de los que gozamos los legisladores y del significado que ellos tienen.
         
Los fueros existen en todas las Constituciones que han adoptado el modelo republicano -como es nuestro caso- y están pensados para que los legisladores desempeñen su mandato como tales con absoluta libertad y sin cortapisas de ningún tipo. Por este motivo es que la Constitución prevé básicamente dos inmunidades en favor de los legisladores. La primera es la inmunidad de opinión, que implica que ningún diputado puede ser juzgado, acusado o molestado por las opiniones que exprese durante el desempeño de su mandato. Esto es bastante razonable porque si por ejemplo un diputado opositor criticara fuertemente a algún miembro del gobierno y por esto fuera llevado a juicio, está claro que no podría desempeñar su mandato libremente y en plenitud.
         
La segunda inmunidad es la de arresto. En este sentido la Constitución Nacional establece que ningún diputado, desde el día de su elección –es decir, aun antes de haber asumido- puede ser detenido sin previo desafuero de la Cámara a menos que sea sorprendido in fraganti, esto es, en el momento de cometer un delito. Esta inmunidad también es muy razonable porque si no, sobre la base de falsas denuncias y con el apoyo de algún juez complaciente con el poder de turno, sería bastante sencillo detener diputados y evitar que participen de las sesiones de la Cámara. Pero de ninguna manera –al menos en nuestra concepción de las cosas- los fueros o las inmunidades de los legisladores han sido consagrados en la Constitución Nacional para eludir una investigación judicial por hechos absolutamente ajenos a su desempeño como tales, y particularmente no han sido concebidos para escudarse en ellos cuando se están investigando delitos de corrupción. No sabemos si el señor diputado es o no culpable de dichos delitos, pero sí sabemos que queremos que la investigación avance y concluya y que todos sepamos cuál es la verdad.

         
Entonces, nos interesa particularmente que hoy la Cámara apruebe esta resolución, porque en primer lugar queremos dejar constancia de que estamos en contra del uso de los fueros o inmunidades parlamentarias para algo distinto de lo que previó la Constitución. Esto en términos generales. Pero además, en términos particulares, estamos decididamente en contra de que esas inmunidades sean utilizadas como un escudo para protegerse de investigaciones por delitos de corrupción que inclusive –de acuerdo con la investigación- habrían sido cometidos mucho antes de la elección del señor diputado.
         
En consecuencia, más allá del valor probatorio que hoy en día pueda tener ese hipotético allanamiento –que seguramente será muy menor después de tanto tiempo de discusión acerca de si corresponde o no autorizarlo- sí nos interesa dejar constancia de cuál es el criterio, al menos de nuestro bloque y esperamos que también lo sea del pleno de la Cámara, acerca del alcance y del uso de los fueros o de las inmunidades parlamentarias.
         
Además, dicho sea de paso, es dudosa la constitucionalidad de ese último párrafo del artículo 1° de la ley 25.320 en tanto y en cuanto exige la previa autorización de la Cámara para disponer un allanamiento. Hay quienes sostienen –me incluyo- que ese es un exceso reglamentario en el que ha incurrido el legislador porque se trata de una inmunidad que no está prevista en la Constitución Nacional, y en todo caso a los legisladores -así como a todos los habitantes de este país- nos alcanza y ampara el artículo 18 de la Constitución Nacional que prohíbe los allanamientos sin una orden previa de juez competente.

         
A nuestro modo de ver, esto sería suficiente para garantizar no solo los derechos de los legisladores sino los de todos los ciudadanos. Es más, próximamente tenemos para discutir en la Comisión de Asuntos Constitucionales un proyecto de ley que va en este sentido y elimina de ese artículo 1° el requisito de la autorización previa de la Cámara de Diputados. Lo cierto es que hoy en día el artículo rige, y más allá de la discusión acerca de si contiene o no un exceso reglamentario, nos parece que el mejor modo de zanjar esta cuestión es sentar una posición clara, rotunda y concreta a favor de las investigaciones, especialmente cuando van dirigidas a legisladores. Cabe señalar que no solo estamos a favor de las investigaciones sino también de la transparencia más amplia que podamos concebir.
         
En este sentido y con este alcance, sin que ello implique prejuzgamiento de naturaleza alguna, solicitamos a la Honorable Cámara que autorice el allanamiento a los domicilios y viviendas del señor diputado Julio De Vido, a fin de que la investigación pueda continuar y llegar a una conclusión definitiva.
(Aplausos en las bancas.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Conti.- Señor presidente: saben que mi vehemencia no me permite hablar con la tranquilidad y la juridicidad de la que se disfraza un proyecto de resolución que intenta cambiar una ley. Una norma se cambia con la intervención de las dos Cámaras. Por lo tanto, creo que si bien habría que modificar la ley de fueros dictada durante el gobierno de de la Rúa –en el año 2000-, hay que aceptar ella que fue el resultado de lo que dispuso, en su momento, el Congreso Nacional a través de las Cámaras. ¿Puede haberse excedido constitucionalmente? Tal vez, sí. Sin embargo, ¿cómo se concretaría el allanamiento a un juez? Aclaro que para que un juez cuestionado concurra al Consejo de la Magistratura, se lo cita hasta tres veces, y si quiere, no concurre. ¿Cómo se llevaría a cabo la interceptación telefónica a la casa o a las oficinas del presidente de la Nación?
         
Si se aprobara este proyecto de resolución, más allá de convertirse en un acto de onanismo público, que me parece una bajeza institucional para este recinto, sería como poner nuestras partes pudendas en exhibición para degradarnos institucionalmente frente a los otros poderes del Estado, respecto de los cuales tenemos una paridad y el orgullo de pertenecer.
         
Por más que se dé vueltas al asunto, los jueces conocen la Constitución Nacional y las leyes. Saben que si tienen que allanarnos un domicilio o una oficina anotician a la Cámara correspondiente y esta procede según cuestiones de procedimiento que tienen todos los poderes del Estado respecto de los funcionarios públicos en los procesos penales.
         
Si la propia Cámara autoriza un allanamiento, si se plantea una resolución conjuntamente con otra de diputados radicales que integran Cambiemos por la que se pide al doctor Bonadío que nos diga si tenemos que desaforar o no al señor diputado De Vido, esto no tiene otra forma de llamarse más que intromisión indebida, presión y marcación de la cancha a los jueces de Comodoro Py, se trate del que sea, nos guste o no.

         
Por estas razones, hemos presentado un dictamen de minoría. Sin embargo, pido a los señores diputados que no disparemos a nuestras partes pudendas, ¿saben por qué? La antipolítica no querrá mostrar solo al kirchnerismo como lo que no debió ser. Salvo a los CEO de empresas, el poder fáctico, que siempre estuvo en la Casa Rosada, excepto breves interrupciones, es el viejo poder el que se llevará puestos a todos. (Aplausos en las bancas.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cigogna.- Señor presidente: en primer lugar, quiero dejar sentado que el señor diputado De Vido no se ha amparado en fuero alguno respecto del procedimiento que estamos debatiendo ahora ni de ningún otro. Es el propio juez quien dejó de seguir adelante. Esto es así, querido Pablo Tonelli; seguramente después podrá aclarar lo que crea conveniente. Reitero que eso no ha acontecido.
         
De cualquier manera debo decir que si se aprobara este proyecto de resolución se habrá violado la Constitución Nacional y la ley 25.320 dado que no se estaría siguiendo el procedimiento debido.
         
Al respecto, voy a citar al maestro Julio Oyhanarte, a quien estoy seguro de que el diputado Tonelli le tiene la misma admiración que quien les habla.

         
Dice Oyhanarte: “Por último, el principio interpretativo debe fijarse tomando en cuenta la insólita amplitud literal de nuestra Constitución. Al modificarse la naturaleza de las asambleas legislativas después de 1789, se modificó, a la par y por la misma razón, la base jurídica de las inmunidades. Unida la división de poderes a la idea del Parlamento o del Congreso como representante de la Nación...”, aquí viene la parte nodal del argumento, “...se sustituyó un carácter colectivo al antiguo carácter personal de aquélla...” Esto último es muy importante porque me han dicho que hay un diputado que habría presentado la renuncia a sus fueros, cosa que no puede hacer.
         
Continúa señalando Oyhanarte: “Todo el mundo acepta hoy que las inmunidades pertenecen al cuerpo y que ningún legislador puede renunciarlas por propia iniciativa. Si bien este es un principio incontrovertido, en las exposiciones doctrinarias que de él se hacen aparece diluido un concepto que merece ser puntualizado. Cada Cámara es titular de sus inmunidades, sin duda. Pero, ¿puede conducirse con plena discrecionalidad en el ejercicio de las mismas? Responder a esta pregunta es confirmar la regla extensiva que hemos aceptado. En efecto, los constructores de nuestro régimen político otorgaron una complexión tan sólida a las inmunidades que, al propio tiempo que la traspasaban del miembro al cuerpo, ceñían estrictamente las facultades de éste y rechazaban la legitimidad de un, diríamos, jus abutendi. La Cámara, por ello...”, este es un punto esencial, “...no puede apartarse de una reglamentación restrictiva, que se basa en la función política del derecho y cuyas tres notas primordiales son las que siguen:

         
“1° Irrenunciabilidad de la libertad de tribuna del artículo 60...”, en referencia al texto constitucional de 1853.
         
“2° Renunciabilidad de la exención del artículo 61, pero sujeta al procedimiento formal que regla el artículo 62...”, hoy artículo 69. Continúa diciendo Oyhanarte: “La Cámara carece de atribuciones para renunciar caprichosa o arbitrariamente a la inmunidad de arresto y solo puede hacerlo de acuerdo con un trámite de garantía que comprende: a) pedido de desafuero...”, que no ha existido, “...formulado por el juez competente, quien debe remitir el sumario; b) examen previo de las actuaciones por una comisión especial de la Cámara respectiva...”, que no se ha hecho, “...c) discusión del pedido judicial, del sumario y del dictamen de comisión en juicio público...”, ninguna de las dos cosas existen, “...d) allanamiento del fuero, o lo que es igual, autorización del arresto, mediante mayoría de dos tercios de votos.”
         
Por lo expuesto, reitero que de aprobarse hoy este proyecto de resolución se estaría violando la Constitución Nacional y la ley que acabo de mencionar.
(Aplausos en las bancas.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Tailhade.- Señor presidente: me voy a referir a algunas de las consideraciones que hizo el señor diputado Tonelli a la hora de fundamentar el proyecto de resolución. Lo haré porque considero que ha incurrido en una serie de inexactitudes, para ser generoso; por el respeto que le tengo al señor diputado las voy a calificar de ese modo, para no hablar de falsedades.
         
Más allá de las cuestiones que han planteado los legisladores de mi bloque en relación con la inexistencia de un pedido de autorización para realizar el allanamiento, hay algunas cosas que no podemos omitir.
         
En primer lugar, el señor diputado Tonelli ha señalado que no se puede permitir que un diputado eluda el procedimiento o la actuación de la Justicia, refiriéndose supuestamente a que el señor diputado De Vido habría impedido el allanamiento de su domicilio. Al respecto, cabe recordar que la causa en cuestión tiene ya ocho años –por la información de la que dispongo se inició en 2008- y desde un primer momento el diputado De Vido estuvo a derecho.

         
Por lo tanto, después de haberse presentado permanentemente en la causa durante ocho años sin ningún tipo de restricción, no se puede decir que está eludiendo absolutamente nada.
         
Tampoco se puede decir que se pretendía allanar el domicilio particular del diputado, porque eso es mentira. Justamente, tengo en mi poder el auto judicial del doctor Luis Rodríguez, juez federal a cargo del Juzgado N°9. De esa documentación surge que la diligencia estaba destinada a obtener los libros societarios de Uni Vite Argentina Sociedad Anónima, cuyo último socio denunció como único domicilio el referido precedentemente, y solo se autorizó el allanamiento en subsidio de la finca. Es decir que no se estaba buscando allanar el domicilio particular del diputado sino que se estaba tratando de conseguir libros contables de una firma que en algún momento tuvo ese domicilio.
         
Por otra parte, ha quedado claro –esto surge del mismo auto, y voy a omitir su lectura integral porque ya lo hice en la comisión y el diputado Tonelli está perfectamente al tanto- que el diputado De Vido no ha hecho uso de sus fueros para oponerse a nada, ni a este allanamiento ni a ninguna otra medida en la causa de la que estamos hablando.
         
Quiero aclarar que mi respeto hacia el diputado Tonelli es sincero, pero a partir de este proyecto se resintió un poco, porque en definitiva fue el inmediato reflejo de una nota periodística publicada en un sitio web que está acostumbrado a este tipo de operaciones políticas. Pero no solamente el proyecto obedece a esa información, que daba cuenta de que el diputado De Vido había opuesto sus fueros frente a un pretendido allanamiento, sino que el allanamiento ordenado por el juez Rodríguez obedece a una nota anterior de ese mismo sitio web. Esto me parece escandaloso, señor presidente.

         
¿Qué decía el sitio web en ese momento? Había publicado una nota bastante inentendible que decía que existía algún tipo de conexión con un sindicalista, basada en el contador de la sociedad que acabo de mencionar que le alquila el departamento. Esa nota es el inicio de una operación política que después claramente termina con este proyecto de resolución. Reitero: una nota periodística en la que se decía que existía un nexo con no sé quién en ese departamento donde vivía el diputado De Vido.
         
Luego hay una nota periodística que da cuenta del allanamiento frustrado que se había ordenado en función de esa primera nota. Y finalmente tenemos este proyecto de resolución, que –tengo que decirlo- no tiene otro objetivo que continuar con esa operación política, o con esa operación mediática, porque estamos hablando de este tema desde hace dos meses.
         
Pero además este proyecto tiene un propósito que me parece mucho más grave, que es el que mencionaba la señora diputada Conti: acá están intimidando o presionando a la Justicia, porque nadie nos pidió que nos metiéramos donde nos estamos metiendo. El señor diputado Tonelli y los otros diputados firmantes del proyecto no son quienes para opinar en una causa penal o para decir cómo se tiene que investigar un hecho, y mucho menos siguiendo los medios.

         
Como decía recién, señor presidente, el oficialismo presentó el proyecto inmediatamente después de la nota periodística. ¿Cuándo fueron a averiguar en qué consistía exactamente el procedimiento y la causa? Semanas después. Ahí se les ocurrió que deberían haber chequeado antes qué era lo que había pasado en el expediente para después tratar de fundamentar un proyecto de esta naturaleza. Y cuando fueron a averiguar, semanas después de haber presentado el proyecto y haber intentado que este cuerpo lo aprobara, se encontraron con lo que acabo de mencionar, es decir, con que el diputado De Vido no impidió nada y con que se estaba buscando otro tipo de cosas y no el domicilio del diputado.
         
Si el hecho de presionar o de inmiscuirse en una investigación judicial es grave, es mucho más grave que la iniciativa la tenga un miembro del Consejo de la Magistratura, que será un eventual juzgador de ese juez al que desde aquí le estamos diciendo que allane el domicilio sin que lo haya solicitado.  Por eso me parece que no podemos hacer otra cosa que no sea rechazar este pedido.
         
Si están tan entusiasmados con la lucha contra la corrupción, en lugar de venir a plantear este tipo de cuestiones que son absolutamente inconstitucionales, ilegales y que además generan una intromisión absolutamente inadmisible en otro poder, voten como la gente en el Parlasur, expulsen a los corruptos y no los encubran, tal como hicieron el otro día en relación con José López. 
(Aplausos en las bancas.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Tonelli.- Señor presidente: en mi condición de miembro informante quisiera brindar ciertas precisiones sobre algunas cosas que se han dicho.
         
En primer lugar, a mi estimado amigo Cigogna le digo que efectivamente tengo muy buena opinión respecto de lo que ha escrito Julio Oyhanarte.  Fue mi padrino de bautismo, de manera tal que lo conocí bien, lo traté mucho y sé perfectamente lo que pensaba.
         
Lo que escribió Julio Oyhanarte se refiere exclusivamente al desafuero, ya que en ese momento no había sido sancionada la ley 25.320, que prevé un mecanismo intermedio antes del desafuero. Me refiero a la autorización para allanar un domicilio.
         
Lo que realmente me interesa destacar es si el diputado De Vido esgrimió o no sus fueros.  Aquí se ha dicho que no.  Lamento que en ese sentido se haya prestado tanta atención a mi persona y tan poca a los hechos y al derecho.
         
Voy a dar lectura al escrito que presentó el abogado defensor el 29 de abril, el mismo día en que el juez dictó la resolución.  El abogado Adrián Maloneay, quien se presenta como abogado defensor de Julio De Vido, dice: “Que en el día de la fecha se proveyó una orden de presentación y allanamiento respecto de diversos domicilios entre los que se encuentra el de Avenida del Libertador 2275 Piso 10 de esta ciudad.
         
“Como es de público conocimiento y como consta en esta causa (y además confirmo en esta presentación) ese inmueble junto con la vivienda sita en la unidad número 9 de Farm Club Puerto Panal, es uno de los domicilios que habita Julio De Vido, quien se desempeña como Diputado Nacional.
         
“En consecuencia, y conforme lo dispuesto en el artículo 1º último párrafo de la ley 25.320 solicito que se deje sin efecto la medida ordenada.”

         
Si esto no es invocar los fueros para detener un allanamiento, tenemos que revisar todo lo que sabemos en materia de derecho.  (Aplausos en las bancas.)
         
En consecuencia, si vamos a discutir la procedencia o no del allanamiento, hagámoslo discutiendo los hechos y el derecho, pero sin faltar a la verdad y sin decir cosas que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad de la causa.  (Aplausos en las bancas.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Sánchez.- Señor presidente: nosotros aquí no estamos haciendo un acto de especulación política, como dijo –en otros términos- la señora diputada Conti. Nosotros acá estamos llevando adelante un acto de responsabilidad institucional excepcional. Por suerte es excepcional, porque se refiere a exigencias establecidas en la ley para poder llevar adelante investigaciones criminales contra algún miembro de este cuerpo. En este caso, es el señor diputado De Vido.
         
Repito: no estamos hablando del desafuero del señor diputado De Vido, ni tampoco haciendo una descripción del bloque del Frente para la Victoria como sector político de representación parlamentaria. Estamos hablando de lo que un juez de la Nación, con la calificación que le quiera dar el Consejo de la Magistratura, si así se requiriera, en uso de sus facultades está exigiendo para poder llevar adelante lo que no pudo hacer producto de la presentación efectuada por el abogado del señor diputado Julio De Vido, que es un allanamiento.            
         
Estamos hablando de una obviedad. El abogado del señor diputado De Vido habla por éste, no por él mismo. Está ejerciendo el rol de defensor penal del señor diputado De Vido. No está escribiendo cualquier cosa en cualquier lado, se está presentando en una causa penal que investiga la responsabilidad penal del señor diputado De Vido.
         
Aclaradas estas cosas, vayamos a la necesidad del proyecto.

Sra. Conti.- ¡Seguí haciendo actos de onanismo público, Sánchez! ¡Cómo cambiaste!

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Sánchez.- A pesar de que la señora diputada Conti está gritando, vamos a discutir la procedencia de este proyecto, y lo vamos a fundar. Efectivamente, la Constitución Nacional, ya lo dijo el señor diputado Tonelli, establece expresamente cuáles son las prerrogativas que tenemos los diputados como representantes del pueblo.
         
La Constitución no defiende a ningún investigado por corrupción. La Constitución no defiende a delincuentes, les da derecho de defensa.

Sra. Conti.- ¡No ofendas a un diputado! (Aplausos en las bancas.)

Sr. Sánchez.- La Constitución habla expresamente de dos inmunidades: la de palabra y la de arresto, y en este caso no se está discutiendo ninguna de estas dos situaciones, ni el arresto del señor diputado De Vido ni el ejercicio de la palabra del señor diputado ni de ningún otro miembro, por ahora –resalto, por ahora-, de esta Cámara.
         
Sí se está requiriendo algo por necesidad obvia, porque la orden de allanamiento se libró y no se pudo llevar adelante. La ley que regula los fueros de los miembros de las Cámaras obliga en su último párrafo, y con un exceso –como bien dijo el señor diputado Tonelli-, no querido por una minoría, por lo menos -la diputada Carrió lo aclaró en la comisión-, que se requiera la aprobación de la Cámara para poder llevar adelante allanamientos e intercepciones de comunicaciones.
         
Es por eso que lo único que estamos haciendo nosotros acá es posibilitar a un juez de la Nación, en ejercicio de sus facultades, poder llevar adelante una investigación criminal contra un miembro de este Parlamento, nada más.

         
Nosotros no deberíamos estar acá haciendo ninguna otra evaluación. Podríamos sí estar haciéndola si es que se nos requiriera el desafuero, y por lo tanto, la remoción en el cargo.
         
Sí es necesario decir, ya que está aclarado el alcance de lo que nosotros estamos haciendo hoy, que compartimos absolutamente los dichos del señor diputado Cicogna. El problema es que el señor diputado Cicogna habló de desafuero y nosotros no lo estamos haciendo. Estamos hablando de autorización para proceder a algo que no se logró hacer, que es un allanamiento.
         
Y vamos a aclarar. Si un juez se queda sin la capacidad, sin la posibilidad de hacer un allanamiento o interceptar comunicaciones, tiene menos herramientas que las que tiene con cualquier otro ciudadano para poder investigar su culpabilidad o no en una causa penal.

         
Como dijo el diputado Tonelli, muchos tenemos nuestra definición sobre el diputado De Vido pero, en este caso no nos toca hacerla sino evaluar si corresponde o no la autorización.
         
Es por eso que vamos a votar favorablemente el proyecto que hemos propuesto –que se ha dictaminado en comisión- sabiendo que no violamos los fueros parlamentarios y que estamos autorizando a un juez a hacer su trabajo con todas las herramientas, y nada más.

         
Pero no quiero dejar de hacer dos o tres apuntes con respecto a esta cuestión, porque yo presumo -y no sin fundamentos- que este es el primer debate que nos toca dar en este sentido, pero que no va a ser el último. Y voy a decir por qué; no por un deseo sino por una descripción de la realidad.
         
¿Por qué tenemos que dejar expresamente aclarado el alcance de las cosas que tratamos? Solamente sobre el señor diputado de Vido pesa, y esto no tiene que ver con este proyecto en particular, una investigación por sobreprecio en obra pública en Santiago del Estero, causa llevada adelante por la doctora María Servini de Cubría, donde está imputado; una renegociación de contratos ferroviarios, juez Ramos, procesado; una compra de trenes a Portugal y a España, juez Ercolini; la tragedia de Once, juez Bonadío, procesado; una causa por enriquecimiento, ilícito, juez Rodríguez; la llamada públicamente Ruta del Dinero K, juez Ercolini; una importación de gas licuado, juez Ramos; el reparto irregular de fondos, que tiene también como procesada a Milagros Sala, Sueños Compartidos, juez Martínez di Giorgi, citado a indagatoria; y la renegociación del Yacimiento de Cerro Dragón, juez Casanello.
         
Es decir, vayamos aclarando cuáles son los alcances de las cosas porque todos presumimos, aunque lo digamos pocos, que vamos a necesitar este instrumento en varias oportunidades, y es mejor que lo aclaremos muy bien.

         
Vuelvo a decir que la Constitución defiende a los representantes del pueblo y no la impunidad de nadie.
         
Por último, es cierto que ocho años es un número que parece mágico para la justicia federal, cuya conducta pudo haber sido evaluada durante varios años en el Consejo de la Magistratura cuando el Frente para la Victoria contaba con la mayoría.
         
Así que quéjense ahora si quieren con causa de los jueces federales, pero perdieron la oportunidad de hacernos el favor a los argentinos de darnos jueces y fiscales como la gente. Mientras los tuvieron mansitos y domesticados, no abrían la boca
. (Aplausos.)
         
Es cierto que hace ocho años que se instruye esta causa y ahora avanza; ocho años hace que se investiga la causa de la efedrina y del financiamiento ilegal de la campaña y hoy están procesados. Ocho años: la causa de la asociación ilícita, impulsada por la diputada Carrió y varios de nosotros, que hace muy poquito empezó a avanzar. Fíjense ustedes por qué “ocho años”.
         
Me digo a mí mismo que cada uno sabe qué hacer con su responsabilidad de legislador nacional y que cada uno sabe qué hacer con su responsabilidad de compañero de un proyecto político determinado.
         
Yo me doy este consejo a mí mismo: no confundamos solidaridad hacia un acusado de un caso grave de corrupción con lealtad política. La lealtad política es con la ley y con los ciudadanos de nuestro país.

         
Fíjense lo que pasa cuando durante muchos años se confunde solidaridad penal-política habiendo entregado los derechos de los ciudadanos: empiezan a faltar diputados de las bancas y, hasta ayer, estaban todos presentes. Más de 30 diputados del Frente para la Victoria están ausentes. ¿Saben por qué? Porque la responsabilidad penal no es solidaria; es individual.
         
Al diputado Julio de Vido le toca la obligación  –por lo menos hasta el día que esta Cámara resuelva que deje de ser diputado- y la responsabilidad de presentarse cada vez que un juez lo cite en un caso en el que es investigado. Lo mismo nos podría llegar a ocurrir a cualquiera de nosotros. Pero ahora estamos tratando su causa. Estamos trabajando en su investigación criminal. Por ello, la decisión política de la mayoría de los miembros de esta Cámara consiste en no brindar con un número impunidad a nadie.
         
Por eso vamos a aprobar hoy la autorización para que el juez de la causa pueda allanar –como lo podría hacer con cualquier ciudadano- el domicilio del diputado De Vido. De esta forma, podrá establecer su inocencia o responsabilidad.
(Aplausos en las bancas.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires, por haber sido aludida.

Sra. Conti.- Señor presidente: el señor diputado Sánchez tiene larga trayectoria amparándose bajo la pollera de otra diputada para hacer su carrera política.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sra. Conti.- Evidentemente, si me ha aludido es porque quiere que le responda. Con el diputado Sánchez –incluso cuando integró la Legislatura porteña- tuve un vínculo de afecto. Pero últimamente estoy sorprendida porque el mencionado diputado –ahora con poder- saca lo peor de su cinismo, saca el “gorilaje” de sus venas...

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sra. Conti.- Saca la antipolítica como bandera y pretende darnos clases hipócritas de no sé qué.

Sr. Sánchez.- ¡El Código Penal saco, Conti!

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sra. Conti.- Durante doce años gobernamos la Argentina, y obviamente el Estado nacional maneja plata. Cuando determinados funcionarios tienen el control de fondos, ineludiblemente cuando cambia la mano política son sometidos al control penal.
         
Es público que el señor diputado De Vido concurre a cada llamado de la Justicia. Ni bien se le solicita información, se hace presente. Públicamente hemos visto sus idas y venidas de Comodoro Py.
         
Debido a que se publican durante toda la semana, pudimos observar sus procesamientos, pero el macrismo -gobernante desde el 11 de diciembre-, nunca en forma tan rápida fue objeto de algún proceso judicial por tener plata en el exterior, por eludir y evadir. (Aplausos en las bancas.)
         
Tienen funcionarios que poseen incompatibilidades con la función pública. ¡El ministro de Energía no firma, sino que hace firmar a otro! Esto lo hace porque sus intereses están en Shell. ¡Ustedes están pagando la campaña sucia con guita de las corporaciones y devolviéndoles favores!

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sra. Conti.- Por eso, Sánchez, te digo una cosa: la vuelta de la vida gira, ¡y te vas a tener que meter la lengua donde ahora no tenés pelotas para metértela! (Aplausos en las bancas.)

Sr. Sánchez.- ¡Yo no me quedo con nada, querida!

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. De Vido.- Señor presidente: voy a ser muy escueto en este final que le toca a mi bloque. Entiendo que  hay temas más importantes que éste en la agenda del día para tratar, que ameritan un debate en profundidad.
         
Como se dijo aquí, desde hace más de ocho años me encuentro a disposición del trámite de esta causa en la que se investiga la conformación y el estado actual de mi patrimonio, como el de mi familia.
         
He sido sobreseído en dos oportunidades. En primera instancia, por el Juzgado Federal, y posteriormente, cuando el expediente vuelve, por la Sala 1 de la Cámara Federal.
         
Durante el tiempo que me tocó ser ministro tanto aquí como en Santa Cruz, jamás me he negado a dar información o no me he mostrado dispuesto ante la Justicia. Nunca dejé de presentarme y siempre di la información que me fue requerida en cada oportunidad.

         
Di detalles en este expediente judicial también, aun cuando se involucran aspectos personales de mi intimidad y familiares. Estamos hablando de un bien que fue adquirido con un crédito otorgado a dos personas, y en mi caso llevo más de cuarenta y ocho años trabajando, es decir, desde los 18 años.
         
Estas cuestiones familiares no tienen por qué ser difundidas públicamente, no solo por razones elementales de respeto o por la presunción de inocencia, sino también porque las reglas legales prohíben la difusión pública de los pormenores de una causa judicial, ya que para eso está el Poder Judicial, donde debe tramitarse.

         
En ese contexto, y por medidas dictadas en esa causa, hoy se está evaluando si me amparé en los fueros otorgados por la ley 25.320 para evitar un allanamiento en mi domicilio. La respuesta es clara hasta para los mismos promotores de esta iniciativa, que conocen perfectamente todo el expediente judicial, porque lo revisaron, no solamente la nota que leyó el señor diputado Tonelli, y saben que no lo he hecho, en ninguna oportunidad. Jamás he frenado un allanamiento o una requisitoria durante mis doce años como ministro.
         
Tomaron conocimiento de que en el trámite de la investigación el juez ordenó varios allanamientos buscando documentación contable de la firma que en el año 2004 nos alquiló el departamento de la avenida del Libertador. Está claro que buscaban información sobre un contador que tenía domicilio fiscal en mi casa, cuando jamás había vivido en ella. Jamás habíamos recibido ningún tipo de correspondencia o documentación en relación con esta persona, nos enteramos el día del trámite.
         
El objeto de estas medidas era obtener información sobre una sociedad comercial y no sobre mi persona. Por lo que leyó el señor diputado Tailhade resulta claro que no estaban dirigidas a mi persona, porque no soy ni un libro contable ni una sociedad comercial.
         
Estas medidas fueron formalmente informadas por mi abogado, el doctor Adrián Maloney, que cuando advirtió que entre esos domicilios se encontraba el mío, se puso en contacto con el juzgado del doctor Rodríguez para que el juez considerara la validez de la orden emitida y no para oponerse a su realización.

         
Está claro que era mi domicilio, no el de la sociedad comercial, y tampoco estaba ahí la documentación que ellos buscaban. De hecho, el mismo día hubo siete requerimientos más de información, que aparentemente satisficieron el requerimiento llevado a cabo ese día por el juez Rodríguez.
         
Frente a la información proporcionada por mi abogado, es el juez quien considera si su orden o medida es válida, legal o ilegal. De hecho, si el propósito del doctor Rodríguez hubiera sido allanar mi domicilio -como fue el propósito en las causas que mencionó el señor diputado Sánchez- o indagarme, el señor presidente me hubiera informado de inmediato del llamado a indagatoria y yo hubiera concurrido puntualmente, como lo hice en las tres indagatorias a las que fui citado, por primera vez en mi vida. Obviamente, todo se aceleró luego del 10 de diciembre pasado, en el marco de la persecución política a la que estoy siendo sometido.

         
El juez debería haber informado a la Cámara de Diputados ni más ni menos que eso. De lo contrario, habría producido un acto inválido, cualquiera fuese mi voluntad de aceptarlo o no. Las leyes no están para que uno las acepte o deje de aceptarlas, sino para cumplirlas. Prueba de ello es que el juez suspendió la medida sobre la base de una información, no de una oposición. Fue el juez el que consideró si la medida era legal, apropiada o incorrecta.
         
Si el juez tenía como objetivo allanar mi domicilio en función de esa condición o de la que considerara procedente, lo hubiera hecho, sin consultas ni oposiciones ni autorizaciones personales. Pero es evidente que consideró prudente no realizarlo en los términos en que lo había dispuesto por propia decisión, no porque yo me haya amparado personalmente en mis fueros de diputado.

         
No hay en la causa nada más que lo que estoy informando. El escrito presentado por el doctor Maloney y la resolución del doctor Rodríguez no muestran más que lo que estoy refiriendo. Todo lo demás es una clara sobreactuación política del diputado Tonelli, que impulsa la autorización de un allanamiento -tal vez hubiera sido correcto de su parte haberme consultado qué pasó, porque en definitiva soy un colega- sin que esa medida haya sido solicitada por el doctor Rodríguez ni por ningún otro juez de todos los que están revisando judicialmente -por decirlo de alguna manera- mi gestión. No haría falta más que considerar esto seriamente para definir el rechazo de la propuesta presentada. Eso es lo que hará mi bloque, porque como estoy involucrado personalmente, me abstendré en la votación.
         
Sin embargo, doy las explicaciones que entiendo que corresponden. La cuestión traída a votación es absolutamente inconducente y no tiene otra finalidad que no sea el escarnio, el agravio y la mentira, y fundamentalmente la presión no solo sobre el juez Rodríguez sino también sobre todo el fuero federal.
(Aplausos en las bancas.)
         
Pido que en el contexto del escarnio que estoy sufriendo en los medios de prensa, por lo menos en este recinto se respete la presunción legal de inocencia y los señores diputados no se dejen llevar por operaciones o actuaciones ridículas de la contienda política. Ya tienen a todos los jueces federales presionados en los medios a fin de conseguir sus objetivos; no necesitan más exagerar ni hacer guiños ni genuflexiones en este recinto. Pido que se queden tranquilos, que con seriedad y responsabilidad responderé, me defenderé y me someteré a las decisiones de los procesos judiciales que requieran rendir cuentas de mi actuación como funcionario público, como lo he hecho durante toda mi vida. (Aplausos en las bancas.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Brügge.- Señor presidente: a esta altura del debate, resulta obvio que las pasiones políticas -tanto de un lado como del otro- están perfectamente justificadas.
        
Luego de una reflexión que hicimos en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre la viabilidad del proyecto de resolución que se encuentra en consideración –acerca del cual hay algunas discrepancias tanto de un lado como del otro-, quiero hacer un comentario respecto de las inmunidades parlamentarias.
         
En primer lugar, las inmunidades que tienen los diputados y senadores de la Nación no son dos sino tres: la inmunidad de opinión, prescripta en el artículo 68; la de arresto, contemplada en el artículo 69, y aquella que la doctrina conoce como inmunidad de proceso, a la que se refiere el artículo 70.

         
Justamente, este último artículo de la Constitución Nacional es el que se tomó como referencia en el año 2000 cuando se supo que en el Senado de la Nación había ocurrido un hecho de corrupción. Concretamente, había que buscar una forma de dar transparencia a la acción de esa Cámara y la posibilidad de que los senadores pudieran participar en los procesos penales sin que mediara un desafuero, como establece el artículo 70.
         
Así aparece la ley 25.320, que muchos entienden es una suerte de reglamentación del artículo 70 y no un avance sobre las otras dos inmunidades que mencioné anteriormente. Quizás aquí surge la confusión que tienen quienes afirman que solo hay dos inmunidades, porque el proceso en sede penal contra un diputado o un senador de la Nación presenta características particulares basadas en las consecuencias del proceso propiamente dicho.
         
Cuando hablo de “consecuencias del proceso propiamente dicho”, me refiero a que el artículo 1° de la ley 25.320 establece que cuando el Poder Judicial debe decidir en una causa donde está siendo juzgado un diputado, un senador o cualquier otro funcionario que goce de fueros, debe mediar –en caso de que se disponga una restricción a la libertad de la persona, se impida su salida del país, se dicte una prisión preventiva o haya sentencia condenatoria- el pedido expreso del juez. Tenemos casos de senadores nacionales condenados que no han sido desaforados para poder cumplir con la sentencia correspondiente; o sea que no hubo problemas en avanzar en los procesos.
         
Me parece importante efectuar esta apreciación para que entendamos dónde estamos ubicados, ya que ha habido planteos de inconstitucionalidad.

         
También es cierto, como se dijo en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que la Cámara es intérprete de sus fueros; es la titular de los fueros, y también es verdad que inmunidad no es lo mismo que impunidad. Son dos términos totalmente diferentes en el ámbito constitucional. Por lo tanto, detrás de una inmunidad no se pueden encubrir impunidades. El huracán o terremoto que tuvo lugar en el año 2000 y que provocó la sanción de esta ley buscaba justamente eso, es decir, que los jueces pudieran avanzar libremente.
         
Hago esta disquisición respecto del artículo 1° de la ley, en lo concerniente al momento en que hay que adoptar medidas restrictivas de la libertad de un diputado o senador de la Nación en el sentido de efectuar allanamientos a su domicilio o interceptar su correspondencia o sus comunicaciones. Eso se encuentra establecido en el último supuesto del artículo 1° de la ley que estamos mencionando.
         
En ocasión de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales hice referencia a que el artículo 70, en lo concerniente al desafuero, requiere que el juez lo solicite. La única autoridad habilitada por la Constitución Nacional para solicitar el desafuero es el juez de la causa.

         
En esa oportunidad también señalé que este último supuesto era diferente al establecido en la primera parte del artículo 1° de la ley, donde no consta expresamente que el juez tenga que solicitarlo. Por ese motivo en esa ocasión entendimos que la interpretación genuina la puede hacer la Cámara -llegado el caso podría haber dos interpretaciones, es decir, que hace falta una autorización o pedido expreso del juez o que la Cámara lo puede hacer por sí sola-, ya que es soberana para resolver hacia un lado u otro en virtud de los privilegios o prerrogativas colectivas que tiene.
         
Si la propia Cámara es la que decide interpretar este último apartado del artículo en cuanto a que ella misma es la que puede autorizarlo sin necesidad de que un juez lo pida, habiéndose tomado conocimiento de la existencia de la causa y de su avance y entendiendo que puede existir algún impedimento para que algún diputado o senador de la Nación pueda ser juzgado o allanarse su domicilio, puede avanzar en ese sentido considerando que debe resolver este obstáculo.
         
Para que no queden dudas al respecto, quiero decir que es cierto lo que ha manifestado el señor diputado Tonelli. Hay un proyecto de autoría de la señora diputada Camaño por el que se propicia la modificación del último apartado del artículo 1° de la ley 25.320. ¿Qué es lo que propone la señora diputada mediante su iniciativa? Que en el supuesto de que haya que hacer un allanamiento del domicilio de un diputado el juez lo comunique a la Presidencia sin solicitar ninguna autorización. Esta es la interpretación genuina y la que entendemos que debemos hacer en esta instancia.

         
Por lo expuesto, acompañaremos este proyecto porque entendemos que no se están violando las prerrogativas constitucionales, sino que se está poniendo en evidencia un principio de nuestra Carta Magna que rige para todos los argentinos. Me refiero a lo que establece el artículo 16 de la Constitución Nacional, en el sentido en que todos somos iguales ante la ley. Las prerrogativas relacionadas con las inmunidades que tenemos los diputados son en razón de nuestra función. Esto no implica denostar esta última ni abrir la puerta para que cualquiera pueda ser avasallado respecto de sus legítimas facultades. Por el contrario, se trata de establecer una regla clara acerca de cómo debemos ponernos a disposición de la Justicia para que, al igual que cualquier otro ciudadano, seamos iguales ante la ley.
(Aplausos en las bancas.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Raffo.- Señor presidente: en primer término, quiero señalar que desde el punto de vista de la ciencia jurídica esta discusión acerca de la necesidad de que un juez pida este tipo de autorización ha sido aclarada hace más de cien años. El tema de la autorización se estudia en todas las facultades de derecho del país, y es bueno tener presente en esta Honorable Cámara lo que se enseña en esas instituciones.
         
Al respecto, se dice que la autorización es un acto unilateral no recepticio, es decir, surge de la voluntad del que la otorga y puede ser pedida o no. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires está llena de carteles que dicen “Permitido estacionar”, y no es porque ningún ciudadano haya ido a preguntar si podía hacerlo.
         
Asimismo, cuando di autorización a mi hijo para salir del país, el escribano que actuó no me preguntó si él me la había pedido o no. Eso era algo que al escribano no tenía por qué importarle, ya que yo directamente se la otorgaba.
        
Reitero que se trata de un acto unilateral no recepticio. Sugiero que se repasen los libros sobre este tema. No se necesita un pedido para otorgar una autorización válida.
         
Por otra parte, se ha mencionado el Parlasur, y quiero brindar mi posición al respecto. En primer lugar, tengo entrañables amigos allí: desde su presidente, cuya madre era íntima amiga de la mía, hasta legisladores de otros partidos. O sea que hablo con esta proximidad que me da el hecho de tener amistad con algunos integrantes del Parlasur. Extrañamente en ese órgano hubo diputados que querían expulsar a alguien que todavía no estaba procesado. El mismo partido ha sostenido que no se podían tomar medidas sin el debido proceso, es decir, por lo menos antes de que estuviese condenado. Entonces, acá hay una contradicción. ¿Por qué se hacía esto? Porque no se quería que la comisión pertinente del Parlasur emitiera dictamen con un criterio, es decir, si alguien está acusado de tal o cual cosa entonces corresponde expulsarlo. Ese criterio podía caer como anillo al dedo a algún otro legislador o legisladora del Parlasur. Entonces, se quería evitar el dictamen de comisión para protegerlos. Felicito a los legisladores y legisladoras del Parlasur que mandaron el tema a comisión para que haya un dictamen con un criterio, se respete el debido proceso, el señor López se defienda de acuerdo con la Constitución Nacional y después el Parlasur resuelva lo que tenga que resolver.

         
Por otra parte, debo decir que acá hay una confusión. Una cosa son los fueros que, como bien lo recordaba el señor diputado Kicillof, son de la Cámara que protege a todos sus integrantes, y otra cosa muy diferente es el consentimiento que un diputado puede dar o no para que un juez federal tome las medidas que considere pertinentes.
         
Todos ustedes saben –y si no, es bueno que lo sepan- que este diputado está citado a declaración indagatoria en una causa penal, junto con algunos senadores y otros diputados, por un tema relacionado con el cine. Me refiero a la película “Caseros, en la cárcel”, de la que ya he dado alguna explicación. A quien la quiera ver, le comento que tiene testimonios de Dante Gullo, del diputado Kunkel, de Manuel Gaggero, de Pizzinini, del “Barba” Gutiérrez. Los invito a verla. Es una película que ha hecho su trayectoria, existe, fue financiada.

         
¿Qué hice ni bien tuve noticia de esto? Hice lo que había hecho cuando era legislador: me presenté en el juzgado con un escrito en el que decía: “consiento cualquier medida procesal que el juez quiera tomar a mi respecto, en mi domicilio y con mi persona”. No quiero faltar a la consideración de esta Cámara pero quiero decir que a mi entender carece de facultades  para impedirme abrir la puerta a la policía –si viene-, hacerla pasar y mostrarle todo. Como decía Sancho Panza: “bajo mi manto y en mi casa al rey mato”. O sea que puedo hacerlo y puedo consentirlo, al igual que con cualquier otra medida. Y eso es lo que hice. He invitado y reitero la invitación al señor diputado De Vido a hacer lo mismo.
         
El escrito que presenté al juzgado con el sello de recepción está en mi página de Internet www.julioraffo.com. Si quiere puede copiar el texto de allí y lo invito a hacerlo. Estos privilegios son una antigüedad, un obstáculo a la investigación de la corrupción. Entonces, no solo tenemos que ser honestos. Se sabrá si él lo es o no cuando haya sentencia…

Sr. Presidente (Monzó).- Pido al señor diputado que vaya concluyendo su exposición.

Sr. Raffo.- Ya termino, señor presidente.
         
Mientras tanto, que el señor diputado De Vido consienta el allanamiento y la medida procesal y que se lo diga al juez en un escrito. De esta forma va a merecer el respeto y el aplauso de todos. Si no lo hace, habrá sospechas.
         
Quiero terminar diciendo brevemente dos cosas. Sobre este punto es estruendoso cómo resuena acá el silencio del diputado De Vido. Muchas veces los silencios son estruendosos.
         
Por otra parte, quiero solidarizarme con el señor diputado Sánchez porque cuando se agravia a un diputado se lo hace también al cuerpo. Estoy seguro de que la persona que se dirigió a él, cuando reflexione le va a pedir disculpas. Si es una persona de bien va a tener que hacerlo porque si acá ha habido polleras que sometieron las voluntades de muchas personas del país, no pertenecen a una diputada sino a quien cesó su mandato el año pasado.
(Aplausos en las bancas.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Rubin.- Señor presidente: este asunto no debería ser motivo de tratamiento de esta manera; hubiéramos esperado un gesto del señor diputado De Vido que evitara esta discusión. Pareciera que estamos decidiendo si los fueros son para esconder y ocultar delitos o prevenciones constitucionales para preservar la división de los poderes.
         
Nuestro pueblo vive con estupor e indignación la difusión de hechos de corrupción y la aceleración de investigaciones judiciales, que ponen nuevamente en cuestionamiento la escasa credibilidad de la clase política y especialmente del Congreso de la Nación. En este marco, más allá de las desprolijidades del procedimiento del presente expediente, debemos señalar con claridad y sin lugar a dudas que no estamos dispuestos a tomar medida alguna que obstaculice una investigación judicial, y que las personas con responsabilidades institucionales con poder –como dice la gente-, son las primeras que deben dar el ejemplo y ponerse a disposición del Poder Judicial.
         
Lamentamos que nuestro Partido Justicialista no se haya expedido claramente ante los hechos de corrupción in fraganti que hemos presenciado. Eso nos obliga, como partido político, a trabajar denodadamente para que la honestidad y la decencia sean el puntal de nuestro partido, y renazcan los anticuerpos tan necesarios para que se produzca una profunda renovación, que recupere la decencia y la credibilidad de uno de los movimientos más importantes de la historia argentina.
         
Como dice nuestro papa Francisco, el tiempo es superior al espacio. Creo que más allá de los espacios políticos que a veces se disputan a través de las denuncias de corrupción y de las investigaciones, debemos estar a la altura de este bicentenario histórico, como dirigentes políticos, e iniciar un proceso profundo de transformación de las instituciones de esta República para garantizar la transparencia y la honestidad del Estado y de los funcionarios probos. Es la única manera de que este asunto no termine siendo un acto de gatopardismo, un cambio para que todo siga igual, sino una verdadera transformación que siente las bases de una Argentina desarrollada, justa y honesta.
(Aplausos en las bancas.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Romero.- Señor presidente: en estos momentos en los que en nuestra querida patria hay muchos argentinos que la están pasando muy mal, que están perdiendo su trabajo, que no pueden llegar a fin de mes y que no tienen para pagar la luz, el gas ni el agua, es casi algo grotesco tener que presenciar este debate.
         
Es cierto que hay un antes y un después a partir del caso López; pero también quiero decir a mis compañeros que en el peronismo tenemos muchos otros López que se levantan temprano, que van a trabajar, que abren una unidad básica, que son delegados de fábricas y que siguen creyendo que podemos tener un país mejor. Queremos reivindicar a todos estos López, recordando figuras preclaras del peronismo, como José Ignacio Rucci y Antonio Cafiero. Esas son las personas a las que debemos reivindicar y no a un tipo que es encontrado a las tres de la mañana con bolsos llenos de guita tirándolos detrás de un paredón en un convento para esconder no sé qué.
         
Ya dije otra vez que el peronismo es mucho más que eso. Hay algo que nos caracteriza a los peronistas: no somos de escondernos ni de andar esquivando el bulto; ponemos la cara y el pecho. Eso es de buen peronista.
         
Creo que podríamos haber evitado esta situación. El peronismo podría haberse ahorrado este hecho. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar estos costos políticos? ¿Hasta cuándo tendremos que seguir bancando estas cosas?

         
El peronismo tiene una larga historia, un presente y estoy convencido de que también tiene un futuro. Entonces, por ese futuro, por esos compañeros y compañeras que han puesto todo para seguir manteniendo en pie nuestras banderas y para seguir creyendo, debemos mirarnos de frente, reconstruir el peronismo y sacar lo que nos hace mal. ¡Hagámonos cargo de las cosas! ¡Pongámosle el pecho y la cara!
         
Por último, voy a citar a la mejor persona que nos ha representado, al creador de nuestro movimiento, al general Juan Domingo Perón, cuando nos decía: “Primero está la patria, luego el movimiento y por último, los hombres.”
(Aplausos en las bancas.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Masso.- Señor presidente: algunos han sostenido en esta sesión que lo que pide la Justicia viene a degradar la política. Pero en mi opinión, lo que está degradando la política y la institucionalidad en la República Argentina es la corrupción, de la que se tienen que hacer cargo los que efectivamente utilizaron al Estado para enriquecerse.
         
Personalmente, no me interesa si tengo o no fueros. Cuando uno obra con sinceridad y realizó su carrera política en base a la militancia y a la vocación de servicio no le interesa tener un carné de esta Cámara que dice que cuenta con fueros. Además, ¿de qué le puede servir ese carné a quien encuentran in fraganti cometiendo un delito?
         
Hoy debemos recuperar la política con el ejemplo. Y ese ejemplo lo deben dar los funcionarios del Poder Ejecutivo, los de las provincias y también los integrantes de esta Honorable Cámara. Sinceramente resulta difícil explicar la situación a los jóvenes cuando miran azorados por la televisión que todos desconocen a José López, e inmediatamente después se puede ver un video en el que el colega De Vido decía hace un año que López era su  mano derecha.
         
Realmente no importa si una persona era la mano derecha o la izquierda de otra. Lo único que nos debería interesar es recuperar la democracia y la institucionalidad con honestidad y decencia en el ejercicio de la función pública.
         
Sin duda, toda esta situación es muy dolorosa para la Argentina. Lo digo porque no solo aparecen bolsos con millones de dólares que son tirados a las tres de la mañana dentro de un convento, sino también porque en mi provincia –Tucumán- se cayeron trece puentes por la corrupción en la obra pública, y que se haga cargo de esto quien corresponda. Lo peor es que evidentemente algunos no se conformaron con el sobreprecio y no tuvieron mejor idea que reducir las dimensiones de las estructuras de esos puentes. Así, puentes que no tenían más de dos años se terminaron cayendo en la provincia de Tucumán.

         
Además, ayer nos contaban algunos legisladores de la provincia de Santiago del Estero cuál fue el costo por kilómetro de vía de un tren que funciona con el motor de un Fiat Duna. Creo que el costo fue mayor que el que demandaría la construcción del tren bala. De esas cosas se tiene que hacer cargo quien corresponda.
         
Finalmente, quiero decir que de la única manera que vamos a recuperar esta democracia que tanto nos ha costado es dando el ejemplo, haciendo autocrítica, pero sobre todo demostrando desde la función pública que somos iguales a cualquier argentino que, como decía el diputado Romero, no la está pasando bien. Para ser creíbles en la Argentina de hoy debemos dar el ejemplo.
(Aplausos en las bancas.) 

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.

Sra. Ciciliani.- Señor presidente: en el mismo sentido que mi compañero de interbloque, diputado Masso, desde el Partido Socialista queremos hablar a la sociedad argentina, que nos está mirando y que hace pocos años pedía que se fueran todos. Hoy esa sociedad no nos está pidiendo que nos vayamos sino que le demos respuestas. Nos está pidiendo probidad, porque la sociedad argentina ya reconoció que el Estado es importante. Para algunos, los que nada tienen, el Estado es todo; y cuando se roba al Estado, se roba a los pobres.
         
Desde el Partido Socialista y el interbloque Progresista no venimos a discutir legalidad sino a poner la cara para decir que los fueros están a disposición de la Justicia y de la sociedad, tanto los de De Vido como los de cualquier otro legislador.
         
Tomo las palabras de la diputada Conti, que dijo que la vida es una calesita. Sí, la vida es una calesita. Hoy un diputado patotero de ese bloque se siente perseguido, pero recuerdo que nuestro bloque ha sufrido el escarnio y la persecución política cuando ellos tuvieron el atrevimiento de vincular a un partido político como el socialismo nada más y nada menos que con el narcotráfico.
         
Nuestro gobernador luchó y sigue luchando contra el crimen organizado, al igual que hoy lo está haciendo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, quien ha sufrido una intromisión en su oficina. Recordemos también los balazos que recibió Bonfatti en el frente de su casa, y que el Frente para la Victoria se levantó en la cara del gobernador agredido, que estaba dando una lucha política contra la mala policía, el narcotráfico y el crimen organizado.
         
Esto es lo que hoy venimos a decir simbólicamente a la sociedad argentina con este proyecto de resolución
. (Aplausos en las bancas.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

Sra. Sosa.- Señor presidente: en la sesión ordinaria del 18 de mayo, desde este bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores planteamos una cuestión de privilegio entendiendo que los fueros parlamentarios no debían obstaculizar la investigación judicial. Lo hicimos teniendo en cuenta reclamos muy sentidos, como el de los familiares de las víctimas de la tragedia de Once.
         
Creo que reclamos de ese tipo ya trascienden las chicanas entre un bloque y otro. Sin embargo, no tienen en cuenta estos reclamos ni tampoco que la lucha contra la corrupción -que se pretende tratar en esta sesión a través de paquetes de leyes de maquillaje que en su momento serán explicadas por mis compañeros de bloque- no atiende cuestiones concretas.
         
Hoy miles y miles de trabajadores despedidos se indignan al ver cómo los López, por ejemplo, esconden o entierran millones de dólares y otros los fugan, porque esta parece ser una guerra de camarillas entre el oficialismo y el Frente para la Victoria. Es bochornoso que los diputados de su bloque aplaudan a De Vido por ampararse en los fueros parlamentarios, cuando él mismo debiera abandonarlos y someterse a la investigación judicial.
        

Entendemos que no se trata solamente de los López, los De Vido o los Báez –que ahora también denuncia las vinculaciones con los Calcaterra y los Caputo; como decía antes, unos la entierran y otros la fugan- sino que se trata de un sistema de corrupción que es inherente al Estado y del cual todos forman parte. Las consecuencias del vaciamiento de los servicios públicos, de la malversación de fondos y del enriquecimiento ilícito directamente golpean a la clase trabajadora.
         
Por las razones expuestas, este bloque adelanta el voto favorable para el apartamiento de los fueros de modo tal que pueda avanzar la investigación judicial sobre el diputado Julio De Vido.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Bregman.- Señor presidente: vamos a votar favorablemente el allanamiento que se solicita en una causa puntual y en relación con un hecho concreto.
         
Al mismo tiempo, nos permitimos recordar qué distinto tratamiento tuvo mi compañero Nicolás del Caño cuando era sistemáticamente baleado por la Gendarmería de Berni en 2014 mientras acompañaba a los trabajadores de distintas empresas como Lear, de la zona norte del Gran Buenos Aires; venía a este recinto, planteaba cuestiones de privilegio que luego eran archivadas en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
         
Recordar eso no nos impide ver que lo que estamos tratando –si se nos permite la calificación- es bastante ridículo.  Avisar a una persona en este recinto -mientras está siendo televisado- que va a ser allanada, como mínimo podemos decir que no tienen ninguna efectividad.  Entonces, si algunos denuncian un show en el Parlasur, deberían analizar si aquí también no se está haciendo lo mismo.
         
Esto no lo decimos solo porque es completamente ineficaz y lo que aquí se vota no causa perjuicio a nadie, si se avisa un allanamiento, sino porque si se quiere investigar en serio la corrupción en la obra pública no nos pueden decir que todo se termina en De Vido y el gobierno kirchnerista.  Si nos dicen eso, la verdad es que lo único que están generando es un hecho distractivo y también bastante para la tribuna.
         
Porque es una fuerza anticapitalista, solo el FIT está dispuesto a pelear por la apertura de los libros de todas las empresas ligadas a la obra pública en la Argentina.  Abramos los libros de todas estas empresas para ver cómo hicieron sus millonarias ganancias.  Abramos los libros de las empresas privatizadas, a las cuales les sacan los subsidios pero nos hacen un mangazo terrible a todos con el tarifazo para beneficiar a los mismos.
         
¿Por qué no discutimos la nacionalización de toda la obra pública y su puesta bajo control de los únicos que no tienen manchadas las manos de corrupción?  Me refiero a los trabajadores, quienes deberían elegir sus delegados para controlar la obra pública porque a ellos les interesa que las obras se hagan.  Propondremos también otras medidas que vamos a desarrollar en nuestras ulteriores intervenciones, ya que hay otras cuestiones relacionadas con lo que estamos discutiendo en este momento.

         
Por eso nos preguntamos qué fuerzas mayoritarias están dispuestas a afectar todos los negociados relacionados con la obra pública, qué fuerzas mayoritarias están dispuestas a afectar a la patria contratista en la que algunos hicieron su fortuna, como la propia familia del presidente.
         
Hoy el ex ministro y actual diputado De Vido es el máximo exponente de un entramado que no involucra solamente a los Lázaro Báez sino también a los Calcaterra y a los Caputo. Eso es lo que queremos analizar e investigar; esos intereses queremos afectar.
         
En la Argentina no solo hay fueros parlamentarios sino que también hay fueros de clase; porque hay empresarios como Blaquier o Ledesma que hasta participaron de un genocidio y están absolutamente impunes.

         
Quiero señalar que si los hechos relacionados con José López, el convento y las monjas son tan bochornosos es porque fueron parte de un relato en el que se decía, por ejemplo, que los trabajadores que más ganan tiene que ser solidarios con los que menos ingresos perciben y deben pagar el impuesto a las ganancias.  Entonces, mientras se sacaba ese impuesto del bolsillo de los trabajadores, por otro lado se la llevaba José López.
         
Para finalizar, solo me resta decir que no hay relato que valga, que la gestión del Estado capitalista y la corrupción van de la mano.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Olmedo.- Señor presidente: siento que la sociedad argentina pide que se revise el tema de los fueros y se le dé trasparencia para que tanto la institucionalidad como el ser político pasen a ser factores de bien, y que no sean mirados con cara extraña, convirtiéndose entonces uno en un sospechoso desde el primer día. Porque yo me siento honrado de ser político y llegué a la política para poner mi granito de arena dentro de mis ideales.
         
Dentro de lo que es la actuación de la Justicia, yo tuve un problema y cuando vine a esta Cámara solicité licencia para que se me investigara; la solicité hasta que se terminara la investigación, pero me denegaron la licencia.
         
Cuando uno tiene las cosas en claro puede dar un paso al costado e invitar a la Justicia –como lo hice yo- a que conozca todo. Pero curiosamente en este recinto se me prejuzgó y hubo muchos legisladores que me dijeron cosas que no correspondían, pero a la hora de la verdad la Justicia dio su dictamen.
         
Entonces, yo no soy quién para prejuzgar, pero sí propongo –como hombre de bien que me considero- que cada diputado o diputada de la Nación cuando tenga un problema judicial se someta a la Justicia como corresponde, y no tome los fueros para hacerse a un costado.

         
El pueblo nos reclama trasparencia, y la sociedad quiere que la clase política resuelva los problemas de la gente, no los problemas de los políticos. Alguna vez hay que resolver los problemas de la sociedad, y en este país en los últimos años hubo dos índices que aumentaron y no los midió ni el INDEC. Me refiero al narcotráfico y a la corrupción. Corresponde a la Justicia bajar estos dos índices, y por supuesto el que tenga que pagar, como corresponde, con la cárcel, o con lo que sea, que lo haga. Pero que no se haga un prejuicio de alguien como muchas veces se hizo en la Argentina por quedar bien con la prensa o con la sociedad.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por haber sido aludida.

Sra. Carrió.- Señor presidente: muchas veces en esta Cámara y fuera de ella fuimos humillados por diversos partidos políticos, y especialmente por la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales durante el anterior gobierno. Me parece que ella hablaba de sí misma y no de nosotros.
         
Yo estoy orgullosa de los distintos bloques que he formado, incluso de aquellos candidatos que en forma oportunista y después de obtener una banca ni siquiera me saludaban el día de la asunción. Y he dado más de cien diputados nacionales, y sin financiamiento empresario.
         
También le quiero contestar a la señora de la Izquierda que hay que saber historia, porque la Izquierda en la Argentina jamás denunció ni al Citibank ni a las grandes empresas. El bloque de la Coalición Cívica y el ARI, sí.  Y esta es la diferencia que reconoció Altamira, así que es bueno que empiecen a denunciar.
         
También yo he denunciado a Caputo, también he denunciado en su momento a Macri y también a IECSA. La diferencia es que ustedes hablan acá, pero no denuncian afuera.

         
En segundo lugar –y le estoy hablando al Frente para la Victoria-, yo no hablo con oportunismo político. Voy a hablar del Parlamento. En octubre del año 2003 se le otorgaron los plenos poderes al ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, De Vido, para negociar todos los contratos. Ahí dijimos que se estaba violando absolutamente la Constitución y expresamente en la sesión del 1° de octubre de 2003 -contando el entonces presidente Kirchner con el 70 por ciento de legitimidad- se decía lo siguiente: “¿Cuál es el sentido de esto? ¿Quién es el ministro De Vido? Estamos otorgando facultades extraordinarias e inconstitucionales a personas que no conocemos. Esto está en contra de la Constitución y todos vamos a pagar un precio muy alto por ello. Realmente, el Congreso no puede otorgar esta facultad, que consiste en autorizar al Poder Ejecutivo a violar la propia ley aprobada por el Parlamento. Esto no tiene ningún sentido jurídico ni constitucional.”
         
Estas son las consecuencias y este es el huevo de la serpiente, es decir, la complicidad absoluta del Parlamento nacional a lo largo de los años para otorgar facultades extraordinarias a los poderes de turno, y así estamos.
         
Yo fui quien dijo que efectivamente De Vido era cajero de Kirchner en 2004. Lo repetí y lo repito: el señor De Vido es el más grande cajero del ex presidente Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner a lo largo del tiempo. López solo es el valijero, como lo era Uberti.

         
¿Pero sabe que pasa, señor presidente? Yo creo que esto huele a hipocresía. ¿Cuántos de todos los que están aquí sentados cenaron con De Vido para pedirle obra pública? Cuando me trataban de loca por decir que eso era una asociación ilícita había intendentes de todos los partidos que hablaban con J. J. López y les entregaba el 30 por ciento de las coimas.
         
He visto al ex gobernador Binner abrazado con De Vido e inaugurando obras, y mientras tanto hablaba mal de mí cuando necesitaba audiencia. Yo lo he visto, señor presidente.
         
En consecuencia, no voy a hacer leña del árbol caído. Quiero justicia y condena para el señor De Vido y para todos aquellos a los que denunciamos por asociación ilícita. Ya viene, porque como dicen acá, la política en la Argentina es oportunista. Ahora quieren tratar en un día lo que no se trató en doce años.
(Aplausos en las bancas.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.

Sra. Ciciliani.- Señor presidente: me vuelvo a dirigir a la sociedad argentina, que espera la verdad de la política y sus representantes. Se agravia a un dirigente que tiene una trayectoria que nadie puede objetar desde el punto de vista político o judicial.
         
Ese gobernador tuvo que recurrir a la Justicia para pedir lo que le correspondía a la provincia de Santa Fe, donde no tuvimos ni una sola obra pública financiada por De Vido.
         
Yo era funcionaria de la provincia de Santa Fe y estuve presente cuando Binner desarmó todos los contratos preparados para los grandes acueductos a los efectos de poder transparentar la licitación pública.
         
Además, el Frente para la Victoria nos perseguía porque decía que éramos ineficientes, cuando en realidad nosotros queríamos transparentar la función pública.
         

Construimos diez hospitales y ochenta centros de salud. Somos reconocidos como el Estado provincial que tiene la mejor salud pública de la Argentina. Gobernamos una ciudad con más de un millón de habitantes, más grande que cualquier otra provincia argentina, y no tenemos un solo acto de corrupción.
         
Logramos formar mayorías para ganar la confianza de todos los santafesinos y poder gobernar por fuera de los grandes partidos. Podemos caminar con la frente muy alta por cualquier pueblo o ciudad de la provincia de Santa Fe.
         
Recurrimos en más de una oportunidad a los gobiernos nacionales –como lo hemos hecho ahora con el diputado Binner, que vino a ponerse a disposición del ministro de Salud de Macri- para decirles que no tenían que equivocarse y que debíamos trabajar muy fuerte por el sistema único de salud en la Argentina. El objetivo era claro: evitar la corrupción en la venta de medicamentos, bajar el costo de la salud y que todos pudieran tener accesibilidad.
         
Hemos ido a cualquier acto político, porque creemos en las instituciones. Lo hacemos con la frente bien alta, poniéndonos a disposición de la Justicia.
         
Nos han agraviado llamándonos “narcosocialistas”. Una diputada que se cree dueña de la verdad dijo que con Macri estaba todo bien porque ella le había revisado los papeles. ¡Nosotros no queremos esa grieta! ¡No nos van a encontrar en esa grieta! Si a uno y a otro les conviene este circo, no nos van a encontrar a nosotros sumados a él.
         
Hoy nos sentamos delante de Macri para decirle que queremos una reforma política. No queremos más listas colectoras sino transparencias, con igualdad de oportunidades en el financiamiento de la política y de la campaña.

         
No queremos que ocurra lo que pasó con este señor Niembro, que era candidato a diputado por la provincia. Tuvo que renunciar, por lo que no queremos más “Niembros”.
         
Vimos abrir la delegación del gobierno de la ciudad de Rosario para justificar la campaña política del PRO. ¡No queremos que pase más esto! ¡Queremos transparencia e igualdad de oportunidades! No nos van a sumar a la grieta. Aquí estamos: en la ancha avenida del medio.
(Aplausos en las bancas.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. De Vido.-  Señor presidente: no quiero polemizar con la señora diputada Carrió. Nunca lo he hecho.
         
Coincido con la señora diputada Ciciliani en el sentido de que la señora diputada Carrió es la dueña de la verdad. Por lo tanto, no se puede discutir con ella.
         
Sin embargo, voy a hacer una aclaración. Esta Cámara le dio facultades a la Unidad Renegociadora de Contratos, que en aquel momento llevamos adelante con el ministro Lavagna y después con el resto de los ministros de Economía que lo sucedieron.
         

Por otro lado esta Cámara, por medio de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, contaba con todas las facultades para realizar los controles correspondientes.
         
Cuando teníamos cincuenta y dos contratos en el CIADI, que estaban siendo objetados por las empresas prestadoras de servicios luego de la ruptura de la convertibilidad, renegociamos más de cuarenta y cinco en condiciones beneficiosas para el país. Lo que no pudimos renegociar fue producto del estado catastrófico del incumplimiento de dichos contratos.
         
Quiero asegurar que no he sido ni soy cajero de nadie. Durante casi cincuenta años de mi vida he trabajado. He estado veinticuatro años al frente de dos ministerios importantísimos, tanto en Santa Cruz como acá. Recién en esta época de entrega estamos siendo perseguidos brutalmente.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Monzó).- Señora diputada Donda Pérez: está hablando el señor diputado De Vido.
         
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. De Vido.- Señor presidente: finalizo diciendo que estoy a disposición de la Justicia.
         
Quiero contestar a los diputados preopinantes y decirles que la investigación en relación con la causa de la que trata este expediente del que estamos hablando no está paralizada. El doctor Rodríguez está avanzando en la causa y hemos hecho todas las presentaciones del caso.
         
Quiero decir también que en ningún momento he dejado de estar a disposición de la Justicia.
         
Con respecto al tema de la renegociación de contratos, que cada uno se haga cargo de lo que le correspondió haber llevado adelante en este tiempo que pasó.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Bregman.- Señor presidente: tal vez no deba decirme más “señora diputada” sino “señora de izquierda”. (Risas y aplausos en las bancas.)
         
A la señora diputada Carrió no voy a responderle quién hizo más denuncias, porque con nuestra militancia hablamos todos los días. Lo que ocurre es que lo que dijimos atacó el nudo de la cuestión que se está discutiendo: nosotros no hablamos de la corrupción de un solo lado sino que nos referimos a la patria contratista, a los Caputo, a todos los empresarios ligados al gobierno de Cambiemos. Entonces, por más que nos ataquen vamos a seguir denunciando.
         
También quiero decir a la diputada Carrió que hay dos maneras de hacer política. Una es la de ella, que confía en un juez como Rodríguez, en jueces que se alían al poder de turno, que siempre juzgan al gobierno que se fue y se amparan en el que está. Y la otra es la de quienes nos apoyamos en los trabajadores, los que enfrentan todos los días a esos empresarios para quienes no hay grieta, como vimos hace unos días cuando trabajadores de Página 12 hicieron una declaración conjunta con los de Clarín, ya que cuando los empresarios tienen que atacar a los trabajadores tampoco hay grieta, y no hay diferencias entre unos y otros.
         
Entonces, nos puede seguir llamando como quiera, pero vamos a seguir denunciando el entramado de corrupción que alcanza a Cambiemos, porque los empresarios son los mismos: Edenor y Edesur no cambiaron de dueño; Macri toma el helicóptero para ir a la granja de su amigo Lewis, en el sur, que es el mismo que se apropió de los subsidios que le daba el gobierno kirchnerista, y Nicky Caputo es el mismo que maneja Edesur.

         
Nosotros seguiremos siempre luchando del lado de los trabajadores, exigiendo la elección por voto popular de los jueces y la instauración del juicio por jurados para terminar en serio con la corrupción y no aliarnos con estos jueces que siempre amparan al gobierno de turno.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Grandinetti.- Señor presidente: pertenezco a la oposición del gobierno de Santa Fe, pero quiero en este acto solidarizarme con el doctor Hermes Binner, a quien conozco hace más de 28 años, que jamás tuvo una sola denuncia por enriquecimiento ilícito. Es una persona de bien y no merece que se ponga en duda su actuación política, sobre todo por aquellos que pensamos que la política se puede hacer desde otro lugar. (Aplausos en las bancas.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Negri.- Señor presidente: solicito que la votación sea nominal.

Sr. Presidente (Monzó).- La Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal está suficientemente apoyado.

-Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Monzó).- En consecuencia, se va a votar en forma nominal el dictamen de mayoría.

- Se practica la votación nominal.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 188 señores diputados presentes, 137 han votado por la afirmativa y 49 por la negativa, registrándose además una abstención.

Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 137 votos por la afirmativa, 49 por la negativa y una abstención.

Sr. Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de resolución.
         
Se harán las comunicaciones pertinentes.

Dejá tu comentario