JUBILACIÓN, LIMITACIÓN O DESTITUCIÓN

Ofensiva del 2do semestre contra la Justicia K: El Gobierno va por Gils Carbó

En el gobierno de Mauricio Macri creen que finalmente llegó la hora de ir por la Procuradora Alejandra Gils Carbó. Tras lograr completar la Corte Suprema de Justicia con las designaciones de los dos jueces propuestos por el Poder Ejecutivo equilibrando la influencia de Ricardo Lorenzetti, ahora en Cambiemos decidieron que es el momento de resolver la cuestión de la Procuración, en manos de la funcionaria que impulsó la agrupación judicial kirchnerista Justicia Legítima. En el PRO dicen que había una suerte de acuerdo para devolver a Carlos Gonella de la Procelac a Formosa donde fue fiscal, que no se cumplió y finalmente quedó a cargo de una unidad de litigios estratégicos. Eso habría terminado de convencer al oficialismo de desplazar a Gils Carbó. En el Gobierno manejan varias alternativas: una es la jubilación, otra es el proyecto que avanza en Diputados para limitar sus funciones y aumentar los controles mediante una reforma del Ministerio Público Fiscal, y por último está el juicio político que volvió a presentar Elisa Carrió pero que no cuenta con los votos necesarios en el Congreso. En suma, el objetivo judicial del segundo semestre empieza con la ofensiva sobre Gils Carbó.

Le llegó la hora a Alejandra Gils Carbó, la titular de la Procuración e impulsora principal de la agrupación judicial K, Justicia Legítima. Tras lograr completar la Corte Suprema de Justicia de la Nación con los jueces propuestos por Mauricio Macri –y equilibrar la influencia de Ricardo Lorenzetti-, en el Gobierno nacional lanzaron una ofensiva sobre la Procuración. En el PRO dicen que había una suerte de acuerdo para devolver al fiscal Carlos Gonella de su cargo en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a Formosa donde era Procurador General, que no se cumplió y finalmente la Procuradora lo dejó a cargo de una unidad de litigios estratégicos cuya función es colaborar con las causas relevantes que se eleven a juicio oral.

La principal acusación contra Gonella se haber ordenado que se excluyera a Lázaro Báez de las primeras medidas investigativas sobre la Ruta del Dinero K.

Gils Carbó no había cumplido ese acuerdo y Gonella quedó a cargo de coordinar a todos los fiscales que tienen causas que imputan a gente del gobierno.

Entonces, en Cambiemos analizan varias alternativas acerca de la Procuradora: impulsar su jubilación, limitar su accionar y los controles vía modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal o destituirla con un juicio político como pidió Elisa Carrió, aunque no hay votos para lograr la mayoría agravada que requiere esa instancia.

El juicio político fue pedido ayer (28/6) por parte de los diputados del PRO, la UCR y Elisa Carrió (CC ARI) por “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y delitos en el ejercicio de la función pública”.

En paralelo, este miércoles (29/6), Diputados daría dictamen en comisión a un proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal que limitará el poder de la procuradora.

Y en el Senado se votará la resolución de constitución la comisión bicameral de Seguimiento y Control de la Procuración.

Este lunes (27/6) hubo una reunión en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó donde estuvieron Sergio Massa (Frente Renovador), el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto. Allí resolvieron impulsar la creación de la bicameral de seguimiento del Ministerio Público Fiscal y la reforma.

Lo esencial de ese acuerdo parlamentario es que el mandato del procurador, ahora vitalicio, sea limitado a 5 años, con la posibilidad de extenderlo por 5 años más con un nuevo acuerdo en el Congreso. Además, se impulsa la figura de cuatro subprocuradores.

El mecanismo de remoción del procurador también cambiará: deberá ser propuesto por la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal (se lo quitarían a Diputados). Luego, la remoción sería resuelta por el voto favorable de los dos tercios de los miembros presentes del Senado.

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