DEBATE SOBRE CÓMO BLOQUEAR EL LOBBY DEL TABACO

Desde Dejar de Fumar (en 5 días) a la necesidad de las personas y el deber del Estado

Otro Plan de 5 Días para Dejar de Fumar: comienza el lunes 18/07 y concluirá el viernes 22/07, siempre a las 20:00, en Estanislao del Campo 1542, Florida Oeste (Vicente López, GBA). De paso, una lectura interesante sobre las conclusiones de eferentes nacionales e internacionales y decisores políticos acerca del desafío de avanzar con una política sustentable de impuestos al tabaco que busque proteger la salud de la población.

En horas más comenzará otro Plan para Dejar de Fumar en 5 Días, esfuerzo notable, gratuito y de rendimiento probado. Urgente24 ha promocionado en varias ocasiones este ejercicio que no sólo educa la voluntad sino que promueve un cambio de hábitos, quizá de alcance integral. Otra vez se recomienda la asistencia a quienes quieran abandonar tan riesgosa adicción que resulta el tabaco.

El Plan de 5 Días para Dejar de Fumar es una terapia grupal con apoyo psicológico y médico. En esta ocasión comienza el lunes 18/07 y concluirá el viernes 22/07, siempre a las 20:00, en Estanislao del Campo 1542, Florida Oeste (Vicente López, GBA).

La novedad viene de la mano de un debate que ocurrió días atrás.

Impuestos

Sucede que la Fundación Interamericana del Corazón Argentina organizó una mesa–debate con decisores políticos y expertos nacionales e internacionales en control de tabaco con el objetivo de analizar los avances y desafíos que enfrentamos en nuestro país a partir de la aprobación del decreto 626/2016 que aumentó los impuestos al tabaco del 60% al 75% y que estará vigente hasta diciembre de este año.

A su vez, se buscó compartir y capitalizar las experiencias y lecciones aprendidas a nivel regional e internacional en políticas fiscales de control de tabaco y comercio ilícito.

Luego de las palabras de bienvenida a cargo de Ana Tambussi y Verónica Schoj, presidenta y directora de FIC Argentina respectivamente, participaron Frank Chaloupka, economista y director del Instituto de Investigación y Políticas en Salud (Institute for Health Research and Policy – IHRP) de la Universidad de Illinois, Chicago; Alejandro Ramos, director de la Framework Convention Alliance (FCA) para las Américas y el Caribe; Beatriz Champagne, directora ejecutiva de la Interamericana Heart Foundation (IAHF), Dallas; y Martín González Rozada, director de la Maestría en Econometría (MEC) y de la Maestría en Economía Aplicada (MECAP) de la Universidad Torcuato Di Tella.

El 1er. panel, moderado por Germán Rodríguez Iglesias, de FIC Argentina, hizo foco en la experiencia internacional en materia de políticas fiscales de control de tabaco, los obstáculos frecuentes y las claves para avanzar en una política sustentable a largo plazo y efectiva para reducir el consumo de tabaco.

“La industria tabacalera tiene como objetivo aumentar sus ganancias, la salud no es su prioridad por eso promueve la idea errónea de que si aumentan los impuestos al tabaco va a crecer el comercio ilícito”, comentó Beatriz Champagne.

Frank Chaloupka mencionó que hay numerosos ejemplos de países que aumentaron los impuestos al tabaco y que han logrado controlar el contrabando.

Alejandro Ramos, por su parte, destacó la exitosa experiencia de Uruguay en la implementación de políticas de control de tabaco y señaló que el contrabando de cigarrillos no debe ser un impedimento para avanzar con una política de salud de impuestos al tabaco.

Martín González Rozada habló del caso argentino y explicó que “en nuestro país no hay un mecanismo gubernamental que controle las ventas de cigarrillos. Los datos de ventas y producción disponibles son de las empresas tabacaleras quienes dicen que caen las ventas para amedrentar al gobierno y a los productores de tabaco. Su objetivo es frenar la política fiscal”.

En el siguiente panel, el eje estuvo en los desafíos en materia de políticas fiscales a los productos de tabaco en la Argentina: Juan Abal Medina (h), senador Frente para la Victoria; Marta Angueira, directora del programa de control de tabaco del Ministerio de Salud de la Nación; Marina Kosacoff, subsecretaria de prevención y control de riegos del Ministerio de Salud de la Nación; Santiago Afonso, del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación; y Nicolás Galvagni Pardo, asesor de Paula Bertol de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

Abal Medina (h) recordó que, junto al senador Julio Cobos, presentó un proyecto para impulsar la ratificación del Convenio Marco para el Control del Tabaco y señaló que “no se ha ratificado aún por el lobby de la industria tabacalera entre otros factores”.

Marina Kosacoff y Marta Angueira recordaron que en Argentina la edad de inicio al consumo de tabaco es entre los 12 y 13 años y confirmaron que desde el Ministerio de Salud de la Nación se va a trabajar fuertemente en la ratificación.

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Un falso argumento de la industria del tabaco

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Afonso y Galvagni Pardo manifestaron el compromiso del Poder Ejecutivo en avanzar con un proyecto de ley de impuestos al tabaco que de continuidad y haga sustentable en el tiempo la política sanitaria impulsada a través del decreto 626.

Verónica Schoj, moderadora del panel, señaló: “La experiencia de otros países demuestra que es la misma industria la que gestiona y lucra con el comercio ilegal de sus productos y por eso es indispensable que el Estado intervenga e implemente las penalidades sobre este delito”.

Y agregó: “Es prioritario para la implementación de estas políticas de control de tabaco frenar la interferencia de la industria tabacalera y garantizar la transparencia”.

A propósito, es oportuno recordar una propuesta de FIC Argentina para incrementar los impuestos que gravan a los cigarrillos y así proteger la salud pública:

El incremento de impuestos al consumo de cigarrillos generaría aumentos en su precio, lo cual provocaría una caída en el consumo de tabaco y al mismo tiempo aumentaría la recaudación fiscal.

En marzo de 2016 (último dato disponible), el precio promedio de un paquete de 20 cigarrillos era de $25,47.

En la Argentina existen 4 impuestos a los cigarrillos:

> Un impuesto general, el Impuesto al Valor Agregado (IVA, 6,47% del precio de venta)

> Un subsidio a la producción de tabaco, que beneficia a toda la cadena y a la industria tabacalera, el Fondo Especial del Tabaco (FET, 10,61% del precio de venta).

2  impuestos selectivos, el Impuesto Adicional de Emergencia (IAE, 7% del precio de venta), y los Impuestos Internos (II, 46,23% del precio de venta).

De acuerdo a la estructura fiscal actual, hay varias herramientas que podrían utilizarse para aumentar los impuestos al tabaco con el objetivo de proteger la salud pública. Sin embargo, no todos los impuestos generan el mismo efecto en la caída del consumo, ni en la recaudación fiscal.

Para reducir el consumo de tabaco y mejorar la salud, aumentar los recursos del Estado nacional y de los estados provinciales y reducir los costos sanitarios relacionados al tabaco, una política de impuestos debería:

** Garantizar que el aumento del impuesto se traslade a un aumento significativo de precios de los productos de tabaco.

** Reducir la dispersión de precios entre marcas a través de un impuesto fijo por paquete para evitar la sustitución por marcas más baratas.

** Garantizar que la medida de incremento de impuestos afecte a todos los productos de tabaco y no sólo a los cigarrillos, para evitar la sustitución a cigarros, pipa, tabaco para armar, etc.

** Establecer ajustes periódicos y programados que compensen los efectos de la inflación y sobrepasen el crecimiento del ingreso para evitar la caída del precio real de los cigarrillos para garantizar la sostenibilidad del efecto en la protección de la salud.

** Ser una política sustentable y justa que distribuya los aumentos de la recaudación entre todas las provincias, que son las que enfrentan los costos sanitarios del tabaco.

> Propuesta

Existen numerosas alternativas posibles para lograr los objetivos antes mencionados.

Un ejemplo de ellas, y que resulta de fácil implementación con la estructura fiscal actual, es crear una alícuota específica en los Impuestos Internos de $15 por paquete, que deberá ser actualizada periódicamente.

Debido a la estructura tributaria vigente, el Impuesto Interno es el que requiere menores aumentos para generar mayores incrementos en el precio de venta de los productos de tabaco. Si se aumentan en $15 los Impuestos Internos, aumentaría el precio promedio en un 68,3% (pasando de $ 25,78 a $43,38), reduciría el consumo de tabaco en un 19% y aumentaría la recaudación en $21.600 millone.

Como se aplica a todos los paquetes de cigarrillos el mismo monto de impuesto ($15), aumenta proporcionalmente más el precio de las marcas más baratas, ayudando a combatir el problema de la gran amplitud de precios de los cigarrillos y la sustitución entre marcas, que minimizaría el efecto de la medida.

Impuestos Internos, a diferencia del IAE, se aplica a todos los productos de tabaco (tabaco para pipa, tabaco para armar, cigarritos, habanos, etc.). Esto reduce la potencial migración a otros productos.

Un impuesto fijo por paquete, de por ejemplo $15, debería actualizarse periódicamente de manera programada para compensar los efectos de la inflación y los aumentos de los ingresos y así evitar que los productos de tabaco se vuelvan progresivamente más asequibles.

Los impuestos internos son un impuesto coparticipable que genera mayores ingresos en todas las provincias y no perjudica a las economías regionales. Este impuesto genera un significativo aumento de la recaudación fiscal, no sólo en el nivel nacional sino también en todas las provincias.

El aumento de los Impuestos Internos aumenta la recaudación también en las provincias tabacaleras, por lo que la medida no genera perjuicios para las economías regionales.

Para tener en cuenta en el diseño de la política

En la Argentina la cantidad de paquetes vendidos es un dato actualmente reportado por la industria. Esto podría generar manipulaciones en cuanto a volumen de ventas, recaudación e índices reales de contrabando, ya que es la propia industria la que maneja la información.

En este sentido, la implementación de un sistema de trazabilidad a cargo del Estado (e independiente de la industria) sería el mecanismo más adecuado para el monitoreo y control
efectivo de las ventas y del comercio ilícito
y así se protegería la recaudación fiscal y la sostenibilidad de la medida sanitaria.

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